El mínimo vital exento en el sistema tributario colombiano: una profunda ausencia

Revista Nº 153 Mayo-Jun. 2009

“A la memoria de Oliver Oldman” 

Mario Andrade Perilla* 

*Abogado, M.Sc, LL.M, Ph.D (c). Ha sido profesor en las universidades Javeriana, Sergio Arboleda, Rosario y conferencista invitado en el Center For International Tax Education, la Universidad de los Andes y la UNAM en México. Socio en Deloitte. El autor agradece el apoyo recibido por Natalia Villalba y exonera a Deloitte de toda responsabilidad por las ideas vertidas en el artículo. 

Marco de referencia

La noción de “derecho al mínimo vital”, tal como es entendida en la actualidad, no cuenta con definición constitucional o legal alguna. El reconocimiento de tal derecho es el resultado de un desarrollo jurisprudencial, derivado de una interpretación finalista y sistemática de la Carta Política de Colombia. En este sentido, el derecho al mínimo vital surge de la incursión en las finalidades esenciales del Estado social de derecho, interpretadas en armonía con los propósitos inherentes a la protección del derecho a la vida, a la igualdad, a la integridad personal y a la dignidad humana(1).

La Corte Constitucional colombiana, en su calidad de intérprete legítimo de la Constitución, configuró y delimitó el derecho al mínimo vital basándose en el carácter social del Estado social de derecho. Lo anterior por cuanto este tipo de Estados se encuentran obligados a promover el bienestar real de su población, velando por el cumplimiento efectivo de las normas constitucionales, así como de los deberes sociales y particulares de sus miembros. Esto sumado a que el Estado colombiano se encuentra obligado a impulsar una igualdad real y efectiva entre los ciudadanos(2), y a proteger a las personas que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta(3).

En el proceso de definición, configuración y delimitación del derecho al mínimo vital, la Corte Constitucional ha asumido posiciones divergentes. Por una parte, dicha corporación entendió el derecho al mínimo vital como un derecho de carácter económico, capaz de otorgarle a sus titulares la posibilidad de requerir esfuerzos programáticos, legislativos, logísticos y presupuestales a cargo del Estado(4). De esta manera, el derecho al mínimo vital fue concebido como un programa de acción estatal, importante en el direccionamiento del país. Con todo, el tribunal constitucional ratificó la posibilidad de que el derecho al mínimo vital adquiriera el carácter de derecho fundamental en los eventos en que su desconocimiento implique la violación de derechos inherentes a la persona humana. Fue así como la Corte Constitucional le reconoció al derecho al mínimo vital la calidad de derecho fundamental por conexidad(5).

Por otra parte, la Corte Constitucional le otorgó el carácter de fundamental al derecho al mínimo vital(6), convirtiéndolo en derecho social fundamental(7). Esto se debió a que dicha corporación consideró que el derecho a un mínimo de elementos materiales, capaces de permitir la subsistencia digna de una persona que se encuentra en situación de debilidad manifiesta, es un derecho inherente a la existencia de todo ser humano(8). Esto sumado a que el derecho al mínimo vital se encuentra estrechamente relacionado con la salvaguarda del derecho fundamental por excelencia: el derecho a la vida. En ese orden de ideas, el tribunal constitucional le ha otorgado una especial protección a los derechos que hacen posible la defensa del derecho al mínimo vital, convirtiéndolos en derechos fundamentales por conexidad(9). Entre dichos derechos se encuentran el derecho a la vida, a la salud, a la seguridad social (específicamente al pago de las mesadas pensionales) y al trabajo (particularmente el pago del salario y del auxilio de maternidad).

En la medida en que el derecho al mínimo vital ha adquirido la calidad de derecho fundamental, se ha consolidado como un límite real e inquebrantable para el poder público, y ello por cuanto el objetivo fundamental del aparato estatal colombiano radica en el reconocimiento y protección efectiva de los derechos fundamentales. En tal sentido, es posible afirmar que el Estado colombiano, en el ejercicio de sus potestades tributarias, no se encuentra facultado para imponer cargas fiscales capaces de amenazar el mínimo de condiciones materiales necesarias para la subsistencia de la persona humana.

Por el contrario, el poder impositivo del Estado colombiano se encuentra innegablemente limitado por la protección constitucional al derecho al mínimo vital(10). Por esa razón, las excepciones o beneficios tributarios resultantes de esta limitante no solo son consecuentes con el principio de generalidad fiscal, sino que pugnan por la consecución de una igualdad tributaria efectiva. Lo anterior, por cuanto establecen un tratamiento fiscal igualitario para los contribuyentes que ostentan calidades similares y luchan por un tratamiento diferenciado para aquellos que no lo hacen.

Como consecuencia de todo lo anterior, a continuación se analizará el derecho al mínimo vital exento en cada una de las responsabilidades tributarias contempladas en el ordenamiento jurídico nacional. Esto a partir de la identificación de la definición, elementos y clases de tal derecho, así como de su comparación con el reconocimiento que le es otorgado en el derecho internacional.

Una noción sobre el mínimo vital exento

Una definición tiene sentido solamente para delimitar el contenido semántico de una palabra y fijar el pivote o marco de referencia que los estudiosos deben considerar para plantear y desarrollar hipótesis alrededor de la definición.

En términos generales, el mínimo vital (en adelante, MV) es un tabú, es decir, una prohibición a la soberanía tributaria de un Estado, la cual limita la posibilidad de exigir el pago de impuestos o contribuciones a los ciudadanos, a partir de un porcentaje o valor en el cual, estos no puedan satisfacer sus necesidades básicas o vitales.

Cualquier hacedor de política que ignore estos límites, no solo condena al empobrecimiento de los contribuyentes, sino además, viola directamente los derechos humanos. Por esto, en este sentido, el MV solo tiene cabida respecto de los contribuyentes personas naturales o los individuos físicos, pero, en nuestra opinión, no puede extenderse a las personas jurídicas o morales, dado que estos entes, producto de la creación jurídica de los individuos, no tienen que satisfacer necesidades, sino que probablemente son medios o instrumentos de satisfacción de estas necesidades. En el caso de las personas jurídicas, la noción de propiedad y el límite de la confiscatoriedad podrían ser la restricción tributaria aplicable, pero el análisis de estos temas excede el alcance de este escrito.

Con relativa ponderación, también se puede concluir que el MV es un elemento del principio de capacidad contributiva(11), ya que al conocer el límite de extracción de los impuestos, el Estado puede desarrollar el sistema tributario a partir del cual los contribuyentes estarían obligados. En este orden de ideas, se podría definir el mínimo vital exento (MVE) como, “el patrimonio de una persona natural, que por destinarse a la satisfacción de las necesidades básicas, debe excluirse de todo tipo de tributación”(12).

Los elementos del mínimo vital exento

Dos elementos circundan la noción del MVE, el subjetivo y el objetivo. Veamos:

Elemento subjetivo

Como se insinuó, el MVE solamente es atribuible a las personas naturales, en oposición a las jurídicas o morales. Es cierto que el Estado social de derecho impone a las instituciones de gobierno la obligación de tomar acciones programáticas que mejoren las condiciones de los ciudadanos, y bajo la esfera tributaria, esto significa que los ingresos tributarios que demanda no pueden reducir el patrimonio de los ciudadanos, por debajo de lo que estos necesitan para atender sus necesidades mínimas.

Si los impuestos, en su conjunto o individualmente, rompieran esta restricción y detrajeran de los contribuyentes una suma que redujera el patrimonio de los ciudadanos por debajo del MV, el Estado adquiriría el compromiso de nivelar el desequilibrio creado por el sistema tributario, retornando a los ciudadanos que demuestren esta situación, la suma de los tributos recaudados sobre los ingresos que constituyen el MV, con las indemnizaciones a que haya lugar, para que el contribuyente se ubique en las mismas condiciones patrimoniales que tenía antes de que el Estado recaudara los impuestos en exceso.

En nuestra opinión, no resulta legítimo estructurar un sistema tributario que, de manera intencional, origine en cabeza de algunos ciudadanos el recaudo de impuesto sobre el MVE, bajo el prurito de que el Estado posteriormente, vía subsidios o beneficios especiales, retornará el exceso de recaudo a los contribuyentes. Un sistema tributario que legitime una acción de esta naturaleza, desconocería completamente el MVE, y partiría de la base de que el patrimonio de sus ciudadanos es un bien público que puede ser detraído y distribuido a voluntad del administrador público, como un yoyo. Por consiguiente, si el sistema tributario en su conjunto coloca al contribuyente por debajo del MVE, debe crear los canales y los procedimientos administrativos para devolver lo recaudado en exceso y no podría esgrimir legítimamente argumentos de solidaridad, distribución y proporcionalidad para justificar una actuación tan excesiva como esa.

Elemento objetivo

El elemento objetivo del MVE es que la tributación no puede detraer recursos de los contribuyentes en tal magnitud, que les impida cubrir sus necesidades básicas o primarias. Es decir, que la tributación no puede ser un obstáculo para que el ciudadano satisfaga sus necesidades básicas.

Podría existir algún grado de subjetividad en la noción “necesidades básicas”. Para identificar cuál es el alcance práctico de la expresión necesidades básicas, se pueden revisar los siguientes criterios:

1. La Constitución de Colombia impone al Estado la finalidad social de mejorar el bienestar y las condiciones de vida, a través del mejoramiento de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) de salud, educación, saneamiento ambiental y agua potable(13). De hecho, el gasto social tiene prioridad sobre todas las demás apropiaciones presupuestales y su distribución regional debe tener en cuenta el número de la población con NBI(14). El resultado de esta reglamentación y su inclusión dentro de la Carta Fundamental, no es otra cosa distinta al compromiso que tiene un Estado social de derecho de desarrollar una política activa que reduzca el margen de las NBI de su población(15). Con base en el censo del 2005 cerca del 27,7%(16) de la población tiene NBI y por lo tanto no debería ser sujeta de tributación.

2. Puede que los criterios para determinar las NBI no sean suficientes para establecer el MVE. En realidad los resultados de las NBI dan cuenta de un número de ciudadanos que no obtienen recursos suficientes para cubrir sus necesidades primarias, ciudadanos a los cuales el Estado, en la asignación de las finanzas públicas, debe tener como prioridad.

Para suplir las deficiencias de los índices asociados con las NBI, la canasta familiar(17) podría ser un criterio mucho más ajustado y real para identificar los recursos que deben excluirse de toda tributación, para garantizar que los contribuyentes puedan satisfacer las necesidades básicas a las que se refiere el elemento objetivo del MVE. Pese a que, en países como el nuestro solamente un limitado número de ciudadanos es el que recibe los recursos que le permiten satisfacer estas necesidades, el objetivo de la restricción impuesta por el MVE se dirige a que aquellos ciudadanos que apenas reciban el MVE no deban ser sujetos de tributación de ninguna naturaleza.

3. Finalmente, un índice razonable para identificar el monto del MVE podría ser el salario mínimo mensual (SMM) establecido anualmente para determinar el precio mínimo que se debe pagar a los empleados para contratar sus servicios bajo el marco de la subordinación.

Bajo el criterio del SMM, el conjunto de impuestos colombiano, no podría dirigirse a los ciudadanos que ganen un salario equivalente o inferior al mínimo, ya que estaría desconociendo el MVE e impedirían que estos ciudadanos pudieran atender sus necesidades básicas.

El mínimo vital exento en otros sistemas

En términos generales, los textos constitucionales alrededor del mundo no reconocen en forma expresa el derecho al MV. Las cartas políticas de los diferentes países únicamente consagran los principios sobre los que se sustenta y desarrolla tal derecho. Así, diversos mandatos constitucionales contemplan, dentro de las finalidades primordiales del Estado, la protección prevalente de la dignidad humana, la promoción efectiva de una igualdad real y la erradicación de la pobreza y la marginalidad(18).

A pesar de lo anterior, algunos países han desarrollado normativa y jurisprudencialmente la noción del derecho al MV. Diversos tribunales constitucionales se han encargado de incorporar y desarrollar tal derecho en el ordenamiento jurídico nacional. En el derecho comparado, el MV ha adquirido vigencia, validez y obligatoriedad.

En Alemania, por ejemplo, la jurisprudencia constitucional ha precisado que el Estado, en el ejercicio de su potestad tributaria, no debe desconocer las condiciones materiales requeridas para la subsistencia individual y familiar. Por el contrario, el tribunal constitucional ha establecido que el principio de capacidad contributiva implica que los ingresos y productos destinados a la alimentación básica de una familia deben encontrarse exentos de cualquier tipo de carga fiscal, es decir, tanto de impuestos directos como indirectos(19).

Así mismo, el Tribunal Constitucional español ha planteado que el Estado debe garantizar la protección de una esfera patrimonial intangible, capaz de permitir la consecución de los fines propios de la persona humana. En la medida en que dicha corporación entiende por fines propios de la persona humana aquellos derechos que el constituyente considera que deben ser protegidos de manera positiva por los poderes públicos del Estado, el derecho a la familia, a la salud y a la vivienda digna, entre otros, se constituyen en límites reales al poder impositivo Estatal(20).

En México, por su parte, el tribunal constitucional determinó que la potestad impositiva del Estado debe abstenerse de gravar un mínimo de recursos destinados a la subsistencia digna y autónoma de los individuos. Fundamentado en que la asunción de cargas públicas no debe amenazar los derechos y libertades fundamentales de las personas, reduciendo el valor intrínseco de estas. Razón por la cual el Tribunal Constitucional de México ha enfatizado en la diferencia existente entre la capacidad económica y la capacidad contributiva de los individuos, de acuerdo con su posibilidad real para asumir las cargas públicas del Estado(21).

Por último, en Argentina se ha entendido el derecho al MV como la retribución salarial mínima que debe ser obtenida por los trabajadores para una adecuada alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y diversión(22).

En consecuencia, es posible afirmar que diversos Estados han experimentado una tendencia a incorporar, desarrollar y aplicar el derecho al MV en sus ordenamientos jurídicos nacionales. Lo anterior, se debe a que el reconocimiento e implementación de tal derecho no solo restringe las facultades impositivas del Estado(23), sino que permite un goce efectivo de los derechos fundamentales inherentes a él y hace posible así la consecución de las finalidades propias del Estado social de derecho.

El desarrollo en Colombia

El procedimiento más adecuado para estudiar el estado y desarrollo del MVE en Colombia es revisar el marco de las minoraciones y desgravaciones contempladas en los tributos que impactan el mayor volumen de contribuyentes, particularmente revisar las disposiciones que desarrollan los impuestos sobre la renta, ganancias ocasionales, ventas y el gravamen a los movimientos financieros (GMF).

El impuesto sobre la renta

Frente al capítulo del impuesto sobre la renta, las personas naturales reciben por lo menos dos tipos de beneficios, en los que se podría, de manera preliminar, llegar a la conclusión de que se estaría desarrollando una noción cercana al MVE.

En primer lugar, la tarifa aplicable a las personas naturales nacionales y extranjeras residentes, asignaciones y donaciones modales, se estableció partiendo de la base de que las primeras 1090 UVT (Unidades de Valor Tributario) ($ 25.902.000, pesos colombianos) están gravadas a la tarifa del 0% y el impuesto aplicable sería de 0; es decir, que el Estado colombiano no aspira a exigir de este grupo de ciudadanos, ninguna contribución por concepto del impuesto sobre la renta(24).

En segundo lugar, el impuesto sobre la renta contempla adicionalmente un conjunto de exoneraciones sobre las rentas que se hayan originado en una relación laboral y que, por supuesto, tienen que ver con el salario y las prestaciones sociales. Las características especiales de estas exoneraciones son las siguientes:

1. La no gravabilidad se concede hasta el monto de lo que la ley laboral otorga al trabajador para la determinación de las prestaciones de cesantía, intereses a la cesantía, gastos de entierro, indemnizaciones que tengan que ver con la protección a la maternidad, accidentes de trabajo y enfermedad. En este sentido, si en virtud de la relación laboral el empleador otorga beneficios superiores a los contemplados en la ley laboral, el exceso no queda sujeto al beneficio fiscal(25).

2. Algunas veces se conceden específicamente en virtud de condiciones subjetivas especiales, i.e. los gastos de representación del Presidente, los ministros, los senadores, los representantes, los magistrados, etc., o las primas, bonificaciones, horas extras y demás complementos salariales de los pilotos o ingenieros de vuelo que trabajen en empresas aéreas nacionales de transporte público, siempre y cuando en su condición de ciudadanos colombianos hayan integrado la reserva de oficiales de primera y segunda clase de la FAC (Fuerza Aérea Colombiana)(26).

3. Existe un exoneración del 25% sobre el valor total de los pagos laborales, limitada mensualmente a 240 UVT ($ 5.703.000 pesos colombianos) y sin consideración al monto del salario percibido.

Es claro que el impuesto sobre la renta no ha desarrollado en forma coherente y general un conjunto de disposiciones que exonere de tributación a los contribuyentes del pago de este gravamen, a partir de unas sumas que se destinan a cubrir las necesidades básicas del ciudadano.

Impuesto a las ganancias ocasionales (IGO)

Paradójicamente, el IGO, tiene un conjunto de disposiciones que aun cuando no definen específicamente el MVE, por lo menos tienen una aplicación más generalizada entre los contribuyentes en comparación con el impuesto sobre la renta y presenta un número menor de minoraciones.

Las características especiales de las normas del IGO de las que se puede desentrañar el MVE son las siguientes:

1. Por el procedimiento que se utiliza para el cálculo del gravamen las primeras 1.090 UVT están exoneradas del IGO.

2. Se conceden exoneraciones hasta por 2.400 UVT ($ 57.031.000 pesos colombianos) sobre las asignaciones por causa de muerte que reciban los legitimarios y el cónyuge supérstite. Las exoneraciones solamente son de 1.200 UVT para los beneficiarios de herencias o legados distintos de los legitimarios y el cónyuge.

3. Salvo en los casos en que existan tratados internacionales para evitar doble tributación, cuando los legitimarios y el cónyuge sean residentes, las tarifas son progresivas en función del monto recibido. En cambio, si no son residentes la tarifa para cualquier monto sería del 33%.

4. Finalmente, cuando la ganancia ocasional tiene origen en lotería rifas, apuestas y similares, la tarifa aplicable es del 20%.

Impuesto sobre las ventas (IVA)

Para propósitos de establecer si existe un régimen de respeto “oculto” al MVE —ya que no es manifiesto—, en el régimen del IVA, es necesario partir de los siguientes pivotes estructurales:

1. El IVA es un impuesto que recae sobre el consumo, ya que finalmente lo absorbe total o parcialmente el consumidor final.

2. Por definición, el IVA es un gravamen extraordinariamente regresivo, ya que si tuviera tarifa única el procedimiento de aplicación del tributo no tendría en cuenta la capacidad contributiva del consumidor final.

3. El impacto del IVA en el consumidor final es función de la elasticidad precio-demanda del bien o servicio; es decir, que si el precio del bien y servicio es inelástico, quien suministra el bien o servicio está en condiciones de transferir vía precio el impacto del IVA, pero si la demanda de ese bien o servicio es elástica, el productor del bien o servicio debe absorber el IVA.

El régimen colombiano del IVA intenta mitigar el efecto regresivo, y con ello busca proteger la gravabilidad del MVE mediante un sistema que tiene las siguientes características:

1. Exclusión de ciertos bienes y servicios asociados con alimentación, algunas medicinas, activos de capital vinculados a actividades agrícolas, la salud humana y la investigación, etc.

2. Exoneración y derecho a descuento tributario del consumo de bienes de contenido proteínico, de combustibles y de libros y revistas.

3. Tarifas diferenciales del 10% sobre el suministro de ciertos bienes y servicios asociados, en general, a los alimentos, a la salud y la vivienda.

Al igual que en caso del impuesto sobre la renta, no existe en el sistema del IVA un criterio rector que permita aislar el conjunto de bienes y servicios que por destinarse a la satisfacción de las necesidades básicas deben exonerarse de la imposición a su consumo, en toda la cadena insumo/producto(27).

Gravamen a los movimientos financieros (GMF)

Existe un extenso número de comentarios negativos alrededor del GMF. La mayoría están relacionados con el peligro que este tributo puede originar sobre la formalidad de las transacciones bancarias y la amenaza que este gravamen tiene sobre la profundidad del sistema financiero.

En cuanto al impuesto al MVE, existen reglas muy claras que excluyen a una población, a partir de un criterio de equidad, según el cual, el GMF no aplica para el valor mensual de los retiros efectuadas por un único titular de una única cuenta de ahorro, en instituciones financieras colombianas que no excedan de 350 UVT ($ 8.317.000 pesos colombianos)(28).

A manera de conclusión

Del estudio anterior podemos extraer las siguientes conclusiones:

1. No existe una versión coherente ni un desarrollo del MVE en el sistema tributario colombiano, que de manera coherente y racional excluya el patrimonio de los contribuyentes del pago de impuestos nacionales.

2. Las minoraciones y exoneraciones impositivas que figuran en algunos impuestos individualmente considerados, con excepción del GMF, no contemplan un procedimiento estructurado y ordenado que fije las reglas y los elementos subjetivos y objetivos del MVE y permitan excluir a cualquier contribuyente residente del monto de los activos netos que debe excluir de los tributos en Colombia.

3. Como política de Estado, el Gobierno y el legislativo colombiano están en mora de fijar las reglas del MVE y desarrollar la proclama que de manera tímida pero fehaciente, la Corte Constitucional sí incorporó en el sistema legal colombiano.

4. Las reglas que se promulguen no pueden limitarse a definir el MVE y los elementos para su determinación, sino que deben contemplar un procedimiento para que, si al final de los períodos gravables resulta que el poder impositivo recauda sumas superiores a las permitidas, se reconozca un procedimiento expedito de devolución por el pago de lo no debido.

(1) C. Const., Sent. T-426/92, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(2) Ver: Habermas, Jürguen, La inclusión del otro, Ediciones Paidós, Barcelona: 1999, p. 256.

(3) “La afectación física y mental que la miseria significa para la persona reduce la posibilidad de ejercer su libertad negativa, esto es, la libertad de optar, de elegir, de autodeterminarse”. Arango, Rodolfo, presentación en: Dasgupta, Partha, “Libertad positiva, mercado y estado de bienestar”, Universidad Externado de Colombia, Bogotá: 2004, p. 8.

(4) C. Const., Sent. SU-111/97, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C. Const., Sent. T-207/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero; C. Const., Sent. C- 251/97, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(5) C. Const., Sent. T-5/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C. Const., Sent. T-15/95, M.P. Hernando Herrera Vergara; C. Const., Sent. T-144/95, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C. Const., Sent. T-198/95, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(6) C. Const., Sent. T-146/96, M.P. Carlos Gaviria Díaz; C. Const., Sent. T- 323/96, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz; C. Const., Sent. T-81/97, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(7) “lo que distingue a los derechos sociales fundamentales de otros derechos fundamentales es que son ‘derechos de prestación en su sentido estrecho’, es decir, derechos generales positivos a acciones fácticas del Estado”.

(8) La Corte Constitucional, en algunas oportunidades, ha ampliado excesivamente el alcance del derecho al mínimo vital; ver las sentencias SU-1354 /2000 y T- 631/2002.

(9) C. Cons., Sent. T-259/2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.

(10) C. Cons., Sent. 1060 A/2001, M.P. Lucy Cruz de Quiñones. C. Const., Sent. C-250/2003, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(11) Natoli, Luigi, Fattispecie Tributaria e Capacita Contributiva, Dott Guiffre Editore, Milan: 1979, páginas 36 y ss.

(12) Andrade, Mario, El principio de la capacidad contributiva y su aplicación en el impuesto sobre la renta de las personas naturales, Tesis de grado, Facultad de Derecho, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá: 1985, páginas 171 y ss.

(13) C.P., art. 366. Jurisprudencialmente existen desarrollos sobre el tema ver: C. Const., Sent. T-406, jun. 5/92, M.P. Ciro Angarita Barón y C. Const., Sent. T-487, ago. 11/92, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(14) C.P., art. 350.

(15) Sobre este tema vale la pena consultar Feres, Juan Carlos y Mancero, Daniel, El método de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) y sus aplicaciones en América Latina, Cepal, Series - estudios estadísticos y prospectivos, 2001.

(16) Ver Dane: http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/censo/Bol_nbi_censo_2005.pdf.

(17) Para integrar la canasta familiar, el DANE (Departamento Nacional de Estadística) pondera los siguientes conceptos: alimentos, vivienda, vestuario y calzado, salud, educación, diversión cultura y esparcimiento, transportes y telecomunicaciones. Ver http://www.ens.org.co/aa/img_ /canasta.pdf

(18) Países como España, Brasil e Italia, entre otros.

(19) BVerfGE del 25.0.1992, BVerfGE 82, 60 (111) del 29.05.1990 y auto del 23 de agosto de 1999.

(20) Sentencia 113 de 1989. Fecha de aprobación 22 de junio de 1989.

(21) Sentencia 1.a. CCL/2007; Sentencia 1.a. XCVIII/2007, y Sentencia 1.a. XCVII/2007, publicada con rubro: “Derecho al Mínimo Vital en el orden constitucional mexicano”.

(22) Artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, Decreto 390, publicado en el Boletín Oficial del 27 de septiembre de 1974.

(23) Ver Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, caso McCullorh vs. State of Maryland. 17 U.S. 316 (1819).

(24) E.T., art. 241.

(25) Salvo para el caso de las pensiones de jubilación, las cuales están exentas hasta el monto equivalente a 50 SMLV ($ 23.763.000 mensuales). Esta exoneración se ha considerado por algunas legislaturas exorbitante y desproporcionada, y en varias oportunidades ha existido la intención de desmontarla, pero por lo menos hasta ahora sin éxito.

(26) Existe una discusión ética sobre si debe mantener estos beneficios especiales a los ciudadanos que ocupen estas posiciones. En condiciones de mercado, lo razonable remunera mucho mejor esas posiciones para atraer a los mejores, y no conceder ninguna minoración impositiva. Sobre el punto, vale la pena traer a colación una idea suelta del célebre economista Arthur Okun: “Because the government gets its funds from taxpayers by mandatory, and not voluntary, decisions, there is no room for the principle of caveat emptor in the area of public services” (Equality and Efficiency - The Big Tradeoff, The Brooking Institution, Washington, 1975, página 60).

(27) Se supone que los bienes y servicios directos e indirectos que se necesiten para producir los bienes catalogados como esenciales para satisfacer las necesidades primarias deberían eliminarse de imposición vía exoneración o mediante el mecanismo de devolución de impuestos.

(28) E.T., art. 879 y D.R. 405 de 2001.