El nuevo Estatuto Colombiano de Arbitraje Nacional e Internacional(*)

Revista Nº 17 Jul.-Dic. 2012

por Eduardo Zuleta

El arbitraje en el derecho colombiano ha adolecido tradicionalmente de dos problemas fundamentales: de un lado, la dispersión e inflexibilidad de las normas aplicables al arbitraje nacional y, del otro, la ausencia de un estatuto comprensivo de arbitraje internacional.

En respuesta a estas circunstancias, el pasado 12 de julio del 2012, el Presidente de Colombia sancionó la Ley 1563 del 2012, por la cual se adopta un nuevo Estatuto de Arbitraje Nacional e Internacional. La ley, que entró en vigencia el pasado 12 de octubre del 2012, cumple la doble función de modernizar y recoger en un solo cuerpo normativo las disposiciones aplicables al arbitraje nacional, y de incorporar al ordenamiento jurídico un estatuto de arbitraje internacional ajustado a las necesidades del tráfico jurídico. En esta breve presentación me referiré a algunos de los aspectos de la nueva ley que más han llamado la atención en materia de arbitraje nacional y de arbitraje internacional.

1. Arbitraje nacional

En relación con el arbitraje nacional, el nuevo estatuto recoge la experiencia de la práctica arbitral colombiana, las normas que estaban dispersas en leyes o decretos y las sentencias de la Corte Constitucional sobre la materia. Al hacerlo, resuelve el grave problema de la dispersión normativa.

Adicionalmente, el estatuto agiliza y simplifica los procesos arbitrales nacionales, estableciendo reglas claras en temas como la designación de árbitros, los términos, el uso de medios electrónicos y las causales de anulación. Asimismo, moderniza el régimen jurídico que rige el arbitraje nacional, eliminando del ordenamiento jurídico algunas instituciones idiosincráticas de la cultura jurídica local e introduciendo en su lugar normas afines con la aproximación que sobre la misma materia se ha seguido en otras latitudes. Dos ejemplos significativos son:

— La eliminación del arbitraje legal y la introducción de la distinción, usual en otras jurisdicciones, entre el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc.

— La solución al debate judicial acerca de la posibilidad de sujetar un proceso arbitral al reglamento de un centro de arbitraje, dejando claro que se trata de una opción lícita y legítima. Por esta vía se fomenta además que dichas instituciones adopten reglamentos más modernos y eficientes, que a su turno sean más atractivos para sus usuarios.

Sin embargo, el estatuto también introduce normas que expresan instituciones tradicionales del derecho colombiano. Dos ejemplos llamativos son:

— La fijación de un límite legal a los honorarios de árbitros y secretarios, así como la consagración de algunos criterios generales a tener en cuenta a la hora de tasarlos. Con esta norma se busca evitar que se fijen sumas excesivas y se brinda claridad acerca de los criterios que servirán de parámetro para la liquidación de honorarios.

— La regulación del amparo de pobreza para el arbitraje nacional. El nuevo estatuto, al prever esta figura, busca abrir las puertas del arbitraje a quienes de otra manera no podrían sufragarlo. Ahora bien, algunos han sugerido que el uso adecuado del amparo de pobreza podría contribuir a la descongestión de los despachos judiciales. Aunque la descongestión pueda ser un efecto de esta y otras normas del estatuto, en opinión de quien escribe estas líneas, debe evitarse concebir al arbitraje como un mecanismo para descongestionar juzgados. Más bien, el arbitraje debe verse como una opción que puede ser conveniente o inconveniente dependiendo de las particularidades del caso que se analice.

Sería posible citar muchos más ejemplos; sin embargo, para los efectos de esta presentación, basta concluir que la Ley 1563 conserva las características generales del arbitraje nacional, pero lo mejora, flexibilizándolo y modernizándolo. Igualmente, resuelve el problema de la dispersión normativa, reuniendo en un solo cuerpo normativo las disposiciones que rigen este tipo de arbitraje.

2. Arbitraje internacional

Colombia no tenía, a diferencia de otros países de la región, una ley que rigiera comprensivamente el arbitraje internacional. Solo contábamos con tres artículos, parcialmente tomados de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional —Uncitral, por sus siglas en inglés—.

Por tal motivo, ciertos aspectos del arbitraje internacional acababan rigiéndose por normas que realmente habían sido diseñadas para arbitrajes nacionales. El resultado podía conducir a situaciones absurdas. Por ejemplo, en un sonado caso fue necesario buscar en Estados Unidos al presidente de un tribunal arbitral, con el fin de radicar un recurso que sería decidido por el Tribunal Superior de Bogotá. De hecho, la disposición que exigía que el recurso de anulación fuera radicado ante el presidente del tribunal arbitral, evidentemente pensada para el arbitraje nacional, era también aplicable al arbitraje internacional.

Con la Ley 1563, Colombia recibe un estatuto que regula íntegramente el arbitraje internacional y que verdaderamente sigue la línea de la Ley Modelo de Uncitral. De esta manera, el país se ubica en un lugar destacado en materia de leyes modernas de arbitraje internacional en América Latina.

El nuevo régimen de arbitraje internacional, al basarse en la Ley Modelo, resuelve algunos problemas de orden práctico que venían presentándose bajo las normas anteriormente vigentes. Por solo citar algunos ejemplos, se señala que el recurso de anulación se presenta directamente ante el juez competente, se establecen causales de anulación diferentes para el arbitraje internacional, se simplifica el proceso de exequátur, y se prevé que el reconocimiento de un laudo solo puede negarse en los casos señalados en la Convención de Nueva York.

Sin embargo, la sección de arbitraje internacional de la Ley 1563 no es idéntica a la Ley Modelo. De hecho, la comisión de expertos a cargo de su redacción introdujo cambios que podrían clasificarse en dos grupos.

De un lado están aquellos que buscan que la ley sea consistente con la jurisprudencia constitucional colombiana. Así, por ejemplo, al establecer cuándo se considera que un arbitraje tiene el carácter de internacional, el estatuto se aparta parcialmente de la Ley Modelo, al eliminar la posibilidad de considerar internacional un arbitraje por el hecho de que la sede del tribunal —determinada en o con arreglo al acuerdo de las partes— se encuentre en un país diferente de aquel en el que las partes tienen sus establecimientos. La razón que subyace a esta aproximación está en la Sentencia C-347 de 1997, mediante la cual la Corte Constitucional consideró que dicho criterio, anteriormente previsto en la Ley 315 de 1996, solo podía ser aplicado cuando alguna de las partes fuera extranjera. La combinación del lugar de la sede con la nacionalidad de las partes en un mismo criterio de internacionalidad, resultaba extraña a la mayoría de legislaciones arbitrales modernas, por tal motivo se optó por eliminar la disposición.

Otro de los cambios aprobados por la comisión buscaban incorporar al ordenamiento jurídico nacional instituciones no previstas en la Ley Modelo, pero que han dado buenos resultados en otros sistemas jurídicos. Un ejemplo indicativo es la norma —tomada del derecho suizo— que permite excluir la aplicación de algunas causales de anulación, o renunciar al recurso, cuando ninguna de las partes tenga su domicilio en Colombia.

En suma, la Ley 1563 representa indudablemente un avance significativo para el arbitraje internacional en Colombia. No obstante, la valía del esfuerzo realizado por la Comisión de Expertos y el Congreso dependerá, finalmente, del uso que los operadores jurídicos hagan de las normas. Particularmente, si los jueces interpretan la ley en pro del arbitraje, el esfuerzo valdrá la pena. Pero si no lo hacen o permiten el uso abusivo de la acción de tutela, Colombia difícilmente será una sede llamativa para arbitrajes internacionales. De ahí que, dependiendo de la manera como los jueces apliquen el nuevo estatuto, este podrá ser, o bien un éxito y un salto hacia el futuro o, por el contrario, una gran desilusión.

Consideraciones finales

La Ley 1563 del 2012 representa un avance significativo tanto en materia de arbitraje nacional, como en materia de arbitraje internacional. Asimismo, es el resultado de la buena voluntad del Gobierno Nacional, del trabajo de la Comisión de Expertos a cargo de su redacción y de una excelente labor por parte del Congreso de la República.

Quienes participamos en su preparación, esperamos sinceramente que el nuevo estatuto sea el punto de partida para la modernización del arbitraje colombiano. Sin embargo, como se dijo anteriormente en este escrito, la última palabra la tienen los operadores jurídicos —especialmente los jueces— en quienes recae ahora el deber de interpretar y aplicar las normas de conformidad con el espíritu que motivó su promulgación.

(*) Este escrito presenta brevemente los aspectos generales de la Ley 1563 del 2012, con base en la entrevista publicada el pasado 25 de julio del 2012 en el informativo Ámbito Jurídico. La entrevista puede ser consultada en: Ámbito Jurídico. Éxito del estatuto de arbitraje dependerá de la interpretación de los jueces”. Legis, 25 de julio del 2012 —en línea— http://www.ambitojuridico.com/BancoConocimiento/N/noti-120725-10 (eduardo_zuleta_exito_del_estatuto_de_arbitraje_dependera_de_la_ interpretacion_de_l)/noti-120725-10(eduardo_zuleta_exito_del_estatuto _de_arbitraje_dependera_de_la_interpretacion_de_l).asp?Miga= 1&IDobjetose=12897&CodSeccion=96.