El nuevo impuesto al patrimonio

Revista N° 159 Mayo-Jun. 2010

William Clavijo León 

Socio - Servicios legales y tributarios- Leaders BA 

La continuidad del impuesto al patrimonio, la reducción porcentual de la deducción especial de activos fijos y la calificación del patrimonio propio para las deudas de los contribuyentes del impuesto sobre la renta con vinculados del exterior, son algunos de los aspectos relevantes que introdujo el legislador mediante la Ley 1370 del 2009, y que por sus efectos merecen especial atención.

Indudablemente, la seguridad democrática y la necesidad de recursos por parte del Estado para financiarla ha llevado a darle permanencia a un impuesto que analizado no solo desde una perspectiva económica, sino también, desde el punto de vista constitucional deja muchos vacíos e interrogantes frente a los principios en los que se debe fundar el sistema tributario en Colombia. Sin embargo, la intención del gobierno, avalado por el legislador, ha sido darle continuidad al impuesto al patrimonio, la cual fue contemplada en esta reforma.

Dentro de la ley denominada de ajuste fiscal(1), se establece que el nuevo impuesto al patrimonio se aplicará a montos superiores a $ 3.000 y $ 5.000 millones con una tarifa del 2.4% y del 4.8%, respectivamente. El pago de este tributo está proyectado a cuatro años, entre 2011 y 2014, para ser cancelado en ocho cuotas correspondientes al total de la causación, la cual debe hacerse el 1º de enero del 2011, es decir, que las tarifas aplicables dependiendo de la base gravable, serán diferidas pagando 0.6% y 1.2% anual. Desde el punto de vista de la equidad y aunque el impuesto es exigible sobre unos montos especiales y con tarifas diferenciales, esto no es indicativo para determinar la capacidad contributiva por cuanto se basa en un nivel de riqueza que puede variar y, que por lo tanto, no consulta la realidad económica de los contribuyentes. Por esta razón, también se cuestiona su liquidación en un solo año para ser pagado en varios sin contemplar las variaciones que se puedan generar en dichos períodos. Los elementos en este nuevo impuesto deben ser analizados en forma integral, toda vez, que pese al hecho generador, al depurarse la base gravable pudiera no dar lugar al pago del impuesto.

El impuesto al patrimonio en alguna medida se vuelve confiscatorio, toda vez, que afecta la riqueza que se ha generado por los empresarios dentro de una actividad productora de renta y que por este hecho está sujeta al pago del impuesto sobre las ganancias, dicho de otra forma, las capitalizaciones de utilidades que posiblemente fueron gravadas en períodos anteriores quedan sujetas bajo un nuevo concepto al pago de otro impuesto. De igual forma, se afecta a las personas que aun sin realizar este tipo de actividades quedan sujetos por ser contribuyentes declarantes del impuesto de renta. Esto, sin entrar a considerar el pago de otros tributos como el predial.

En cuanto a la exclusión que se consagra para algunos bienes o derechos como el de las acciones poseídas en sociedades nacionales, la casa de habitación e inmuebles destinados al mejoramiento del medio ambiente o de beneficio y uso público, pudiera pensarse que el legislador dentro de su potestad tributaria, trató de hacer una diferenciación que tendría que traducirse en la aplicación del principio de equidad y eficiencia. Lo que se cuestiona es el desconocimiento de las inversiones en sociedades cuyo capital no está representado en acciones, sino en aportes, y en las muchas empresas que realizan inversiones no solo para el mejoramiento del medioambiente, sino también, para el incremento de la actividad productora de renta y cuyo beneficio por la adquisición de activos fijos ahora se les disminuye. La ley de ajuste fiscal reduce el beneficio por la deducción especial de activos fijos productivos del 40% al 30%, restringiendo este beneficio para las empresas en zona franca que gozan de la tarifa especial del 15% en renta.

Entre los temas a destacar y analizar también se encuentra la calificación dada a las deudas que por cualquier concepto tengan los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios con los vinculados económicos o partes relacionadas del exterior, las cuales serán consideradas como patrimonio propio. La modificación que se realiza al artículo 287 del estatuto tributario(2), para que las deudas que por cualquier concepto tengan los contribuyentes del impuesto sobre la renta en Colombia con los vinculados económicos o partes relacionadas en el exterior sean consideradas para efectos tributarios como patrimonio propio, tienen la clara intención de evitar la disminución de la base de la liquidación del impuesto al patrimonio. Esta disposición evita que muchas de estas operaciones producto de actividades reales, realizadas a precios de mercado, sean reconocidas como pasivos, convirtiéndose en una presunción de derecho porque desconoce la realidad económica pero que basados en el principio de justicia tendría que dársele el carácter legal para que pueda ser desvirtuada.

El prever con anterioridad el impuesto conlleva por una parte a que quienes firmen contratos de estabilidad jurídica o estén en este proceso deban discutir si están realmente frente a un nuevo impuesto para obtener el beneficio por cuanto su entrada en vigencia no es dentro del período inmediatamente siguiente al cual fue establecido. De otra parte, la anticipación da la posibilidad a los contribuyentes de analizar los efectos y planear o proyectar sus estados financieros, aunque el legislador consciente de eventuales maniobras fraudulentas por parte de algunos, incluyó como hecho sancionable cualquier transacción o contabilización que no corresponda a hechos efectivos o reales. No obstante, existe esta prerrogativa para que dentro del marco legal se anticipe el impacto económico que este impuesto genere pero colocando el hecho como prospectivo dentro de las políticas de fiscalización por parte de la autoridad tributaria(3), dadas las precisiones que frente al concepto de inexactitud introdujo el legislador para controlar y sancionar a los contribuyentes que no acaten en debida forma las nuevas disposiciones.

Para terminar, no podemos dejar de lado el cuestionamiento que de tiempo atrás se realiza, acerca de la intromisión del legislador al tratar de intervenir mediante disposiciones fiscales en asuntos contables, más aún, estando en el proceso de implementación de normas internacionales de contabilidad(4) y la falta de autonomía en estos asuntos, como es el tema que nos ocupa, la contabilización del impuesto, afectando la revalorización del patrimonio o el estado de resultados a conveniencia del contribuyente(5).

(1) Ley 1370 del 2009.

(2) Artículo 9º de la Ley 1370 del 2009.

(3) El artículo 8º de la Ley 1370 del 2009, consagra facultades especiales a la DIAN para establecer programas prioritarios de control.

(4) Ley 1314 del 2009.

(5) La Ley 1370 del 2009 en el artículo 1º, modifica el artículo 292-1 del estatuto tributario y en el inciso segundo da la posibilidad de registrar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio. Por su parte, el artículo 78 del Decreto 2649 de 1993 fue modificado por el Decreto 514 de febrero de 2010 para darle aplicación a la disposición de la citada ley.