El nuevo mundo digital, el crédito, la sociedad, la prevención y la quiebra

Revista Nº 20 Jul.-Sep. 2008

Arnoldo Kleidermacher(1) 

1. Introducción.

En la década de los 80 ocurrieron distintos acontecimientos que a nuestro juicio marcaron el comienzo de la era digital. Tal vez, algún día los historiadores coincidan en que el descubrimiento de Tim Berners-Lee(2) en cuanto al sistema de identificación y unificación de protocolos —que permitió la intercomunicación de todas las computadoras en un lenguaje común— y la consiguiente explosión del computador personal, y más adelante las laptop, —computadoras portátiles—, definieron el comienzo de la era digital.

Si bien la primera computadora data apenas de los años 40 —cuyas dimensiones eran aproximadamente las de una habitación de 6 m x 6 m— los avances han sido intermitentes. La historia registra la decisión militar de los Estados Unidos de formar la red digital para sus operaciones, que luego se transformaría en un proyecto de iniciativa civil, dando impulso de ese modo a las fuerzas del mercado que, junto con los acontecimientos anteriormente citados, dieron impulso al estallido de internet como la nueva avenida de comunicación internacional.

Efectivamente, el desarrollo de internet se debió a un proyecto militar, que se inició en 1957 como reacción al lanzamiento del primer satélite artificial, Sputnik, en plena Guerra Fría, lo que impulsó al presidente de EE. UU., Dwight D. Eisenhower, a crear la agencia ARPA —Advanced Research Projects Agency—, con el propósito de promover la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para la defensa nacional. Así mismo, tan solo un año después, se crea la NASA como otra consecuencia.

Posteriormente el trabajo de ARPA se extendió al sector privado, dando origen a Arpanet —Advanced Research Projects Agency Network—, dirigida especialmente a las universidades. A partir de Arpanet, se constituye la International Network —red internacional—, es decir, internet. En 1972, nace el correo electrónico y luego el protocolo TCP/IP, un sistema de comunicaciones sólido bajo el cual se integrarían todas las redes que componen la internet.

Hacia l990 el desarrollo de la red fue abandonado oficialmente por el ente gubernamental a cargo en ese momento, la NSF —National Science Foundation—, porque no se consideró que tuviera mayor futuro. Sin embargo, las esferas oficiales se equivocaron y a partir de la unificación de protocolos lograda por Tim Berners-Lee en 1990, que puede considerarse el acta fundacional de la World Wide Web —WWW—, comienza la expansión vertiginosa de internet(3).

Actualmente, se está trabajando en internet II e internet III, en las cuales la información viajará, respectivamente, a 100 y 1000 veces la velocidad actual. Por otra parte, la banda ancha que permite el uso de hipertexto(4) y toda combinación de texto, imágenes, sonido y video(5), nos sumerge de lleno en la nueva cultura cibernética, modificando nuestros hábitos y quehaceres y, en definitiva, la conducta toda que regula el derecho.

Desde el punto de vista jurídico, la red de redes, como se la llamó, nace y se mantiene sin ninguna ley directamente aplicable a ella(6). concepto que en su tiempo fuera consagrado por el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los EE. UU. denegando la aplicación de una ley que restringía el tráfico sexual de menores previamente aprobada por el Congreso. Sin perjuicio de ello, la jurisprudencia internacional ha ido delineando, en distintas intervenciones, resoluciones específicamente establecidas para resolver conflictos vinculados a internet.

En efecto, en febrero de 1996, el presidente Clinton impulsó una ley en el Congreso de EE. UU. —Telecommunications Act— que en el capítulo conocido como Communications Decency Act pretendía proteger a los menores al establecer restricciones sobre Indecent on-line material, para impedir que continúe la diseminación de pornografía en la red. Se reprimía desde la creación y transmisión, a sabiendas, de material obsceno a una persona menor de 18 años, hasta la mera exposición de ese material, de suerte tal que pudiera ser accesible a esa franja de menores. Las sanciones no solo se limitaban a severas multas, sino que también incluían penas de hasta dos años de prisión. Los alcances de la norma se extendían a las diversas jurisdicciones interestatales estadounidenses y abarcaban, también, las conductas llevadas a cabo en el exterior. El concepto consistía en castigar la difusión de material patentemente ofensivo según el criterio moderado de la comunidad contemporánea. La Corte Suprema de Justicia de los EE. UU. declaró la ley inconstitucional por siete votos contra dos, considerando que vulneraba las garantías consagradas en la primera enmienda de la Constitución de dicho país(7).

A partir de allí, como dijimos, se incrementó notablemente la velocidad de los avances, la simplificación del lenguaje, que apuntaba a la mayor accesibilidad de un mercado con crecimiento exponencial, y se desarrollaron nuevos programas informáticos y sistemas puntuales para distintos objetivos que potenciaron notablemente el desarrollo de la red sin fronteras.

Acercándonos a nuestro campo de acción, podemos señalar que la incorporación de la encriptación de doble clave, la firma electrónica y la derivación a la firma digital, determinaron la inclusión de las herramientas digitales en el desarrollo, elaboración y concreción de los actos jurídicos. También con alguna timidez comenzó la jurisprudencia internacional y nacional, conjuntamente con la doctrina, a atender el protagonismo del nuevo universo en la actuación de la sociedad(8).

Nosotros venimos trabajando el tema desde el año 1987 en materia contractual(9), cuando propusimos el registro informático para los contratos, que ya analizaba la distinción entre contratos entre ausentes y presentes. Esta propuesta temprana, si bien fue acogida ese mismo año por el legislador en la redacción del nuevo Código Civil argentino, quedó trunca por el veto presidencial originado causas distintas a aquel Código innovador, en muchos aspectos, de nuestro derecho vigente.

Han transcurrido, pues, más de veinticinco años y es muy pobre el avance que podemos registrar en la materia, y totalmente nulo en campos fundamentales de nuestra temática. Es por ello que en este escrito reflexionaremos y propondremos distintas alternativas en el ámbito societario y concursal pertinente, dirigido especialmente a la prevención y al mejor tratamiento de los conflictos y los requerimientos que dan mayor eficacia a estos institutos.

2. La información, su registro.

La era digital ha traído consigo el tráfico y desarrollo de su mercancía más preciada: la información. Poseer la información pertinente en el momento apropiado permite tomar las decisiones más acertadas en cualquier circunstancia, aceptar una oferta, suscribir un contrato, conceder un crédito, incluso saber si se está tratando con la persona adecuada, o si el negocio en consideración es posible. En suma, poseer la información necesaria es la ventaja comparativa más importante de nuestro tiempo.

En este tema no navegamos en aguas mansas, existen turbulencias y corrientes que obligan a ciertas reflexiones y nos impulsan a tomar partido. Se trata de dilucidar la prevalencia o sujeción del derecho a la información o la libertad de información, cualquiera sea el título que se le imponga, en contraposición al derecho a la intimidad de la persona o la protección de los derechos personalizados(10).

En este sentido, nos vemos obligados a tratar previamente la cuestión, pues la posición del legislador o del intérprete final, que será el magistrado en un conflicto concreto, determinará en qué medida la necesidad de la sociedad o las condiciones requeridas para la eficacia de una medida permitirán el acceso a la información pertinente. La trascendencia del tema es tan relevante que se ha dicho que “la creación de la realidad virtual de los hombres y de los grupos, atendiendo a sus gastos, dolencias, inclinaciones, hábitos, puede ser peligrosa y hasta devastadora, cierta, mendaz y errónea, como si fuera un instrumento para sojuzgar y esclavizar”(11). Obviamente, el registro informático conduce al peligro señalado y se enmarca en un conflicto de raigambre constitucional.

Como señala Tobías(12), “un tema en el que con más claridad se refleja la ‘constitucionalización’ del derecho civil es el relativo a los derechos personalísimos: las modernas constituciones contienen numerosas disposiciones que consagran y tutelan los derechos personalísimos”. Y es que cuando señalamos la indudable importancia de la información debemos entender que la misma debe estar disponible y ser de fácil acceso para el interesado, pues de lo contrario, negando o dificultando su conocimiento, es como si la misma no existiera y por ende todo el avance y enlace que se pretende con su influencia en el acontecer de la humanidad se torna vano y mera especulación teórica y abstracta.

El dilema radica, a nuestro juicio, en definir con claridad qué información sobre la persona puede y debe ser pública, atendiendo a la seguridad y protección social, excluyendo de tal posibilidad aquella información que además de ser personalísima no implica para la sociedad interés legítimo alguno para su conocimiento.

El tema ha merecido profusa discusión y tratamiento doctrinario, legislativo y judicial atendiendo a la posible vulneración de derechos constitucionales, como los inherentes a la dignidad humana por un lado y la libertad de prensa por el otro, con el consiguiente derecho a la información y al conocimiento(13). Existen casos jurisprudenciales verdaderamente ilustrativos, como el que ha reconocido la Corte Suprema de Argentina a un eventual usuario del transporte aéreo, otorgándole legitimidad para reclamar información respecto del estado de los aviones y la posibilidad de constatar las conclusiones de la Dirección Nacional de Aeronavegación. Lo anterior con base en consideraciones sobre el artículo 42 de la Constitución Nacional que obliga a las autoridades públicas a proteger a los usuarios de la falta de información adecuada para la decisión de consumo y a suministrar la información pretendida que está en poder del organismo público(14).

El extremo de este caso, fundamentalmente señalado en el voto de la Ministra Argibay, revela la toma de posición en cuanto a nuestra propuesta de que no puede negarse información, cualquiera que fuere, cuando esta afecta la decisión de una sociedad, en este caso en cuanto al consumo o el uso de un servicio público. Si bien no es nuestro tema medular, resulta a todas luces imprescindible reflexionar sobre el mismo. Al respecto, cabe destacar que se han construido distintas teorías para dilucidar la cuestión. Por un lado, se ha tratado de establecer un orden jerárquico entre los derechos personales y los constitucionales, de lo cual resulta que frente al conflicto se otorgará prioridad a la defensa del derecho de mayor categoría en detrimento del inferior. Los llamados “derecho príncipe” y “derecho cenicienta”(15). Por otro lado, se ha propuesto analizar el caso concreto realizando un balance con todos los elementos en juego y los derechos comprometidos, el denominado balancing test. Una tercera posición sugiere básicamente delimitar cuál de las partes es titular del derecho invocado, porque en afirma que hay un conflicto de pretensiones y no de derechos(16).

El tema, por cierto, es acuciante respecto de los bancos de datos y su regulación. Nuestra Ley 25.326 de protección de datos personales, no delimita con claridad las distintas cuestiones enunciadas. Sus diversas definiciones han sido criticadas porque intenta elaborarlas por medio de supuestos y no de conceptos, estableciendo así una enunciación incompleta. Se ha concluido que no hay en definitiva un concepto legal de datos sensibles, que obviamente serán los que requieren la protección de la intimidad(17).

A nuestro juicio, no hay duda de que existe el conflicto liminar entre el derecho a la información y el derecho a la protección de la intimidad, y por eso nos inclinamos en proponer que la vara que dilucida la cuestión pasa por el interés legítimo de una sociedad de conocer la información del caso. A manera de ejemplo, señalemos que no habrá ninguna duda del interés del mundo empresarial en conocer el estado en que se encuentra una sociedad, si se encuentra en quiebra o no, y el manejo que le han dado sus administradores. En cambio, será total su falta de interés, y potencialmente discriminatorio, por conocer el color de la piel o la etnia de la persona sobre la que se busca información.

Sin embargo, hay casos arduos y difíciles. Por ejemplo, el interés que, en principio, pueda tenerse por la información referente a un divorcio cambia cuando, de dicho proceso, se desprenden posibles medidas cautelares patrimoniales que afectarán el crédito y la capacidad de pago del individuo cuya información se requiere, o también puede cambiar a raíz del conflicto que pueda desencadenar en la sociedad de la que forma parte. Más aún, no parecería de interés informar un caso de abuso sexual, pero si deriva de allí una cuantiosa indemnización en ciernes el tema adquiere otro perfil.

Así mismo, en los fallos de ciertos casos, se ha considerado de interés establecer un criterio diferente si el individuo cuya información se requiere es una persona de interés público, funcionario de jerarquía, o una figura mediática, para decidir si procede o no la divulgación de cierta información, además de analizar la naturaleza de la misma. Es obvio, que si un formador de opinión es detenido y procesado o sentenciado por un delito grave, independientemente de las implicaciones económicas, como en los ejemplos anteriores, la información puede resultar de interés para la sociedad.

Fundamentalmente, nuestra propuesta considera la afectación del crédito como de interés social, siendo por demás conocido cómo un error en un banco de datos, que impide la concesión de un crédito, afecta irremediablemente al informado. A contrario sensu, la falta de información pertinente implicará la concesión del crédito y el eventual daño al concedente.

De ello se sigue la necesidad de atender a la prevención que requerirá la seguridad de la información a divulgar y el interés de la sociedad en su conocimiento, pues, la circunstancia de la reparación del daño no resulta suficiente cuando el daño es irreparable. Este es otro tema fundamental a considerar para la prevalencia de la prevención, ya que si bien el registro de un dato puede proteger el crédito, el error o la falsedad tiene la capacidad de generar un daño que no es reparable, cualquiera fuere la indemnización. Cuando un cristal se quiebra, no se puede reparar. Es por ello que no es de recibo la posición de la libertad de prensa absoluta, sin restricciones, señalándose que una irresponsable divulgación informativa ha causado suicidios y asesinatos(18). Incluso existen normas editoriales que impiden en algunas publicaciones la divulgación de ciertos hechos criminales, pues su publicación genera propensión a imitación y secuelas.

3. Conclusión preliminar.

En consecuencia, así como la información es, tal vez, el mayor y más preciado bien de nuestra era, su divulgación debe ser cuidadosamente administrada. Una sabia y prudente ley de habeas data, la correspondiente tipología penal, la atención puesta en la prevención del interés legítimo de la sociedad y la debida interpretación judicial en los conflictos que se presenten, determinarán la eficacia del registro corporativo en función de la protección social, así como la debida preservación de los derechos personalísimos del informado.

4. Informatización societaria.

Una vez hemos dado una breve síntesis bibliográfica del tema y presentado nuestra posición, propuesta y conclusiones, debemos dedicarnos a la influencia que el mundo digital ejerce y posibilita en los ejes fundamentales sobre los cuales, a nuestro juicio, gira el desarrollo de la economía occidental: la sociedad y el crédito.

En efecto, consideramos a la sociedad como figura jurídica y el crédito como impulsor y multiplicador de los factores de la producción y del consumo, los protagonistas del desarrollo económico, pero también como tales, los destinados a la protección de la normativa jurídica en su campo específico.

Como sabemos, hoy en día la actividad empresarial se desarrolla, fundamentalmente, a través de sociedades y, más aún, de grupos de sociedades, inclusive multinacionales, que contienen a la empresa, una institución económica que el derecho aún no ha aprehendido totalmente, aun cuando es motivo fundamental de tutela en los derechos concursales y habiendo sido abordada ya por varias leyes específicas como sujeto de las mismas(19).

En cuanto al crédito, sabemos que desde el nacimiento del derecho concursal en la baja Edad Media fue el fundamento de su preservación, ya que la cesación o suspensión de pagos, al interrumpir la cadena de prestaciones en que se asienta la economía, deriva en el conocido efecto dominó, que al multiplicar sus consecuencias entre los sucesivos acreedores produce estragos en el sistema y ha sido causante, en diversas ocasiones, de crisis generalizadas e incluso la caída de gobiernos.

En la actualidad, dada la asunción por la doctrina jurídica y económica del tratamiento de las crisis empresariales, ambas se encuentran unidas en esta problemática, y ostentan coincidencia absoluta en la necesidad de la prevención de la crisis, buscando todas las soluciones alternativas que permitan lograr el objetivo señalado(20).

Es claro que, en toda esta interacción, la información, el acceso a la misma, su celeridad, confiabilidad, posibilidad de ser asiento de medidas precautorias y ejecutivas, cobran protagonismo total y permiten que la protección, la prevención y la ejecutoriedad puedan ser efectivas.

Respecto al tema registral, las posibilidades que brinda hoy la tecnología digital modifican tan profundamente este universo que es indispensable encarar, sin demora alguna, su implementación en los distintos escenarios que abarca el derecho societario y concursal, a fin de poder contar con estas herramientas, tanto en la fase preventiva como administrativa y así mismo en la eventual liquidatoria.

4.1. Registro.

Si pasamos revista al funcionamiento registral en distintas latitudes, y tenemos en cuenta experiencias concretas y posibilidades, podemos señalar que en EE. UU., por ejemplo, una sociedad se incorpora, vale decir, se inscribe, enviando el contrato respectivo en formato digital a través de internet a la autoridad de registro, y recibe, si todo está de acuerdo a la ley, por la misma vía, la inscripción correspondiente con todas las subinscripciones requeridas por los distintos organismos, las cuales se realizan de forma automatizada como consecuencia de la existencia de la sociedad —obviamente, la inscripción fiscal es inmediata—. No existe oficina ni persona que se encargue del trámite y, naturalmente, no hay colas, no hay huelgas, como padecemos permanentemente en nuestra Inspección y demás registros y dependencias, con la consiguiente traba a todo el tráfico comercial que ello implica. Hoy en día, el costo de esta incorporación es aproximadamente de US$ 70.

Consecuentemente con ello, existen sistemas especiales de comunicación informática por internet a los que se pueden suscribir los interesados, con lo cual el profesional que desea conocer las características de una sociedad se conecta desde su escritorio con el registro y obtiene todos los datos de la misma, sus integrantes, capital, balances y, algo que es muy importante, si pesan acciones o medidas cautelares por conflictos de cualquier índole, lo que le permite llevar a cabo la tarea del caso con el conocimiento pleno e instantáneo de la situación registral de la compañía en cuestión.

Al momento de escribir este artículo, el Registro de la Propiedad de La Plata (Provincia de Buenos Aires), sin lugar a dudas el más importante del país, lleva 40 días en huelga de personal, paralizando la actividad inmobiliaria e impidiendo la anotación o cancelación de medidas cautelares, como embargos o inhibiciones provenientes de distintas acciones —la quiebra entre ellas, por ejemplo— irradiando un inconmensurable peligro y perjuicio a la actividad inmobiliaria y comercial general del país.

Aquí podemos observar las dos vertientes de bondades de un sistema registral informático. La primera de ellas que hace a la celeridad y a la reducción en tiempo de la tramitación, lo que en definitiva influye directamente sobre el costo transaccional, y la otra, la misma accesibilidad a la información que hace a la certeza y seguridad en las transacciones y que va a influir directamente sobre el crédito.

En Argentina, que es nuestro entorno, una persona puede quebrar en varias provincias y ser presidente de distintas sociedades en otras, ya que no solo carecemos de un registro hábil al efecto, sino que no existe ninguna interconexión entre las distintas provincias respecto del universo concursal.

Más aún, si nos colocamos en un extremo absolutamente posible de nuestra orfandad informática, cabe la posibilidad de que un condenado por estafa obtenga un crédito en el comercio, ya que no existe una forma efectiva, al alcance usual, de conocer tal situación y adoptar los recaudos consiguientes.

Debe entenderse que no estamos inhibiendo, a priori, a sujeto alguno de trabajar y comerciar por su historia personal, sino que tratamos de poner a disposición del mercado la información que es menester para la necesaria protección del crédito.

4.2. Registro por imágenes.

Nosotros hemos planteado la informatización completa con la tecnología digital a la Inspección General de Justicia —IGJ—, para contar con el registro por imágenes, como ya se hizo en el registro administrativo, lo que implica que lo descrito previamente, como actual y vigente en EE. UU., puede ser una realidad en la Argentina.

En tal sentido, con base en el Convenio de Asistencia Técnica celebrado entre el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires(21), se desarrolló un diagnóstico preliminar de la IGJ, con el fin de detectar aspectos orientados a la racionalización del manejo documental y, particularmente, a la digitalización de su archivo, en el marco de la Ley Nº 25.506, reglamentada por el Decreto 2628 de 2002, la cual en su artículo 1º otorga plena eficacia jurídica y valor probatorio al documento electrónico y digital, y en los siguientes artículos extiende el concepto de soporte, escritura y firma, a fin de equiparar, por ejemplo, a la firma con cualquier medio técnico adecuado de identificación del emisor de un documento. En el artículo 11, al referirse a la conservación o archivo documental, expresamente autoriza, otorgándole pleno valor jurídico, a proceder al archivo de documentos digitales firmados digitalmente.

Dentro de la investigación, antes de efectuar un análisis detenido del organigrama funcional del organismo, se realizó un diagnóstico de los siguientes sectores de la IGJ:

a) Mesa de entradas

b) Departamento de coordinación administrativa

c) Departamento de precalificación

d) Departamento registral

e) Departamento de asociaciones civiles y fundaciones

f) Departamento de sistemas

g) Archivo

La propuesta planteó el desarrollo en seis etapas, a saber:

1) Digitalización de los balances de las sociedades anónimas registradas a partir de diciembre del 2001 —anualmente se registran alrededor de 40.0000—

2) Digitalización de protocolos

3) Archivo histórico de balances

4) Archivo histórico de protocolos

5) Digitalización del archivo de la IGJ

6) Infraestructura de firma digital, es decir, la estructuración de la de la IGJ como entidad certificante

Lamentablemente, el proyecto no fue aceptado.

Vale decir que el registro por imágenes no es difícil de implementar, aunque requiere el escaneo de la documentación existente y su instalación en soporte digital. Necesariamente, debe desarrollarse el programa adecuado para poder buscar y traer a la pantalla la información en soporte digital, que no podrá ser alterado, y que implica que cada imagen en pantalla se convierte en un original. En su caso, deberá inscribirse y eventualmente certificarse. Por otra parte, hay que destacar que la apertura de la red permite la consulta vía internet desde cualquier computadora en el mundo.

4.3. Sociedad.

El registro usual de la sociedad puede llevarse íntegramente en forma digital, al escanear la documentación que se emite e instrumenta en papel —facturas, recibos, presupuestos— y al emitirla íntegramente vía internet al registro digital de la compañía. Es evidente que para todo esto debe contarse con un programa administrativo que lo soporte, y para lograr este cometido existen en el mercado distintas alternativas al respecto, tanto para la pequeña, mediana y gran empresa. Con conexión propia a internet e intranet, las consultas pueden realizarse desde cualquier lugar, y, definiendo las contraseñas y los límites respectivos, se permitirá a los distintos funcionarios acceder a la información que autorice la compañía.

Los balances también pueden ser firmados digitalmente y registrados en el sistema descrito, para ser enviados electrónicamente a los distintos organismos, como es el caso, en la República Argentina, de la Inspección General de Justicia, la Administración Federal de Ingresos Públicos —AFIP— y otros que los requieran y cuenten con el registro adecuado. La firma puede ser digital, con la certificación pertinente.

Incluso la administración legal de la compañía podría ser llevada digitalmente, conectada con su estudio jurídico, si este implementase un sistema de consulta y evacuación o consejería y dictamen para la misma. También existe software disponible en el mercado que ofrece distintas posibilidades al respecto.

Las reuniones de directorio pueden ser celebradas digitalmente, a grandes distancias, incluso con visión directa o comunicación instantánea, vía internet con cámaras recíprocas que generan una presencia virtual. Al respecto nos hemos manifestado sobre el concepto de reunión entre ausentes o presentes en el trabajo citado(22) y en recientes ponencias y encuentros académicos se ha ratificado dicho concepto(23). A lo anterior se agrega la posible actuación del cibernotario para las certificaciones respectivas.

Otro tanto se aplica a las asambleas que pueden ser realizadas, discutidas, votadas y registradas íntegramente con grabación en video, lo que permite fidelidad absoluta e integral de lo acontecido y que, debidamente consignada en los archivos societarios, podría definir cualquier conflicto evitando los procesos que abundan en tribunales por doquier.

Claro está que hoy en día el voto electrónico y la firma digital vienen en auxilio de estas propuestas, posibilitando que además de la seguridad documental y registral, los tiempos dedicados a las reuniones, conciliación de agendas, entrevistas con los abogados, desplazamientos de los distintos integrantes y sus correspondientes costos, puedan ser reducidos, con el consiguiente ahorro en dinero y oportunidad.

Con la adopción de las prescripciones de las leyes modelo de la Cnudmi(24) sobre comercio electrónico de 1996 y sobre firmas electrónicas del 2001, así como la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales del 2005, ya no habría ningún obstáculo para que una persona en Tokio suscriba un contrato con su contraparte en Argentina sin tener que movilizarse, incluyendo el trabajo sobre los borradores hasta llegar al documento final, todo ello vía internet con validez absoluta e incluso con mayor certeza que la firma hológrafa, siendo cada documento de pantalla un original. Así se evitan todos los costos transaccionales y traslados para llegar a la firma, así como los inherentes a su conclusión.

Todo ello es fundamental a la hora de delimitar responsabilidades por circunstancias que impliquen imputaciones por daños y perjuicios a los accionistas o terceros, e incluso en caso de concurso o quiebra. Directores, síndicos, funcionarios y apoderados, como cualquier persona que intervenga en los negocios de la sociedad y que pudiera estar implicado en circunstancias generadoras de responsabilidad, obtendrá su salvaguarda o condena teniendo como fundamento la documentación indubitable que el contexto digital permite.

5. Informatización concursal.

Todo lo anteriormente expuesto en cuanto al registro contable y legal de la compañía, válido también para las personas físicas que desarrollan la actividad empresarial, constituye la herramienta fundamental a la hora del eventual concurso de la compañía. Al respecto, tanto la tarea del juez como la de la sindicatura(25) se verían enormemente facilitadas con la consiguiente aceleración de los tiempos involucrados en cada instancia procesal del concurso. En el caso puntual de una quiebra abierta como consecuencia de un concurso declarado en el extranjero, el juez tiene hoy en día a su disposición en la red la constatación fáctica de las legislaciones extranjeras, para convalidar el presupuesto de reciprocidad exigido por la ley. En el futuro, la colaboración de los magistrados y el intercambio informático podrían verse completamente facilitados a través de los medios disponibles al efecto.

En cuanto a las medidas cautelares para la protección patrimonial, el funcionamiento idóneo de un registro concursal, largamente requerido por la doctrina, sería una herramienta indispensable para la eficacia de las mismas.

El registro de concursos en Argentina tendría que ser nacional y, según lo expresado anteriormente, todas las provincias y asientos jurisdiccionales deberían nutrir y nutrirse del mismo. El instituto no solamente importa para la efectividad de las medidas decretadas, sino que gracias a la verificación de todas las circunstancias registradas en el país, que puedan afectar a una persona, se podrán tomar las decisiones adecuadas para proteger el crédito según se requiera. Los bancos de datos actuales realizan registros muy parciales, cuando no arbitrarios, sin el debido control de autoridad alguna, dando lugar a innumerables perjuicios que luego son develados en costosos y largos trámites judiciales, en los que raramente se compensa el daño sufrido. El registro, por tanto, debe contener subsistemas para el acceso a la información por los interesados suscritos.

En la Argentina existen algunos bancos de datos que se pueden consultar, pero con información parcial y local, sin interconexión federal, que no contienen el registro de medidas cautelares en procesos civiles o penales.

5.1. La verificación en el concurso.

En este aparte, además del auxilio ya señalado con que contaría el síndico, se considera la posibilidad de verificar un crédito informático, no cartular, cuya constatación y circunstancias dependerán exclusivamente de pruebas específicas en los sistemas registrales de los involucrados, lo que abre todo un nuevo firmamento en la materia. En efecto, la prueba informática requiere de nuevos expertos que exceden largamente la formación tradicional de la sindicatura, para lo cual debe considerarse indispensable la modificación normativa consiguiente.

Respecto de las distintas obligaciones de la compañía, tanto activas como pasivas, el registro digital adquiere fundamental importancia —actualmente, es usual que las obligaciones negociables se registren en forma informática—. Cuando se trata de suscriptores extranjeros, estos realizan dicha suscripción y depósito por medio de brokers internacionales y asentamientos en bancos registrales también internacionales. Es indispensable la actualización de la legislación argentina en esta materia, ya que para tales operaciones se requiere, hoy en día, de una constancia de certificación con inhibición de operar con la cuenta en el exterior. Incluso estas certificaciones, a veces, no se pueden obtener o se producen tardíamente. Esta circunstancia también debe simplificarse a través de la prueba informática respectiva, verificable por enlace informático(26).

En cuanto a la tarea del síndico respecto de los informes contemplados en los artículos 36 y 39 de la Ley 24.522, según disposiciones de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de Buenos Aires, tales informes entran dentro del marco del nuevo programa de informática judicial, por lo que ya se están publicando en internet para la consulta de los interesados. Este es un camino iniciado en diciembre de 1998, con el Plan Nacional de Reforma Judicial, que propuso(27):

• La integración virtual de todas las jurisdicciones judiciales —muchas provincias como Salta, Neuquén, Mendoza ya utilizan sistema informático Iurix, así como la justicia nacional y del gobierno de la CABA(28)—.

• La unificación de todas las bases de datos registrales a nivel nacional, evitando las descentralizaciones de los registros, que producen muchas veces, además de demoras, desconocimiento respecto a la localización de bienes dentro del territorio nacional.

La implementación futura de esta propuesta, tendrá los siguientes beneficios:

1. Agilizar el trámite de los expedientes

2. Eliminar tareas rutinarias de la administración de justicia

3. Digitalizar y registrar actuaciones y documentos

4. Generar automáticamente actuaciones a partir de modelos preexistentes

5. Controlar el cumplimiento de los términos judiciales

6. Facilitar la tarea de los magistrados

7. Consultar jurisprudencia

8. Comunicación electrónica segura entre los organismos y oficinas judiciales

9. Diligenciamiento electrónico (firma digital) de notificaciones y cédulas

10. Consulta remota de expedientes vía internet

11. Obtener indicadores acerca de la gestión judicial —tasas de sentencia, nulidad, estadísticas sobre tiempos de demora, etc.—

El objetivo final es la creación del expediente digital.

5.2. Verificación informática de créditos.

A efectos de agilizar este trámite, hemos propuesto que el síndico solicite a la sociedad concursada copia de los archivos magnéticos que genere, así como los que hubiera preparado para su presentación en concurso, ahorrando tiempo de la sindicatura en la creación del archivo con la nómina de acreedores denunciados, incluyendo en ella: denominación social y/o apellido y nombre, domicilio constituido, domicilio legal, domicilio de las plantas principales, domicilio real, según corresponda, con CUIT/CUIL(29), datos registrales, composición de directorio, cónyuges, composición analítica y total del pasivo contraído, entre otros datos que deberá recaudar el síndico en su tarea. También creemos que debe establecerse dirección de domicilio electrónico obligatoria, además del domicilio geográfico legal.

Infortunadamente, la posible intervención de piratas informáticos ha generado dudas sobre la estabilidad en la informatización de los informes mencionados, tomando como ejemplo la incursión en las bases de datos del Pentágono —la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos— en 1995, a pesar de la seguridad implementada(30).

5.3. Actualización.

Son indicativos ciertos avances que vale la pena mencionar al respecto, así:

En la causa Alaniz, Oscar César p/conc. prev., JPCyR Nº 1 de Mendoza 5/3/2007, Expediente 48.261, el juez actuante indica que los oficios referidos al fuero de atracción se librarán a través del sistema de firma digital(31).

También, según el acuerdo de la Cámara Nacional en lo Comercial Nº 53/2007, se dispone que el nuevo sistema de inclusión en internet de los informes concursales —individual y general— sea puesto en vigencia con carácter experimental por el término de 60 días a partir del 1º de noviembre del 2007(32).

Por otro lado, por Resolución de Presidencia Nº 21.038 bis, en Mendoza, el 28 de mayo del 2007, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, doctor Jorge Horacio Jesús Nanclares, resolvió que en la Justicia Laboral de la Primera Circunscripción Judicial, a partir del 1º de junio del 2007, se dejen de confeccionar las cédulas con soporte en papel y se elaboren en forma simultánea con la notificación electrónica, conforme al punto II de la Resolución de Presidencia Nº 20.875, las cédulas en papel que subsistirán exclusivamente para aquellos casos contemplados en el artículo 34 inciso 4º del Código Procesal Laboral (L. 7195), en tanto que el resto de las cédulas se harán exclusivamente de modo electrónico, a partir de la fecha indicada.

6. Quiebra transfronteriza.

En lo que se refiere a la quiebra transnacional, transfronteriza o cross border, como se la denomina en el derecho anglosajón, también las Naciones Unidas ha hecho una serie de recomendaciones en la Ley Modelo de la Cnudmi /Uncitral sobre la Insolvencia Transfronteriza de 1997 y en la Guía legislativa de la Cnudmi/Uncitral sobre el régimen de la insolvencia del 2004, que están siendo adoptadas por distintos países, como, por ejemplo, en Estados Unidos con la reciente Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act del 2005.

En diversos países se han promulgado leyes basadas en la Ley Modelo de la Cnudmi sobre la insolvencia transfronteriza: Colombia (2006), Eritrea, los Estados Unidos de América (2005), Japón (2000), México (2000), Polonia (2003), Gran Bretaña (2006), el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Islas Vírgenes Británicas, territorio de ultramar (2005), Montenegro (2002), Nueva Zelandia (2006), Rumania (2003), Serbia (2004) y Sudáfrica (2000).

Por otra parte, el Convenio de la Unión Europea del año 2000 ha establecido distintas normas que, más allá de la colaboración, establecen un sistema de recomendaciones de quiebra principal y secundaria, similar al que en la Argentina habíamos establecido en el Tratado de Montevideo de 1940, en el artículo 40 y ss., pero lo importante para destacar es la necesidad de colaboración y reconocimiento de funcionarios y funciones que simplifican y evitan las complicaciones que padecemos entre nosotros.

Recuérdese que en la Argentina la Ley Nº 24522 de concursos y quiebras, a través del artículo 4º, dispone que ante una quiebra decretada en el extranjero es posible la apertura de la quiebra nacional, y que el acreedor perteneciente a un concurso abierto en el extranjero puede cobrarse sobre el saldo, requiriéndose la reciprocidad legal para su efectividad.

Volvemos una vez más al tema registral, que hoy no permite saber, salvo la propia información que brinde el deudor en su documentación, los bienes o intereses que tenga en el extranjero. Los registros interconectados en forma internacional permitirían al juez de la quiebra conocer todos los activos y circunstancias atinentes al deudor. Así mismo, gracias a los tratados específicos, a la colaboración entre los magistrados y al sistema de video conferencia —hoy facilitado enormemente—, los jueces podrían celebrar juntas o audiencias internacionales y recibir en forma rápida y eficaz las distintas circunstancias de una quiebra internacional.

Esto no es una ficción, sino una realidad que ya tiene aplicación práctica. En una reciente visita a la Argentina, el magistrado Burton Lifland del Tribunal de Nueva York relató su experiencia en la celebración de una video conferencia, con magistrados de Canadá e Israel y con los acreedores presentes en su sala de audiencias, en la que se resolvían las distintas cuestiones de una quiebra bancaria que hubiera demorado años, y con difícil pronóstico, de no contar con este recurso.

7. El registro en el Mercosur.

A pesar del lento avance en la integración del Mercosur es indiscutible el creciente intercambio comercial entre los países involucrados y la diversidad de operaciones que se registran en importaciones, exportaciones y asociaciones de variado tipo, sin homogeneidad normativa en dicho mercado (33) .

Debe considerarse que el espectro de operaciones y productos abarca tanto a fabricantes del campo industrial, agropecuario y comercial, como a sociedades financieras e intermediarias de distintas clases y regímenes. Por ello, también el registro informático y el acceso a su consulta resulta indispensable, especialmente considerando que ha sido firmado el protocolo de fundación del Banco del Sur por los países integrantes del Mercosur y asociados, que seguramente implicará la realización de proyectos conjuntos, con todas las contrataciones y subcontrataciones que las obras generarán, y por ende un universo más amplio en el tráfico comercial, industrial y financiero del área.

8. Conclusión.

Insistimos entonces, una vez más, en la incorporación de este mundo digital al universo de la sociedad y la quiebra y a todo el conjunto del sistema jurídico, camino que ya se ha empezado a recorrer y que afortunadamente vemos se va acelerando.

En suma, no hacemos más que ratificar la imperiosa necesidad de acoplar, al derecho societario y concursal, la tecnología digital en todos los institutos pertinentes, para procurar su mayor eficacia y el logro de los objetivos que se persiguen. Es claro que el proceso está en marcha y debidamente impulsado por la sociedad en su conjunto, con lo cual se beneficiará no solo el terreno concursal, sino todo el ámbito de la administración de justicia de las naciones.

(1) Este trabajo fue originariamente preparado para nuestra disertación en el III Congreso Iberoamericano de Derecho Concursal, que tuvo lugar en el mes de noviembre del 2007 en Barcelona. Actualizado y complementado para esta publicación.

(2) Kleidermacher, A. Derecho e Internet. En: Derechos Patrimoniales, Estudios en homenaje al profesor Dr. Efraín Hugo Richard. Ad-Hoc, t. I, 2001.

(3) Tornabene, M. I. Internet para Abogados. Editorial Universidad, Buenos Aires: 1999, pág. 29 y ss.

(4) Según cita Riquert: —En: Informática y Derecho Penal Argentino, pág. 28, nota al pie Nº 16— “(...) el hipertexto, como dice Millé (1997) fue concebido para permitir al lector acceder a glosarios, comentarios o referencias pertinentes a la palabra o frase presente en la pantalla y dotada por el autor de tal posibilidad, la que es indicada normalmente mediante el recurso de un cambio de letra, subrayado o resaltado en color. La denominación fue acuñada por Theodor Holm Nelson en 1967, aunque aclara Millé que se opina que el concepto sobre esta técnica debe atribuirse a Vannevar Bush, que lo presentara hacia 1945 (pág. 610 y nota al pie 12)”.

(5) “El lenguaje utilizado para la creación de archivos hipertextuales, vinculables en todo o en parte con el resto de la WWW es el —HTML HyperText Markup Language— y el protocolo que habilita la transmisión de archivos hipertextuales por internet es HTTP —HiperText Transfer Protocol—. Cfr. Millé, pág. 61, nota Nº 18.” —Riquert, Marcelo Alfredo. Informática y Derecho Penal Argentino, pág. 32, nota al pie Nº 23—.

(6) Tornabene, M. I., ob. cit.

(7) Fierro, G. J. Un Nuevo Desafío: El Delito a través de Internet. La Ley, T. 1997-F, Sec. Doctrina.

(8) Kleidermacher, A. Conferencia dictada con ocasión de la Jornada Aniversario de los 60 años del Instituto Argentino de Derecho Comercial, noviembre de 1999, Editorial Ad-Hoc. Del mismo autor: La Sociedad Digital. En: Revista de Derecho Privado y Comunitario - Sociedades Anónimas, Rubinzal-Culzoni, 2000; Los delitos informáticos y su impacto en el nuevo Derecho Comercial., En: Orientaciones en el Derecho Comercial - El Régimen Penal en el Derecho Comercial, Instituto Argentino de Derecho Comercial. Ed. Ad-Hoc, 2001, pág. 135;La sociedad digital II. En: Revista Electrónica de Derecho Societario, homenaje al Dr. Enrique Butty, agosto del 2007, www.societario.com.

(9) Meirovich de Aguinis, A. M. y Kleidermacher, A. Nuevas formas de contratación. Contratación por Ordenador. En: Revista La Ley, Nº 133, Buenos Aires: junio, 1987.

(10) Cifuentes, S. La protección de datos personales y el Internet. En: La Ley Nº 195, Buenos Aires: octubre, 2007; Tobías, J. W. Derechos personalísimos y libertad de información. En: La Ley Nº 242, Buenos Aires: lunes 17 de diciembre del 2007.

(11) Cifuentes, S., ob. cit., pág. 1.

(12) Tobías, J. W., ob. cit., pág. 1.

(13) Cifuentes, S. Los datos personales informáticos, un derecho autónomo personalísimo (consecuencias de su reconocimiento y características). En: J.A. 1999-IV; La responsabilidad frente al derecho personalísimo de los datos personales. En: Revista de Lecciones y Ensayos, Nº 72, 73, 74; Puccinelli, O. R. Protección de datos de carácter personal. Astrea, Buenos Aires: 2004.

(14) Defensa del consumidor. Derecho a la información - Estado de los aviones de las empresas de transporte aéreo de pasajeros - Intimación dirigida a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad - Artículo 42 de la Constitución Nacional - Denegación de información relevante para la decisión de consumo - Existencia de causa judicial – Usuario - Legitimación activa - Calidad de afectado - Artículo 43 de la Constitución Nacional - Acción de amparo - Procedencia - Defensa de intereses colectivos (CS). En: La Ley, Nº 242, Buenos Aires: lunes 17 de diciembre de 2007.

(15) Tobías, J. W., ob. cit.

(16) Tobías, J. W., ob. cit.

(17) Cifuentes, S., ob. cit.

(18) Cifuentes, S., ob. cit.

(19) Kleidermacher, A. La Parición Argentina del Derecho de Grupos y la Necesidad de su Armonización. Ponencia premiada por las autoridades del Congreso. En: Ponencias del IX Congreso Argentino de Derecho Societario y V Congreso Iberoamericano de Derecho Societario y de la Empresa, t. III, San Miguel de Tucumán: septiembre del 2004, pág. 425.

(20) Kleidermacher, A., conjuntamente con Eduardo Ángel Forns, Eduardo Teplitzchi, Graciela Haggi, Miriam Finocchio y Laura Mariana Costessich. Nuevas Alternativas para la Prevención de la Insolvencia. Ponencia presentada en las VI Jornadas Nacionales de Institutos de Derecho Comercial - Pequeñas y Medianas Empresas en el Mercosur. San Martín de los Andes (prov. de Neuquén): 12 y 13 de noviembre de 1998; Kleidermacher, A., conjuntamente con Eduardo Teplitzchi, Eduardo Forns, Nora Caprarulo de Burgos y Víctor Potente. Prevención de la Insolvencia. Propuesta Alternativa de Administración de la Crisis Empresaria. En: Ponencias de las II Jornadas argentino-chilenas de Institutos de Derecho Comercial. Mendoza: 19 y 20 de agosto de 1999; Kleidermacher, A. Propuesta para Alternativas no Judiciales para la Prevención de la Falencia y Procesos Concursales. En: Ponencias del II Congreso Iberoamericano de la Insolvencia y IV Congreso Nacional de Derecho Concursal. Advocatus, t. I, pág. 35, 2000; Del mismo autor: De la Prevenión Concursal por Alternativa no Judicial. En: Ponencias del V Congreso Argentino de Derecho Concursal y III Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia. Editorial Ad-Hoc, t. 1, 2003, pág. 189; Alternativas no Judiciales para la Resolución Concursal. Ponencia presentada en el VI Congreso Argentino de Derecho Concursal y IV Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia. Rosario (prov. de Santa Fe): 27, 28 y 29 de septiembre del 2006; De la Necesidad de un Nuevo Marco Normativo para las Crisis Empresariales. Ponencia presentada en las VIII Jornadas Rioplatenses de Derecho. San Isidro (prov. de Buenos Aires): 2, 3 y 4 de octubre del 2003.

(21) Proyecto racionalización del manejo documental de la Inspección General de Justicia, Daniel Ricardo Altmark (coord.), Buenos Aires: 5 de febrero del 2003.

(22) Meirovich de Aguinis, A. M. y Kleidermacher, A., ob. cit.

(23) Kleidermacher, A. Exposición para la Segunda Jornada de Derecho Informático, organizada por la Fundación Justicia y Mercado y Adiar, Asociación de Derecho Informático de Argentina, 30 de noviembre del 2007. Del mismo autor: Exposición para la Jornada El Nuevo Mundo Digital, organizada junto a la cátedra de Derecho Comercial a su cargo, Facultad de Derecho de la UBA, 8 de junio del 2007; Exposición sobre Registros informáticos, enlaces con plataformas de datos. Quiebra transnacional, para la Jornada Influencia del Mundo Digital en el Concurso Preventivo y la Quiebra, organizada junto a la cátedra de Derecho Económico II a cargo del autor, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 6 de noviembre del 2007. Varennes, F. O. Conceptos básicos de Internet Comercio Electrónico - Firma Digital - El nuevo Derecho Societario Digital - Sociedades Extranjeras, conferencia dictada en el Colegio de Abogados de la Provincia de Misiones, Misiones (Argentina): 9 de junio del 2006. Vassallo, G. Exposición sobre Informatización en el marco judicial. Situación actual y planificación a futuro, para la Jornada Influencia del Mundo Digital en el Concurso Preventivo y la Quiebra, organizada por la Cátedra de Derecho Económico II, a cargo del autor, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 6 de noviembre del 2007. Escandell, J. Exposición sobre Incidencia del mundo digital en la registración. Su importancia en el Concurso preventivo en la elaboración de los Informes Individual art. 35 y General art. 39 de la Ley de concursos y quiebras. Relevancia en punto a las responsabilidades de los administradores y en la recomposición patrimonial, para la Jornada Influencia del Mudo Digital en el Concurso Preventivo y la Quiebra, organizada por la Cátedra de Derecho Económico II, a cargo del autor, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 6 de noviembre del 2007. Varennes, F. Exposición sobre Derecho societario informático. Reuniones sociales virtuales, para la Jornada Influencia del Mundo Digital en el Concurso Preventivo y la Quiebra, organizada por la Cátedra de Derecho Económico II, a cargo del autor, Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, 6 de noviembre del 2007.

(24) N. del E.: Cnudmi, Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

(25) En este caso sería la Sindicatura General de la Nación de la República Argentina. N. del E.: De acuerdo con la legislación argentina, el síndico es el funcionario responsable de vigilar la administración del patrimonio social en un concurso.

(26) González, G. y Kleidermacher, A. Problemática que plantea la Verificación de Créditos de las Obligaciones Negociables. Necesidad de modificar la Legislación. En: Ponencias de las XI Jornadas de Institutos de Derecho Comercial de la República Argentina. Ed. Ad-Hoc, 2004.

(27) Lauletta, D. y Ratibel, M. C. Informática judicial. Verificación electrónica de créditos, material elaborado por el curso Nº 3 de la cátedra de Derecho Económico II del Dr. Arnoldo Kleidermacher, a partir del trabajo de los alumnos, noviembre del 2007. Inédito.

(28) N del E.: CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

(29) N del E.: CUIT, Clave Única de Identificación Tributaria. CUIL, Código Único de Identificación Laboral. Registros operados en la República Argentina.

(30) Lauletta, D. y Ratibel, M. C., ob. cit.

(31) “Sumario: 2. Con respecto al fuero de atracción, de conformidad con lo que establece el artículo 21 de la Ley Concursal (conf. redacción L. 26086) se dispondrá la suspensión de los juicios de contenido patrimonial a partir de la publicación de los edictos de apertura con las salvedades previstas en la misma norma, debiendo librarse los oficios pertinentes con la transcripción íntegra del artículo de la Ley Concursal vigente lo que se comunicará oportunamente a través del sistema de firma digital. A los fines ordenados en la sentencia de apertura y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley Concursal, cúmplase por Secretaría con el envío de los oficios de fuero de atracción mediante las comunicaciones electrónicas firmadas digitalmente [Ac. (SCJM) 19741]”.

(32) “Buenos Aires, 27 de septiembre del 2007: Atento lo encomendado en el punto IX del acuerdo celebrado por este tribunal el 29/8/2007, y con el objeto de proceder a la implementación provisoria del proyecto informático “Sindicatura Ley 24522, informatización de la gestión”, corresponde a esta Presidencia: I - Disponer que el nuevo sistema de inclusión en internet de los informes concursales sea puesto en vigencia, con carácter experimental, por el término de 60 (sesenta) días, a partir del 1º de noviembre del 2007. II - Designar para hacer efectiva la aludida implementación, en esta primera etapa, a los juzgados números 1º, 8º, 9º, 16 y 21, los cuales deberán designar dos personas por juzgado para ser capacitadas en el uso del nuevo sistema. Hacer saber lo resuelto en los puntos I y II a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, al Colegio Público de Abogados y a los Juzgados del Fuero. III - Encomendar a la Comisión de Infraestructura, Informática y Jurisprudencia de esta Cámara la reglamentación de lo relativo a la publicidad externa de los informes concursales, con los alcances indicados en el dictamen producido esa Comisión en las actuaciones “Informes arts. 35 y 39 Ley 24522 s/inclusión en internet”, S.167/2003. IV - Conforme lo sugerido por la Comisión de Infraestructura, Informática y Jurisprudencia en el dictamen aludido en sub III, requerir a la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura quiera tener a bien configurar las máquinas de los Juzgados 1º, 8º, 9º, 16 y 21 para tener acceso vía internet a la página web del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal”.

(33) Kleidermacher, A. La Quiebra en el Mercosur. En: Ponencias Derecho Concursal Argentino e Iberoamericano - III Congreso Argentino de Derecho Concursal y I Congreso Iberoamericano sobre la Insolvencia. Instituto de Derecho Comercial Nº 7, Universidad Notarial Argentina. Ed. Ad-Hoc, t. III, pág. 87, 1997; Meirovich de Aguinis, A. M. Empresas e inversiones en el Mercosur. Abeledo-Perrot, Buenos Aires: 1994.