El nuevo panorama tributario de la Corte

Revista Nº 109 Ene.-Feb. 2002

Presentación de algunos de los fallos más importantes, en materia tributaria, adoptados en el año 2001 por la Corte Constitucional 

Pedro Antonio Molina Sierra 

Especial para la Revista Impuestos 

La vida tributaria del país ya no gira únicamente al ritmo del estatuto tributario, las leyes de la República, los Decretos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público o los actos administrativos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Desde hace 9 años, la Corte Constitucional forma parte de ese conjunto que decide la política fiscal del país. Aunque sus fallos en ocasiones generan polémicas, discusiones o divisiones, estos siempre tienen que ser incorporados al engranage fiscal y tributario del país.

El año 2001 fue un período propicio para conocer los alcances de las decisiones de la alta corporación de justicia. De por medio estaba una Reforma Tributaria (Ley 633 de 2000), demandada en un gran porcentaje, que contenía sustanciales modificaciones en el impuesto sobre las Ventas (IVA), el impuesto sobre la renta, el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o 3 por mil, procedimiento tributario entre otros temas.

Junto con el Consejo de Estado, el exhausto examen de las normas tributarias produjo cambios importantes en el sistema fiscal del país. La Revista Impuestos se dio a la tarea de examinar las más relevantes modificaciones establecidas por la Corte Constitucional en el año 2001. El resultado es el siguiente:

¿Qué pasó con la Reforma Tributaria?

Hacia las tres de la mañana del 16 de diciembre de 2000, los Congresistas terminaron otro período Legislativo que le entregó al país, entre otras cosas, un estatuto tributario reformado. Sin embargo, antes de celebrar los logros alcanzados, los expertos económicos, el gobierno y quienes impulsaron la nueva reforma, esperaron con paciencia los pronunciamientos de la Corte Constitucional.

Las variantes del 3 por mil

Una de las más importantes modificaciones adoptadas por el legislador en la pasada Reforma Tributaria fue el aumento de las tarifas del Gravamen a los Movimientos Financieros que pasó del dos al tres por mil. Además de ello, se introdujeron nuevos elementos en su composición como la destinación de los recursos, su carácter de permanente, la causación del gravamen, los agentes retenedores, así como la declaración y su pago.

Inicialmente, la Corte Constitucional examinó la Ley 608 de 2000 y declaró con la sentencia C-171 de febrero 14 de 2001, la constitucionalidad del tres por mil. Más adelante, con ponencia de Jaime Córdoba Triviño y basado en el principio de la equidad tributaria, la Corte aclaró los alcances de la exención tributaria que estableció el numeral 10 del artículo 1 de la Ley 633 para los recursos de la seguridad social.

El alto tribunal de justicia declaró la exequibilidad de la norma por medio de la Sentencia C-828 del 08 de agosto, en el entendido de que la exención comprende las transacciones financieras que se realicen entre las EPS y las IPS y entre las ARS y las IPS con motivo de la prestación del plan obligatorio de salud.

Páginas web nacionales deben registrarse en el registro mercantil

Todas las páginas web y los sitios de internet de origen colombiano que operan en el internet y cuya actividad económica sea de carácter comercial; financiera o de prestación de servicios, deberán inscribirse en el registro mercantil y suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, la información de transacciones económicas que esta entidad requiera.

La imposición, establecida en el artículo 91 de la Ley 633, fue demandada por un ciudadano que reprochaba la ausencia de claridad en el texto. “El legislador ha trasladado al aplicador un poder muy amplio y sumido a los administrados en una situación de incertidumbre acerca de si su actividad cae o no bajo el imperio de esta ley y en caso tal, acerca de los límites de su deber legal”, dijo el demandante.

Para la Corte Constitucional, “la información que puede requerir la DIAN es la directamente relevante y estrictamente necesaria para el cumplimiento de sus funciones en ejercicio de sus competencias legales”. La Sala Plena, por medio de la Sentencia C-1147 del 31 de octubre, cuyo ponente fue el magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, declaró la exequibilidad condicionada de la norma y en algunos apartes su inexequibilidad.

Beneficios no pueden ir en detrimento de recaudo

A través de la sentencia C-1115 del 24 de octubre, la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló que la recaudación de los tributos en mora no puede ir en detrimento de la función del Estado encaminada a garantizar los ingresos del fisco. El pronunciamiento fue el producto de la evaluación del artículo 100 de la Ley 633, que señalaba cada una de las tasas para la liquidación de los intereses moratorios de las obligaciones que se cancelaran durante el primer trimestre del 2001. Dichos intereses oscilaban entre el 7% y el 10% de acuerdo con el tiempo de mora.

“Aunque la norma acusada no dice expresamente que concede una amnistía o saneamiento tributario, su contenido normativo es el de tal medida. La amnistía así concedida implica un sacrificio del derecho a la igualdad, que si bien resulta útil al propósito que persigue la disposición, cual es mejorar coyunturalmente el recaudo de los tributos, no aparece como una medida actualmente necesaria, ni adecuada en el largo plazo para lograr la puntualidad en el pago de las obligaciones tributarias”, dijo el tribunal de Justicia.

El IVA frente a la reforma

El artículo 25 de la Ley 633 señala que el valor del impuesto a las ventas no hará parte de la base para determinar las comisiones percibidas por la utilización de las tarjetas débito y crédito. Además estipula que cuando los pagos o abonos en cuenta a favor de las personas o establecimientos afiliados a los sistemas de tarjetas de crédito o débito, se realicen por intermedio de las entidades adquirentes o pagadoras, la retención en la fuente deberá ser practicada por dichas entidades.

Una demanda en contra de estas normas pretendía la declaratoria de inexequibilidad en el entendido que las disposiciones imponían una carga desproporcionada a las entidades emisoras de tarjetas crédito y débito y sus asociaciones y porque rompía el principio de unidad de materia al regular relaciones económicas de carácter privado.

Con la sentencia C-1144 del 31 de octubre, la Sala de juristas encontró que no existía tal violación porque “el sistema de tarjetas débito y crédito no es ajeno al tema relacionado con el impuesto a las ventas, IVA, pues las entidades emisoras de dichas tarjetas tienen un contacto inmediato con el tributo y, por ende, un vínculo de control fiscal que persigue el Estado”. Además la violación del principio de unidad de materia tampoco se evidenciaba porque “se debe considerar la relación de ponderación y armonía que debe existir entre la racionalidad del proceso de producción de la ley y la facultad de configuración legislativa a cargo del Congreso de la República”, recalcó la sentencia de Jaime Córdoba Triviño.

Frente a los descuentos y deducciones del IVA

También fue discutido el artículo 52 de la Ley 633 que estableció una deducción o descuento del impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición de activos fijos. En esta norma “los contribuyentes personas jurídicas que tuvieren a la fecha de vigencia de la presente ley saldos pendientes para solicitar como deducción, en los términos del artículo 18 de la Ley 488 de 1998, o como descuento, en los términos del artículo 104 de la Ley 223 de 1995, el impuesto sobre las ventas pagado en la adquisición o nacionalización de activos fijos, conservarán su derecho a solicitarlo en el período gravable siguiente”.

Con este artículo, quedaban por fuera del beneficio el IVA que se hubiese pagado los días 29, 30 y 31 de diciembre, hecho que violaba los principios tributarios consagrados en el artículo 338 de la Constitución Política. Ese fue el argumento más importante para que la ponencia del magistrado Rodrigo Escobar Gil fuera respaldada por toda la Sala Plena y declarara, a través de la providencia C-1215 del 21 de noviembre de 2001, la constitucionalidad de la norma bajo el entendido de que su aplicación en cuanto a la deducción será para el siguiente período fiscal y que se respetará el plazo inicial de cinco años fijado por el artículo 115-1 del estatuto tributario para el ejercicio del descuento tributario a que allí se hace mención.

Se ratifican beneficios de la Ley Páez

Los beneficios tributarios concedidos a las empresas establecidas en la zona del Río Páez también fueron objeto de revisión constitucional. El artículo 116 de la Reforma que estableció condicionamientos para las exenciones de las empresas agroindustriales fue analizado por la Corte. En este se señaló que las empresas agroindustriales ubicadas en la zona de los beneficios que solicitaron la licencia ambiental antes del 1º de enero de 1999 y no la hubieran obtenido a la fecha de la aprobación de esta Ley, perderían de manera definitiva los beneficios fiscales.

La Sala declaró la inexequibilidad de la norma con la sentencia C-1047 del 04 de octubre, considerando que “a la hora de establecer los requisitos exigidos para acceder a ciertos beneficios tributarios, el Congreso tiene la facultad de examinar la conveniencia y oportunidad de imponerlos, pero tal facultad debe respetar los postulados de equidad y justicia que son fundamento de nuestro régimen constitucional”. Aclarando la sala, que la inexequibilidad no las exime de obtener la licencia ambiental.

Impuestos automotores: No pagan en donde circulen

El recaudo, fiscalización, liquidación oficial, discusión, cobro y devolución del impuesto sobre vehículos automotores, seguirá siendo de competencia del departamento o distrito en cuya jurisdicción el propietario tiene que pagar su obligación y no en donde circule con su vehículo. Así lo dijo la Corte Constitucional 14 de febrero luego de declarar la exequibilidad del artículo 147 de la Ley 488 de 1998, por medio de la sentencia C-172 de 2001.

Con ponencia del Magistrado Alejandro Martínez Caballero, el alto tribunal encontró infundadas las pretensiones del demandante que sustentaban la violación de los artículos 2º, 83, 287, 298, 300-11, 362 y 363 de la Constitución Política. El demandante sostuvo que la norma restringía la autonomía de las entidades territoriales, porque no le permitía a los municipios, que soportan el volumen de circulación permanente de los automotores, recibir a cambio una remuneración para disminuir el desgaste de la malla vial.

Basándose en el principio tributario de eficiencia, la Corte fue muy clara en manifestar que “para declarar la inconstitucionalidad de una norma por violar el principio de eficiencia tributaria, no basta con que la Corte o el actor consideren que existe un método de recaudo o de fiscalización más eficiente que el establecido en la ley, pues ni el ciudadano ni el juez constitucional pueden desconocer el considerable margen de apreciación que el Congreso tiene en esta materia. Por ello, solo aquellas regulaciones que desconozcan de manera clara y evidente los principios básicos de eficiencia tributaria pueden ser retiradas del ordenamiento”.

Dian puede imponer sistemas técnicos de control

La legislación tributaria colombiana incorporó en sus normas la obligatoriedad para que cierta clase de contribuyentes adoptara sistemas técnicos de control de su actividad productora de renta para determinar sus obligaciones tributarias. Ignorar dichos controles luego de tres (3) meses de haber sido dispuestos por la DIAN da lugar a la sanción de clausura del establecimiento.

Tal obligación está contenida en el artículo 684-2 del estatuto tributario adicionado por el artículo 50 de la Ley 6ª de 1992, norma que desarrolla facultades extraordinarias dadas por el Legislador al Director General de la DIAN. En la demanda, el ciudadano sostenía que dicho funcionario no podía recibir facultades extraordinarias para expedir esta clase de normas pues la facultad principal recae sobre el Congreso de la República. La sentencia C-171 del 14 de febrero se encargó de declarar constitucional la norma al concluir que sí podía gozar de esas facultades.

Notificación por correo violaba debido proceso

El artículo 566 del Decreto 624 de 1989 indicaba el procedimiento para notificar por correo las actuaciones de la administración de impuestos. Tal proceso se daba por entendido desde el mismo momento en que el sobre era introducido en el correo. A través de la Sentencia C-096 del 31 de enero, la Sala Plena declaró la inconstitucionalidad de la expresión: “y se entenderá surtida en la fecha de introducción al correo”, contenida en la norma en mención por violar el principio de publicidad de la “función administrativa” y restringir el derecho de defensa quebrantando los principios de equidad y eficiencia del sistema tributario, en razón de que no puede ser equitativo hacer mas oneroso el deber del contribuyente de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado.

El principio de equidad tributaria en renta

Reza el artículo 4º de la Ley 488 de 1998 que: “para efectos del impuesto sobre la renta y complementarios, son deducibles las contribuciones que efectúen las entidades patrocinadoras o empleadoras, a los fondos de pensiones de jubilación e invalidez y de cesantías. Los aportes del empleador a los fondos de pensiones serán deducibles en la misma vigencia fiscal en que se realicen”. Y agrega: “El monto obligatorio de los aportes que hagan el trabajador o el empleador al fondo de pensiones de jubilación o invalidez, no hará parte de la base para aplicar la retención en la fuente por salarios y será considerado como un ingreso no constitutivo de renta ni ganancia ocasional”.

El ataque a esta norma, que no tuvo sus frutos en el seno de la corporación, se basaba en la posible violación de los artículos 48 y 363 de la Carta Política, al considerar que la condición de deducibilidad que el artículo establece a favor de las contribuciones pensionales era inconstitucional por cuanto no cobijaba las contribuciones por concepto de salud.

La providencia C-711 de junio 5, cuyo ponente fue Jaime Araújo Rentería, encontró ajustado a derecho la deducción y declaró la constitucionalidad de la norma. “Los incisos demandados hacen elocuente la potestad que tiene el Congreso de la República para establecer exenciones, para regular la base de retención en la fuente por concepto de salarios y para clasificar como ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional determinados hechos económicos”, dijo la Corte Constitucional.

Gastos de representación fueron gravados con renta

A partir del 8 de octubre, los gastos de representación que perciban el Presidente de la República, los ministros de despacho, los senadores, representantes y diputados, magistrados, el contralor, el procurador, el registrador, los jefes de departamento administrativo, los superintendentes, los gobernadores, los alcaldes y secretarios departamentales, los contralores departamentales, los secretarios de ciudades capitales de departamento y los rectores y profesores de universidades oficiales, ya no están cobijados con exenciones sobre el impuesto de renta.

La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-1060-A, declaró la inexequibilidad de los apartes demandados del numeral 7º del artículo 206 del estatuto tributario al señalar que la norma violaba el principio de igualdad pues “no resultaba equitativo regular regímenes salariales especiales y al mismo tiempo exonerar a los beneficiarios de cumplir con la cuota solidaria del pacto social que implica ceder una cuota parte de su renta o recursos disponibles en beneficio de todos, especialmente de los más pobres que son los que reciben en mayor medida el gasto público que se financia con los tributos”.

Principio de la doble tributación. Alcance de la ley interpretativa. Procedimientos cambiarios.

Con base en la supuesta violación del artículo 317 de la Carta Política que impide gravar a los contribuyentes con sistemas de doble tributación, el demandante pidió la inconstitucionalidad del artículo 2º y el literal a) del artículo 22 de la Ley 128 de 1994 que señaló que “el producto de los recaudos de la sobretasa del dos por mil sobre el avalúo catastral de las propiedades situadas dentro de la jurisdicción de cada área metropolitana hacía parte del patrimonio y renta del área metropolitana”.

La alta corporación, apartándose de la petición de inconstitucionalidad, declaró la exequibilidad condicionada de la norma en el entendido que el producto de esta sobretasa pertenecerá al área metropolitana siempre y cuando no existan corporaciones autónomas regionales en la totalidad de la jurisdicción de la correspondiente área.

Otro tema que analizó la Corte Constitucional en su extensa jurisprudencia tributaria del año pasado fue el alcance de la ley interpretativa. Al determinar la exequibilidad del artículo 23 de la Ley 383 de 1997, la Sala concluyó que para que una ley pueda calificarse de interpretativa debe limitarse a declarar el sentido de otra precedente, puesto que si contiene nuevas cláusulas no puede endilgársele tal naturaleza. Así, con la sentencia C-806 de agosto 1º, con ponencia de Clara Inés Vargas, se declaró la inexequibilidad del término: “Interprétase con autoridad”.

Los procedimientos administrativos cambiarios también sufrieron modificaciones. El régimen transitorio fijado en el artículo 2 del Decreto 1074 de 1999 estableció que los procedimientos que estuvieran en curso siguieran el trámite del Decreto-Ley 1092 de 1996. La Corte declaró la exequibilidad de la norma con la Sentencia C-992 de agosto 29 pero la condicionó a que dicha aplicación se restrinja a aquellos casos en que redunda en beneficio del infractor.

Las tutelas también decidieron:

Igualdad en materia tributaria de las iglesias

El 29 de mayo de 2000, Luis Ernesto Franco Montañez le solicitó a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB), la exención del pago de la sobretasa ambiental a la iglesia Cristiana Pentecostal de Colombia, de la cual era ministro. Franco Montañez sostenía que si la Iglesia Católica gozaba de dicha exención, este beneficio tenía que ser extendido a las demás iglesias, entre ellas la Petecostal, en apoyo a su derecho a la igualdad.

La respuesta de la CDMB fue negativa. La corporación sostuvo que la única iglesia que contaba con dicha exención era la Católica precisamente porque Colombia y la Santa Sede habían firmado un concordato que fue aprobado mediante la Ley 20 de 1974.

Al resolver la acción de tutela impulsada por el ministro religioso, el magistrado Manuel José Cepeda negó la petición mediante la Sentencia T-269 del 9 de marzo, pues aunque la desaparecida Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ya se había pronunciado sobre el concordato y había dicho que existían tratos discriminatorios injustificados, la Iglesia Pentecostal de Colombia no celebró ningún convenio con el Estado colombiano para que se le permitiera gozar de los beneficios tributarios.

Tutela no procede contra actos de la DIAN

La acción de tutela resulta improcedente cuando se trate de revocar, suspender o dejar sin efectos los actos administrativos proferidos por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales, toda vez que existen otros mecanismos judiciales de defensa. Con esta tesis, la Sala sexta de revisión de tutelas negó varias acciones entabladas en contra de la administración por varios contribuyentes que fueron reclasificados del régimen simplificado al régimen común.

Resumen de los principales pronunciamientos constitucionales en el año 2001

SentenciaFecha
(DD/MM)
Norma acusada TemaDecisión
C-17214/02Ley 488/98, art. 147Impuesto de vehículos automotoresExequible
C-17114/02Ley 6ª/92, art. 50Sistemas técnicos de controlExequible
C-09631/01E.T., art. 566Notificación por correoInexequible
C-71105/06*art. 126-1 incs, 1º y 2ºEquidad tributaria en rentaExequible
C-1060 A08/09E.T., art. 206, num. 7ºGastos de representaciónInexequible
C-109617/09L. 128/94, art. 22, lit. a)Sobretasa del 2 por mil sobre el avalúo catastralExequible condicional
C-80601/08L. 383/97, art. 23, inc. 1ºLeyes interpretativasInexequible parcial y exequibilidad condicionada parcial
C-92229/08D. 1074/99, art. 2ºProcedimientos administrativos cambiariosExequible condicional
T-26909/03Derecho IgualdadExenciones para iglesiasNegada
T-12706/02Derecho TrabajoCambio régimen en IVAImprocedente

 

Examen Constitucional a la Reforma Tributaria (Ley 633/2000)

SentenciaFecha
(DD/MM)
ArtículoTemaDecisión
C-82808/08Artículo 1º, num. 10Exención tres por milExequibilidad condicionada
C-114731/10Artículo 91Registro páginas webExequibilidad condicionada
C-111524/10Artículo 100Beneficios a morososInexequible
C-114431/10Artículo 25Comisiones percibidas por tarjetas de créditoExequible
C-121521/11Artículo 52Descuentos y deducción de IVA en bienes de capitalExequibilidad Condicionada
C-104704/10Artículo 116Licencia ambientalInexequible
C-71405/07Artículo 86Distribución de combustibleExequible