El operador económico autorizado

Revista Nº 168 Nov.-Dic. 2011

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado Tributarista 

No basta ya con la clasificación como usuarios aduaneros permanentes y como usuarios altamente exportadores consagrada en nuestra legislación, se trata ahora de estratificar algunos “clientes” de la administración tributaria según su grado de confiabilidad, lo que se ha logrado mediante la expedición del Decreto 3568 del 27 de septiembre del 2011, creador de la figura del operador económico autorizado.

Y no es un invento del Gobierno Nacional, pues —en ejercicio de las omnímodas facultades de regulación en materia aduanera— la norma en comento cumple su finalidad de honrar el ineludible compromiso adquirido por Colombia al firmar en el año 2008 la carta de adhesión al marco normativo para asegurar y facilitar el comercio global, adoptado por la Organización Mundial de Aduanas, OMA.

El operador económico autorizado es la denominación que se le da a la persona natural o jurídica establecida en Colombia “... que siendo parte de la cadena de suministro internacional, realiza actividades reguladas por la legislación aduanera o vigiladas y controladas por la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dirección General Marítima o la Aeronáutica Civil, que mediante el cumplimiento de las condiciones y los requisitos mínimos establecidos en el presente decreto, garantiza operaciones de comercio exterior seguras y confiables y por lo tanto, es autorizada como tal por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales” (D. 3865/2011, art. 1º).

La pretensión de la medida adoptada es contribuir a garantizar de modo integral condiciones de seguridad y competitividad en el comercio internacional, y, de contera, fortalecer los lazos comerciales con terceros países a través de acuerdos de reconocimiento mutuo, lo que en la práctica se traduce en la concesión para el beneficiario de una serie de privilegios de los cuales no podrán disfrutar los demás operadores de comercio que intervienen en el proceso logístico de la distribución física internacional de mercancías, entre los que se destacan los siguientes: i) El reconocimiento como un operador seguro y confiable en la cadena de suministro por parte de las autoridades; ii) La disminución del número de reconocimientos, inspecciones físicas y documentales para las operaciones de exportación, importación y tránsito aduanero por parte de la DIAN, y la disminución de inspecciones físicas para las operaciones de exportación por parte de la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional; iii) La posibilidad de prescindir de las agencias de aduanas al permitir la actuación directa de exportadores e importadores como declarantes ante la DIAN, en los regímenes de importación, exportación y tránsito; iv) La reducción del monto de las garantías globales constituidas ante la DIAN, en los términos y condiciones que ella establezca; y v) La presentación por parte de los exportadores de la solicitud de autorización de embarque global con cargues parciales.

Es preciso señalar que la autorización no es un requisito para realizar operaciones de comercio exterior —ya que esta es de adhesión voluntaria—, ni constituye una forma de representar a terceros, pero indiscutiblemente conlleva una especie de “sello de calidad” con vigencia indefinida que diferencia los operadores de comercio internacional, entre los que son confiables y seguros por contar con dicha autorización y los demás.

Por ello, la norma es muy exigente al momento de señalar las condiciones previas que se deben cumplir y acreditar para obtener la autorización, aunado a los requisitos mínimos que para el efecto establezcan —mediante resolución de carácter general— las autoridades de control, vale decir, la DIAN, la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, el Invima, el ICA, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la Superintendencia de Puertos y Transporte, la Dimar, la Aeronáutica Civil y demás autoridades públicas relacionadas con el comercio exterior, especialmente en el proceso operativo de ingreso o salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Con el mismo rigor se exige al autorizado mantener el cumplimiento de las condiciones, obligaciones y requisitos establecidos, pues se ha consagrado un procedimiento administrativo tendiente a ordenar de manera inmediata la interrupción provisional de la autorización como medida cautelar que acarrea la suspensión de los beneficios, e incluso la propia cancelación de la autorización.

Sobra advertir que la implementación de esta figura contribuirá a facilitar el comercio internacional entre quienes ostenten la condición de autorizados, pero quedamos a la espera de que se cumpla la finalidad anunciada con ocasión de su presentación por parte del Presidente de la República, en el sentido de “Combatir el contrabando, el terrorismo, el narcotráfico, y estrechar y fortalecer aún más las relaciones entre las entidades aduaneras...”, y que no resulte ser un embeleco más, como la fútil y obligatoria autorización para importar materias textiles y sus manufacturas y calzado y sus partes, ordenada por el Decreto 1299 del 2006.