El papel de los escritos ‘amicus curiae’ en el arbitraje internacional

 

El papel de los escritos ‘amicus curiae’ en el arbitraje internacional

Revista Nº 4 Ene.-Jun. 2006

Paul Friedland 

1. Prolegómeno(1). 

Este artículo considera las siguientes cuestiones: (i) si los escritos amicus curiae, que en este momento se encuentran al margen del arbitraje internacional, pueden entrar a formar parte de la práctica corriente del arbitraje y (ii) cómo manejar el impacto diferencial de las presentaciones de amicus sobre las partes en un proceso arbitral.

2. Margen o corriente dominante.

Existen dos grupos de requisitos para la presentación de escritos amicus. El primero es intrínseco al proceso arbitral: los árbitros deben estar facultados para aceptar presentaciones de amicus y ejercer tal autoridad. El segundo, por su parte, es extrínseco: deben existir amici —grupos de consumidores, grupos ambientales y otros— que tengan un interés vital en el tema en cuestión, así como con la energía y los recursos para movilizarse con el fin de presentar expedientes amicus.

La cuestión sobre la autoridad que tienen los árbitros para aceptar estas presentaciones, es decir, el primero de los dos requisitos señalados con anterioridad, ha sido ampliamente abordada en los fallos Methanex(2) y UPS(3), constituidos de acuerdo con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —en adelante, TLCAN—. Si bien esas dos decisiones confirmaron que los árbitros, en circunstancias particulares, ostentan la mencionada facultad, aún es incierto que tales decisiones puedan servir de guía respecto de la dirección que tomarán las disputas de inversores-Estados y el arbitraje internacional, en general, o si solamente servirán como precedentes para casos que ocurran bajo el TLCAN.

El caso Methanex consistió en una reclamación efectuada por un inversionista canadiense, quien alegó perjuicios derivados de la prohibición de la utilización de aditivos de gasolina nocivos para el medio ambiente en California (Estados Unidos). Los amici, en este asunto, fueron grupos ambientales que argumentaron que la reclamación del inversionista tendría el efecto de desincentivar la voluntad de los gobiernos estatales y federales en América del Norte para implementar legislación ambiental. Fue así como el inversionista se opuso a la presentación de los amici. No obstante, Estados Unidos, el demandado en este caso, era partidario de la presentación del amicus. Canadá también la apoyó, a pesar de que el demandante —quien se opuso a la presentación del escrito— era ciudadano de ese país. México también presentó su oposición.

El tribunal de Methanex sostuvo que tenía autoridad para aceptar la presentación del amicus, de conformidad con el artículo 15(1) del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI)(4). El tribunal encontró apoyo para su decisión en la práctica del Tribunal de Reclamaciones de Irán/EE. UU.(5) —aunque esta fue limitada—(6). En efecto, en este asunto los árbitros expresaron que su decisión también encontraba apoyo en la práctica de la Organización Mundial del Comercio (OMC)(7) —si bien, de nuevo, el órgano de apelación de ese organismo aceptó expedientes amicus no solicitados en solo dos casos, y en ninguno de ellos fueron considerados por aquel—(8).

Respecto al punto de si se ejercía esta facultad, el tribunal encontró que era apropiado realizarla con base en dos argumentos: en primer lugar, la importancia del interés público en juego. El panel encontró que esta era mayor en ese caso que el impacto en el mismo en arbitrajes comerciales tradicionales(9). En segundo término, el hecho de que los dos gobiernos directamente involucrados en la disputa expresaron su apoyo a la transparencia del proceso(10).

Por su parte, el caso UPS consistió en una reclamación por parte de esa compañía estadounidense que argumentó que un monopolio estatal canadiense limitaba injustamente su habilidad de competir en el negocio de servicios de mensajería rápida. Los amici, en este asunto, fueron la Unión Canadiense de Trabajadores Postales y el Consejo Canadiense. Estos señalaron que la petición de la empresa perjudicaría el estatus laboral de los trabajadores postales canadienses y de los servicios suministrados a quienes dependen de Canada Post.

Fue así como UPS se opuso a la presentación del amicus. Canadá y Estados Unidos nuevamente la apoyaron, pero con reservas. En particular, impusieron un límite de 20 páginas a la misma(11). México, por su parte, se opuso a la presentación.

Este tribunal siguió la tesis adoptada en Methanex y sostuvo que tenía la facultad de aceptar la presentación del amicus, de conformidad con las reglas de la CNUDMI(12). Fue así como a raíz de estos fallos, una comisión del TLCAN desarrolló unas pautas para las presentaciones de amicus, las cuales deben incluir ese límite de 20 páginas(13).

En las dos decisiones señaladas hay fundamentos que permiten afirmar que las Reglas de la CNUDMI otorgan la facultad para aceptar presentaciones de amicus y que esta debe ser ejercida cuando el interés público sea significativo, tal como lo fue en esos dos asuntos(14). Dicho de esta manera, a partir de ese momento, los casos del TLCAN se pueden aplicar a las controversias entre inversionistas-Estados e, incluso, a litigios comerciales internacionales. Esto por cuanto otras reglas internacionales les otorgan a los árbitros poderes similares a las amplias facultades que da el artículo 15 de las Reglas de la CNUDMI(15) y porque muchos arbitrajes internacionales involucran cuestiones de interés público, no menos importantes que los analizados en Methanex y UPS.

Sin embargo, la regla establecida omite el meollo del asunto. Los dos tribunales del TLCAN contaron con que los dos gobiernos directamente relacionados con los casos —uno como parte y el otro como país del demandante— le informaron a los árbitros que apoyaban la presentación del amicus. En tal entorno, no resulta sorprendente que los paneles hayan favorecido los valores de transparencia y acceso al público. Así es el contexto del TLCAN, que es único y particular —aparte del nuevo Modelo Americano de Tratado Bilateral de Inversión, que se analizará posteriormente—.

La opinión según la cual los casos adelantados bajo el TLCAN son sui géneris encuentra apoyo en un caso reciente del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). Se trata de Aguas del Tunari v. Bolivia (2003), en el que este país se opuso a la intervención de amicus. De acuerdo con los documentos disponibles al público, el asunto estaba relacionado con las tasas que cobró un inversionista extranjero a los bolivianos por el uso del agua. En respuesta a los evidentes aumentos en la tasa se presentaron varias protestas masivas y el Gobierno canceló la concesión. El inversionista argumentó que este constituía un caso de expropiación.

En este proceso los amici fueron 300, repartidos entre organizaciones de salud, seguridad y de medio ambiente de cinco continentes. Estos argumentaron que los derechos sobre el agua le pertenecían al pueblo boliviano y que un arbitraje del Ciadi sobre esta cuestión debería ser abierto al público y permitirse la presentación de un escrito amicus(16).

El tribunal sostuvo que el consentimiento de las partes era necesario para la participación de aquellos terceros, en la medida en que los arbitrajes Ciadi le pertenecen solo a las partes y nada de lo mencionado en el correspondiente tratado bilateral de inversión (TBI) indicaba algo distinto(17). Así, tanto el demandante como el Gobierno boliviano se opusieron a la presentación de un escrito de amicus. De esta manera, los árbitros se abstuvieron de pronunciarse respecto de si el tribunal tenía autoridad para aceptar un escrito de esta naturaleza por iniciativa propia y señaló la ausencia de una necesidad de aporte de amici en la etapa procesal del caso(18).

Puede que parte del motivo por el cual no se actuó de acuerdo con la práctica del TLCAN en Aguas del Tunari consistió en que las Reglas del Ciadi no contienen nada tan amplio como las facultades que el artículo 15(1) de las Reglas de la CNUDMI les otorgan a los árbitros. Sin embargo, esto no es suficiente para explicar adecuadamente por qué la facultad para recibir presentaciones de amicus no fue confirmada en el caso: si el tribunal hubiera estado dispuesto, habría encontrado que las Reglas del Ciadi le otorgaban suficiente autoridad para aceptar un escrito de amicus.

También resulta dudoso que en este asunto la diferencia radique en la importancia del interés público en juego. Las cuestiones sociales implicadas en la concesión de uso de agua eran, por lo menos, igual de importantes a los intereses ecológicos en Methanex y el monopolio en UPS. Seguramente, la distinción tampoco radica en la competencia relativa de los amici. Estos, en el caso de Aguas del Tunari, incluían importantes ONG de todo el mundo.

Por el contrario, la diferencia de este asunto con la situación presentada en los casos señalados del TLCAN radica en que ningún Estado miembro del Ciadi —y mucho menos dos terceras partes de los Estados miembros— le indicaron al tribunal que la transparencia y el acceso al público debían ser características del sistema de arbitraje de ese organismo. A lo anterior se une que los árbitros de Aguas del Tunari no señalaron si el apoyo del Estado demandado a la participación del amicus habría alterado su decisión por sí solo.

En Aguas Argentinas v. Argentina (2005)(19), otro caso Ciadi en el que el Estado parte demandado apoyó la petición amicus, el tribunal determinó que tenía discreción conforme a las Reglas del Ciadi para aceptar una presentación de amicus. Este asunto involucró una concesión para el aprovisionamiento de agua a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En respuesta a la crisis económica argentina del 2002, el Gobierno de ese país adoptó medidas que congelaron las tarifas a las que se podía vender el agua. De esta manera, el inversionista reclamó que Argentina incumplió la concesión de aguas.

En este caso los amici fueron cinco ONG argentinas y Estados Unidos. Las primeras argumentaron que la decisión del tribunal afectaría al pueblo argentino en general y, en particular, la disponibilidad de agua para los habitantes de Buenos Aires(20). Así mismo, solicitaron acceso a las audiencias y una oportunidad para presentar argumentos legales en un escrito amicus. Mientras el inversionista se opuso a esa petición(21), el Gobierno argentino la apoyó(22).

A diferencia del caso Aguas del Tunari, en el que ambas partes se opusieron a la presentación de amicus y en el que el tribunal se rehusó a decidir sobre su facultad para recibir escritos de amicus, el Estado parte en Aguas Argentinas apoyó esa presentación. Fue así como el tribunal analizó esta cuestión y halló que tenía esa potestad, según lo establecido en el artículo 44 de la Convención del Ciadi(23). Sin embargo, a la fecha del presente escrito, los árbitros todavía no habían decidido aún si aceptaban una presentación de amicus.

Al respecto, el tribunal señaló que el ejercicio de esta potestad para recibir una presentación de amicus depende de: (i) si el objeto del caso merece el aporte de un amicus; (ii) la aptitud de cada persona que no sea parte para desempeñarse en calidad de amicus curiae en ese caso y (iii) el cumplimiento de los procedimientos correspondientes para efectuar presentaciones de amicus por parte de las personas que no sean parte dentro del proceso(24).

Los árbitros concluyeron que si bien el criterio de interés público había sido satisfecho(25), el aporte de los amici era innecesario en tal etapa procesal(26). Por lo tanto, el tribunal no tuvo que formular el procedimiento para garantizar el cumplimiento del tercer elemento(27).

Basado en los anteriores fallos del TLCAN y del Ciadi, es probable que el desarrollo arbitral seguido conforme al primero de estas dos entidades permanezca como un proceso aparte del resto del mundo del arbitraje internacional. Esto, a menos que —o hasta que—: (i) las reglas arbitrales sean modificadas para darle a los tribunales la autorización de aceptar presentaciones de amicus o (ii) los gobiernos expresen su aceptación de presentaciones de amicus en instrumentos internacionales que regulen el arbitraje internacional.

De hecho, existe una instancia importante de este último caso: el Modelo Actual de Tratados Bilaterales de Inversión estadounidense, documento que explícitamente les otorga facultades a los tribunales arbitrales para aceptar presentaciones de amicus y para dar acceso al público a las audiencias(28). Con base en este modelo, Estados Unidos ha suscrito, hasta el momento, tres TBI —Chile, Singapur y Marruecos—.

Es imposible predecir si otros países seguirán el ejemplo estadounidense en esta materia. En cualquier caso, aunque algunos lo hagan, el resultado no necesariamente traerá que las presentaciones de amicus se conviertan en una característica común del mundo del arbitraje internacional. Entre otras cosas, debido a la segunda categoría de requisitos para las presentaciones de amicus, a saber: (i) la necesidad de activismo cívico en forma de grupos interesados que posean la financiación y (ii) la energía para presentar un amicus ante un tribunal arbitral.

Norteamérica es una de las regiones donde este tipo de activismo cívico se puede encontrar. Este continente aloja algunas de las principales ONG y grupos de consumidores a quienes The Freedom of Information Act (FOIA) les ayuda a generar conciencia sobre cuestiones que involucran las relaciones inversionistas-Estados. Tales circunstancias necesariamente afectan la situación del TLCAN y los fallos de los tribunales arbitrales establecidos de conformidad con ese instrumento.

Otra fuente de potenciales amici es el movimiento ecologista mundial. En este caso, los potenciales amicus no se limitan a los que se encuentran ubicados en Norteamérica, aunque varias ONG relacionadas con esta materia tienen su sede en ese continente. Fuera de esos contextos, la frecuencia con la que se presentarán los amici es incierta.

3. Impacto diferencial sobre las partes arbitrantes.

Aunque el arbitraje existe con anterioridad para las partes, este no tiene por qué cegarse al impacto social de los fallos que genera. En efecto, la búsqueda de un bien común social sacrificará, hasta cierto punto, el trato igual que se les debe dar a las partes involucradas.

Casi nada es neutral en un procedimiento arbitral. Generalmente, hay un lado que se opone a las presentaciones del amicus y otro que las acoge o que finge neutralidad. El impacto diferencial es obvio con respecto al costo.

En efecto, la parte que se opone a una presentación de amicus sufre mayores gastos al tener que luchar para excluirla y, posteriormente, debe incurrir en ellos al tener que responder sobre el fundamento del escrito si aquella es aceptada. Este costo se puede disminuir mediante la restricción de los temas que un escrito amicus puede tratar, así como con la imposición de límites al número de páginas.

Sin embargo, no hay manera de eliminar el diferencial. Una posible solución a este aspecto consiste en que el tribunal arbitral le solicite al amicus el pago de una suma global, por adelantado y como caución, para cubrir los honorarios de los abogados de la parte que se opone al escrito. Esta sería luego asignada al momento del fallo y potencialmente devuelta al amicus.

Desde la perspectiva de las partes, en un caso del TLCAN el papel del amicus debe ser un costo previsible. Lo mismo se puede decir si una parte presenta o defiende una reclamación de acuerdo con la corriente actual del TBI de Estados Unidos. En el resto de los casos, el proceso amicus no es un costo que una parte deba prever.

Lo anterior no implica un fracaso del sistema. Cuando un escrito amicus es presentado y aceptado, con frecuencia servirá como un arma para una parte y como una carga costosa para la otra.

(1) Este artículo está basado en una conferencia presentada en la Escuela Internacional de Arbitraje, el 12 de abril del 2005. El autor agradece a Stefan Ebaugh, asociado del grupo de arbitraje internacional de White & Case, por su contribución a este trabajo. Igualmente, a Luisa Cetina, asociada pasante en White & Case, por su contribución a la traducción de este texto al español.

(2) Methanex v. United States, fallo del Tribunal de Peticiones de Terceros para Intervenir como Amicus Curiae. Disponible en: www.international-economic-law.org/Methanex/Methanex%20-%20Amicus%20Decision.pdf, consulta realizada el 24 de agosto de 2005 —en adelante, Methanex—.

(3) United Parcel Service v. Canadá, fallo del Tribunal de Peticiones para la Intervención y Participación como Amici Curiae. Disponible en: www.dfait-maeci.gc.ca/tna-nac/documents/IntVent_oct.pdf —en adelante, UPS—.

(4) “El tribunal concluye que conforme al artículo 15(1) de las Reglas de Arbitraje de la CNUDMI tiene la autorización de aceptar presentaciones de amicus —por escrito— de cada uno de los solicitantes...” —cfr. Methanex, párrafo 47—.

(5) Methanex, párrafo 32. El tribunal citó la nota 5 de las Notas del Tribunal de Reclamaciones de Irán/EE.UU., sobre el artículo 15(1) de las Reglas de la CNUDMI, que establece: “El tribunal arbitral puede, después de haberse cerciorado de que la declaración de uno de los dos gobiernos —o, bajo circunstancias especiales, cualquier otra persona— que no es parte en el proceso arbitral en un caso particular pueda asistir al tribunal en su tarea, permitirle a dicho Gobierno o persona ayudar al tribunal arbitral mediante la presentación de declaraciones escritas y (u) orales” —alteración en la versión original, citando las Reglas de procedimiento del Tribunal de Reclamaciones de Irán-EE.UU. Reimpreso en: Charles Brower & Jason Brueschke. The Iran-United States Claim Tribunal, 742, 1998—. El tribunal de Methanex concluyó que “para el propósito actual, la (nota 5 del Tribunal de Reclamaciones de Irán-EE.UU. del artículo 15(1) de las Reglas de la CNUDMI) y (uno de los fallos del Tribunal de Reclamaciones de Irán-EE.UU.) demuestran que la recepción de escritos de terceros no ofende necesariamente la filosofía de arbitraje internacional que involucra Estados y partes no estatales” (ídem, citando Irán v. United States, caso A/15, fallo Nº 63-A/5-FT, 12 Irán-US C.T.R. 40-43, 20 de agosto de 1986). “El 13 de diciembre de 1983, ciertos bancos interesados de Estados Unidos presentaron un memorial que fue aceptado conforme al artículo 15, nota 5, de las reglas del tribunal”—.

(6) “El tribunal considera que la situación de la que disfruta el Gobierno de Irán en virtud del artículo 15 de las reglas del tribunal vuelve innecesaria su participación como demandado en un caso como este” —véase, Henry F. Teichmann, Inc. and Carnegie Foundry and Machine Company v. Hamadan Glass Company, caso Nº 264, fallo Nº 264-264-1, 12 de noviembre de 1986. Disponible en: 1986 WL 424360, párrafo 19—. Bajo el artículo 15, nota 5, el tribunal puede: “Después de haberse cerciorado de que la declaración de uno de los dos gobiernos —o, bajo circunstancias especiales, cualquier otra persona— que no es una parte en el proceso arbitral en un caso particular pueda asistir al tribunal en su tarea, permitirle a dicho Gobierno o persona ayudar al tribunal arbitral mediante la presentación de declaraciones escritas u orales” —citando las Reglas de procedimiento del Tribunal de Reclamaciones de Irán-EE.UU. Reimpreso en: Charles Brower & Jason Brueschke. The Iran-United States Claim Tribunal, 742, 1998—. En otro caso se dijo: “La compañía Phillips Petroleum de Irán está invitada, de conformidad con el artículo 15, nota 5, de las reglas del tribunal a presentar un memorial, si así lo desea, el o antes del 20 de diciembre de 1989...” —Islamic Republic of Irán v. United States, fallo Nº A25, 11 de octubre de 1989, 21 Irán-US C.T.R. 283 y 284—.

(7) “Para el propósito actual, esta práctica de la OMC demuestra que el ámbito de poder procesal puede incluir la recepción de escritos de terceros, incluso en un procedimiento jurídico que afecte los derechos y obligaciones de partes estatales; y, además, también demuestra que la recepción de dichos escritos no le otorga ningún derecho, procesal o sustantivo, a dichas personas” —Methanex, párrafo 33—.

(8) “Admitimos, por lo tanto, los expedientes adjuntos al escrito de Estados Unidos del apelante como parte de su alegato. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta que Estados Unidos ha aceptado los expedientes solo de manera calificada y con reservas, nos enfocamos en las secciones siguientes sobre los argumentos legales contenidos en el alegato principal del apelante de Estados Unidos” —GATT appellate body report on U.S. Imp. prohibition on certain shrimp and shrimp prods., WT/DS58/AB/R, párrafo 91, 12 de octubre de 1998. Disponible en: 1998 WL 720123—. “Consideramos que tenemos la autoridad legal bajo el DSU para aceptar y considerar escritos amicus curiae en una apelación en la que juzguemos que sea pertinente y útil hacerlo. En esta apelación no hemos encontrado que sea necesario tomar en cuenta los dos alegatos amicus curiae para tomar una decisión final” —GATT appellate body report on U.S. Imposition of countervailing duties on certain hot-rolled lead and bismuth carbon steel prods., WT/DS138/AB/R, párrafo 42, 10 de mayo del 2000. Disponible en: 2000 WL 569563—.

(9) “En este arbitraje hay un indudable interés público. Los asuntos sustantivos se extienden más allá de los que normalmente están involucrados en arbitrajes transnacionales entre partes comerciales” —Methanex, párrafo 49—.

(10) “También existe un argumento más amplio, como lo sugieren el demandado y Canadá: el proceso arbitral del capítulo 11 podría beneficiarse de ser percibido como más abierto o transparente; o, a la inversa, sufrir perjuicios si es visto como innecesariamente secreto” —ibídem—.

(11) UPS, párrafo 54.

(12) Ibídem, párrafos 61 y 73.

(13) Comisión de Libre Comercio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Statement of the Free Trade Commission on non-disputing party participation, B(3)(b), 7 de octubre del 2003. Disponible en: www.ustr.gov/assets/Trade_Agreements/Regional/TLCAN/asset_upload_file660_6893.pdf —consulta realizada el 24 de agosto del 2005—.

(14) En Methanex, el tribunal concluyó que el fuerte interés público involucrado en la cuestión a decidir era un “factor” determinante al momento de definir si se ejercía la facultad de recibir el escrito amicus proferido —Methanex, párrafos 47-49—. “El tribunal se refiere de nuevo al énfasis que los solicitantes, con considerable convicción, han puesto en el importante carácter público de los asuntos en cuestión en este arbitraje y en el impacto en sus propios intereses de estas cuestiones (...). Los solicitantes han presentado buenos argumentos para que les sea permitido presentar escritos mediante una solicitud, a juicio del tribunal” —UPS, párrafo 70—.

(15) “A menos que las partes decidan de manera diferente al artículo 14.1, el tribunal arbitral tendrá la más amplia discreción en el ejercicio de las funciones que le sean permitidas bajo la(s) ley(es) o reglas que el tribunal arbitral determine que sean aplicables” —Reglas de la Corte de Londres de Arbitraje Internacional (CLAI), art. 14.2—. “Sujeto a estas reglas, el tribunal puede gestionar este arbitraje de cualquier manera que considere apropiada, siempre que las partes sean tratadas con igualdad y que cada parte tenga el derecho de ser escuchada y que se le dé una oportunidad imparcial de exponer su argumento” —Reglas internacionales de la Asociación Americana de Arbitraje (AAA), artículo 16.1—. “El tribunal arbitral deberá proceder en el tiempo más corto posible con el establecimiento de los hechos del caso por todos los medios apropiados” —Reglas de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), artículo 20(1)—. Sin embargo, véase la regla 34 del Ciadi, infra nota 23.

(16) Petición de los amici al tribunal arbitral, párrafo 18, 29 de agosto del 2002. Disponible en: www.earthjustice.org/news/documents/boliviapetition.pdf —consulta realizada el 24 de agosto del 2005—.

(17) “La interacción entre los dos tratados involucrados —el Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y el Acuerdo Bilateral de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre el Reino de Holanda y Bolivia— y la naturaleza consensual del arbitraje le otorga control sobre las cuestiones que ustedes plantean a las partes, no al tribunal” —Carta de David D. Caron, presidente del Tribunal de Aguas del Tunari, a J. Martin Wagner, director del Programa Internacional de Earthjustice, 29 de enero del 2002. Disponible en: www.earthjustice.org/news/documents/2-03/ICSIDResponse.pdf (consulta realizada el 24 de agosto del 2005)—.

(18) “El tribunal opina que actualmente no hay necesidad de llamar a testigos o solicitar escritos suplementarios de terceros durante la fase jurisdiccional de su labor. Somos de esta opinión sin que lo anterior, de ninguna manera, implique prejuzgar la cuestión sobre el alcance de la autoridad del tribunal para llamar a testigos o recibir información de terceros por iniciativa propia” —ibídem—.

(19) Véase Resolución en respuesta a la petición de transparencia y participación en calidad de amicus curiae, 19 de mayo del 2005 —en adelante, Resolución de Argentinas—. Disponible en: www.ciel.org/Publications/ICSIDAmicus_1Jun05_Spanish.pdf —consulta realizada el 24 de agosto del 2005—.

(20) Véase Petición de transparencia y participación en calidad de amicus curiae, 27 de enero del 2005 —en adelante, Petición de Argentinas—. Disponible en: www.ciel.org/Publications/SuezAmicus_27Jan05_Spanish.pdf —consulta realizada el 24 de agosto del 2005—.

(21) Resolución de Argentinas, párrafo 8.

(22) Ibídem.

(23) “El Tribunal resuelve unánimemente que el artículo 44 del Convenio del Ciadi le otorga la facultad de aceptar, en determinados casos, presentaciones amicus curiae realizadas por personas idóneas que no sean parte” —ídem, párrafo 16—. Los amici invocaron el artículo 34 como la regla del Ciadi que otorga al tribunal la autoridad para aceptar escritos de amicus: “Luego en relación con la presentación de amicus curiae, no existe impedimento alguno para que el tribunal acepte información de terceros. Más bien lo contrario es cierto: el artículo 34 de las reglas de arbitraje dispone que, el tribunal podrá, si lo estima necesario, en cualquier etapa del procedimiento: (b) visitar cualquier lugar relacionado con la diferencia o llevar a cabo indagaciones en ese mismo lugar” —véase Resolución de Argentinas, p. 7—. El tribunal no hizo mención del artículo 34. Sin embargo, consideró que su decisión hallaba apoyo adicional en las prácticas del TLCAN, el Tribunal de Reclamaciones Irán-Estados Unidos y la Organización Mundial del Comercio —Resolución de Argentinas, párrafo 15—.

(24) Resolución de Argentinas, párrafo 17.

(25) Ibídem, párrafo 18-23. Así mismo, el tribunal señaló: “(E)l presente caso no entraña una simple diferencia contractual entre partes privadas en la que cualquier intento realizado por personas que no sean partes por intervenir en calidad de amigos de la corte podría ser considerado como una injerencia oficiosa” —ídem, párrafo 20—.

(26) Ídem, párrafo 28.

(27) Ídem, párrafo 29. Basado en la falta de consentimiento de ambas partes, el tribunal rechazó el pedido de los amici de asistir a las audiencias —ídem, párrafos 4-7 (citando el artículo 32(2) de las Reglas del Ciadi)—.

(28) El tribunal tendrá la autoridad de aceptar y considerar escritos amicus curiae de personas o entidades que no son partes litigantes” —US 2004 model BIT, art. 28(3)—. “El tribunal llevará a cabo vistas abiertas al público y determinará, en consulta con las partes litigantes, los arreglos logísticos apropiados” —ídem, art. 29(2). Disponible en: www.ustr.gov/assets/Trade_Sectors/Investment/Model_BIT/asset_upload_file847_6897.pdf —consulta realizada el 24 de agosto del 2005—.