El peso del género y otras identidades culturales en la criminalización de las mujeres(*)

Revista Nº 49 Oct.-Dic. 2014

María Luisa Maqueda Abreu 

Catedrática de Derecho penal de la Universidad de Granada 

(España) 

Sumario

El presente trabajo se dirige a ilustrar los cambios en la concepción del control penal de las mujeres, desde una explicación ahistórica y sin referencia a las características estructurales de la sociedad y la cultura en que están insertas, a una concepción, nutrida por las teorías de la reacción social, donde diversas identidades culturales influyen en la legislación y en la práctica penal y penitenciaria. 

Temas relacionados

Control social, delitos de estatus, estereotipos de género, capitalismo, criminología feminista, sociedad patriarcal, realidad multicultural, teorías de la reacción social, políticas de la diferencia, criminología crítica. 

1. Introducción

Se denuncia muy a menudo que la delincuencia femenina no ha sido tratada como un verdadero problema social por la criminología a causa de la representación marginal que ha tenido históricamente en el espacio penal. Las mujeres —se dice— delinquen menos que los hombres, la dañosidad social de sus acciones es escasa y causan por ello menos molestias a los órganos de control penal, de ahí la falta de interés por su estudio(1).

Lo cierto es, sin embargo, que no han sido pocos los esfuerzos que tradicionalmente se han desplegado desde el sistema punitivo —y desde las ciencias que lo han legitimado— para criminalizar el comportamiento desviado de las mujeres. Antes de la invención de la cárcel para castigar los actos criminales de los hombres hay una larga tradición de aparatos disciplinarios diseñados para domesticar la delincuencia femenina. En nuestro país dan cuenta de ello desde inicios del siglo XVII las casas galeras, establecimientos penitenciarios exclusivos para mujeres vagantes o deshonestas que se decía “que habían perdido el temor a Dios y a la justicia y hecho risa y estrago en los hombres con su libertad y su disolución”(2). Su delito, como el de todas las mujeres, representaba una trasgresión doble: contra las leyes humanas y divinas y contra la misma naturaleza que les había asignado, en nombre de un orden sexual universal, una posición subalterna de reclusión en el espacio doméstico para garantizar los atributos de su feminidad y la conformidad con sus roles(3). Este último sistema normativo, marcado por el género, será decisivo para comprender la especificidad de su criminalidad y el significado de las teorías que nacen para explicarla.

Los primeros desarrollos de la criminología, bajo el positivismo, establecieron las bases ideológicas para la criminalización de las mujeres. Sus delitos —normalmente relacionados con la sexualidad (prostitución, infanticidio, aborto...) o la lealtad familiar (adulterio)— debían interpretarse como expresión de un sentido moral deficiente ajeno a los valores femeninos encarnados en el modelo de la madre-esposa. Había en las mujeres infractoras una anormalidad biológica o psicológica innata no refrenada por los controles que la domesticidad imponía a su sexo. Originariamente serían esos impulsos naturales los que explicarían su criminalidad o después la influencia hormonal condicionante de periodos menstruales, puerperales o menopáusicos propicios, pero fueron siempre los déficits de socialización en sus roles coercitivos de género los que justificarían su relación con la delincuencia. Ellos eran, y siguieron siendo con la mayor parte de las teorías sociológicas, el núcleo esencial de los conocimientos que la criminología tradicional ha aportado sobre las mujeres. La criminalización de sus conductas desviadas —predominantemente sexualizadas— ha sido el resultado de la complicidad ideológica entre los distintos poderes sectoriales implicados en su definición: de una parte, las instancias encargadas de la socialización de género representadas por esos científicos naturales o sociales y, primariamente, por la familia, la escuela o la iglesia; de otra, los agentes institucionales llamados a reforzar el valor de esas reglas consensuadas a partir de la ley o su aplicación. El legislador, la policía, los jueces o los órganos de ejecución penitenciaria son en esta fase los garantes de que el statu quo permanezca inalterado. Una tarea de eternización, al decir de Bourdieu, que pone en evidencia la influencia penetrante del patriarcado en las estructuras sociales(4).

Pero el proceso histórico de criminalización de las mujeres es más complejo y acusa el efecto de otras identidades culturales que se entrecruzan con el género en la definición de sus conductas desviadas. Algunas de esas identidades aparecen vinculadas con él, como la orientación sexual o la edad, y otras se sitúan bajo la influencia de otros poderes sociales igualmente persuasivos en su afán discriminatorio o excluyente, como sucede con la raza, la diversidad étnica o la clase social donde se deja ver la incidencia omnímoda del capitalismo. Su percepción solo es posible desde los parámetros críticos que la criminología de la reacción social nos ofrece y que nos sitúan en un universo teórico distinto donde esas identidades confluyen y nos muestran una estructura social vertical caracterizada por la desigual distribución de recursos reales y simbólicos y de relaciones de poder que perjudican a las mujeres que están en situación de desventaja social. Esa perspectiva, afín a los recorridos que los nuevos feminismos se proponen en el campo de la ciencia y de la política del derecho(5), sirve de guía para la elaboración de este trabajo.

2. El control de género

2.1. La criminología cómplice

Antes de que el positivismo consagrara científicamente el género como instancia legitimadora de una naturaleza y un estatus diferenciado para las mujeres, las leyes y la práctica penal habían sentado ya las bases disciplinarias para tratar sus conductas desviadas. En los albores del régimen penitenciario, las cárceles de mujeres fueron un escenario privilegiado de los afanes de los poderes políticos y religiosos por criminalizar y erradicar los patrones femeninos de comportamiento que desafiaban las cualidades propias de su sexo. De esa alianza dan cuenta en nuestro país numerosos estudios que narran las iniciativas que, desde la Iglesia y con su colaboración, se promovieron para el encarcelamiento de las mujeres desviadas y su tratamiento correccional y redentor(6).

Las galeras implantadas en el siglo XVII —y continuadas en su filosofía educativa durante más de dos siglos(7)—, fueron un ejemplo representativo del modelo disciplinario establecido oficialmente(8) para esas mujeres. Entre ellas se incluían mujeres vagabundas, ladronas, alcahuetas, prostitutas, hechiceras y otras semejantes que anduvieran vagantes o sin amo, dedicadas al ocio, al engaño, a la solicitud de los hombres o al mal ejemplo y al escándalo para peligro de las mujeres que eran honestas y honradas(9). El trabajo propio de su condición y la oración eran las herramientas principales para su regeneración moral.

“A las mujeres se le ayuda mucho con este remedio para que sirvan a Dios y dejen su mal vivir, y se confiesen bien haciendo de la necesidad virtud; porque viéndose imposibilitadas de ofender a Dios con la obra y sin esperanzas de poderse sustentar por aquel mal camino y libres de las ocasiones... (podrán) de allí en adelante seguir la virtud”(10).

Del mismo modo que las primeras cárceles masculinas descritas por Melossi y Pavarini, para estos siglos en Europa y América, perseguían crear proletarios, hombres dóciles y aptos para el funcionamiento de la nueva sociedad industrial reclamada por el orden social burgués —“la cárcel como fábrica de hombres”—, las galeras de mujeres se propusieron imponer una disciplina de género acorde con el orden moral establecido. En ambos casos se trataba de una “inversión educativa”(11).

Es significativa, en ese sentido, la propuesta que hizo en 1608 Sor Magdalena de San Jerónimo, inspiradora de las cárceles de galeras, al rey Felipe III como “primer remedio” para atajar el daño en sus principios: “en todas las ciudades... se han de hacer casas o colegios donde recojan todas las niñas huérfanas, para que allí sean enseñadas en virtud, cristiandad y policía, quitándolas del peligro de perderse, de los cantares y bailes deshonestos y otras muchas malas inclinaciones y costumbres en las que se habrán criado, y haciéndolas ejercitar en virtud y doctrina cristiana, en aprender labor, policía y buena crianza, para que a su tiempo sirvan en casas de recogidas y honestas donde las puedan, después de algunos años, remediar y poner a estado”(12).

Tiene razón, pues, Juliano cuando señala que las funciones primarias de estas instituciones carcelarias eran las de domesticar a mujeres pobres que vivían fuera del control masculino y del encierro doméstico, recluyéndolas en condiciones que extremaran las exigencias de docilidad, obediencia, servicio y reclusión que se esperaba de todas las mujeres. Un “control de género”(13) destinado a garantizar la vigencia y continuidad de los roles femeninos tradicionales vinculados al espacio privado y a los dictados de una estricta moral católica.

Con el tiempo, la naturaleza de los delitos por los que las mujeres eran criminalizadas evolucionó escasamente. En las primeras estadísticas publicadas por la Administración de Justicia en 1861 las infracciones más comunes seguían siendo los delitos contra la honestidad y la familia (prostitución, proxenetismo, corrupción de menores, abandono de niños...) y los delitos contra las personas, con especial referencia al parricidio, el infanticidio y el aborto(14). Delitos que, por su vinculación con la sexualidad o con los roles o el entorno doméstico de la mujer, se llamarían después “delitos de estatus”(15).

No es de extrañar que la incipiente criminología los tomara como paradigma de la criminalidad femenina. Partiendo de un método supuestamente neutral de observación de la realidad, inspirada en la naturaleza, la escuela de antropología criminal iba a identificar un exponente de anormalidad y perversidad en las mujeres delincuentes, en especial, en las prostitutas como símbolos de degeneración moral. La obra, suficientemente conocida, de Lombroso y Ferrero —La mujer criminal y la prostituta—, pretendió dar respuesta a todas y cada una de esas manifestaciones criminales que se atribuían a las mujeres. Su sexualidad exagerada y sus sentimientos innatos de venganza, avaricia, envidia, celos o maldad, resultaban ser los causantes de sus delitos. Sobre la experiencia de casos aislados de la época, los autores establecían determinismos infundados —tales como la masculinidad de la mujer que se apartaba de los dictados de la maternidad o la criminalidad innata de las prostitutas certificada por datos de identidad psicológica y anatómica—(16); o bien jerarquizaban las diferentes expresiones delictivas según criterios de perversidad arbitrarios —mayor, por ejemplo, en los delitos contra la honestidad y menor en los atentados contra la propiedad, según que amenazaran o no valores más o menos innatos en la mujer—.

La verdadera degeneración femenina, decían, es la prostitución no la criminalidad: el robo y el fraude no son índices de una gran perversidad en una mujer porque el respeto a la propiedad no es uno de sus sentimientos más fuertes. Pero el pudor es, por el contrario, el sentimiento femenino más intenso después del de la maternidad, para cuya creación y consolidación trabaja toda la evolución psicológica de la mujer con una energía extrema desde tantos siglos(17).

Pero sus esfuerzos por naturalizar la identidad de la mujer criminal no podían ocultar los estereotipos de género que latían en el fondo de su construcción teórica: precisamente, el pudor o la maternidad como “antídotos morales” de cualquier forma de criminalidad y atributos de “las mujeres normales”(18).

Nosotros sabemos que la mujer tiene numerosos rasgos comunes con el niño, que su sentido moral es deficiente; que ella es vengativa, envidiosa, expuesta a ejercer venganzas de una crueldad refinada; pero en los casos ordinarios estos defectos son neutralizados por la piedad y la maternidad...(19).

De ahí esa confusión que les reprocha Smart entre sexo y género(20), tan presente entre los científicos de la criminología que han querido encontrar la ratio de la criminalidad de las mujeres —o de su ausencia— en cualidades propias de su sexo, fueran innatas o fruto de un proceso de socialización que las hacía “natural” y no “culturalmente” distintas de las de los hombres(21). Y ello implica tanto a las construcciones de corte biopsicológico como a muchas de las llamadas “sociológicas”.

Desde las primeras, las teorías psicoanalíticas y psiquiátricas o las de base endocrina son un ejemplo. Freud consideraba a las mujeres delincuentes neuróticas, desequilibradas, excluidas por su naturaleza e inadaptadas a su sexo y no satisfechas en su rol de esposas y madres, porque no poseían los atributos característicos de la feminidad(22). Una anormalidad que ha sido mantenida por la psiquiatría desde los inicios de la criminología, para cuando las mujeres se distanciaban de sus roles primarios. Ferri, por ejemplo, afirmaba en 1887 que las mujeres que abandonaban a sus hijos eran víctimas de histerismo y epilepsia(23) y llegó a proponer un año más tarde la reforma del Código Penal italiano para incluir el sexo como circunstancia atenuante de la pena por la menor imputabilidad de la mujer(24). A partir de él, numerosos estudios que se prolongan en el tiempo han denunciado aspectos psicopatológicos en las mujeres delincuentes(25). Merecen citarse, en esa línea, las conclusiones que en 1938 elaboró Vallejo Nájera, psiquiatra y comandante del ejército español franquista, en relación a la criminalidad “marxista” femenina a partir de un estudio realizado sobre cuarenta reclusas malagueñas, de entre 15 y 60 años, condenadas por delito de rebelión militar:

“... bajo el título “biopsiquismo del fanatismo marxista” interpretaba que se llegaba a él por causas biopsíquicas, por tendencias congénitas psicopáticas y por temperamentos degenerativos, pero también por causas ambientales como la incultura, la ignorancia, la irreligiosidad, la inmoralidad de las costumbres, la propaganda revolucionaria, el resentimiento, la ausencia de afán de superación y el hedonismo social. Una conducta antisocial que estaba ligada a “factores morbosos”: primero, un efecto biológico del desequilibrio psíquico de la personalidad, de la personalidad psicopática y degenerada, que solía hallarse dominada por complejos de inferioridad”(26).

Un año más tarde proclamaba el psiquiatra la mayor dependencia de sus impulsos de estas mujeres “atípicas”: “cuando desaparecen los frenos que contienen socialmente a la mujer y se liberan las inhibiciones fregatrices de las impulsiones instintivas, entonces despiértanse en el sexo femenino el instinto de crueldad y rebasa todas las posibilidades imaginadas por faltarles las inhibiciones inteligentes y lógicas... aparte de que en las revueltas políticas tengan ocasión de satisfacer sus apetencias sexuales latentes”(27).

Otras teorías de base patológica, como las de Thomas o Pollack en los años sesenta de ese siglo, van a recordar igualmente el poder de los instintos no reprimidos (de índole amorosa, o bien mendaces o vengativos) como elemento explicativo de la aparición de un tipo específico de criminalidad femenina, sea de signo sexual o relacionada con la mentira o el engaño, como el hurto, la estafa o el asesinato con veneno(28).

Durante esos mismos años, estas primeras elaboraciones “científicas” encontraron continuidad con otros enfoques endocrinos que apuntaban a diferencias hormonales en la mujer como factores determinantes de su delincuencia. El periodo premenstrual, el posparto y la menopausia fueron estudiados como fases del desarrollo sexual femenino especialmente relevantes para la aparición de alteraciones patológicas en la mujer (disminución de la capacidad mental, alteraciones de la libido, obsesiones e impulsiones, psicosis o depresión) que podían llevarlas a cometer delitos más o menos graves: desde la cleptomanía hasta el homicidio, pasando por la práctica de la prostitución. Miralles ofrece ejemplos de distintas investigaciones significativas en este campo(29). Sus intentos de influir en la legislación penal de los diferentes países atenuando o eximiendo la culpabilidad de la mujer son especialmente dignos de destacar. En un estudio realizado en 2003 por Donis se cuentan ejemplos históricos de mujeres que en Alemania o EE. UU. se habían librado de la cárcel por padecer psicosis premenstrual y la autora llega a proponer la aplicación de la atenuante a arrebato u obcecación del artículo 21,3 del Código penal español por entender que esas alteraciones “van a disminuir el conocimiento de la realidad o alterar parcialmente la libertad volitiva, sin anularla por completo”(30).

Asimismo merece ser citada la opinión científica de Marañón sobre la menopausia como “fenómeno intrínsecamente patológico que favorece el desequilibrio mental de toda mujer que lo sufre”. En la trascripción que hace Celaya de los escritos del autor, se lee “en la menopausia es frecuente que la caída del cabello, el tono de voz más grave o una mayor corpulencia venga acompañada de un aumento en la mujer de su capacidad para la actuación social fuera del hogar, esto es, para las actividades de sello viril”, una especie de “lesbiana psicópata”, concluye la autora que, en la época tenía la consideración de peligrosa social, como veremos más adelante(31).

En cuanto al impacto del puerperio en la delincuencia femenina es muy significativa la historia legal del delito de infanticidio. Merece citarse, por ejemplo, la propuesta que se hizo desde la derecha española, primero en el Proyecto de Código Penal de 1980 y después en una de sus enmiendas al Código Penal de 1995, en el sentido de crear un tipo penal privilegiado para “la madre que matare al hijo recién nacido bajo la influencia del estado puerperal o de las tensiones emocionales provocados por las circunstancias del alumbramiento”. Su argumento de adaptar la vieja regulación del infanticidio honoris causa a circunstancias más acordes con la sociedad actual, fue contestado por los distintos grupos parlamentarios(32), sin intuir siquiera su significación fuertemente sexista que, no obstante, fue reconocida en otros países como Italia que lo rechazaron desde el Senado, por considerar “inadmisible una presunción absoluta de semiincapacidad que caería en la concepción machista de una inferioridad psicofísica normal de la mujer(33).

Es difícil dudar del efecto discriminatorio que esta primera criminología iba a representar para la desviación femenina a partir de la construcción de mitos y estereotipos de sentido común que imponían a las mujeres un estatus de anormalidad natural —moral, física y psíquica— que las separaba de los hombres(34). Una “monstruosidad”, científicamente construida, como señala Cabruja, que descansaba en particulares “psicologías” sobre su cuerpo, su capacidad de procreación, su ciclo vital y su sexualidad

Una “monstruosidad” atribuida a las mujeres en base a la definición hegemónica de la feminidad y a partir de la relación establecida entre su cuerpo, su funcionamiento biológico y su “psicología” que no hacían sino patologizar o psicopatologizar expresiones de incumplimiento del rol prescrito y de desobediencias y resistencias variadas al dualismo buena-malvada, o también al de ingenua-astuta, así como a la ambigua construcción de su sexualidad en un marco heterosexual patriarcal(35).

Pero la llegada de las teorías sociológicas no haría sino reafirmar, en un sentido propio, esa percepción simplificada y devaluada que se tenía de la identidad femenina. Preocupadas por la búsqueda de factores explicativos de la criminalidad en el mundo social, bajo una cultura —como la norteamericana—, empeñada en el éxito económico y la competitividad masculina, no mostraban ningún interés por trascender al universo cerrado que representaba el espacio doméstico de las mujeres. Una vez más, su discurso sería excluyente. En su concepción fuertemente generizada, la mujer era “otra”, no podía ser la norma, como afirma Naffine, porque se consideraba dependiente, emocional, subjetiva, irracional, pasiva, determinada, inmadura, no competitiva, ni exitosa, ni inteligente...”(36).

Con esos atributos, las mujeres no podían aspirar a ser el “delincuente frustrado” que experimentara tensión anómica por el acceso escaso a las metas monetarias y de riqueza material que no le competían, ni constituir subculturas a partir de un proceso interactivo de comunicación con iguales para compartir identidades y aprender habilidades y destrezas que le permitieran aprovechar unas oportunidades delictivas que no estaban a su alcance. Su socialización positiva debía garantizarle la interiorización de actitudes apropiadas de género que potenciaran sus roles afectivos en el entorno doméstico y le distanciaran de la delincuencia, como actividad simbólicamente masculina. Interesaba su conformismo con esos roles convencionales, no su criminalidad que aparecía invisibilizada, como inexistente, con la excepción de algunas infracciones menores que suscitaron alguna atención de los criminólogos, como el hurto en tiendas, propio de su rutinaria función de amas de casa que, a menudo, se atribuía a disfunciones fisiológicas (menopausia) o sexuales(37); pequeñas trasgresiones a causa de afecciones frustradas o finalmente, también, ciertos comportamientos antisociales relacionados con delincuentes del otro sexo en contextos determinados, como el de las bandas juveniles(38).

Investigaciones realizadas en este último campo resultan muy representativas de los estereotipos que estos teóricos de la desviación arrastraban acerca de las chicas que se integraban en esos grupos formadas por miembros preferentemente masculinos. En las primeras publicaciones que se realizaron hasta los años setenta del siglo pasado, se hablaba de ellas como víctimas de disfunciones psicológicas o desajuste social a causa de sus déficits de socialización en los valores ideales femeninos. Campbell se refiere críticamente a su retrato como mujeres inmaduras, ansiosas, poco inteligentes, con baja autoestima, socialmente ineptas y sexualmente promiscuas(39). Nurge añade a esos atributos los de ser poco femeninas o meros obje­tos sexuales que servían a los chicos como novias o proveedoras de servicios sexuales y que estaban relegadas a actividades residuales tales como las de esconder pistolas o drogas, espiar a miembros de las bandas rivales o atraerlos al lugar de pelea(40). Ambas atribuyen esos juicios fuertemente estereotipados al sesgo masculino de los investigadores de la época(41).

2.2. Otros agentes imprescindibles: la familia y el derecho

Si el control de género ha encontrado en la criminología más tradicional una instancia de refuerzo de los roles de conformidad de las mujeres, su verdadero lugar de gestación hay que buscarlo en otras instituciones primarias, como la familia. Ella constituye “el más privado de los universos” donde se sitúa el origen del poder patriarcal y el control de la transmisión cultural de los valores androcéntricos que marcan la separación entre lo masculino y lo femenino(42). O, lo que es lo mismo, entre la supremacía masculina y la fidelidad de las mujeres a los roles sexuales y reproductivos que le vienen impuestos.

Es la clave de la división sexual del trabajo. El hombre en la esfera pública, productiva, la mujer como “cuerpo sexuado”, en los términos en que lo ha definido Smart, esto es, condicionada por funciones reproductoras y por patrones determinantes de comportamiento sexual que la condenan a la esfera de la privacidad doméstica(43). Mediante la fuerza coercitiva de la socialización, la familia nuclear ha asumido históricamente la tarea de afianzar y reproducir ese modelo patriarcal llamado a garantizar la pervivencia de un orden social marcado por los principios de jerarquización, desigualdad y discriminación femeninas(44). A partir de él se crearon las definiciones de moralidad apropiada para su conservación y su perpetuación: el honor familiar, la honestidad de la mujer, el amor maternal; y sus contrarias: la infidelidad, la promiscuidad, la indecencia o la falta de cuidado sobre los hijos que han constituido los signos primarios de la desviación y la delincuencia femeninas.

Hay, pues, una estrecha interrelación entre la familia, como aparato disciplinario, y otras instancias de control social, como el Derecho penal, que durante siglos ha convertido la frustración de esas expectativas morales en delitos(45). La historia de la criminalización femenina nos brinda cuantiosos ejemplos.

Así sucedió con la vieja regulación española de los delitos de aborto e infanticidio honoris causa que sobrevivieron en nuestra legislación hasta 1995. Sus atenuaciones características no favorecían a cualquier mujer que se encontrara en una situación de conflicto para asumir su maternidad sino que requerían la prueba de su buena repu­tación, esto es, la acreditación de que se trataba de una mujer honesta y honorable, solo entonces se consideraba defendible su honra y, lo que es muy significativo, el beneficio penal alcanzaba también al paterfamilias llamado a reparar el desliz de la hija deshonrada y a recuperar el honor familiar. Si, a cambio, se trataba de una mujer sin buena fama, el privilegio decaía porque no había honra que defender y las penas aplicables se elevaban desmesuradamente para todos. Tenía razón Engels cuando afirmaba tempranamente que con la santidad del matrimonio “las mujeres viven cercadas por su pudor”(46).

Otra muestra significativa fue la antigua violación, cuyo régimen estuvo vigente hasta 1989. El valor a proteger era aquí, declaradamente, la honestidad que aparecía concebida, en palabras de Asúa, como “un atributo referido al recato y la reserva sexual de la mujer en aras a garantizar a su legítimo poseedor, el marido, la exclusividad de su uso sexual y la descendencia”(47). Por ello, cualquier mujer en el trance de ser agredida sexualmente debía probar su inocencia mediante una oposición heroica que demostrara su resistencia ante un hecho que la deshonraba y la estigmatizaba socialmente. El carácter semipúblico de este delito, que requiere la denuncia de la víctima, se explicaba entonces como una fórmu­la para evitar la resonancia pública de un hecho que hacía desmerecer su valor como mujer dándole a elegir entre el silencio o el matrimonio con el agresor para recuperar su honor perdido.

Peor paradas resultaban las prostitutas que, en tanto mujeres “no honestas”, quedaban fuera del ámbito de tutela de este delito. Podían ser “coaccionadas”, con penas irrisorias, pero no violadas. Asúa nos remite al “sentido común” de Pacheco: “¿Debe la ley garantizar del mismo modo contra esos brutales arrebatos a una prostituta que a una virgen, a la que vive con completa holgura que a la que educa a sus hijos en el hogar doméstico?”(48).

Tampoco podía ser violada la mujer casada pero por razones distintas, porque el matrimonio la recluía en un espacio de sometimiento a la autoridad del marido que era el que ponderaba, con la complicidad del derecho, el valor de sus bienes personales: en este caso, una sexualidad de la que no podía disponer libremente; en otros, incluso la vida. Piénsese en el viejo delito de uxoricidio que castigó hasta 1963 con una pena simbólica de destierro a quien matara a su esposa sorprendida en adulterio. Existía una complicidad innegable entre los intereses que buscaban salvarse con ese delito: de una parte, el honor masculino y de otra, la legitimidad de la prole familiar que se veía amenazada por la mujer que mantenía relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es significativa, a cambio, la indiferencia que el Derecho penal mostraba ante los casos de infidelidad del marido amancebado: la posible prole ya no era su problema sino el de la “manceba” que, además, no deshonraba a ningún hombre(49). Por ello, también, el código se mostraba más indulgente con ella y la castigaba con penas muy inferiores a las de la mujer adúltera que desafiaba las expectativas que había puesto en ella el orden moral existente. Me estoy refiriendo ahora a esos tipos penales que, hasta 1978, reservaron un régimen punitivo diverso para los distintos casos de infidelidad conyugal: no es solo que este fuera mucho más severo con las mujeres casadas que con sus maridos (se castigaba a las primeras por yacer con otro hombre mientras se imponía menor pena a los segundos cuando se acreditaba que tenían manceba en la propia casa conyugal o con escándalo) sino que, además, juzgaba con un doble rasero a las mujeres implicadas en el conflicto conyugal (a la “adúltera” y a la “manceba”), de acuerdo con los dictados de una moral sexual colectiva que privilegiaba el honor masculino y el orden familiar y se proponía controlar a todas las mujeres. Eran los mismos dictados que les exigían demostrar su honra en los delitos de aborto o infanticidio honoris causa, ser honestas e inocentes en el delito de violación o dignas de respeto dentro de la vida familiar y el orden social para ser beneficiarias de la agravante de desprecio de sexo que pervivió en nuestro derecho hasta la reforma de 1983(50).

Lo cierto es que esa criminalización sexualizada de las mujeres ha encontrado importantes manifestaciones en el marco de otras legislaciones culturalmente próximas. El factor de la edad iba a ser especialmente decisivo bajo este modelo diferenciado de género que ofrecía a las jóvenes un menor grado de libertad y fuertes dosis de tutela bajo la autoridad de los progenitores. En su caso, los mecanismos de control informal resultarían ser más severos y efectivos para garantizar su comportamiento conforme a las directrices sociales marcadas por el patriarcado(51). De ahí el carácter simbólico de la mayoría de sus infracciones. Davis y Faith señalan, por ejemplo, que en los EE. UU. hasta la década de los setenta, un 85% de las chicas que tuvieron contacto con los tribunales penales habían sido incriminadas por ofensas morales que tenían que ver con la violación de los roles sexuales tradicionales (pasividad, afectividad, contención): adolescentes desobedientes o que se habían fugado de casa, jóvenes promiscuas o que se habían quedado embarazadas en contra de los deseos del padre o marido o bien, madres inadecuadas(52). Smart añade a esos delitos otros como la prostitución de mujeres jóvenes y adultas o los relacionados con el rol de la maternidad, tales como el infanticidio, el aborto o el maltrato y el abandono de niños(53). Todo un conjunto de comportamientos que seguían marcando la medida diferenciadora del control penal en relación a la delincuencia de las mujeres.

Por otra parte, el modelo normativo de feminidad tenía que excluir de la normalidad moral a las que se apartaban de los roles de género convencionales a partir de identidades sexuales trasgresoras: me refiero a las lesbianas y las prostitutas. Ambas compartieron suerte, como peligrosas sociales, bajo la represión franquista. Es cierto que ninguna de ellas fue abarcada inicialmente por la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 y su régimen de medidas de seguridad predelictuales, pero quedarían incluidas más tarde por obra de una Circular de la Fiscalía del Tribunal Supremo de 3 de abril de 1963, que las consideró en estado de peligrosidad “por su forma de vida habitual dedicada a actividades inmorales”. Primero la prostitución (“mujeres públicas” o “mujeres caídas”(54)) y después la homosexualidad femenina (las “niñas taradas” a que se refiere Sánchez(55)) quedaron comprendidas en su lista de actividades desviadas. Esta última autora da noticia de su sometimiento temprano al régimen disciplinario del Patronato de Protección de la Mujer cuyo fin declarado era velar por su moralidad y su preservación:

En un informe de 1953, el Patronato se referirá a unas y otras en los siguientes términos: “se observa un creciente y descarado aumento, apreciándose que pueden vivir en sociedad sin la repulsa de que hace unos años hubieran sido obje­to el número de personas que se dedican a tal vicio. Una mayor vigilancia y consiguiente castigo de la autoridad y una eficaz colaboración ciudadana podrían aminorar mucho este mal. Es muy lamentable que tan dañinas personas sean admitidas en algún centro de enseñanzas y ciertas casas particu­lares por su eficaz empleo para el servicio doméstico sin reparar en lo que pueden influir en la corrupción de lo menores con los que se relacionan(56).

En 1970, la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social las declaró formalmente “estados peligrosos” hasta que el Tribunal Constitucional tachó esa regulación de inconstitucional(57). Su criminalización ya solo iba a resultar posible a través de delitos comunes como el de la corrupción de menores, reservados para prostitutas y dueñas de casas de citas o lenocinio o, en su caso, el de escándalo público que se aplicó residualmente, sobre todo a transexuales(58).

Con la transformación cultural de la moral sexual colectiva que se fue operando lentamente en nuestras sociedades occidentales, la gran mayoría de estos delitos de estatus irían desapareciendo también de los códigos penales. Parecía comprensible que el cambio social introdujera modificaciones en el comportamiento y las actitudes que resultaban funcionales a los roles de género más ancestrales y que el Derecho penal dejara de ocuparse de ellos. En esa evolución saldrían a la luz otros delitos cometidos por mujeres que ya no tenían ese sesgo insoportable de género y que antes habían sido invisibilizados por la primera criminología etiológica. Había resultado más cómodo para ella —e ideológicamente compatible con su conservadurismo— ignorarlos y operar con estereotipos acerca de las mujeres criminales como infractoras de leyes morales impresas en la naturaleza de los sexos y transmitidas a través de un proceso de socialización que se había evidenciado defectuoso(59). De ese modo expresaban su apoyo a la familia nuclear y a la división sexual del trabajo como imprescindibles para la conservación del orden moral y económico de la sociedad patriarcal capitalista(60).

Pero las nuevas teorías de la criminalidad, nacidas para dar respuesta a esos cambios que se venían visibilizando en la delincuencia femenina, no cambiaron sustancialmente esa mirada determinista. Su confianza en el control de las mujeres iba a permanecer inalterable ante los nuevos peligros que supuestamente les acechaban y que venían representados por el proceso de emancipación femenina y el crecimiento de oportunidades delictivas que conllevaba. Dos mujeres criminólogas, Adler y Simson expresaron a mediados de la década de los setenta su temor de que la liberación de las mujeres y su creciente participación en la vida social y económica las virilizara y fuera responsable de un incremento de los delitos femeninos. La salida del espacio privado y su incorporación a la vida pública les expondría a los mismos procesos criminógenos que a los hombres y les llevaría a adoptar sus mismos patrones de comportamiento desviados. El crecimiento de la criminalidad femenina avanzaría, pues, parejamente al proceso de “masculinización” de la mujer(61). Pero entonces, si la causa de la delincuencia de las mujeres iba a ser su igualación de roles con los hombres había que estigmatizar la emancipación femenina, como afirma Graziosi, y reivindicar el regreso a los viejos roles de la mujer tradicional “domesticada, pasiva, dependiente, conformista y solo criminal en sus formas femeninas”, como los describe Naffine(62).

Una vez más, estas criminologías del sentido común no contaban con los factores sociales estructurales que son determinantes del comportamiento desviado y de la reacción social(63) y se habían olvidado de la autonomía de las mujeres(64).

2.3. Una mirada crítica

Ha sido desde las teorías de la reacción social desde donde se ha cuestionado convincentemente esta visión simplificada de los controles de género que operan sobre las mujeres. Ellas han sabido mostrar cómo los procesos de definición de su desviación no son neutrales sino que están históricamente determinados y han venido condicionados por su situación de desventaja social y la desigual distribución de poder y de recursos que interesadamente se le han impuesto para perpetuar un orden patriarcal funcional para los intereses del capitalismo.

Pitch expresa de este modo los desafíos que una criminología crítica tenía planteados desde un principio:

“El estudio del comportamiento desviado de la mujer debe en primer lugar recuperar la historicidad, esto es indicar las raíces sociales y por ello no inmutables de su condición social compleja. Debe identificar la relación entre el papel conforme y la desviación y desenmascarar la forma en que la represión actúa, sus funciones y sus relaciones con los mecanismos de socialización. Y esto significa reconstruir aquella red de elementos, condiciones, intervenciones que definen el ser humano como sujeto en la historia, cualidad que ha sido negada por mucho tiempo al ser humano de sexo femenino”(65).

El primer paso había de ser “desnaturalizar” el rol social asignado a las mujeres y redefinir su relación con la delincuencia. No hay nada de natural en lo femenino que justifique su separación de lo público ni la perversidad o la inmadurez o los déficits de inteligencia o de autonomía que los dictados de la biología o de la psicología le asignaban. Se trata de una construcción cultural que tiene que ver con la estratificación sexual que opera el género en tanto que sistema normativo instalado en las instituciones históricas responsables de la socialización de hombres y mujeres y, por tanto, en las estructuras objetivas —y subjetivas— de nuestras sociedades patriarcales. Por ello había que dirigirse contra ellas, como responsables del control que se ejerce desde el género y, por tanto, como espacios de elaboración e imposición de principios de dominación que degradan y devalúan la identidad femenina(66).

Pero el género sirve asimismo de sustento a relaciones de poder económicas en nuestro modelo social capitalista. La división sexual del trabajo entre producción material y reproducción distribuye los espacios sociales y se constituye en la clave explicativa de los sucesivos controles que históricamente se han ejercido sobre las mujeres para garantizar su conformidad con lo privado y con los roles funcionales que le han sido asignados como “madre-esposa”. La salvaguarda de la familia nuclear y de los valores androcéntricos que descansan en ella —en particu­lar, el control de su sexualidad— se convierten así en un soporte más del capitalismo. Es la idea que plantea Radosh cuando se propone encontrar una explicación a los patrones sexuales que han guiado la definición y persecución de la criminalidad femenina.

Existe la presunción, dice la autora, de que si no se controlara la sexualidad de las mujeres, la familia nuclear fracasaría y la sociedad capitalista decaería. El baluarte moral del capitalismo ha descansado, por ello, en la lealtad de las mujeres. Así ha contribuido el capitalismo a su criminalización, a través de un control muy cercano de su sexualidad(67).

En esta tarea de normalización están implicados distintos instrumentos disciplinarios. Unos, informales, que aseguran la interiorización de las pautas convencionales de la feminidad así construida. La familia, en primer lugar, pero también la escuela o la iglesia y, desde luego, la ciencia con sus aserciones severamente discriminatorias para las mujeres(68). Otros, formales, de criminalización de las conductas disconformes. Ambos, como afirma Baratta, son controles de género masculino desde el punto de vista simbólico. Y en ambos, las formas e instrumentos, así como el discurso o la ideología oficial del sistema (que lo legitima y esconde sus funciones latentes detrás de las funciones declaradas) reproducen la diferenciación social de las cualidades y de los valores masculinos y femeninos.

Esta diversidad proviene del hecho de que los dos sistemas poseen competencias distintas dentro del mecanismo general de reproducción del statu quo. El sistema de control penal actúa, en la esfera pública, de manera complementaria con los otros sistemas que forman parte de esa misma esfera (educación, política, economía) en la reproducción de las relaciones desiguales de propiedad, de producción y de consumo. Junto con los otros sistemas de la esfera pública, el sistema penal contribuyó, incluso de modo integrativo, con el sistema de control informal que actúa en la esfera privada, en la reproducción de las relaciones inequitativas de género. El sistema informal, a cambio, actúa en la esfera privada, pero con el mismo fin(69).

Parecía, pues, necesario para un pensamiento crítico cuestionar estas actitudes apropiadas de género que, desde ese ideal femenino estereotipado, se atribuyen a las mujeres y les dejan poco espacio para actuar con iniciativa, agencia e inteligencia(70). Me refiero a esa tendencia tan presente todavía en la criminología, y fuera de ella, a conferir a las mujeres una debilidad y una falta de autonomía que refuerza su imagen de víctimas sistémicas. Y ya no solo en los conocidos delitos de estatus —la prostitución es un ejemplo—(71), sino en cualesquiera otros donde su participación acaba justificándose en trastornos cognitivos o razones de inmadurez o fragilidad o bien en experiencias traumáticas de violencias pasadas. La tesis de las “fronteras borrosas” a que se refiere Britton tiene que ver con esto último, al explicar la delincuencia de las mujeres como íntimamente vinculada a una previa victimización doméstica o en el espacio social(72). Y Aradau, por su parte, ejemplifica con el caso significativo de las mujeres que se implican en delitos de trata y que terminan siendo calificadas acríticamente como víctimas del síndrome de Estocolmo.

El síndrome de Estocolmo, como una creación de un vínculo emocional con el abusador, supuestamente podría explicar por qué las mujeres que trabajan con los traficantes “se convierten en cómplices del proceso de tráfico a través de actividades como supervisión de otras víctimas o incluso reclutando mujeres para la industria del sexo”(73).

Una visión más compleja de la realidad sociológica acerca de la criminalidad de las mujeres nos muestra, a cambio, un panorama bien distinto. Son numerosos, por ejemplo, los estudios que aluden a una creciente autonomía de las mujeres en su implicación —a veces, protagonista— en organizaciones fuertemente patriarcales como la mafia o tan problemáticas como el terrorismo. Pasculli, refiriéndose a la experiencia italiana, nos habla de la evolución del papel de la mujer en el interior de las estructuras mafiosas a partir, sobre todo, de mediados de los años noventa en que comenzó a asumir tareas fundamentales en la dirección estratégica y en el mando de operaciones que tenían que ver preferentemente con las actividades de narcotráfico y de blanqueo de capitales. La autora hace un recorrido por la jurisprudencia penal en relación a casos relevantes enjuiciados por los tribunales donde se califica a las mujeres integradas en la mafia como “el verdadero pulmón de la organización”, “la mente de la entera organización” o se reconoce “su trascendencia en los procesos decisionales fundamentales para la supervivencia de la organización”(74).

En cuanto al terrorismo, las crónicas se multiplican. Bisi y Polo se refieren a la actividad de las bandas armadas durante los años setenta y ochenta del siglo pasado en Italia en que la participación femenina fue muy relevante tanto en las fases deliberativas y decisionales como en la adopción de estrategias y la realización de hechos delictivos que favorecían organizaciones terroristas, tanto de extrema izquierda como de extrema derecha. Ambas insisten en la reconocida autonomía de las mujeres que se implicaron en esta experiencia delictiva.

El motivo determinante no es la voluntad de enriquecimiento personal ni razones pasionales: es la fe política o el fanatismo ideológico. Y la mujer, no por primera vez en la historia ha tomado partido, se ha arriesgado en primera persona demostrando que cuando decide entrar en juego, por motivos “altos”, justos o equivocados, aceptables o censurables, procede por el camino que ha decidido en modo autónomo y extremadamente determinado(75).

Otras autoras, como Morris, aluden al protagonismo femenino en bandas como la Baader Meinhof en Alemania o el IRA irlandés y ejemplifica con las mujeres que participaron en el crimen organizado de los años treinta en EE. UU.(76). En nuestro país, se ha defendido asimismo la capacidad de agencia de las mujeres extranjeras (“correos”) implicadas en delitos de tráfico de drogas, pese a que, demasiado a menudo, se confunde su vulnerabilidad social y económica con su falta de autonomía(77). Y merece la pena consultar también los datos y reflexiones de Osborne sobre la participación de mujeres en diferentes conflictos armados(78). La contribución de las milicianas en la Guerra Civil Española es una muestra más de iniciativa femenina que deja poco lugar a dudas(79).

Los estudios más recientes sobre bandas juveniles integradas por mujeres son asimismo un ejemplo representativo. Brotherton y Salazar afirman que ellas se integran en las bandas en busca de una identidad de grupo y de una familia de reemplazo. Forma parte, pues, de una opción vital que les brinda independencia, poder, prestigio, emociones, solidaridad e interrelaciones con pares(80). Pero hay diferencias significativas con los miembros masculinos en cuanto a su relación con la violencia y el modelo de autoridad. En el caso de las mujeres, la violencia se estima que no es una característica normativa y recurren a ella de forma significativamente menor que los hombres, sobre todo en sus formas más peligrosas de uso de armas o de homicidios en los que a menudo renuncian a implicarse(81). En cuanto a los modelos de autoridad dentro de la banda es significativo que cambien cuando quien ostenta su liderazgo es una mujer. Es una de las ideas planteadas por McDonald:

“Hay un cambio en el modelo de “autoridad viril” basado en la fuerza física y el respeto unilateral hacia una forma más fluida de relación que descansa sobre una demanda de reciprocidad, un modelo relacional basado más en admiración que en miedo... La moneda de cambio en las relaciones es el respeto”(82).

Por lo demás, resulta muy sugerente el análisis que ofrece Juliano acerca de las estrategias de resistencia desarrolladas por las mujeres para evitar su implicación en la delincuencia, que nada tienen que ver con su conformismo hacia los roles de género convencionales y sí más bien con un ejercicio de autonomía y racionalidad marcado por los signos de libertad y creatividad. La cuestión no es, esta vez, por qué delinquen las mujeres sino por qué no lo hacen empleando recursos alternativos a la criminalidad tales como la capacitación a través del estudio, la construcción de redes de solidaridad familiares y de amigos (sobre todo, en Latinoamérica y África), el empleo de nuevas tecnologías de reproducción asistida como donación o venta de órganos o enajenación de sus óvulos como madres de alquiler o la utilización de roles sexuales asignados como fuentes de ingresos, tales como el matrimonio por conveniencia o la práctica de actividades estigmatizadas como el trabajo sexual(83).

¿Adónde queda entonces la eterna victimización de las mujeres? A menudo se olvida el peligro que esa ficción encierra en orden a propiciar un control coercitivo por parte del Estado(84). El pretexto de prevenir la victimización femenina coartando sus esferas de autonomía se ha convertido en una estrategia ideológica y estratégico-institucional de primer orden para controlar, por ejemplo, el trabajo reproductivo y económi­co-sexual de muchas mujeres. De ahí que Pheterson se refiera al aborto y a la prostitución ilegalizados como las salas de espera del estado:

“Cuando los gobiernos hablan sobre lucha contra el aborto criminal y la prostitución criminal... se lamentan de las muertes de mujeres por procedimientos no seguros o por la violencia de los “bajos fondos” pero identifican de modo incorrecto el peligro. Piden una aplicación mayor desde el Estado de las prohibiciones que criminalizan a las mujeres a la hora de ejercer su autonomía reproductiva y sexual. Es importante entender que las leyes que pretenden proteger a las mujeres criminalizando a aquellos que las asesoran, las ayudan o facilitan su actividad ilícita, privan a las mujeres de servicios legítimos y las obligan a negociar su libertad fuera de la ley”.

Tiene razón la autora cuando afirma que es su criminalización lo que hace a esas mujeres —a menudo racializadas y mujeres pobres— vulnerables al abuso, la explotación, el peligro físico y el estigma social.

La demonización de la prostitución y el aborto desvía la atención de las condiciones materiales que hacen que el aborto y la prostitución sean nocivos para la salud, la seguridad y la dignidad humanas y desvía la atención del abuso institucional llevado a cabo por la policía y las autoridades médicas. En EE. UU., prosigue la autora, están siendo especialmente acusadas mujeres negras y/o pobres y adictas a las drogas por maltrato a niños, por poner sus fetos en peligro y algunos tribunales están haciendo de los abortos, las esterilizaciones o la rehabilitación de drogas una condición para la libertad condicional... En caso de mujeres que eligen el aborto, los servicios proveedores pueden considerarlas como irresponsables o necesitadas de reeducación punitiva(85).

El modelo legal español es muy expresivo de esa coerción encubierta a que me refiero. El caso de las trabajadoras sexuales es paradigmático. Concebidas como víctimas múltiples —“víctimas del sistema, de sus proxenetas, de sus clientes, de abusos sexuales en la infancia...”—(86), reciben generosamente una protección jurídica orientada a prevenir su explotación sexual (C.P., art. 188,2) pero, al mismo tiempo, son sancionadas cuando se hacen visibles como un peligro para el orden público. El Código Penal se ocupa de lo primero, criminalizando el entorno que precisan para el ejercicio libre de su actividad y otras leyes se afanan en lo segundo, multándolas, procesándolas por faltas de desobediencia o expulsándolas, si son extranjeras(87). Sin derechos, ni recursos ni reconocimiento social y acosadas sistemáticamente desde el Estado, tienen asegurados amplios espacios de clandestinidad en los que el aislamiento, la indefensión y la explotación están garantizados(88).

Con el aborto sucede algo similar. La preocupación exteriorizada por el actual gobierno conservador español es, supuestamente, la de combatir la situación de violencia de género estructural en que muchas mujeres embarazadas se encuentran por falta de alternativas a la interrupción de su gestación. Su justificación recuerda, como señala Pitch, a los viejos discursos de los años setenta en que el aborto se concebía como un “problema social” al que las mujeres recurrían por ignorancia, miseria, falta de alternativas y apoyos sociales y económicos(89). Pero lo cierto es que la criminalización que anuncian como remedio privará a las mujeres del ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos y estigmatizará socialmente a las más desvalidas y con menos recursos, estrechando las vías de solución normalizadas a una maternidad indeseada. Una vez más, las situará en una posición de vulnerabilidad, que no hará sino contribuir a su victimización inevitable. Laurenzo argumenta convincentemente:

“Las leyes de protección a la maternidad que ya existen en algunas comunidades muestran una amalgama de medidas asistenciales donde las deducciones fiscales o los incentivos económicos (poco creíbles en tiempos de crisis) aparecen mezcladas con redes de voluntariado para dar apoyo a las gestantes y medidas de flexibilización del calendario escolar para menores embarazadas, incluida la enseñanza domiciliaria. En suma, un retorno al pasado paternalista y patriarcal que creímos superado que concibe a las mujeres como incubadoras con alma a las que hay que proteger y mimar mientras engendran para garantizar la supervivencia de los embriones y, de paso, asegurar buenos índices de natalidad. Nada se dice del proyecto de vida de esas adolescentes que verán truncado su proceso normal de desarrollo personal ni del futuro laboral de las inmigrantes a cuyo rescate se acude para que no aborten. Poco importa que las mujeres salgan del trance culpabilizándose por practicar sexo sin medir sus consecuencias y con la cabeza puesta en un niño al que tal vez deban dar en adopción. El proyecto en ciernes no concibe la maternidad como un derecho sino como un deber natural de reproducirse y perpetuar la especie que se impone a las mujeres a través de todo tipo de condicionantes, incluida la amenaza penal”(90).

3. Otras identidades culturales de peso en el control de las mujeres

Pero una teoría de la criminalidad que se proponga desenmascarar las coberturas ideológicas y morales con que opera el control penal no puede dejar de tener en cuenta otras variables sociales como la raza, la etnia o la clase social, que se entrecruzan con el género en la definición de la desviación femenina y que soportan el peso de la criminalización.

De ese modo, la identidad de género se articula con otras identidades múltiples —raciales, sexuales, étnicas, de clase— de las que también son portadoras las mujeres dentro del mundo social(91) y la realidad aparece menos homogénea y mas fidedigna a la hora de elaborar un discurso crítico sobre la forma selectiva en que el aparato penal criminaliza a las mujeres que, además de ser mujeres, son pobres y periféricas, esto es, carentes de poder económico y social.

La idea de diversidad cultural, a la que se refirieron tempranamente Taylor, Walton y Young, apunta precisamente a esa necesidad, por parte de una teoría radical, de centrarse en grupos humanos precisos marcados por el signo de la dominación y la exclusión características del capitalismo contemporáneo y de sus estructuras jurídicas

Grupos, decían, en estado de “represión normalizada”, no solo de clase obrera, sino de quienes se califican como “inútiles” psiquiátrica, económica y socialmente. Ellos son, finalmente, los que están sobrerrepresentados en la estadística penal(92).

Son los mismos grupos sociales a los que se refiere Iris M. Young en su teorización sobre la justicia social y las políticas de la diferencia. Grupos marcados por una opresión estructural que define sus posiciones de desventaja social (de explotación, marginación, carencia de poder, invisibilidad y violencia) en un contexto dominado por las instituciones económicas, políticas y culturales dominantes. Y en ese universo social de conflicto y de tensión donde se sitúa el poder de criminalizar, como un poder social más, no puede obviarse la presencia omnímoda del capitalismo tardío y su instrumentalización del mercado de trabajo y de la vida de las personas, también de las mujeres como sujetos de riesgo(93).

Desde los orígenes de la criminología, las condiciones económicas de cada grupo social fueron detectadas como causas determinantes de su criminalidad. Ferri daba la razón a la doctrina marxista del determinismo histórico cuando afirmaba que “el delincuente no es otra cosa que un individuo que no ha sabido o podido adaptarse a las leyes penales establecidas para los intereses de la clase dominante en cada momento histórico”(94). Y el propio Lombroso, que negó en todo momento su influencia, mostraba en sus estadísticas criminales las condiciones extremas de inferioridad social y económica de los sujetos —“objetos”— de su investigación biologicista. Por ejemplo, de las prostitutas criminalizadas que reconocía que provenían de las clases más pobres y desvalidas (mujeres en situación de miseria absoluta, dedicadas al sostén y a la búsqueda de recursos para sus padres o parientes enfermos o mujeres seducidas y abandonadas...)(95).

Otras teorías, más evolucionadas, como las de la desorganización social o el conflicto cultural se preocuparon de la marginación económica y social de los que accedían a las subculturas criminales. Condiciones propias de la underclass, como la pobreza, la heterogeneidad étnica o marginalidad juvenil, con sus correspondientes códigos normativos, eran los factores explicativos del comportamiento desviado de esos grupos desventajados(96). Pero su potencial generador de un control penal diferenciado y discriminatorio frente a ellos permanecía invisibilizado, del mismo modo que lo estaban los delitos residuales de las mujeres.

Habría que esperar todavía unos años a que los criminólogos críticos superaran esas carencias. Desde las teorías de la reacción social, el interés se desplazó muy pronto hacia la naturaleza desigual del proceso de criminalización y su efecto perverso sobre esas minorías marcadas por la opresión y la exclusión social, pero quedaba por integrar en ellas a las mujeres(97). La criminología feminista abordó hace unas décadas esa tarea y la ha realizado incluyendo, en sus mejores versiones, no solo el género sino también otras variables sociales estructurales, asimismo identitarias, como la clase, la raza o la desigualdad social. Britton, Davis y Faith por ejemplo, hablan de una criminalización femenina fuertemente racializada y clasista(98), y Worral invita a concentrarse sobre la estructura social que produce sistemas específicos, tales como el imperialismo, el racismo, el capitalismo y el sexismo a causa de los cuales se promueven relaciones inherentemente represivas y daño social(99). Radosh, por su parte, apela a la feminización de la pobreza que asegura a las mujeres una posición de subsistencia y de falta de oportunidades bajo el capitalismo.

Los patrones del delito femenino no están relacionados con las etiologías de las mujeres o su emancipación. Las mujeres cometen delitos a causa del sistema económico que controla su acceso a bienes escasos tales como el prestigio, el estatus, la independencia, los estándares de clase media de opulencia o incluso la seguridad económica. El comportamiento de las mujeres es a menudo etiquetado como criminal de acuerdo a las implicaciones morales del capitalismo pero la criminalidad real de las mujeres refleja la diferencia de clase del sistema económico. De ahí que considere la autora que el capitalismo ha definido a las mujeres como criminales a partir de la estructura de clase(100).

Las estadísticas criminales les dan la razón. Las mujeres criminalizadas están relacionadas, en su inmensa mayoría, con condiciones de pobreza, marginación, discriminación racial o étnica, trabajos precarios y poco saludables, desocupación o subocupación en los estratos sociales más bajos con familias problemáticas y bajo nivel de instrucción y de cultura(101).

La famosa “teoría de la caballerosidad”, formu­lada para intentar explicar la escasa representación femenina en las estadísticas oficiales ha confirmado esas estimaciones. La policía y los operadores jurídicos (fiscales y jueces) no hacen sino reproducir las relaciones de poder existentes en lo social (raza, clase y género). Por ello, son más benevolentes con las mujeres en los delitos de estatus relacionados con su rol de esposas o madres (aborto, infanticidio, abandono de menores), pero se comportan más severamente con las mujeres jóvenes, de clase baja, inmigrantes o integrantes de minorías raciales (afroamericanas) o étnicas (como las gitanas o las zíngaras)(102).

Los estudios realizados en nuestro país arrojan resultados similares(103). Las principales investigaciones de los últimos años se centran en colectivos marginales relacionados, básicamente, con el tráfico de drogas donde la representación femenina es más significativa, viniendo a suponer más del 50% de los delitos responsables del encarcelamiento de mujeres(104). Las actividades por las que son condenadas suelen ser subalternas y con más riesgo de ser descubiertas —transporte de droga de un país a otro o venta al por menor—, y se corresponden con el perfil de mujeres extranjeras, normalmente latinoamericanas (“mulas”)(105) y mujeres gitanas que arrastran el peso histórico de su discriminación social(106).

Resulta esclarecedora la descripción “oficial”, que nos muestra Puente, del perfil de esas mujeres presas reflejada en las Memorias anuales del Plan Nacional sobre drogas: víctimas de la pobreza, con un bajo nivel cultural y profesional, con cargas familiares (únicas responsable de sus hijos), a veces consumidoras de drogas y generalmente de procedencia extranjera o pertenecientes a minorías étnicas(107). En definitiva, víctimas de la “criminalización de la pobreza”, como las llama Naredo(108), cuyo daño social se prolonga indefinidamente gracias a la ausencia de políticas públicas que atiendan sus necesidades más perentorias dentro y fuera de la prisión, tales como el mantenimiento o la recuperación de la custodia de sus hijos u otros lazos familiares y la consecución de oportunidades laborales que les permitan obtener medios de subsistencia dentro de la legalidad(109).

Ellas reflejan la realidad multicultural de la sociedad en que vivimos. Y no solo por su diversidad étnica o su extranjería sino también por su condición de mujeres pobres y sin recursos, gravemente criminalizadas que, en su otredad(110), gozan de una identidad cultural propia, como grupos oprimidos, marginados y excluidos. La solidaridad con ellas —y con todas las mujeres que soportan el peso estructural de la opresión— es ineludible pero no a costa de dejar en el anonimato —de no desvelar, como dice Mohanty— el poder intensivo y global del capitalismo que es el que las oprime, las margina y las excluye(111). Una realidad objetiva que esta criminalización selectiva permite visibilizar y, al hacerlo, evidencia hasta qué punto el capitalismo con su ocupación masiva de la vida de las personas se constituye en el principal agente de las relaciones de dominación patriarcales, racializadas y clasistas que marcan la experiencia cotidiana de muchas mujeres.

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(*) Este trabajo se realiza en el contexto del Proyecto de investigación DER 2012 - 34320, “Colectivos en los márgenes: su exclusión por el Derecho en momentos de crisis”, financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España.

(1) Smart, Carol. Women, Crime and Criminology, p. 3, 1977. Antes, Heidensohn, Frances. “The Deviance of Women: a Critique and an Enquiry” (p. 161).

(2) Lasala, Gregorio. La mujer delincuente en España y su tratamiento correccional, p. 19.

(3) Juliano, Dolores. Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, p. 17.

(4) Bourdieu, Pierre. La dominación masculina, p. 89.

(5) Por “nuevos feminismos” me refiero a los llamados feminismos de la tercera ola que se sitúan en la década de los noventa del siglo pasado, donde la identidad de “ser mujer” se concibe, siguiendo la definición de Vega, como “un proceso múltiple en el que se articu­lan el género, la clase, la raza y la edad, formando una subjetividad compleja que es móvil, precaria, migrante... y que no puede ser reducida en ningún caso a una sola de estas categorías”. En: Gil, Silvia L. Nuevos feminismos. Sentidos comunes en la dispersión. Una historia de trayectorias y rupturas en el Estado español (pp. 36-39).

(6) Entre otros, Lasala, Gregorio, ob. cit., pp. 15 y ss.; Canteras, Andrés. Delincuencia femenina en España: un análisis sociológico (pp. 21 y ss.); Almeda, Elisabeth. Corregir y castigar. El ayer y hoy de las cárceles de mujeres (pp. 29 y ss.), y Ramos, Isabel y Blázquez, Belén. La mujer en la cárcel: historia jurídica y políticas penitenciarias en España (pp. 17 y ss.).

(7) A partir, primero, de las llamadas “casas de corrección” y después, de las nuevas penitenciarías y cárceles de mujeres. Sobre esa evolución, con sus necesarios matices, ver Almeda (77 y ss. y 133) y Ramos y Blázquez (pp. 57 y ss.).

(8) En cuanto a las experiencias de reclusión privadas, ver Lasala (pp. 85 y ss.).

(9) Esta descripción, en Lasala (p. 22).

(10) Lasala, Gregorio, ob. cit., pp. 71-78.

(11) “Debemos darnos cuenta de que, en analogía con las instituciones que sirven para la infancia y para la mujer, los presos son una inversión educativa, y este es el único fin que se debe perseguir”, afirma Pavarini (p. 191). Almeda critica a este autor por considerar con cierta razón su análisis incompleto de la realidad penitenciaria de las mujeres (p. 54).

(12) Lasala, Gregorio, ob. cit., p. 23.

(13) Juliano, Dolores, ob. cit., p. 23.

(14) Véanse los datos estadísticos que ofrece Canteras, donde también se incluyen pequeños hurtos y estafas (p. 32).

(15) O de “desviación del rol”. Smaus, Gerlinda. “Il Diritto penale e la criminalità femminile”, p. 89. También, Miralles, Teresa. “La mujer: el control informal” (p. 154).

(16) Que si no se manifestaba en la comisión de ciertos delitos (robo, chantaje, lesiones...) era por su debilidad psíquica o por su falta de inteligencia. Lombroso, Cesare y Ferrero, G. La femme criminelle et la prostituée (pp. 430-578).

(17) Ibíd., p. 596.

(18) Ibíd., p. 432.

(19) Ibíd., p. 428. Sobre esa confusión entre minoría de edad y feminidad, ver Ottenhof, Reynald. “Por un análisis específico de la criminalidad femenina” (p. 50).

(20) Smart, ob. cit., p. 33. También, Almeda, ob. cit., p. 34.

(21) Esa “omnipresente naturaleza de las mujeres”, a la que se refiere Radosh (“Women and Crime in the United States: A Marxian Explanation”, p. 106). También Larrauri cuando afirma que “en el proceso (de socialización) se esfuma el carácter socialmente construido del género y aparece como natural y biológicamente determinado” (“Control informal: las penas de las mujeres...”, p. 12).

(22) Como describe Morris, Allison. Women, Crime and Criminal Justice (p. 13). También, Miralles (p. 128).

(23) Ferri, Enrico. Sociología Criminale (p. 331).

(24) Según nos refiere Polo, Estefanía. “La trasformazione del concetto de donna delincuente da Lombroso ai giorni d’oggi” (p. 3).

(25) Ampliamente, Miralles, Teresa, ob. cit., pp. 128 y 129.

(26) Véase Portilla, Guillermo. La consagración del Derecho penal de autor durante el franquismo. El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo (p. 159).

(27) Cfr. Juliano (p. 31). Merece la pena conectar esta “visión científica” de Vallejo Nájera con las que nos muestra Miralles de otros contemporáneos como Marañón (1935) y Ramón y Cajal (1938) acerca de las mujeres (1983) (pp. 186 y187). También Celaya, Beatriz. “El discurso médico del franquismo: persistencia de un modelo sexualizado de mujer” (p. 198).

(28) Una información más amplia en Miralles (pp. 129 y ss.); Radosh, Polly F. “Women and Crime in the United States: A Marxian Explanation” (pp. 106 y ss.).

(29) Miralles, ibíd., pp. 124 y ss.

(30) Donis, Marisol. Influencia del síndrome premenstrual en la criminalidad femenina (pp. 116-118). Sin embargo, en sus conclusiones —fuertemente contradictorias— reconoce que no tienen por qué considerarse un factor patológico y, de hecho, confiesa que no encontró ningún resultado relevante en el trabajo de campo que realizó en 2000 sobre mujeres presas en Alcalá Meco (pp. 141 y ss.).

(31) Celaya, Beatriz, ob. cit., p. 199.

(32) En particu­lar, el Partido Comunista que simplemente argumentó que esas circunstancias “no pertenecían a la fenomenología de nuestro tiempo”. Virto, María José. “La maternidad contestada: la derogación del infanticidio y la regulación o cancelación del aborto” (pp. 148-151).

(33) Ibíd., p. 140.

(34) Bajo esta imagen distorsionada de la realidad, ellos eran los que constituían, como señala Morris, el estándar de salud deseable (p. 53).

(35) Cabruja, Teresa. “Testimoni@s / activ@s molest@s. Prácticas discursivas y dispositivos sociosexuados en psicología y derecho” (pp. 129 y 130). También Pitch se refiere a esa relación del cuerpo y la sexualidad en el control coercitivo del género (“Violenza e controllo sociale sulle donne”, p. 151). Y Smart destaca la relevancia de los discursos científicos en la inferiorización de las mujeres y de sus cuerpos sexuados y patologizados: “el discurso científico, médico y, más tarde, psicoanalítico operan para crear las diferencias de género, que hemos de tomar por diferencias naturales, pero, lo que es más importante, estos discursos han interpretado como natural el ideal de las diferencias naturales” (“La mujer del discurso jurídico”, p. 182).

(36) Naffine, Ngaire. Female Crime. The Construction of Women in Criminology (p. 126).

(37) Morris, ob. cit., pp. 30, 62, y Radosh, ob. cit., p. 116.

(38) Véanse estas ideas desarrolladas en el recorrido que ofrece Naffine de las teorías de la anomia, de la asociación diferencial, de la masculinidad y del etiquetaje, bajo un interesante punto de vista crítico (pp. 8 y ss.).

(39) Campbell, Anne. “Self Definition by Rejection: The Case of Gang Girls” (p. 450). También Morris, ob. cit., p. 14.

(40) Críticamente, Nurge, D. “Liberating yet Limiting: The Paradox of Female Gang Membership” (p. 163); Smart. Women, Crime and Criminology..., ob. cit., p. 73.

(41) También, Esbensen, Finn-Aage y Deschenes, Elizabeth Piper. “A Multisite Examination of Youth Gang Membership: Does Gender Matter?” (p. 799); Miller (p. 98).

(42) Zaffaroni, E. Raúl. “El discurso feminista y el poder punitivo” (p. 20); Bourdieu, sin embargo, considera que el espacio doméstico, pese a ser el más visible, no es el más responsable de la perpetuación de las relaciones de dominación; en su opinión, serían la escuela y el Estado las sedes principales (p. 15).

(43) Una idea que retoma Asúa de la autora para referirse a “lo sexual como definitorio de lo femenino” (“Las agresiones sexuales en el nuevo Código Penal: imágenes culturales y discurso jurídico”, p. 52). El origen de esa dicotomía entre lo público y lo privado se sitúa en la familia patriarcal: con ella, decía Engels, “el gobierno del hogar perdió su carácter público. La sociedad ya no tuvo nada que ver con ello. El gobierno del hogar se transformó en “servicio privado”; la mujer se convirtió en la criada principal, sin tomar ya parte en la producción social” (El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, p. 151).

(44) Osborne, Raquel. La construcción sexual de la realidad (pp. 53-89). Sobre los aspectos fuertemente coercitivos de este control social primario, Pitch, ob. cit., pp. 150 y ss.

(45) Radosh, ob. cit., p. 116. Se refieren asimismo a esa complicidad histórica entre patriarcado y poner punitivo Zaffaroni, ob. cit., p. 25; Bourdieu, ob. cit., p. 112.

(46) Recogiendo una expresión de Tácito (Engels, ob. cit., p. 43). Sobre la concepción del honor que recogían esos tipos penales, Larrauri, ob. cit., p. 102.

(47) Ob. cit., p. 51.

(48) Ibíd., p. 64.

(49) Véanse esas reflexiones en Asúa (p. 63).

(50) Sobre la significación histórica de esta agravante, ampliamente Acale, María. La discriminación hacia la mujer por razón de género en el Código penal (pp. 27 y 28).

(51) Romero se refiere a la eficacia disuasoria de esos controles informales en relación a la criminalidad juvenil femenina (“Por qué delinquen las mujeres. Parte II. Vertientes analíticas desde una perspectiva de género”, p. 37).

(52) Davis, Nanette J. y Faith Karlene. “Las mujeres y el Estado: modelos de control social en transformación” (p. 126). Críticamente, Heidensohn, ob. cit., pp. 170 y 171. A infracciones muy simi­lares se refería, en el estado español, el informe del Patronato de la Mujer de 1967, según cuenta Sánchez, Pura. “Individuas de dudosa moral”. En: Raquel Osborne (ed.): Mujeres bajo sospecha. Memoria y sexualidad 1930-1980. p. 117.

(53) Smart, ob. cit., pp. 6 y ss.

(54) En expresión de Guereña, Jean-Louis. “Prostitución y franquismo: vaivenes de una política sexual” (p. 157).

(55) Sánchez, Pura, ob. cit., p. 117. Sobre la interesante noción de repugnancia, donde incluye la homosexualidad, y el rol poderoso que ha cumplido en la legislación. Nussbaum, Martha C. El ocultamiento de lo humano. Repugnancia, vergüenza y ley (pp. 91 y ss.).

(56) Ibíd., p. 116.

(57) Una información más amplia en Maqueda, María Luisa. “Prostitución de las mujeres y control: una relación controvertida” (p. 171). Juliano da noticia de que en 1979 esos estados peligrosos fueron despenalizados y las últimas represaliadas fueron liberadas (“Tiempo de cuaresma. Modelos de sexualidad femenina bajo el franquismo”, pp. 131 y 132).

(58) Sánchez, Pura, ob. cit., p. 113; Bedoya, Víctor. “El franquismo contra las transexuales: expedientes policiales y judiciales” (p. 166).

(59) Smart, ob. cit., p. 69; Morris, ob. cit., p. 64.

(60) Naffine, ob. cit., p. 80; Radosh, ob. cit., p. 116.

(61) Bisi, que se refiere también a otras teorías, como la del control de poder de Hagan que apunta a otros factores de influencia, como el decrecimiento de las familias patriarcales en la expansión de la delincuencia femenina (“Female Criminality and Gender Difference, pp. 8-10). También, Graziosi, Marina. “Quotidianità femminile e piccola criminalità. Hipótesis per una recerca” (p. 155); Polo, ob. cit., p. 5; Serrano, Alfonso. Introducción a la criminología (pp. 511 y ss.). Para una crítica amplia de estas teorías, por todas, Smart. “The new Female Criminal: Reality or Myth?” (pp. 50 y ss.).

(62) Graziosi, ob. cit., p. 157; Naffine, ob. cit., p. 10. Con la teoría de la emancipación, como señala Smart “queda reforzado el modelo doméstico femenino tradicional y su estatus socialmente inferior (Women, Crime and Criminology. A feminist Critique, pp. 76-182). Una propuesta que acoge, por ejemplo, Lima, cuando aconseja que las mujeres se adapten muy paulatinamente al cambio social para evitar caer en delincuencia (Criminalidad femenina. Teorías y reacción social, p. 374).

(63) Radosh, ob. cit., p. 109. También Serrano, ob. cit., p. 515.

(64) Sobre la complejidad de esta noción Di Stefano que, en su significado más consensuado, apunta a la creación de un “espacio” para las mujeres en tanto que agentes autónomos con capacidad y derecho para autodeterminarse frente a un sistema de socialización en función del género que predetermina aspectos significativos de las vidas y psiques y, por tanto, de los intereses y capacidades para tomar decisiones (“Problemas e incomodidades a propósito de la autonomía: algunas consideraciones desde el feminismo”, pp. 59 y ss.).

(65) Pitch, Tamar. “Prostituziones e malattia mentale: due aspetti Della devianza nella condizioni femminile” (p. 381).

(66) Bourdieu, ob. cit., p. 14.

(67) Casi literalmente, Radosh, ob. cit., pp. 116 y 117. También, Nafine, ob. cit., p 125.

(68) Se refiere a esa “presión científica”, Juliano (ob. cit., p. 37), y a su “visión del mundo masculina” y su voluntad de “devaluar” al otro sexo, Naffine (ob. cit., p. 106). En cuanto a las propias mujeres como agentes de ese control social primario, no solo en la disciplina del hogar sino también en las instituciones que prolongan en la vida pública el rol que cumplen en lo privado, Larrandart (“Control social, derecho penal y género”, p. 97). También, en la criminología y la sociología, con efectos nefastos porque reafirman las teorías sexistas prevalentes, perpetuándolas y dotándolas de mayor credibilidad. Smart, ob. cit., p. 177.

(69) Literalmente, Baratta, Alessandro. “El paradigma de género. De la cuestión criminal a la cuestión humana” (p. 61). También, Larrauri, ob. cit., p. 10); Miralles, ob. cit., p. 121.

(70) Son palabras de Naffine (ob. cit., p. 62).

(71) Smart apunta a los teóricos que apelan a conflictos edípicos subyacentes o a la privación materna como factores determinantes de su victimización (ob. cit., p. 18) y Morris se refiere a esas descripciones patologizantes de la prostituta como “masoquista, infantil, excesivamente dependiente, confundida en la identidad de los roles de género, agresiva, frígida...) o con problemas de personalidad no resueltos (procedentes de familias desestructuradas, sin amor, con conflictos familiares...) (ob. cit., p. 59). Tiene razón Pheterson cuando afirma que “su inestabilidad psíquica o su problemática social debiera achacarse más bien, al acoso policial, a la ley discriminadora y a la hipocresía social” (“Salas de espera del Estado: mujeres embarazadas y prostitutas”, p. 103).

(72) Britton, D. M. “Feminism in Criminology: engendering the Outlaw” (p. 71). A esas experiencias de abuso como antesala de su delincuencia violenta y, también, al temor de sobresimplificar sus causas victimizando a las mujeres, se refieren también Saw, Margaret. “Conceptualizing Violence by Women” (p. 120) y Daly, Kathleen. Gender, Crime, and Punishment (p. 260).

(Cont. nota 72)

Un reciente estudio realizado en England y Wales insiste, sin embargo, en esa victimización previa: “Más de la mitad de mujeres en prisión dice haber sufrido violencia doméstica y una de tres ha experimentado abuso sexual”. Prison Reform Trust. Women in prison (p. 2).

(73) Aradau, Claudia “Vida, derechos y riesgos: las paradojas del tráfico de personas” (p. 242). Son significativos los datos que ofrece Unodoc (Informe mundial sobre la trata de personas) en cuanto al balance de 46 países estudiados que indican que las mujeres desempeñan un papel clave como autoras del delito de trata de personas. En Europa, por ejemplo, su representación es más alta que la de los hombres.

(74) “Il ruolo della donna nell’organizzazione criminale: ‘il caso barese’”, p. 90.

(75) Bisi, ob. cit., p. 35; Polo, ob. cit., p. 12.

(76) Morris, ob. cit., p. 29.

(77) Ampliamente, las reflexiones de Bodelón, Encarna. “Mujer inmigrante y sistema penal en España. La construcción de la desigualdad de género en el sistema penal” (p. 114).

(78) Osborne, Raquel. Apuntes sobre violencia de género (pp. 168 y ss.).

(79) Osborne nos habla de esas presas clasificadas bajo la etiqueta de “rebelión marxista” (“Los castigos a las mujeres. De la ecuación roja degenerada al castigo maternal: el caso de Carlota O’Neill”, p. 125). Sobre las iniciativas femeninas en esta época de conflicto, Bussy, Danièle. “Mujeres de España: de la República al franquismo”. (pp. 238 y ss.). Resulta asimismo elocuente de la autonomía femenina en este terreno la reciente demanda legal de las mujeres militares de EE. UU. ante el Pentágono por discriminación sexual a causa de la prohibición que pesaba sobre ellas de participar en primera línea de combate (28/11/2012). Una cuestión que se ha subsanado meses después (24/01/2013) al quedar aprobada la reforma que les permite ocupar posiciones de primera línea en las fuerzas armadas de su país.

(80) Brotherton, D. C. y Salazar-Atias, C. “Amor de reina! The Pushes and Pulls of Group Membership among the Latin Kings” (pp. 185 y 186).

(81) Más detalladamente, Miller, ob. cit., p. 104.

(82) Mcdonald, K. “Marginal Youth, Personal Identity, and the Contemporary Gang: Reconstructing the Social World?” (pp. 68 y 69).

(83) Básicamente, para evitar el efecto de familias desestructuradas o hijos abandonados. Juliano (Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, pp. 62 y ss.). Estrategias que recuerdan a la “ética del cuidado” de Gilligan, a la que se refieren Britton, ob. cit., p. 63, o Naffine, ob. cit., p. 130. Sobre los peligros que encierra la lógica del cuidado en nuestras sociedades capitalistas: Gil, ob. cit., pp. 303 y ss.

(84) De “ficciones” habla Cabruja a las que atribuye efectos reales autoritarios (pp. 129-134).

(85) Literalmente, Pheterson, ob. cit., pp. 102 y 103. También, Davis y Faith, ob. cit., p. 131.

(86) Y sigue: “... con graves secuelas psicológicas (como el estrés postraumático), violencia, abuso, etc...”. Me refiero a las conclusiones del Informe de la ponencia del Congreso para el estudio de la situación actual de la prostitución en España, del 2007. Maqueda, ob. cit., p. 27.

(87) Sobre el furioso control de que son obje­to las mujeres extranjeras que son “expulsadas”, muy interesante Aradau (pp. 240 y 241).

(88) Ampliamente, Maqueda (pp. 34 y ss.).

(89) Literalmente, Pitch (Un derecho para dos. La construcción jurídica de género, sexo y sexualidad, p. 116). Se refiere esta autora, en general, a los riesgos que depara a las mujeres la asunción de su condición de víctimas, en su relación con el Derecho penal (“Justicia penal y libertad femenina”, p. 121).

(90) Laurenzo, Patricia. “Un paso atrás para las mujeres”. Disponible en: http://blogs.elpais.com/alternativas/2012/03/un-paso-atras-para-las-mujeres.html

(91) Suárez, Liliana. “Colonialismo, gobernabilidad y feminismos postcoloniales” (pp. 53 y ss.); Nash, Mary. “Diversidad, multiculturalismos y diversidades: perspectivas de género” (pp. 28 y ss.). Una visión general, muy esclarecedora, acerca de las distintas posiciones feministas posmodernas en Nicolás, Gemma. “Debates en epistemología feminista: del empirismo y el standpoint a las críticas postmodernas sobre el suje­to y el punto de vista” (pp. 33 y ss.).

(92) En referencia a la existencia de una diversidad de valores ubicados en la plétora de subculturas presentes en el interior de una sociedad, Taylor, Ian; Walton, Paul y Young, Jock. “Criminología critica en Gran Bretaña: reseña y perspectivas”, pp. 22, 39, 50, 59 y ss.).

(93) Young, Iris. La justicia y la política de la diferencia (pp. 86 y ss.). En cuanto a las mujeres, como parte de esos grupos oprimidos, propone una política de diferenciación (también dentro del feminismo) según criterios de clase, raza, sexualidad, edad, capacidad y cultura para abarcar a las que viven experiencias de exclusión, invisibilidad o sometimiento a estereotipos (p. 29). Asimismo se refiere la autora a las estructuras económicas propias del capitalismo como la causa principal de las situaciones de desventaja social (Young, Iris. “Together in Difference: Transforming the Logic of Group Political Conflict”, pp. 126-150). También, Suárez, ob. cit., pp. 59 y ss.

(94) Aunque reivindicaba los factores biológicos como complementarios, Ferri, ob. cit., p. 141.

(95) Si bien, afirmaban que eran causas aparentes, la verdadera era su “degeneración individual”. Lombroso y Ferrero, ob. cit., p. 573.

(96) Ampliamente, Cid, José y Larrauri, Elena. Teorías criminológicas. Explicación y prevención de la delincuencia (pp. 85 y ss., 103). Sobre la evolución de las teorías del conflicto, Bergalli, Roberto. “Perspectiva sociológica: estructura social” (pp. 141 y ss.).

(97) Sobre el concepto de “minoría”, aplicado a las mujeres, Osborne (“¿Son las mujeres una minoría?”, pp. 79 y ss.). Denuncian su olvido de las mujeres —criminologías “ciegas al sexo”—, Morris, ob. cit., pp. 76 y ss., y Radosh, ob. cit., pp. 109 y ss.

(98) Britton, ob. cit., p. 71; Davis y Faith, ob. cit., p. 116.

(99) Worrall, Anne. Offending Women. Female Lawbreakers and the Criminal Justice System (p. 3).

(100) “Las mujeres representan un claro subgrupo de la underclass permanente”: Radosh (pp. 118-126). En sentido simi­lar, Smaus se refiere a que “el Derecho penal está al servicio del capitalismo” en tanto que asegura y legitima la estructura vertical de una sociedad basada en la desigual distribución de los recursos y en la desigual distribución de poder entre quienes detentan los medios de producción sobre los que ocupan posiciones más bajas caracterizadas por un trabajo duro, bajo nivel salarial e inestabilidad (p. 85).

(101) Es una conclusión generalizada dentro de la criminología feminista. Entre otras, Graziosi (p. 164); Radosh (p. 116); Bisi (p. 13); Britton (p. 63); Convington, Stephanie. “Women and the Criminal Justice System” (pp. 1 y 2); Polo, ob. cit., p. 8; Vizcaino-Gutiérrez Vizcaíno-Gutierrez, Milcíades. “Mujeres en la criminalidad: más preguntas que respuestas” (p. 320). En relación a los inmigrantes y las minorías étnicas, resultan interesantes las conclusiones de un estudio relacionado con distintos países de la Unión Europea: Miranda, Martín y Vega. “Mujeres inmigrantes en prisión. Articu­lación de las políticas penales y de extranjería en el contexto de la Unión Europea” (pp. 18-19).

(102) La gran mayoría de las investigaciones coinciden en esa valoración: Miralles, ob. cit., p. 156; Morris, ob. cit., pp. 81 y ss.; Canteras, ob. cit., p. 328; Daly, ob. cit., p. 262; Baratta, ob. cit., p. 64; Bisi, ob. cit., p. 33; Britton, ob. cit., p. 64; Almeda y Bodelón, ob. cit., pp. 115 y ss.; Serrano, ob. cit., p. 510.

(103) Que apuntan a la pertenencia de las mujeres encarceladas a sectores marginales económica y socialmente. Así, entre otros, Almeda, ob. cit., p. 253; Naredo, María. “¿Qué nos enseñan las reclusas? La criminalización de la pobreza desde la situación de las reclusas extranjeras y gitanas” (pp. 67 y ss.); Cunha, Manuela I. “Gendered Knowledge, Gendered Prisons, Gendered Identities: Women’s Imprisonment and the Shifting Relevance of Gender” (p. 115); Canteras llega a hablar de “clase” y de “subcultura” delincuencial, relacionada con los estratos más bajos y apegados a los valores culturales más convencionales (pp. 418 y 419).

(104) Puente se refiere a un cambio cualitativo en el perfil de las condenas: en los años ochenta, los delitos contra el patrimonio representaban el 60% mientras que en el nuevo siglo destacan los delitos contra la salud pública, que alcanzan el 52,9% de las mujeres encarceladas (“Perspectivas de género en las condenas por tráfico de drogas”, p. 110).

(105) Una descripción en Rivas, Natalia; Almeda, Elisabet y Bodelón, Encarna. Rastreando lo invisible. Mujeres extranjeras en las cárceles (pp. 37 y 38).

(106) Resulta interesante el análisis que ofrece el Equipo Barañí. “Apuntes sobre la situación de la comunidad gitana en la sociedad española. Mitos y realidades que influyen en la criminalización de las mujeres gitanas” (pp. 163 y ss.). También, Naredo, María. “¿Qué nos enseñan las reclusas? La criminalización de la pobreza desde la situación de las reclusas extranjeras y gitanas” (pp. 80 y ss.); Prado, Consuelo. Mujeres gitanas en instituciones penitenciarias de la Comunidad de Madrid (pp. 25 y ss.).

(107) Se refiere la autora a las memorias correspondientes a los años 1998, 2000 y 2001 (pp. 111 y ss.).

(108) Ob. cit.

(109) Puente analiza con más detenimiento esos problemas y pronostica una situación poco alentadora tras el Informe anual del 2011 del Observatorio Europeo de las Drogas que ha reducido en un 44% el presupuesto destinado a actividades de prevención y reinserción social (p. 118).

(110) En el sentido empleado por Young para designar su diferencia construida sobre la base de relaciones de dominación y negación (ob. cit., p. 124). Sobre ese proceso de “heterodesignación”, que identifica como “violencia simbólica” (“descalificando, negando, segregando, invisibilizando, marginando, fragmentando o utilizando arbitrariamente el poder sobre otros/as”), Femenías, María Luisa. El género del multiculturalismo (pp. 70- 74).

(111) Mohanty, Chandra T. “De vuelta a ‘Bajo los ojos de Occidente’: la solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas” (pp. 423 y 424); Zizek, Slavoj. “Multiculturalismo o la lógica cultural del capitalismo multinacional” (pp. 175-181).