El precedente jurisprudencial obligatorio

Revista Nº 163 Ene.-Feb. 2011

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado Tributarista  

Casi desapercibido ha pasado el hecho de la implementación de la figura del precedente jurisprudencial obligatorio en nuestro ordenamiento jurídico, consagrado por la Ley 1395 del 12 de julio del 2010, “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”, para ser aplicado, entre otros casos puntuales, a los conflictos tributarios o aduaneros que adelanten las autoridades en sede administrativa.

Se trata de la orden impartida a algunas entidades públicas, en el sentido de que al momento de solucionar las peticiones o de expedir los actos administrativos a su cargo, deben tener en cuenta “... los precedentes jurisprudenciales que en materia ordinaria o contencioso administrativa, por los mismos hechos y pretensiones, se hubieran proferido en cinco o más casos análogos” (art. 114, ib.).

Recordemos que hasta la entrada en vigencia de la norma, para el ejercicio de sus funciones administrativas, la autoridad tributaria y aduanera solo estaba sometida al cumplimiento de las reglas generales que obligan a la interpretación de la ley por vía de doctrina, en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 26 del Código Civil y, de manera muy precisa, a acatar la interpretación oficial contenida en los conceptos emitidos por la propia Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, que sean publicados, cuya observancia resulta obligatoria al tenor de lo dispuesto por el parágrafo del artículo 20 del Decreto 4048 del 2008.

Así las cosas, la jurisprudencia pasa de ser un simple criterio auxiliar de interpretación —de aplicación discrecional por parte de los funcionarios—, para convertirse en verdadera fuente principal de derecho al momento de ser desatada cualquier actuación administrativa referida a aspectos tributarios y aduaneros.

No obstante lo anterior, los funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, tendrán difícil el cometido de dar cumplimiento a la nueva disposición, mientras esta no sea reglamentada, por lo siguiente:

(i) La norma no limita que la fuente del pronunciamiento jurisprudencial a tener en cuenta corresponda al órgano de cierre en cada jurisdicción, imprevisión que dispersa de manera incontrolable la posibilidad de soportar las decisiones que se adopten, pues —solo para hacer mención de la jurisdicción contencioso administrativa—, en ella participan como operadores jurídicos los jueces administrativos de cada circuito, los tribunales administrativos respectivos y, desde luego, el Consejo de Estado como tribunal supremo, amén de la incidencia que sobre esta justicia ejercen los jueces constitucionales, ante la infinidad de providencias que resuelven acciones tanto de tutela como de cumplimiento.

(ii) No son ajenas a la materia impositiva, las frecuentes contradicciones entre la jurisprudencia emanada de la jurisdicción de lo contencioso administrativo y la doctrina oficial materializada en los conceptos emitidos por la dirección de gestión jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, sobre la interpretación y aplicación de las leyes tributarias o de la legislación aduanera, los cuales, una vez sean publicados, también son de obligatorio cumplimiento para los funcionarios, al igual que el precedente jurisprudencial en los términos ya descritos.

En lo que acierta el legislador, es en definir el ámbito material de las sentencias que tiene efecto vinculante, al referirse a providencias adoptadas en casos análogos en razón de “... los mismos hechos y pretensiones...”, lo que circunscribe la obligación de acatar a la denominada ratio decidendi de la parte motiva de las sentencias, entendida como la “... formulación general, más allá de las particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la decisión judicial específica”(1), descartando de plano las simples apreciaciones incidentales del juez no esenciales para tomar la decisión, conocidas como obiter dictum.

Sea el presente un llamado urgente al Gobierno Nacional para que facilite la cumplida ejecución de la norma —mediante el ejercicio de la potestad reglamentaria—, en procura de dar aplicación temporal a esta herramienta jurídica hasta el 2 de julio del 2012, fecha en la que se hará efectiva su derogatoria por virtud de la reciente aprobación de la reforma al Código Contencioso Administrativo. De lo contrario, su incumplimiento mientras se encuentre vigente, se traducirá simplemente en una nueva causal de nulidad de los actos administrativos cuando quiera que se procure su control judicial, refiriéndose a la violación directa de la ley, claro está, por falta de aplicación.

Triste final para una disposición normativa, producto de la improvisación con la cual fue concebida.

(1) Corte Constitucional, Sentencia SU-047 de 1999.