El principio de condición más beneficiosa en pensiones de invalidez

Revista Nº 203 Sep. - Oct. 2017

Johana Bravo  

Abogada, Blanco Consultores 

Dada la importancia que resulta para el sistema pensional colombiano conocer el alcance del principio de la condición más beneficiosa frente al reconocimiento de la pensión de invalidez, es menester exponer lo interpretado por la Corte Constitucional y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En fallo del 18 de agosto del 2016, Radicación SU-442, se resuelve acción constitucional que reclama a Colpensiones el reconocimiento de la pensión de invalidez aplicando el principio de la condición más beneficiosa, por ser el accionante una persona de 72 años, sin recursos económicos que depende de la caridad de sus vecinos, con una pérdida de capacidad laboral del 50,21%, con fecha de estructuración 17 de octubre del 2003, origen común, quien no cumple con los requisitos de la Ley 860 del mismo año. Para resolver el asunto, la honorable Corte Constitucional afirmó que es posible reconocer la prestación de invalidez aplicando la condición más beneficiosa, teniendo en cuenta todas las normas que han regulado el asunto, es decir, la norma vigente —Ley 860 de 2003—, la inmediatamente anterior —Ley 100 de 1993—, y aún el Decreto 758 de 1990, cuando el afiliado ha cotizado la densidad de semanas, aunque el estado de invalidez sobrevenga muchos años después, dado que lo único que interesa estudiar es el historial de cotizaciones del afiliado por encima de la sostenibilidad financiera del sistema por la relevancia de los derechos que esta pensión salvaguarda.

Inicia esa corporación manifestando que pese a compartir el postulado que indica que por regla general debe estudiarse la normativa vigente al momento de estructuración de la invalidez, cuando una persona tiene una expectativa legítima el juez tiene que reconocer la pensión, aplicando dicho principio y estudiando los requisitos que exige la norma pretérita de la ley vigente cuando se estructura la invalidez, inclusive, por cuanto así lo ordenan los artículos 48 y 53 de la Carta, pues a todas luces brota nítido el principio de la confianza legítima de quien se forja la expectativa de pensionarse cuando cotiza las semanas exigidas en cualquier ley y solo le falta que ocurra el hecho que estructure su pérdida de capacidad laboral.

Bajo este entendido, concluye la Corte, que el principio de la condición más beneficiosa es de raigambre constitucional porque permite que la concesión de esta prestación pensional sea analizada aun conforme a las normas anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, por cuanto un afiliado que cumple con las condiciones de determinada ley, sin que se haya invalidado, tiene para con el sistema una expectativa legítima, ya sea por el Decreto 758 de 1990, por el artículo 39 de la Ley 100 de 1993, en su redacción original y, finalmente la Ley 860 de 2003, aplicación que se permite por ausencia de un régimen de transición que lo delimite, lo cual quiere decir que si se tienen cumplidas las semanas, no pueden leyes posteriores despojar de tal beneficio al inválido y, en consecuencia se aparta tajantemente de las razones adoctrinadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que restringe —según su modo de ver— la aplicación de la condición más beneficiosa, como son: i) la sostenibilidad financiera del sistema pensional; ii) el principio de legalidad, dando a normas derogadas efectos “plusultraactivos”; y, iii) la seguridad jurídica, por cuanto una misma situación no puede estar resuelta por muchas normas que así la regulen.

En efecto, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia al resolver un caso similar, en Sentencia SL- 2358-2017, Radicación 44.596 de 25 enero, traza una nueva línea jurisprudencial para la aplicación del principio de la condición más beneficiosa en un caso en el cual el actor demandó a Colpensiones que, a pesar de tener un PCL del 53,94%, origen común y fecha de estructuración 16 de noviembre del 2005, no acreditaba la densidad de semanas requeridas por la Ley 860 del 2003, razón por la cual solicitaba que en virtud de tal principio se le reconociera la pensión. En fallo de primera instancia se absolvió a la demandada que fue confirmado por el Tribunal Superior. Así las cosas, y frente a la ambigüedad que causa este asunto, la Sala reitera que cuando se está frente a este tipo de prestación la ley que determina su concesión es la vigente al momento de ocurrencia del siniestro-invalidez; sin embargo, aduce que no se puede desconocer que en el entretanto del tránsito legislativo de la Ley 100 de 1993 y la Ley 860 del 2003 y a falta de creación de un régimen de transición, existen escenarios en los cuales debe hacerse una interpretación de las normas observando las expectativas legítimas.

Como de antaño lo ha sostenido la Sala, para aplicar este principio únicamente se estudia la ley anterior a la consolidación de la invalidez y a diferencia de la Corte Constitucional, delimita sabiamente la temporalidad del principio estableciendo el real alcance de dicho postulado constitucional, por lo que quien cotiza la densidad de semanas en la norma derogada tiene una expectativa legítima pero jamás un derecho adquirido.

Para arribar a tal decisión, esclareció que el artículo 39 de la Ley 100 de 1993 surte sus efectos si la estructuración de la invalidez se da entre el 26 de diciembre del 2003 y el 26 de diciembre del 2006, lo que permite concluir que, ninguna pensión reconocida bajo este principio se transforma en una obligación perpetua e inmodificable en el tiempo.

Ahora bien, a pesar de que la ley vigente —860 del 2003— es clara en cuanto a los requisitos exigidos, no es así con la Ley 100 de 1993, por lo que la Sala se detuvo a considerar que frente a lo allí consagrado podían darse dos situaciones: i) afiliado cotizante al momento de producirse su invalidez; y, ii) afiliado no cotizante al momento de estructurarse esa condición. Bajo esas premisas, analiza cuándo existe una situación jurídica concreta en el cambio normativo, dada la interpretación de la norma original y el cambio que trajo la Ley 860 del 2003, para establecer que quienes aspiren a ser beneficiarios de la aplicación de este principio deben cumplir con dos supuestos: i) afiliado que al 26 de diciembre del 2003 estuviere cotizando al sistema y acredite 26 semanas en cualquier tiempo; y, ii) afiliado que no habiendo cotizado al sistema al 26 de diciembre del 2003, hubiese aportado 26 semanas en el año inmediatamente anterior a esta fecha.

Para la Corte, la fecha de cotización del afiliado debe acreditarse al momento en que entra en vigencia la Ley 860 del 2003 y la fecha en que se estructura su invalidez, así pues el año dentro del cual se cuentan las 26 semanas son entre el 26 de diciembre del 2002 y el 26 de diciembre del 2003; así mismo, y sin temor a ser reiterativos, la invalidez tiene que producirse entre el 26 de diciembre del 2003 y el 26 de diciembre del 2006 y, por ende la cotización al sistema, requisito sin el cual no existe posibilidad alguna de reconocer la pensión aplicando el principio tantas veces citado.

También es posible que: i) el afiliado estuviera cotizando al momento del cambio normativo, pero no cuando se invalidó, lo que se resuelve favorablemente si se comprueba que realizó aportes entre el 26 de diciembre del 2002 y el 26 de diciembre del 2003; y, ii) el afiliado que no estaba cotizando al momento del cambio normativo pero sí cuando se estructuró su invalidez, dicho evento encontraría solución si demuestra que en cualquier tiempo cotizó 26 semanas.

En relación con lo antes expuesto, consideramos que muy oportunamente la Sala de Casación Laboral como máximo órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, marca las directrices para estudiar cada caso concreto, sin que haya lugar a equívocos en la concesión de la prestación pensional, por lo que debe ser la interpretación que reina en los despachos judiciales, contrario a lo expuesto por la Corte Constitucional, la cual, alejada de todo contexto legal, financiero, social y aun cultural, pretende dar vigencia a un decreto —derogado hace más de 20 años—, con la tesis de hacer un estudio histórico de las leyes que en algún momento regularon la pensión de invalidez para observar el historial laboral del afiliado, equiparando la expectativa legítima con una situación jurídica concreta bajo la sombra también de la confianza legítima y peor aún, si se quiere, dejando sin total validez la norma que el legislador consagró —Ley 860 del 2003—, la cual por demás, también tuvo oportunidad de estudiar en la Sentencia C-428 del 2009 que declaró su exequibilidad. Por último, debe indicarse que en Sentencia SL-4650 de 25 de enero del 2017, Radicación 45.262, la Sala efectúa un análisis similar, guardadas las particularidades, para el caso de la pensión de sobrevivencia, que requerirá de otro espacio para su análisis.