El procedimiento del árbitro de urgencia del CIRD en acción(*)

Revista N° 11 Jul.-Dic. 2009

por Guillaume Lemenez y Paul Quigley 

Parte I: una mirada a los datos empíricos

El primero de mayo del 2006, el Centro Internacional para la Resolución de Disputas —CIRD, o ICDR por sus siglas en inglés—(1), introdujo un nuevo procedimiento para proferir medidas arbitrales de urgencia de conformidad con su Reglamento de Arbitraje Internacional —Reglamento CIRD(2). El procedimiento posibilita que una parte solicite una medida provisional de urgencia antes de la designación del árbitro o del tribunal que juzgará el fondo de la disputa. En vez de ellos, la solicitud de medidas de urgencia es decidida por un árbitro de urgencia nombrado por el CIRD para esa tarea específica.

¿Qué pueden esperar las partes en disputa cuando utilizan este procedimiento, el cual, está contenido en el artículo 37 del Reglamento CIRD? Al igual que con cualquier procedimiento legal, es de gran ayuda para los litigantes conocer en detalle la norma y tener alguna idea de cómo funciona en la práctica. En la primera parte de este artículo, se examina cada paso del artículo 37 y se analizan cuatro casos en los que una parte solicitó una medida de urgencia, con el fin de evaluar en detalle cómo ha operado el procedimiento. En la segunda parte(3) se considera en qué medida —o hasta qué punto— las partes deben esperar que las cortes de EE.UU. ejecuten decisiones hechas por árbitros de urgencia. Con este trabajo, se espera entregar a los litigantes una guía con el fin de que conozcan lo que puede esperarse del procedimiento del árbitro de urgencia del CIRD y de los procedimientos subsecuentes para su ejecución.

1. Cómo surgió el artículo 37

¿Por qué tener un procedimiento de medidas prearbitrales de urgencia? En resumen, una parte en un arbitraje que está a punto de ser convocado, o que lo ha sido recientemente, puede necesitar la obtención de una medida inmediata, tal como una orden para proteger o conservar la propiedad para prevenir que otro revele secretos o para evitar que disponga de activos de características únicas. En ese instante aún no se ha designado al árbitro o al tribunal. Siempre que el proceso de designación puede tomar semanas o meses para completarse, no existe un árbitro o tribunal al que una parte pueda buscar para obtener tipo de medida. Históricamente, la única opción disponible para una parte que se encuentre en esta situación ha sido la de solicitar una medida provisional ante una corte. Pero esa opción tiene muchos inconvenientes. Por ejemplo, la medida que se busca puede no existir; los procedimientos ante la corte pueden resultar públicos, largos, costosos y virar en direcciones inesperadas y una parte extranjera puede temer que una corte nacional estará sesgada a favor de sus nacionales.

El CIRD quiso ofrecer una solución para proteger los derechos de las partes durante el periodo crítico que va desde el momento en el que se presenta un caso y hasta la constitución de un tribunal. En 1999, el AAA creó las Reglas Opcionales para Medidas Urgentes de Protección(4). Sin embargo, ellas tenían que ser acordadas expresamente por las partes en su convenio arbitral. Resultó que las Reglas Opcionales no eran utilizadas con frecuencia. Así que en mayo del 2006, el CIRD adicionó el artículo 37 al Reglamento CIRD, convirtiendo al procedimiento del árbitro de urgencia en una parte integral de aquel reglamento, a menos que las partes expresamente acordaran algo distinto(5). El artículo 37 está diseñado para ser una alternativa efectiva a la solicitud de una medida prearbitral de urgencia ante una corte.

Durante el periodo comprendido entre mayo del 2006 y mayo del 2008, cuatro solicitudes de medidas prearbitrales de urgencia con base en el artículo 37 fueron presentadas ante el CIRD. A continuación, se examinarán estos casos y las medidas solicitadas.

2. Medidas de urgencia en cuatro casos

En el primer caso, una firma europea de servicios profesionales presentó una demanda de arbitraje en contra de una compañía de investigación norteamericana alegando el incumplimiento de un acuerdo de mercadeo conjunto, cuyo propósito era la producción de ciertos informes de desempeño —el caso de desempeño—. El demandante presentó una solicitud para obtener una medida urgente, junto con la demanda de arbitraje, para evitar que el demandado utilizara y revelara cierta información sensible y confidencial.

En el segundo caso, en el que las partes comparecieron pro se —en nombre propio y sin abogado—, una compañía de inversión norteamericana entabló un procedimiento arbitral contra una compañía europea. La primera alegó que la última incumplió un acuerdo de compraventa y un acuerdo de consultoría de servicios relacionados con ciertas tecnologías —el caso de tecnología—. Antes de que el tribunal fuera constituido, el demandante solicitó múltiples tipos de medidas de urgencia. Primero, una declaración de que el demandante era el propietario exclusivo de determinados bienes; segundo, una orden requiriendo que el demandado entregara dicha propiedad al demandante; tercero, una orden prohibiendo al demandado disolverse y repartir sus activos; cuarto, una orden solicitando la creación de una cuenta de depósito en garantía y, finalmente, una orden prohibiendo al demandado no revelar información relacionada con la disputa.

En el tercer caso, un contratista de defensa norteamericano inició un arbitraje en contra de una compañía de ingeniería en tecnología de información/comunicaciones en relación con la terminación de un acuerdo de representación internacional —el caso de representación—. Antes de que el tribunal fuese nombrado, el demandante presentó una solicitud de medida de urgencia buscando que se ordenara al demandado no iniciar acciones ante ciertas cortes nacionales y no revelar a la prensa información sobre la controversia.

Finalmente, en el cuarto caso, una compañía de energía originaria de un antiguo miembro de la Unión Soviética, inició una demanda de arbitraje en contra de una compañía de energía norteamericana por el presunto incumplimiento de un acuerdo de equipamiento de energía —el caso energía—. Antes de que el tribunal fuese designado, el demandado presentó una solicitud de medida urgente para ordenar al demandante no el impedir al demandado retirar ciertos equipos de uno de los lugares de trabajo que se encontraba en disputa.

3. Alcance del artículo 37

¿Cómo vino a aplicarse el artículo 37 en cada una de estas disputas? El artículo 37 (a) señala que el mismo se aplica a todos los arbitrajes sometidos al Reglamento CIRD que sean “conducidos de conformidad con cláusulas de arbitraje o acuerdos celebrados el 1.º de mayo de 2006 o después”. El artículo 37 se aplica a menos que las partes opten por excluirlo en su convenio arbitral. El Reglamento CIRD también se aplica cuando las partes acuerdan someterse a un arbitraje ante el CIRD, ya sea que hayan seleccionado o no el Reglamento ICDR(6). Adicionalmente este reglamento se utiliza para arbitrajes internacionales dondequiera que el acuerdo de las partes reclame un arbitraje AAA, pero no se escoja un conjunto particular de reglas AAA. El CIRD no define qué constituye un arbitraje internacional. Sólo determina si una arbitraje en particular es internacional al aplicar el artículo 1.º(3) de la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional —CNUDMI— sobre Arbitraje Comercial Internacional(7). Por tanto, como una cuestión práctica, la definición de un arbitraje como internacional es bastante amplia, haciendo que el Reglamento CIRD —y por lo tanto el artículo 37— sea aplicable a disputas que involucren partes de diferentes países o que traten asuntos internacionales, ya sean legales o de hecho.

De las cuatro solicitudes de medidas de urgencia presentadas ante el CIRD, tres —las de los casos de tecnología, de representación y de energía— involucraban acuerdos de arbitraje suscritos después del 1.º de mayo del 2006. Ninguno de ellos excluyó el artículo 37. En el caso de energía, la cláusula de arbitraje expresamente eligió el Reglamento CIRD. No obstante, en los casos de tecnología y representación ambos optaron por el arbitraje AAA sin señalar un conjunto particular de reglamentos. El Reglamento CIRD, incluyendo el artículo 37, aplicaba a estos casos porque las partes eran de dos países diferentes, haciendo la disputa internacional por naturaleza. El caso de desempeño involucró un acuerdo de arbitraje suscrito en el 2003, antes de que el artículo 37 existiera. Las partes acordaron dejar por escrito que el artículo 37 tendría efecto en su disputa y por lo tanto el CIRD administró un procedimiento de medida de urgencia de acuerdo con los deseos de las partes.

4. La solicitud de una medida de urgencia

Una parte debe asegurarse de que dos precondiciones estén satisfechas antes de presentar una solicitud de medida de urgencia de conformidad con en el artículo 37. Primero, una solicitud con base en el artículo 37 no puede efectuarse hasta que una demanda de arbitraje haya sido presentada de conformidad con el artículo 2.º del Reglamento CIRD(8). Atendiendo a esto, la solicitud de medida urgente puede presentarse de manera subsecuente o simultáneamente con la demanda. De las cuatro peticiones de medidas de urgencia presentadas ante el CIRD dos fueron presentadas junto con la demanda de arbitraje, y dos fueron presentadas unas pocas semanas después.

La segunda precondición para presentar una solicitud de una medida de urgencia es que el tribunal arbitral no haya sido designado. Las peticiones de medidas de urgencia presentadas después de la designación del tribunal serán atendidas por el mismo tribunal según el artículo 23 del Reglamento CIRD.

Además de estas precondiciones de entrada, una solicitud de medidas de urgencia debe contener cierta información. El artículo 37(b) requiere que se indique “la naturaleza de la medida solicitada y las razones por las que esa medida es requerida con carácter de urgencia”. También debe contener “las razones por las que la parte tiene derecho a esa medida”. Las cuatro solicitudes de medidas de urgencia presentadas ante el CIRD eran de alrededor de diez páginas de largo y bastante detalladas.

5. Designación del árbitro de urgencia

El artículo 37(c) estipula que el CIRD debe designar al árbitro de urgencia de una lista de árbitros de urgencia calificados, dentro del término de un día hábil desde la recepción la solicitud de una medida de urgencia. El árbitro será seleccionado con base en su experticia y disponibilidad inmediata.

El artículo 37 no hace provisión alguna en el sentido que las partes elijan al árbitro de urgencia. Pero ello no impide al CIRD aprobar la designación de una persona elegida por las partes. Si las partes están de acuerdo con un árbitro de urgencia, no existe razón por la cual el CIRD no designe tal persona.

En tres de las cuatro solicitudes de medidas urgencia, el CIRD designó un árbitro de urgencia dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud de urgencia. Un caso involucró una impugnación al árbitro designado. En dicho caso, un árbitro de reemplazo fue designado dentro del día hábil siguiente a la decisión del CIRD aceptando la impugnación.

La designación de un árbitro de urgencia por parte del CIRD es una decisión administrativa. Dependiendo de las circunstancias, el CIRD puede organizar una conferencia telefónica de carácter administrativo con las partes antes de la designación de un árbitro de urgencia. Por ejemplo, así se hizo en el caso de tecnología donde las partes comparecieron pro se.

6. Impugnación del árbitro de urgencia

Antes de la aceptación de una designación, se requiere que el futuro árbitro de emergencia, según el artículo 37(c), revele al CIRD “cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificables sobre su imparcialidad o independencia”. Para ayudar a asegurar que el árbitro de urgencia esté libre de cualquier conflicto de interés, el CIRD proporciona al futuro árbitro de urgencia un listado con las personas involucradas en el arbitraje, para que el árbitro determine si tiene conflictos que requieran ser revelados(9). Una vez recibida la revelación sobre conflictos de interés del árbitro de urgencia y la aceptación de su designación, el CIRD informará a las partes de la designación del árbitro y dejará conocer sus la revelación a las partes.

El artículo 37(c) permite a una parte impugnar una designación de un árbitro de urgencia dentro del día hábil siguiente a la recepción de la notificación de designación. También permite que el árbitro de urgencia designado sea impugnado dentro del día hábil siguiente a la revelación de conflictos de interés. El artículo 37 guarda silencio sobre si la parte no impugnante puede tener la oportunidad de responder a una impugnación al árbitro de urgencia.

En el caso de energía, el único caso del CIRD que hasta la fecha involucra una impugnación a un árbitro de urgencia, la impugnación se hizo con posterioridad a una revelación de conflictos de interés hecha por el árbitro de urgencia luego de su designación. El CIRD otorgó a la parte no impugnante un día hábil para responder a la impugnación. Sin embargo, respondió aún más rápido, presentando documentación que se oponía a la impugnación el mismo día en que la impugnación fue hecha.

El CIRD decidió la impugnación, dio aviso a las partes de su decisión de aceptarla y designó un árbitro de reemplazo el día siguiente. Al siguiente día, este árbitro de reemplazo renunció. Dentro del día hábil que siguió a esta renuncia, el CIRD designó un segundo reemplazo. El proceso entero —iniciando con la designación y su impugnación, la decisión, la renuncia del primer reemplazo del árbitro de urgencia y la designación del segundo reemplazo— ¡tomó alrededor de cinco días hábiles!

7. Organización del procedimiento de urgencia

De conformidad con el artículo 37(d), “el árbitro de urgencia deberá establecer (...) dentro de los dos días hábiles siguientes a su nombramiento, un calendario de actividades para la consideración” de la solicitud de urgencia. Este cronograma debe dar a las partes “una oportunidad razonable (...) para ser oídas”(10). Pero de acuerdo con el artículo 37 una “audiencia formal” no es necesaria. Aún más, el reglamento especifica que la solicitud de medida de urgencia puede ser decidida en una conferencia telefónica o por escrito, según lo determine el árbitro de urgencia.

¿Qué ocurre si la parte contra la cual se busca la medida de urgencia simplemente la ignora? Aunque el artículo 37 guarda silencio en relación con este asunto, el artículo 23(2) permite al árbitro de urgencia proceder para decidir la solicitud, teniendo en cuenta que todas las partes fueron enteramente notificadas de la solicitud de medidas de urgencia y del cronograma de los procedimientos(11).

En los cuatro casos discutidos, el CIRD organizó una conferencia telefónica con las partes y el árbitro de urgencia pasados unos pocos días después de la designación del último con el fin de programar el procedimiento de urgencia. En los casos de representación, desempeño y tecnología los árbitros de urgencia pidieron exposiciones escritas adicionales a la partes durante la conferencia telefónica inicial.

En el caso de desempeño, el árbitro sostuvo una segunda conferencia telefónica después de recibir los escritos de las partes. Durante la conferencia, un testigo fue examinado utilizando una videoconferencia organizada por el ICDR a solicitud de las partes. El árbitro también solicitó una ronda adicional de alegatos escritos. Después de repasar estos documentos, el árbitro de urgencia decidió la solicitud de medidas de urgencia sin ninguna audiencia o conferencia telefónica adicionales. El mismo publicó la decisión pasadas dos semanas desde la presentación inicial de la solicitud de medidas de urgencia.

Ninguna audiencia fue adelantada en el caso de representación, porque la parte solicitante retiró su petición de medidas de urgencia una vez que las partes lograron llegar a un acuerdo sobre el tema de la emergencia. En opinión de ambas partes, presentar una solicitud de medidas de urgencia ayudó a alcanzar ese acuerdo.

En el caso de tecnología, el árbitro de urgencia decidió la solicitud basado en alegaciones escritas pasadas dos semanas desde la presentación de la solicitud de medidas de urgencia.

En el caso de energía, mientras que el CIRD decidía la impugnación al nombramiento del árbitro de urgencia inicial y seleccionaba el primer reemplazo, invitó a la parte impugnante a presentar su respuesta a la solicitud de urgencia, con el propósito de evitar demoras adicionales. Así que cuando el segundo reemplazo del árbitro de urgencia sostuvo la primera conferencia telefónica con las partes todo el mundo tenía el conocimiento necesario para participar en una audiencia sobre la solicitud de medidas de urgencia. El árbitro de urgencia emitió la decisión unos días después. Como resultado, los procedimientos de urgencia concluyeron durante las dos semanas siguientes a la presentación de la solicitud original, a pesar de la impugnación exitosa del árbitro de urgencia y de la renuncia de su reemplazo inicial.

8. La decisión de urgencia(12) 

El alcance del poder del árbitro de urgencia es amplio. El artículo 37(e) establece que el árbitro de urgencia puede otorgar “cualquier medida provisional o cautelar que considere necesaria, incluyendo órdenes de hacer o no hacer y medidas para la protección o conservación de propiedad”. Las decisiones de urgencia tomadas en los casos citados reflejan este amplio espectro.

En el caso de desempeño, el árbitro de urgencia concedió la solicitud del demandante que ordenaba al demandado abstenerse de utilizar y revelar cierta información confidencial y sensible. El árbitro explicó en la decisión que las cuatro condiciones para otorgar una medida de urgencia fueron reunidas: un riesgo de daño irreparable —por ejemplo, un daño que no puede ser compensado con una condena por perjuicios—, buenas perspectivas de éxito con base en los méritos de la demanda, ningún otro remedio adecuado, y finalmente, que cualquier perjuicio causado por conceder la medida puede ser compensado con el pago de perjuicios.

En el caso de tecnología, el árbitro de urgencia negó varias peticiones de medidas y concedió dos de ellas. Negó la solicitud del demandante de que se declarara que éste era el propietario exclusivo de ciertos bienes. También negó la solicitud de una orden que obligara al demandado a entregar dicha propiedad al reclamante y a crear un depósito de garantía. Se negó la solicitud de declaratoria de una decisión sobre la propiedad, afirmando que el propósito de la medida de urgencia era el de “no anticipar la decisión sobre los méritos, pero sí preservar el statu quo”. La solicitud acerca de la devolución de la propiedad fue negada, porque el reclamante no demostró un riesgo de daño irreparable. Finalmente la solicitud de un depósito en garantía fue negada, porque el demandante no estaba en posición para determinar si existía una posibilidad razonable de éxito sobre los méritos del reclamo.

El árbitro de urgencia concedió la solicitud del demandante para ordenar al demandado disolver su sociedad y distribuir sus activos, porque las cuatro condiciones para otorgar la medida de urgencia se reunieron. También concedió la solicitud de ordenar al demandado no revelar información concerniente a la disputa.

En el caso de representación, el árbitro de urgencia no tuvo que proferir una decisión porque el demandante retiró su solicitud de protección en contra de la revelación a la prensa de información relacionada con el procedimiento arbitral y el inicio de procedimientos ante la corte.

Finalmente, en el caso de energía, el árbitro de urgencia concedió la solicitud del demandado de ordenar al demandante no impedir al demandado la remoción de su equipo de un sitio de trabajo en disputa, porque el demandado demostró la necesidad urgente de esta medida con evidencia de que estaba perdiendo ingresos sustanciales cada día, ya que el equipo no podía ser arrendado a otras compañías mientras estuviera su ubicación presente. Adicionalmente, el demandante no objetó la medida. El árbitro de urgencia señaló en la decisión que el demandante, no sólo no tenía objeción en relación con la remoción del equipo del demandado del lugar de trabajo, sino que le estaba solicitando al demandado hacerlo.

De conformidad con el artículo 37(e), la decisión del árbitro de urgencia “podrá adoptar la forma de un laudo provisional o de una orden”. Las partes pueden solicitar que esta la providencia se tome de una forma o de otra, pero la decisión final está en manos del árbitro de urgencia. De las tres decisiones publicadas a la fecha por los árbitros de urgencia fueron laudos provisionales y la otra una orden. Tal como se discutirá en la segunda parte de este artículo, la forma de una decisión tomada con base en el artículo 37 puede ser relevante para la ejecución posterior de dicha decisión en una corte.

9. La terminación del procedimiento de urgencia

Después que una decisión de urgencia ha sido proferida, el árbitro de urgencia conserva competencia, de acuerdo con el artículo 37(f) para “modificar o anular el laudo provisional o la orden si se prueba la existencia de justa causa”. Esa competencia termina después que los miembros del tribunal son designados. Adicionalmente, el artículo 37(f) especifica que una vez constituido, “el tribunal podrá reconsiderar, modificar o anular el laudo provisional u orden de medida de urgencia dictado por el árbitro de urgencia”. ¿Significa esto que el árbitro de urgencia pierde la competencia de proferir una decisión si esta no ha sido emitida de manear previa a la designación del tribunal? El Reglamento del CIRD mantiene silencio en relación con ese punto. Sin embargo, la Sección 14.13 del Reglamento de Arbitraje no Administrado, promulgado por el Instituto Internacional para la Prevención del Conflicto y su Resolución, puede proporcionar alguna guía(13). Dicho reglamento determina que “si el tribunal se constituye antes de que el árbitro especial haya proferido un laudo o una orden, el árbitro especial debe retener jurisdicción para dictar dicho laudo u orden a menos que y hasta que, el tribunal decida otra cosa diferente”. Una interpretación similar del Reglamento CIRD preservaría la continuidad de los procedimientos y aseguraría una transferencia sin ambigüedades de competencia del árbitro de urgencia al tribunal. Este asunto no surgió en los cuatro casos aquí considerados.

10. Los costos de los procedimientos de urgencia

No existe una tarifa especialmente asociada con la presentación de una solicitud de medidas de urgencia ante el CIRD(14). Sin embargo, los costos y gastos del árbitro de urgencia deben ser sufragados por las partes. El pago del árbitro se fija sobre una tarifa horaria acordada por el árbitro de urgencia, el CIRD y las partes. En la práctica, el CIRD pide a las partes que cada una realice un anticipo correspondiente a la mitad de la suma que de manera apropiada cubra esos costos. Después, la responsabilidad por estos costos será asignada por el árbitro de urgencia según el artículo 37(h), y, aún después, el tribunal arbitral puede reasignar dichos costos en la sentencia. El artículo 37(h) no hace referencia a la responsabilidad por costas de abogados relacionadas con la solicitud de urgencia.

En los tres casos en los que una decisión fue proferida, los árbitros de urgencia emplearon de 10 a 40 horas escuchando y decidiendo las solicitudes de medidas de urgencia —esta variación puede estar asociada con el número de tipos de reparación buscados y con la complejidad del caso—. En dos decisiones, los costos vinculados con las solicitudes de medidas de urgencia fueron asignados a las partes de manera igual. En la tercera decisión, el árbitro de urgencia dejó la decisión al tribunal arbitral.

11. Conclusión de la Parte I

Una revisión de las cuatro solicitudes prearbitrales de medidas de urgencia presentadas ante el CIRD desde mayo de 2006 indica que el procedimiento instituido por el artículo 37 opera bien y que el CIRD está llevándolos a cabo de una manera eficiente y efectiva. El CIRD ha designado de manera rápida árbitros de urgencia resolviendo las impugnaciones a las designaciones en un plazo de 36 horas. Adicionalmente, las decisiones de urgencia han sido proferidas dentro de apenas un par de semanas.

Pero ¿qué pasa si una parte decide ignorar la decisión del árbitro de urgencia? En la segunda parte de este artículo, se analizará el tema de la ejecución de las decisiones basadas en el artículo 37 ante las cortes de los Estados Unidos.

Parte II: Ejecución de las decisiones del árbitro de urgencia

En la primera parte de este artículo, se discutió el procedimiento del CIRD para solicitar medidas provisionales de urgencia de conformidad con el artículo 37 del Reglamento de Arbitraje Internacional del CIRD antes de la designación de los árbitros. Se esbozó cómo funciona el procedimiento del árbitro de urgencia y se describieron cuatro casos en los que una de las partes buscaba una medida de urgencia acorde con el artículo 37. Concluía la sección con un problema: ¿qué pasa si una medida de urgencia es concedida en contra de una de las partes, pero esa parte decide que es de su interés estratégico desobedecerla, malinterpretarla deliberadamente, o simplemente se rehúsa a cumplir con la decisión urgente del árbitro del artículo 37? ¿Es posible para la parte que obtuvo esa decisión —la que puede tener la forma de una orden o de un laudo provisional— aspirar a conseguir la ejecución de dicha decisión en una corte nacional?

En la segunda sección se pretende examinar esta pregunta que le surge a las partes que buscan la ejecución de una medida de urgencia concedida por un árbitro del artículo 37 en una corte de Distrito Federal de los Estados Unidos(15). No se conoce ninguna providencia en los Estados Unidos que específicamente trate la ejecución de una decisión conforme el artículo 37 o de otra decisión tomada en otro procedimiento de medida provisional de urgencia(16). Por tanto, se funda este examen en las consideraciones de las sentencias de las cortes que involucran la ejecución de medidas provisionales otorgadas por los árbitros designados para conocer y decidir el caso.

La ley federal de los Estados Unidos sobre arbitraje estipula que todas las sentencias arbitrales escritas de carácter definitivo son ejecutables, siempre y cuando no les sean aplicables ciertas limitadas excepciones. Conviene inicialmente revisar, brevemente, esta ley de control. Luego, se discutirá si una decisión del árbitro de urgencia del artículo 37 puede ser considerada como un “laudo definitivo” para el propósito de ejecutarla ante una corte de los Estados Unidos. Finalmente se examinará si alguna excepción puede ser aplicable para hacer las decisiones basadas en el artículo 37 inejecutables.

1. La FAA y la Convención de Nueva York

La principal ley federal de los Estados Unidos aplicable a casi todos los laudos arbitrales nacionales e internacionales es la Ley Federal de Arbitraje —FAA, por sus siglas en inglés—(17). También es aplicable a los laudos arbitrales internacionales una convención internacional multilateral: La Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958 —conocida como la Convención de Nueva York—. La Convención de Nueva York fue implementada en los Estados Unidos en el Capítulo 2 de la FAA(18). Los artículos 1 - 16 conforman el capítulo 1 de la FAA. Este capítulo estipula que las sentencias arbitrales deben ser confirmadas, a menos que sean anuladas, modificadas o corregidas de acuerdo con los artículos 10 u 11(19). Las sentencias arbitrales sólo ser anuladas en situaciones muy específicas enumeradas en el artículo 10. Estas son: (1) La sentencia fue producto de corrupción, fraude o medios indebidos; (2) Hubo una evidente parcialidad o corrupción por parte de uno de los árbitros; (3) Un árbitro es culpable de una conducta indebida o inapropiada con la cual se perjudicaron los derechos de alguna de las partes; o (4) Los árbitros excedieron su competencia, o la ejercieron de forma tan imperfecta que no se produjo una sentencia final, definitiva y vinculante sobre el asunto objeto de la discusión. Si ninguna de estas circunstancias está presente, una corte de distrito de los Estados Unidos debe confirmar la sentencia(20).

Los artículos 201 - 208 conforman el capítulo 2 de la FAA. Este capítulo rige las sentencias internacionales sujetas a la Convención de Nueva York(21). El artículo 207 requiere que una sentencia internacional sea confirmada a menos que la corte encuentre que alguno de los supuestos para rehusar o diferir el reconocimiento o ejecución de la sentencia especificados en el artículo V de la Convención de Nueva York aplique.

Las causales del artículo V son: (1) la incapacidad de una de las partes, o la invalidez legal del acuerdo de arbitraje; (2) la falta de debida notificación de la designación del árbitro, o del arbitramento, o la negación del derecho a una de las partes de exponer su caso; (3) la sentencia va más allá de los términos del acuerdo de arbitraje; o (4) el procedimiento arbitral no fue adelantado de conformidad con el acuerdo de arbitraje o con la ley del país en donde se llevó a cabo el arbitraje; o (5) la sentencia aún no se ha hecho obligatoria, o fue desconocida por una autoridad competente. De este modo, los litigantes pueden asumir que las sentencias definitivas de arbitramento serán confirmadas por las cortes de distrito de los Estados Unidos a menos que se presente una de las causales mencionadas anteriormente.

2. La cuestión del efecto definitivo

Muchas de las decisiones de las cortes indican que sólo los laudos definitivos pueden ser confirmados o anulados siguiendo la FAA o la Convención de Nueva York(22). Pero, normalmente, las medidas provisionales son tan solo una medida temporal para mantener el status quo—por ejemplo, al proteger o conservar bienes mientras está pendiente la resolución de fondo de una controversia—. Adicionalmente, según el artículo 37 (f) del Reglamento CIRD, el tribunal de arbitramento, una vez nombrado, puede levantar la medida de urgencia. Por lo tanto, las decisiones sobre medidas urgentes de protección del artículo 37 no son definitivas en el estricto sentido de la palabra.

Sin embargo, las cortes de los Estados Unidos que han considerado este asunto han encontrado que las medidas urgentes de protección concedidas por un árbitro, aunque son materialmente temporales, son jurídicamente definitivas para efectos de su ejecución conforme a la FAA y la Convención de Nueva York. Por ejemplo, en el caso Yonir Technologies v. Duration Systems, el 2º Circuito anotaba que numerosas cortes de distrito en su jurisdicción habían sostenido que los laudos provisionales que ordenaban una garantía previa a la sentencia eran decisiones definitivas sujetas a la revisión judicial(23). La corte concluyó que los árbitros tienen la autoridad para otorgar medidas provisionales tendientes a proteger la efectividad de su sentencia final.

De forma similar, en el caso Pacific Reinsurance Management Corp. v. Ohio Reinsurance Corp, el 9° Circuito sostuvo que las medidas cautelares que involucran la conservación de los bienes relacionados con el asunto sujeto al arbitraje por lo general son consideradas “definitivas”(24). Y en el caso de Arrowhead Global Solutions v. Datapath Inc., el 4º Circuito explicó que “los paneles arbitrales deben tener la competencia para proferir medidas cautelares provisionales con naturaleza de mandamiento judicial y las cortes de distrito deben tener el poder de confirmar y hacer cumplir la medida cautelar como ‘definitiva’ para que así la medida tenga dientes”(25). La Corte describió este tipo de decisión para la protección del proceso como “un mandamiento sobre un aspecto específico y sensible a la oportunidad”. Al año siguiente el 2º Circuito declaró en Banco de Seguros del Estado v. Mutual Marine Office, “No es el papel de las cortes minar la autoridad plena delegada a los árbitros al prohibirles decisiones arbitrales cautelares que garanticen un laudo definitivo eficaz”(26). Por lo tanto, parece que las cortes de los Estados Unidos tienen una perspectiva pragmática del efecto definitivo en cuanto a la revisión judicial se refiere, reconociendo que incluso un laudo provisional puede ser necesario para respaldar el proceso arbitral.

El razonamiento en estos casos sugiere firmemente que las decisiones del artículo 37 que conceden medidas provisionales o de conservación, “incluyendo medidas cautelares y medidas para la protección o conservación de la propiedad”, deben ser tratadas como “definitivas”. La justificación que lleva a las cortes de Estados Unidos a confirmar las medidas cautelares proferidas por el tribunal designado para decidir el caso habrá de aplicarse a las medidas ordenadas por un árbitro de urgencia de conformidad con el artículo 37 porque, como con “la medida de protección provisional” a la que se hizo referencia en Arrowhead Global Solutions, la medida del artículo 37 también “puede ser esencial para conservar activos o forzar conductas, los cuales, si no se conservan o se forzan, pueden tornar el laudo inocuo”. A la fecha las medidas resultantes de la aplicación del procedimiento del artículo 37 parecen ser compatibles con la protección del estatus quo de modo que el laudo final sobre el asunto tenga efectos.

En uno de los casos la medida de urgencia concedida era una medida de protección en contra la divulgación de información, y en otro, era contra la remoción de activos. En el caso de tecnología descrito en la parte I de este artículo, el árbitro de urgencia negó la medida cautelar a una parte que buscaba la declaratoria de su propiedad sobre ciertos bienes. El árbitro de urgencia explicó que sólo deben ser otorgadas, de acuerdo con el artículo 37, medidas necesarias y que las medidas no deberán anticipar el eventual resultado del laudo de fondo.

¿Qué pasa si una decisión según el artículo 37 se etiqueta como una “orden” en vez de cómo un “laudo”? ¿Aún sería considerada como una sentencia arbitral para propósitos de su ejecución?

Algunas partes han argumentado que sólo los laudos arbitrales deberían ser ejecutables con base en la FAA y la Convención de Nueva York porque las meras órdenes no son suficientemente definitivas como para ser ejecutadas judicialmente(27). Sin embargo, las cortes de los Estados Unidos han rechazado las distinciones formales entra las “órdenes” y los “laudos”.

En Publicis Communication v. Trae North Communications, el 7° Circuito analizó una solicitud para ejecutar una medida provisional que había sido dada a través de una orden(28). Al discutir tanto la parte sustancial de la orden como su carácter de orden, la parte que se resistía a su ejecución argumentó que una orden temporal no es ejecutable de conformidad con la FAA o la Convención de Nueva York porque no era un laudo definitivo(29).

El 7° Circuito no estuvo de acuerdo, sosteniendo que “el uso consistente de la palabra ‘laudo’ al mencionar las decisiones arbitrales definitivas no confiere un significado trascendental al término… [y] es el contenido de la decisión —no su nomenclatura— el que determina su finalidad.” La corte también reiteró que una orden provisional para la protección d e bienes es definitiva con base en la FAA, explicando que “las cortes van más allá del encabezado de un documento y se adentran en su contenido e impacto para determinar si una decisión es definitiva”.

El 7° Circuito extendió esta conclusión a la Convención de Nueva York, encontrando que, al ser un suplemento de la FAA, “la lógica de las decisiones aplicada a la primera puede guiar la interpretación de la última”(30).

Con base en esto, existe la creencia de que las cortes de los Estados Unidos harán cumplir las decisiones con medidas de urgencia de conformidad con la FAA y la Convención de Nueva York, inclusive si son denominadas como “órdenes”.

Asumiendo que la decisiones del artículo 37 serán consideradas prima facie como ejecutables de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos, a continuación se analizan dos características del procedimiento del artículo 37: su velocidad y su alcance.

3. El procedimiento del artículo 37

Los procedimientos del artículo 37 están diseñados para ser ágiles. ¿Puede esta velocidad reñir con el requisito de un juicio arbitral justo? La FAA estipula en su artículo 10 que una corte puede rechazar la ejecución de un laudo cuando “los árbitros sean culpables de conducta indebida al rehusarse a recibir evidencia pertinente y sustancial” o que en cualquier caso que perjudique los derechos de cualquier parte. La Convención de Nueva York estipula en su artículo V que un laudo no necesita ser reconocido ni ejecutado si “la parte contra la cual se invoca la sentencia arbitral no ha sido debidamente notificada de la designación del árbitro o del procedimiento de arbitraje, o no ha podido, por cualquier otra razón, exponer su caso”(31).

El artículo 37 requiere que un árbitro de urgencia sea nombrado en el plazo de un día y que este árbitro establezca un término para su arbitraje dentro de los dos días siguientes a su nombramiento(32). En los pocos casos que, con base en esta norma, fue otorgada una medida de urgencia, la decisión del artículo 37 parece haber sido programada prontamente pues la decisión sobre la urgencia fue proferida en aproximadamente dos semanas contadas desde la notificación al demandado del procedimiento de urgencia.

La velocidad en sí misma no parece dar lugar a preocupaciones sobre la imparcialidad porque, como otros han notado, no hay una medida ex parte considerada en el artículo 37. La parte que solicita la medida de urgencia debe notificar a la otra parte o partes de la medida pedida y de las razones por las cuales se busca obtener dicha medida con urgencia(33). Adicionalmente, el árbitro de urgencia debe establecer un plazo para el estudio de la medida de urgencia que “provea una oportunidad razonable a todas las partes de ser escuchadas”(34). Estos requisitos parecerían dar a las partes una oportunidad adecuada para presentar su caso de acuerdo con la Convención de Nueva York y de presentar evidencia pertinente y sustancial de acuerdo con la FAA. Además, no se advierte nada que ocurriera en los cuatro procedimientos del artículo 37 que pudiera ser caracterizado como la negación del derecho de una de las partes de presentar sus argumentos o de ser escuchada.

4. La discrecionalidad del árbitro de urgencia

El artículo 37 le da al árbitro de urgencia el poder de “ordenar o conceder cualquier medida provisional o de conservación que el árbitro de urgencia ‘considere necesaria’, incluyendo medidas cautelares y medidas para la protección y conservación de la propiedad” —énfasis añadido—.

Posiblemente una parte podría apelar la ejecución de una decisión del artículo 37 alegando que la medida ordenada no es provisional, de conservación o necesaria. El apelante puede pedirle a la corte que determine si la medida concedida estaba dentro del alcance de la competencia del árbitro de urgencia, o si se hizo uso apropiado de esas facultades(35).

Al determinar el alcance de la competencia del árbitro, las cortes han estudiado las reglas de arbitraje aplicables a la disputa en cuestión. Por ejemplo, en Island Creek Coal Sales v. Gainesville, una de las partes alegó que cierta medida ordenada por el árbitro había sido excluida por acuerdo entre las partes(36). El 6° Circuito revisó el Reglamento de Arbitraje Comercial de la AAA, el cual fue el acordado por las partes para regular su disputa, y encontraron que la regla 43 le daba al árbitro el poder para ordenar la medida en cuestión. La regla 43 autoriza al árbitro a ordenar conductas específicas para la conservación del status quo a menos que el contrato se oponga a tales medidas.

De manera similar, una corte que examine un recurso en contra de la decisión de un árbitro de urgencia revisaría el alcance del artículo 37. El artículo 37 (e) le confiere amplia discrecionalidad al árbitro de urgencia para formular medidas provisionales o de conservación que “consideren necesarias” bajo las circunstancias. Las cortes de los Estados Unidos se inclinan a respetar esta discrecionalidad y es poco probable que revalúen la decisión del árbitro de urgencia. Tal y como el 6° Circuito manifestó en Island Creek, “[las cortes] deben dar deferencia a la interpretación del árbitro sobre la regla y sobre el acuerdo a menos que claramente haya excedido su competencia.”

Adicionalmente, es poco probable que las cortes de los Estados Unidos restrinjan un procedimiento diseñado para salvaguardar el proceso de arbitraje al asegurar que cuando éste concluya el panel designado para decidir el caso podrá dictar una sentencia con efectos reales. Como lo manifestó el 2° circuito en Banco de Seguros del Estado v. Mutual Marine Office, “no es el papel de las cortes minar la atribución plena de autoridad dada a los árbitros prohibiendo medidas arbitrales de aseguramiento que aseguren una laudo definitivo con efecto real”(37).

Por lo tanto, las cortes deben considerar dentro del alcance de la autoridad del árbitro de urgencia el otorgamiento de una medida que es temporal —y por tanto de naturaleza “provisional”— pero que puede considerarse razonablemente que su objetivo es la conservación del status quo.

5. Conclusión

En la Parte I, se describió el procedimiento del artículo 37, encontrándolo expedito y efectivo. En la Parte II se revisó lo que pasaría luego de que una medida de urgencia del artículo 37 es concedida. Con base en la revisión de los casos en los Estados Unidos sobre la obligatoriedad de los laudos internos y órdenes, se concluye que las cortes de los Estados Unidos ejecutarán las medidas de urgencia del artículo 37, sea que sean denominadas por el árbitro de urgencia como laudos o como órdenes internas. Es dudoso que las cortes cuestionen las medidas ordenadas por los árbitros de urgencia.

El artículo 37 es más que una regla en el papel. Es una herramienta que una parte en una disputa internacional puede usar fácilmente cuando tiene dudas respecto de que su adversario vaya a adelantar acciones para cambiar el status quo antes de que los árbitros sean seleccionados.

Cuando la situación lo aconseje, los litigantes en un arbitraje deben adoptar y emplear el procedimiento del árbitro de urgencia.

Apéndice

Artículo 37. —Medidas urgentes de protección— del Reglamento de Arbitraje Internacional(38) 

a. A menos que las partes acuerden otra cosa, las disposiciones de este artículo 37 se aplicarán a los arbitrajes conducidos de conformidad con cláusulas de arbitraje o acuerdos celebrados el 1.º de mayo de 2006 o después.

b. La parte que requiera una medida urgente previa a la constitución del tribunal notificará al administrador y a las demás partes, por escrito, sobre la naturaleza de la medida solicitada y las razones por las que esa medida es requerida con carácter de urgencia. La notificación también explicará las razones por las que la parte tiene derecho a esa medida. Esta notificación podrá ser presentada por correo electrónico, fax o a través de otros medios fiables y deberá incluir una declaración haciendo constar que las otras partes han sido notificadas o una explicación de las gestiones realizadas de buena fe para notificar a las otras partes.

c. Dentro del día hábil siguiente a la recepción de la notificación que dispone el párrafo 2, el administrador nombrará a un árbitro único de urgencia de entre un panel especial de árbitros de urgencia designados para decidir solicitudes de medidas urgentes. Antes de aceptar su nombramiento, el candidato para árbitro de urgencia deberá informar al administrador sobre cualquier circunstancia que pueda dar lugar a dudas justificables sobre su imparcialidad o independencia. Cualquier recusación del árbitro de urgencia deberá hacerse dentro del día hábil siguiente a aquel en el que el administrador haya comunicado a las partes el nombramiento del árbitro de urgencia y de que este haya revelado las circunstancias antes mencionadas.

d. El árbitro de urgencia deberá establecer lo antes posible —y en todo caso dentro de los dos días hábiles siguientes a su nombramiento— un calendario de actividades para la consideración de la solicitud de las medidas de urgencia. Ese calendario de actividades deberá otorgar una oportunidad razonable a las partes para ser oídas, pero podrá disponer que, como alternativa a una audiencia formal, las alegaciones se formulen por medio de una conferencia telefónica o por escrito. El árbitro de urgencia tendrá las facultades conferidas al tribunal en el artículo 15, incluyendo la facultad para decidir sobre su propia jurisdicción, y resolverá cualquier disputa sobre la aplicabilidad de este artículo 37.

e. El árbitro de urgencia tendrá la facultad de ordenar u otorgar cualquier medida provisional o cautelar que considere necesaria, incluyendo órdenes de hacer o no hacer y medidas para la protección o conservación de propiedad. Cualquiera de esas medidas podrá adoptar la forma de un laudo provisional o de una orden. El árbitro de urgencia deberá expresar sus razones en cualquiera de los casos. El árbitro de urgencia puede modificar o anular el laudo provisional o la orden si se prueba la existencia de justa causa.

f. El árbitro de urgencia no tendrá competencia para actuar después de la constitución del tribunal arbitral. Una vez que el tribunal haya sido constituido, el tribunal podrá reconsiderar, modificar o anular el laudo provisional u orden de medida de urgencia dictado por el árbitro de urgencia. El árbitro de urgencia no podrá actuar como miembro del tribunal, salvo acuerdo en contrario de las partes.

g. Cualquier laudo provisional u orden de medida de urgencia puede ser condicionado a que la parte que solicita esa medida otorgue una garantía apropiada.

h. La solicitud de medidas provisionales dirigida por una parte a la autoridad judicial no se considerará ni como incompatible con este artículo 37 o con el acuerdo de arbitraje ni como una renuncia al derecho de acudir a arbitraje. Si el administrador es instruido por una autoridad judicial para nombrar a un asesor especial del juez que considere e informe sobre la solicitud para la medida de urgencia, el administrador procederá como establece el párrafo 2 de este artículo y las referencias al árbitro de urgencia se entenderán hechas al asesor especial del juez, con la excepción de que lo que el asesor especial del juez dictará será un informe y no un laudo provisional.

i. Las costas relacionadas con las solicitudes para las medidas de urgencia podrán ser inicialmente impuestas en todo o en parte a una de las partes por el árbitro de urgencia o el asesor especial del juez, sujeto a la facultad del tribunal para imponer las costas de manera definitiva.

(*) Traducción exclusiva para Revista Internacional de Arbitraje del original en inglés titulado The ICDR’s Emergency Arbitrator Procedure in Action cuyas partes I y II fueron publicadas en el Dispute Resolution Journal vol. 63 no. 3 (Aug-Oct 08) y no.4 (Nov 08-Jan 09). El Dispute Resolution Journal es una publicación de la American Arbitration Association, 1633 Broadway, Nueva York, NY 10019-6708, 212.716.5800, www.adr.org. Se reproduce con autorización.

(1) El ICDR, International Centre for Dispute Resolution, es la división internacional de la Asociación de Arbitraje de Norteamérica —AAA, por sus siglas en inglés—.

(2) Los procedimientos internacionales de resolución de disputas del ICDR están disponibles en www.adr.org

N. del E.: Todas las citas del Reglamento ICDR que se hacen en este artículo han sido tomadas de la traducción que ofrece la American Arbitration Association en: www.adr.org/sp.asp?id=34518.

(3) N. del E.: Para la edición original en inglés, la segunda parte fue publicada en: The ICDR’s Emergency Arbitrator Procedure in Action, Part II: Enforcement of Emergency Arbitrator Decisions in U.S. Courts. En: Dispute Resolution Journal, vol. 63, n.º 4, nov. 2008 - ene. 2009. Para esta edición en español, la segunda parte se ha integrado con la primera.

(4) Ver Sheppard, Ben H. y Townsed, John M. Holding the Fort Until the Arbitrators Are Appointed: The New ICDR International Emergency Rules. En: Dispute Resolution Journal, vol. 61, n.º 2, mayo - jul. 2006.

(5) Ver supra nota 2.

(6) Reglamento CIRD , artículo 1.º.

(7) El artículo 1.º(3) de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional establece que “Un arbitraje es internacional si:

a) las partes en un acuerdo de arbitraje tienen, al momento de la celebración de ese acuerdo, sus establecimientos en Estados diferentes, o

b) uno de los lugares siguientes está situado fuera del Estado en el que las partes tienen sus establecimientos:

i) el lugar del arbitraje, si este se ha determinado en el acuerdo de arbitraje o con arreglo al acuerdo de arbitraje;

ii) el lugar del cumplimiento de una parte sustancial de las obligaciones de la relación comercial o el lugar con el cual el objeto del litigio tenga una relación más estrecha; o

c) las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto del acuerdo de arbitraje está relacionada con más de un Estado”.

N. del E.: la traducción del artículo 1.º(3) de la Ley Modelo de la CNUDMI fue tomada de: www.uncitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/ml-arb/07-87001_Ebook.pdf.

(8) La demanda de arbitraje requiere información mínima. El artículo 2.º del Reglamento CIRD establece que la demanda debe estar por escrito y contener: “a. una petición de que la controversia sea resuelta en un arbitraje; b. los nombres, direcciones y números de teléfono de las partes; c. una referencia a la cláusula o acuerdo de arbitraje que se invoca; d. una referencia al contrato del cual o en relación con el cual surja la disputa; e. una descripción de la reclamación y la indicación de los hechos en que se basa; f. la pretensión formulada y el monto [aproximado] reclamado”. El formato para la demanda de arbitraje está disponible en www.adr.org. Un pago debe hacerse cuando la demanda de arbitraje es interpuesta ante el CIRD, pero la solicitud de medidas de urgencia no está sujeta a ninguna cuota administrativa adicional.

(9) En la lista de verificación para conflictos de interés, se pide que las partes hagan un listado de los nombres de todas las personas, incluyendo testigos, firmas, compañías, subsidiarias u otras entidades relacionadas que puedan estar involucradas en el caso. El formato de la lista de verificación está disponible en www.adr.org. Un formato de lista de verificación completado por una parte en un arbitraje es un documento confidencial y no se dará a conocer a la contraparte.

(10) La “oportunidad razonable (...) para ser oídas” estándar en el artículo 37(d) es ligeramente diferente del proceso estándar contenido en el artículo 16.1. Esta última disposición requiere que a cada parte le sea otorgado “el derecho de ser oída y (...) justa oportunidad para presentar su caso”.

(11) El artículo 23(2) establece: “Si una de las partes, debidamente notificada conforme a este Reglamento, no comparece en una audiencia sin que medie causa suficiente a juicio del tribunal, el tribunal podrá continuar con el arbitraje”.

(12) Las decisiones de urgencia comentadas en este artículo no han sido publicadas.

(13) La cita es de la versión del 2007 del Reglamento CPR. Este reglamento de arbitraje está disponible en www.cpradr.org.

(14) Sin embargo, tal como se señaló en la nota 8, la tarifa por presentar una demanda de arbitraje debe ser pagada.

(15) Las cortes federales de los Estados Unidos tienen competencia, con base en la Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras de 1958, para decidir si es ejecutable una vasta mayoría de decisiones arbitrales internacionales.

(16) Ver, por ejemplo, el Reglamento de Procedimiento Precautorio Pre-arbitral de la Cámara de Comercio Internacional, disponible en www.iccwbo.org; y la regla 14 de las Rules for Non-Administered Arbitration del International Institute for Conflict Prevention: Medidas de protección provisional proferidas por un árbitro especial. Disponible en: www.cpradr.org.

(17) 9 U.S.C. Art. 1 y ss.

(18) 9 U.S.C. Art. 201 y ss.

(19) El artículo 2 de la FAA hace a un convenio escrito de arbitraje “válido, irrevocable y ejecutable, salvo en los casos que dicta la ley o la equidad para la revocatoria de cualquier contrato”. De aquí que las cortes de distrito de los Estados Unidos no dan fuerza vinculante a las leyes estatales que separen los convenios arbitrales para negarles su ejecución en la medida en que el laudo en cuestión sea ejecutable con base en la FAA. En: Doctor’s Assoc. v. Casarotto, 515 U.S. 681 (1996).

(20) Hay considerable debate en las cortes sobre si las causales no estatutarias para anulación basada en “desconocimiento manifiesto de la ley” es aplicable en las cortes federales como resultado de Hall St. Assocs. v. Mattel, Inc., 128 S. Ct. 1396 (U.S. 2008). Ver: Kelly, Justin. Confusion about ‘Manifest Disregard’ after the Hall Street Decision. 21 En: Dispute Resolution Journal, vol. 63, n.º 4, nov. 2008 - ene. 2009, pp. 4 y ss.

(21) El artículo 202 de la FAA trata sobre los laudos cubiertos por la Convención de Nueva York. Estipula en la parte relevante: “Un… laudo arbitral que surge de una relación legal, sea esta contractual o no, que es considerada como comercial, incluyendo una transacción, un contrato, o un acuerdo como aparece descrito en la sección 2 de este título, cae bajo la Convención.”

(22) Ver por ejemplo El Mundo Broadcasting Corp. v. United Steel Workers of Am., 116 F.3d 7, 9 (1st Cir. 1997) (FAA); Hall Steel Co. v. Metalloyd Ltd., 492 F. Supp.2d 215 (E.D. Mich. 2007) —“Siempre que la ejecución de un laudo arbitral sea solicitada conforme a la FAA o a la Convención de Nueva York, las cortes están de acuerdo en que el laudo en cuestión debe ser ‘definitivo’ a fin de ser elegible para confirmación judicial” ”Whether enforcement of an arbitration award is sought under the FAA or the New York Convention, the courts are agreed that the award in question must be ‘final’ in order to be eligible for judicial confirmation.”—; Yonir Technologies Inc. v. Duration Sys., 2002 WL 31681198 244 F. Supp. 2d 195, 213 (2d. Cir. 2002) —“No deberá la convocatoria para una CPA ni resolver definitivamente de una pretensión separada ni proveer medidas provisionales para proteger bienes, pues entonces la orden no es definitiva y no es revisable a este punto... Si no es definitiva, no puede ser confirmada tampoco.”— “Should the appointment of a CPA neither finally dispose of a separate claim nor provide temporary relief to protect assets, then the order is non-final and not reviewable at this time. … If it is not final, it cannot be confirmed either.”—.

(23) Citado en 22, —Citando Banco de Seguros del Estado v. Mutual Marine Office, 230 F. Supp. 2d 362, 368 (S.D.N.Y. 2002)—. Ver también Sperry Int’l Trade v. Israel, 689 F.2d 301, 303 (2d Cir. 1982).

(24) 935 F.2d 1019, 1023 (9th Cir. 1991).

(25) 166 Fed. Appx. 39, 44 (4th Cir. 2006).

(26) 344 F.3d 255, 262 (2d Cir. 2003).

(27) Ver: Publicis Communication v. True North Communications, 206 F.3d 725, 728 (7th Cir. 2000) — “la posición de Publicis es que una decisión arbitral puede ser definitiva en todo aspecto, pero a menos que el documento contenga la palabra ‘laudo’ no es definitiva y ejecutable” —“Publicis’ position is that an arbitral ruling can be final in every respect, but unless the document bears the word ‘award’ it is not final and enforceable”—.

(28) Id.

(29) La Convención de Nueva York estipula en el artículo III: “Cada uno de los Estados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en los artículos siguientes. Para el reconocimiento o la ejecución de las sentencias arbitrales a que se aplica la presente Convención, no se impondrán condiciones apreciablemente más rigurosas, ni honorarios o costas más elevados que los aplicables al reconocimiento o a la ejecución de las sentencias arbitrales nacionales”.

(30) Otras cortes se han referido o tocado la cuestión parecen haber hallado el mismo estándar para determinar el carácter definitivo para la ejecución tanto con la FAA como con la Convención de Nueva York. Ver: Hall Steel Co., supra n. 10; Palmco Corp. v. JSC Techsnabexport, 448 F. Supp. 2d 1194, 1200 (C.D. Cal. 2006) —advirtiendo que las medidas provisionales estarían disponibles en los Estados Unidos, a través de la aplicación de la Convención de Nueva York, si un arbitraje tiene lugar fuera de su territorio—.

(31) Fotochrome Inc. v. Copal Co., 517F.2d 512, 518 (2d Cir. 1975).

(32) Art. 37(c), (d)

(33) Ver E. Foster & N. Elsberg, Two New Initiatives for Provisional Remedies in International Arbitration: Article 17 of the UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration and Article 37 of the AAA/ICDR International Dispute Resolution Procedures” En: Transnational Dispute Management, vol. 3, n.° 5, Dic. 2006, p.4.

(34) Art. 37(d)

(35) Art. 37(b)

(36) Ver: AT&T Technologies, Inc. v. Communications Workers of Am., 475 U.S. 643, 651 (1986) —afirmando que a los árbitros no debe permitírseles “imponer obligaciones fuera del contrato”—. 729 F.2d 1046, 1049 (6th Cir. 1984).

(37) Citado en 26.

(38) El artículo 37 del Reglamento de Arbitraje Internacional del International Centre for Dispute Resolution ha sido tomado de la traducción que ofrece la American Arbitration Association en: www.adr.org/sp.asp?id=34518.