El renovado impuesto al patrimonio

Revista Nº 122 Mar.-Abr. 2004

Efectos de gravar el patrimonio como impuesto independiente y alternativas diferentes a su vigencia. 

Julio Roberto Piza R. 

Profesor de Hacienda Pública y Derecho Tributario Universidad Externado de Colombia 

Consultor Tributario 

Introducción

El sistema tributario colombiano parecía haberle expedido partida de defunción al tradicional impuesto al patrimonio a partir de la Constitución de 1991. Sin embargo, por fuerza de la conmoción interior decretada por el actual gobierno, resurgió temporalmente, avalado por la Corte Constitucional y aún más, reaparece por tres años, alentado por la resistencia del Congreso frente al IVA para solventar la crisis fiscal.

Contra la percepción de un impuesto anticuado, a merced de su larga historia, reaparece nuevamente este impuesto que grava los stocks de capital cuando ya se han gravado los flujos de renta obtenida, con lo cual, en realidad, constituye un doble gravamen a la renta capitalizada y por tanto, un desestímulo al ahorro. Razones por las cuales fue desapareciendo de los sistemas tributarios nacionales para reducirse a impuestos especiales de carácter local sobre la propiedad, específicamente sobre los inmuebles y los vehículos.

Aun cuando inicialmente su cobertura se circunscribe apenas a 7.000 empresas(1) que poseen un patrimonio líquido superior a 3.000 millones, su implantación ha generado críticas sobre su eficiencia y sus implicaciones tanto en el impuesto sobre la renta como en otros impuestos, así como se analizará más adelante.

Evolución del patrimonio como materia imponible

Conceptualmente, el impuesto al patrimonio toma como materia imponible el capital acumulado a una fecha determinada como manifestación de capacidad económica.

Se distingue de los impuestos específicos, como el impuesto predial o el de vehículos, en la medida en que grava una universalidad de bienes en cabeza de una persona natural o jurídica, es decir, se trata del conjunto de activos poseídos en una fecha determinada. Vale decir, que es un impuesto general y no específico, argumento utilizado por la Corte en la sentencia sobre el impuesto de seguridad democrática, para declarar su exequibilidad frente al artículo 317 de la Constitución.

El origen del impuesto al patrimonio es remoto; en Grecia como en Roma se utilizaron formas de gravámenes a la propiedad mediante censos que obligaban a los ciudadanos a registrar las fortunas. Pero con el surgimiento del comercio, fue perdiendo importancia y se derivó en un impuesto ocasional para sufragar los gastos extraordinarios, por lo cual durante mucho tiempo se le conoció como impuesto de guerra.

Después de la transición de la hacienda patrimonial a la hacienda liberal, el impuesto de patrimonio, se difunde en diversos impuestos indirectos sobre consumos, e importaciones, para derivar posteriormente en los impuestos directos sobre el capital y los rendimientos.

Con el afianzamiento del impuesto global a la renta en el siglo XIX y el surgimiento de los impuestos al consumo en el siglo XX, aunado a otros factores como el desarrollo del crédito, que no en pocas ocasiones tuvo como garantía la propiedad inmueble, el patrimonio por si solo dejó de ser una justa medida de capacidad económica, y por tanto, el impuesto al mismo se vio relegado a un papel secundario.

En nuestro país esta evolución del impuesto se inicia con la Ley 56 de 1918, que establecía tres clases de renta según su origen: la primera proveniente del capital, gravada con una tarifa del 3%; la segunda de rentas mixtas de capital y trabajo, con una tarifa del 2%; y finalmente, la proveniente del trabajo con una tarifa del 1%.

Dicha clasificación se apoyó en el principio de justicia, que tiene su origen en el sistema alemán de comienzos del siglo XX, dado que las rentas de capital tienen un carácter más durable y permanente, y no se agotan como las rentas derivadas del trabajo, con la invalidez, la ancianidad o el desempleo.

La Ley 78 de 1935 introdujo el impuesto al exceso de utilidades cuando estas sobrepasaban el 12% anual del patrimonio. En 1948 se creó el impuesto a las grandes rentas y, posteriormente, en la década de los cincuenta, se introdujo la tributación sobre dividendos, independientemente del impuesto sobre la renta de las sociedades, con lo cual se reconocía como una doble tributación. Pero esto en realidad es una tributación más alta para las rentas de capital obtenidas a través de dividendos, que rigió en nuestro sistema hasta la Ley 75 del año 1986.

Con la adopción de un sistema de renta global con tarifas uniformes, el impuesto al patrimonio cumplía un papel complementario del impuesto sobre la renta para discriminar las rentas acumuladas, por medio del cual se grava a quienes tienen excedentes de renta, es decir, capacidad de ahorro.

En nuestro país, el impuesto al patrimonio permitía controlar las rentas a través de la discriminación de los bienes que conforman el mismo, mediante tres figuras: la renta presuntiva sobre el patrimonio, el impuesto sobre bienes y el sistema de comparación patrimonial que permite rastrear el crecimiento de las rentas declaradas. Desaparecido el impuesto al patrimonio, estos controles se mantienen iguales dado que la declaración de renta incluye el patrimonio.

Pero también tenía la función de introducir mayor equidad, en cuanto a que cumplía con el propósito de aminorar las desigualdades generadas por un impuesto uniforme sobre la renta, esto es, sin distinguir la fuente, pues no era un impuesto general sobre la propiedad sino uno que funcionaba como un recargo moderado del impuesto sobre la renta de capital, es decir, era un gravamen complementario del impuesto sobre la renta.

Por último, cumplía la función de diferenciar la fuente de renta para gravar con una tarifa más alta la renta de capital, en cuanto a reveladora de una mayor capacidad económica.

La desaparición del impuesto al patrimonio en Colombia

La desaparición en Colombia del impuesto al patrimonio(2) tiene su explicación en dos factores principalmente: el primero, la adopción del sistema integral de ajustes por inflación(3) a partir de 1992, con base en el estudio de Mclure concerniente al efecto del impuesto sobre la renta en los negocios(4) y, el segundo, el precepto constitucional que le asigna de manera exclusiva a los municipios las rentas derivadas de los gravámenes sobre la propiedad inmueble.

En relación con el primer aspecto, las economías inflacionarias socavan el concepto de renta desde la perspectiva de la noción de ingreso, por los efectos nominales de la inflación sobre los precios, como en la determinación de los costos reales a través de depreciaciones y amortizaciones, con lo cual el sistema de ajustes por inflación cambia el concepto de ingreso, incorporando como ingresos los mayores valores de los activos en la determinación del impuesto sobre la renta, aun cuando admite igualmente el ajuste patrimonial como un gasto.

Por otro lado, la Constitución de 1991, como evidencia de su fuerte inspiración descentralizadora, dentro del objetivo de fortalecer los fiscos municipales, le concede exclusividad a los municipios en las rentas provenientes de los gravámenes sobre la propiedad inmueble(5) y, por tanto, se consideró que era incompatible con un impuesto al patrimonio que comprendía dentro de la base a los inmuebles como los activos más representativos.

De esta forma, el patrimonio quedó reducido a una manifestación de capacidad económica respecto de los impuestos especiales sobre la propiedad, esto es, el impuesto predial de carácter municipal y el de vehículos(6), que comparten los departamentos y municipios.

Sin embargo, el alcance del mandato constitucional contenido en el artículo 317, en la década de los noventa, ha sido interpretado restrictivamente por la jurisprudencia de la Corte Constitucional que ha sido reiterativa en el sentido de circunscribirlo a lo que la corporación considera como gravámenes sobre la propiedad inmueble.

La jurisprudencia aduce que la renta exclusiva de los municipios conforme a la norma constitucional, debe entenderse como el impuesto directo y específico sobre la propiedad inmueble y no comprende otros gravámenes que de manera indirecta toman como base dicha propiedad.

En efecto, en sendas jurisprudencias se ha concluido que la renta presuntiva calculada sobre el patrimonio (incluidos los inmuebles) no es inconstitucional, pues se trata de una ficción de renta y no de un gravamen sobre la propiedad inmueble(7), por tanto, no se viola el artículo 317.

Así mismo, la Corte consideró que los ingresos teóricos provenientes del ajuste por inflación sobre la propiedad inmueble tampoco constituyen una violación del artículo 317, dado que si bien se origina en un ajuste de los inmuebles, este en realidad se entiende como ingreso teórico y por ende, que proviene del concepto de renta y no de un gravamen a la propiedad(8).

Pero, quizás la manifestación más clara del legislador de gravar indirectamente la propiedad inmueble mediante un tributo que no es municipal, la constituyó la creación del impuesto de seguridad democrática(9), diseñado como un gravamen sobre el patrimonio líquido, dentro del cual, por supuesto, se incluyeron los inmuebles de cada contribuyente. Este tributo fue creado tomando en cuenta la necesidad de arbitrar recursos para proteger justamente no solo la vida, sino también la propiedad de los colombianos(10).

Pues bien, la Corte declaró la exequibilidad del impuesto a la seguridad democrática considerando que era un impuesto de carácter general que gravaba la universalidad jurídica del patrimonio y no la propiedad inmueble específicamente(11), reiterando así la interpretación restrictiva de la corporación sobre el alcance del artículo 317.

La Corte considera entonces, que no son gravámenes sobre la propiedad inmueble, ni la renta presuntiva, ni los ajustes por inflación, ni el impuesto al patrimonio, en cuanto los entiende como un impuesto general, aun cuando se incluyan dentro de la base sometida a imposición de la propiedad inmueble, pues se trata de tributos que toman de manera indirecta los inmuebles para la determinación de la base gravable, pero no son impuestos directos sobre los mismos.

En consecuencia, la Corte al restringir el concepto de gravámenes sobre la propiedad inmueble le ha restado todo efecto al mandato constitucional, pues así interpretado, el único tributo que se entiende como gravamen sobre la propiedad inmueble es el impuesto predial en su versión actual, con lo cual, este precepto constitucional resulta perfectamente inocuo, pues aun cuando nuestro sistema no establece rentas de cada nivel territorial, el carácter municipal del impuesto predial nunca ha sido discutido, lo cual revela que el artículo 317 por virtud de la interpretación constitucional, deriva en una disposición materialmente vacía de contenido real.

Ahora bien, con esta posición reiterada de la Corte, pero más aún con la posición de la misma en la sentencia sobre el impuesto de seguridad democrática, era previsible que el gobierno acudiría a proponerle al Congreso el impuesto al patrimonio, no ya como un recurso extraordinario y coyuntural en uso de facultades excepcionales, sino como un ingreso permanente, como efectivamente lo hizo en la Ley 863 de 2003(12).

A su vez, la coyuntura estuvo rodeada del fallo de inexequibilidad de la generalización del IVA a todos los bienes y servicios excluidos y exentos, con el argumento de la regresividad de un impuesto generalizado de manera indiscriminada como lo pretendió la Ley 788 del 2002.

El Congreso encontró el pretexto para negarse rotundamente a extender el IVA como lo proponía el gobierno, con lo cual se dio la coyuntura para proponer como alternativa una fuente de recursos distinta con este nuevo impuesto al patrimonio.

Este argumento desconoce los efectos de traslación de los tributos, especialmente, cuando se trata de un impuesto a las sociedades y los factores relacionados con la eficiencia tanto económica como recaudatoria de los impuestos.

Caracterización del impuesto al patrimonio

De conformidad con la reforma tributaria del año pasado, el impuesto al patrimonio es un tributo a cargo de las personas naturales y jurídicas, contribuyentes y declarantes del impuesto sobre la renta, y se genera anualmente por la posesión de riqueza al 1º de enero de cada año, por un valor superior a $ 3.000.000.000.

Para efectos de sus elementos estructurales, el impuesto adopta las normas sobre patrimonio contenidas en el estatuto tributario, que fueron las mismas que regían para el impuesto al patrimonio hasta el año 1991.

En efecto, aun cuando incorpora el concepto de posesión de riqueza como hecho generador del impuesto, la base gravable, al igual que en el impuesto al patrimonio anterior, se compone de los activos poseídos, solo que esta vez cambia la fecha de causación del 31 de diciembre al 1º de enero. Se trata de los bienes aprovechables económicamente y se presume tal hecho por parte de los titulares de los mismos. El concepto de riqueza admite restar del patrimonio las deudas debidamente demostradas a la misma fecha.

El impuesto admite exenciones personales y reales, respecto de las primeras, cobija a las entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas, sociedades en liquidación y las que se encuentren en procesos de reestructuración, conforme a la Ley 550 de 1999. En cuanto a las exclusiones de la base, solamente admite las cuotas y acciones en sociedades para no generar doble tributación y los primeros 200 millones de la casa de habitación. Por otra parte, el tributo no es deducible del impuesto sobre la renta.

En este contexto, el impuesto no es distinto del que existía para personas naturales, pero con algunas modificaciones.

La primera, que el impuesto grava también a las personas jurídicas, lo cual puede parecer razonable en cuanto a denotación de capacidad económica. Sin embargo, tratándose de personas jurídicas que desarrollen actividades empresariales, es muy probable que el impuesto se traslade a los precios de bienes y servicios, pues se comporta como un gravamen de las operaciones comerciales, que en lo posible se recupera como cualquier otro costo, especialmente en mercados poco competitivos.

Si así fuese, por lo menos en algunas actividades económicas, es probable que quien soporta el impuesto económicamente sea nuevamente el consumidor a través de los mayores precios de los bienes y servicios. Por ello, el argumento de progresividad parte del supuesto de un impuesto a la riqueza como si fuese un tributo directo.

Por otro lado, si bien es un impuesto transitorio por tres años, teniendo en cuenta que financia gastos corrientes y dadas las experiencias con impuestos anteriores como las sobretasas y el gravamen a los movimientos financieros, que igualmente aparecieron como transitorios, es posible que si las dificultades fiscales del país no se solucionan, el impuesto tienda a extenderse disminuyendo la base o aumentando la tarifa.

En todo caso, se comporta económicamente como un impuesto adicional a las utilidades, por la capitalización, lo cual induce sin duda alguna a eludirlo ocultando bienes o declarando pasivos inexistentes. Aun cuando la reforma establece un mayor control a estas prácticas, la inspección efectiva sobre estos rubros es compleja y de difícil seguimiento.

El impuesto ha suscitado algunos reparos sobre su eficiencia económica, dada la alta probabilidad de su elusión y del efecto de sobrecarga a la renta, con lo cual, en realidad, aparte de desestimular el ahorro podría sustituirse mediante otros mecanismos que graven de manera directa las utilidades.

Dentro de la problemática que puede plantear el impuesto, puede señalarse que no está diseñado como un gravamen complementario del impuesto sobre la renta, sino como un tributo independiente, lo cual puede provocar algunas dificultades de interpretación.

Ejemplo de esto lo constituye la restricción normativa de los sistemas de ajustes integrales por inflación y precios de transferencia, los cuales señalan expresamente que solamente tendrán efecto respecto del impuesto sobre la renta, y por tanto, no lo tendrán en relación con el impuesto al patrimonio.

Sin embargo, el patrimonio constituye la base fiscal del impuesto sobre la renta, tanto por los efectos de costo fiscal en el momento de la enajenación como por su valor patrimonial para fines de la renta presuntiva, y los demás factores que inciden en la base gravable del tributo como la depreciación, la amortización, los ajustes por inflación, la comparación patrimonial, por lo cual, es inevitable que incida en la base del impuesto al patrimonio, so pena de tener dos valores patrimoniales diferentes, uno para el impuesto sobre la renta y otro sobre el impuesto al patrimonio.

Por otra parte, el impuesto se causa al 1º de enero y no al 31 de diciembre, para facilitar la liquidez en el recaudo; sin embargo, este hecho igualmente plantea algunos problemas de orden técnico. Por ejemplo, el valor de los inmuebles no es igual el 1º de enero que el del 31 de diciembre, porque el avalúo de un año comienza a regir el 1º de enero del año siguiente, con lo cual habrá diferencias temporales en relación con la base del patrimonio para fines del impuesto de renta y la base del impuesto de patrimonio.

Así mismo, el impuesto si bien tiene una fecha de causación, se considera un gravamen de período anual, en cuanto a su determinación, lo cual genera discusiones sobre su vigencia, ya que por ser anual tiene un hecho generador instantáneo. Por ejemplo, surge la duda de si las sociedades que entren en liquidación durante el año o se liquiden durante este, deben pagar el impuesto de manera proporcional o con base en las consideraciones jurídicas del 1º de enero.

En relación con la valoración de los bienes, dado que se remite a las reglas del patrimonio consagradas en el estatuto, los problemas no resueltos allí se trasladan a este nuevo impuesto. Por ejemplo, las subvaloraciones de los inmuebles con avalúos catastrales desactualizados, las diferencias con los valores comerciales, los ajustes por inflación de otros bienes como acciones, títulos y demás activos financieros, el valor de los inventarios, la noción de inmuebles por accesión y por destinación no incluidos en el valor de los mismos, y el valor del patrimonio poseído en el exterior.

Adicionalmente otros temas, que probablemente no tendrán incidencia por la cobertura restringida del impuesto pero que ante una extensión del mismo pueden revelarse, como la propiedad de los bienes en la sociedad conyugal y especialmente, la aceptación de pasivos, teniendo en cuenta que si no son definidos con precisión pueden constituirse en mecanismos de elusión del gravamen.

Problemática del impuesto al patrimonio

El impuesto al patrimonio ha cumplido tradicionalmente funciones de recaudo, control y progresividad.

Es claro que en este caso su introducción tiene como origen un propósito recaudatorio, sin perder de todas maneras sus otras dos funciones.

La función de control se ha venido cumpliendo permanentemente, dado que el patrimonio se incluye en la declaración de renta, aun cuando la DIAN no siempre ejerce dicha inspección en sus programas de fiscalización. En esta ley se reforzaron las normas destinadas a controlar la omisión de activos y la declaración de pasivos inexistentes, aun después de los dos años de que dispone la DIAN para revisar las declaraciones.

Por otra parte, las figuras conocidas como la renta presuntiva y la renta por comparación patrimonial mantienen su vigencia, y el impuesto al patrimonio no aporta nada distinto en materia de cobro.

La función de diferenciar las rentas de capital se justifica en tanto que afecta a grandes patrimonios con una capacidad económica revelada en su poder de capitalización. Otros argumentos se apoyan en que la concentración de la propiedad es mucho más fuerte respecto a la misma que al ingreso, con lo cual un impuesto al patrimonio le conferiría mayor progresividad al sistema tributario. Este argumento que en el plano teórico puede ser válido, en la realidad se puede desdibujar; no obstante, con las posibilidades de evasión y elusión del impuesto.

El impuesto sin embargo, tiene reparos técnicos que sin duda deben analizarse si se quiere diseñar un tributo al patrimonio de forma permanente. El primero de ellos es, que al gravar a las sociedades, en realidad se gravan los activos circulantes con el impuesto al patrimonio, vale decir, los inventarios de las empresas, generando distorsiones en la determinación de la renta, por lo cual, un impuesto al patrimonio es en la práctica un mayor impuesto sobre la renta que no se calcula sobre la real sino sobre los inventarios finales o iniciales en este caso.

Un argumento adicional para circunscribirlo como un impuesto solamente a las personas naturales, es el impacto recaudatorio que tenía en el año 86 antes de su eliminación, que representaba el 30% del recaudo del impuesto de renta(13), razón para entenderlo como un gravamen complementario al impuesto de patrimonio, pero en tal caso cabría extenderlo a las personas naturales y no a las jurídicas como se planteó en esta reforma.

La función de incentivar la productividad se cumple con la renta presuntiva, procedimiento mediante el cual, el 26% de las sociedades liquidan su impuesto sobre la renta(14), independientemente de que los activos sean o no productivos, cumpliendo de esta forma con la función social de la propiedad como lo proclama nuestra Constitución.

Dentro de los argumentos del contralor para defender el gravamen, cita algunos países que tienen un impuesto a los activos de las empresas, pero generalmente estos operan como un impuesto mínimo, un papel similar al que cumple en nuestro sistema la renta presuntiva, pues el tributo a los activos es descontable del impuesto sobre la renta. En realidad, a pesar de los argumentos no bien fundados del contralor, el impuesto al patrimonio es hoy una antigualla, pues se prefiere gravar directamente con una mayor tarifa o base más amplia en el impuesto sobre la renta, y adicionalmente, donde se utiliza funciona más como un impuesto complementario y moderado sobre la renta.

Sin embargo, el impuesto al patrimonio se justificó como una dificultad para gravar las rentas de capital, pero desde el punto de vista económico, en realidad podrían encontrarse formas más eficientes de gravar dichas rentas. En primer lugar, la norma que disminuyó la tarifa máxima de renta al 35% (hoy transitoriamente en el 38,5%), después de 18 años debería ser revisada bajo la definición de analizar la tributación sociedad-socio, dentro de la cual, puede estructurarse un mecanismo más progresivo, que permita elevar la tributación del socio con mayor capacidad de generar renta y disminuir incluso las de los socios con menor capacidad, distinción que hoy el sistema tributario no admite; en segundo lugar, la reinversión de utilidades en las sociedades y adicionalmente, la retención cumpliría un papel de control muy eficiente.

Por tanto, la posibilidad de analizar otras alternativas diferentes a gravar el patrimonio como las de admitir una revisión de los niveles de tributación sociedad-socio y aumentar directamente la tarifa de renta, serían preferibles, sin descartar que se pueda utilizar el patrimonio para tales fines, pero entonces como un impuesto complementario como el que existió hasta el año 1991, solamente para personas naturales y con tarifas progresivas y moderadas, admitiendo en estos casos el descuento del impuesto predial.

En un informe reciente del Banco Mundial sobre Colombia, se recomendaba como medida para generar recursos y disminuir la brecha de desigualdad, un impuesto sobre la tierra, que podría estar en la agenda de lo que se ha venido discutiendo como la necesidad de una reforma fiscal estructural. Sin embargo, un gravamen de este tipo que se asocia más a un instrumento recaudatorio que a uno de política urbana y rural, por medio del cual se forzará a hacer más productiva la tierra o a redistribuir su propiedad o sus beneficios y de todas maneras a regular su uso dentro de ciertos fines sociales, debe hacerse dentro del precepto constitucional que consagra este tributo como renta exclusiva de los municipios.

El tributo tiene de todas maneras un efecto real para los impuestos locales, en particular sobre los municipios a través del impuesto sobre los inmuebles y los vehículos. En tanto que, tomando bases tributables gravadas localmente genera unos indeseables efectos de doble tributación y, sin duda alguna, le resta espacio fiscal a los municipios.

Por último, y en particular, en relación con el impuesto predial, aun cuando la Corte, como ya se indicó, ratificó que gravar el patrimonio como universalidad no violaba el artículo 317 constitucional, desde el punto de vista material no hay duda de que la Corte ha restringido el alcance de esta disposición hasta reducir toda su potencialidad como un instrumento para la descentralización tributaria, pues en la práctica se le ha quitado todo efecto, lo cual, revela un criterio fuertemente centralista contra la noción de un Estado descentralizado y autónomo que proclama la Constitución.

(1) Hernández Gamarra, Antonio. Impuesto al patrimonio: equidad y eficiencia. Bogotá, Contraloría General de la República, noviembre de 2003.

(2) Decreto 1321 de 1991.

(3) Este sistema exige registrar como ingreso el ajuste por inflación de los activos para contribuyentes obligados a llevar libros de contabilidad, por lo cual se consideraba que ya actualizados los activos y registrado como ingreso el mayor valor de los mismos, e incluso depreciados tales ajustes, era incompatible con el impuesto al patrimonio.

(4) Mclure E., Charles. La tributación de la renta proveniente de los negocios y del capital en Colombia. Bogotá, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1998.

(5) Constitución Política, art. 317.

(6) Vale la pena anotar, que en el informe de Charles Mclure sobre el sistema tributario colombiano, en su propuesta relacionada con una especie de impuesto sobre el consumo, el patrimonio jugaría un papel relevante como mecanismo de control, fórmula que finalmente no fue adoptada.

(7) Corte Constitucional, Sentencia C-564 del 24 de octubre de 1996, M.P. Hernando Herrera Vergara.

(8) Corte Constitucional, Sentencia C-275 del 20 de junio de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(9) Decreto 1838 de 2002.

(10) La justificación para los contribuyentes del impuesto fue ser beneficiario del uso de tales recursos, con lo cual se revela una conexión clara para acudir a este mecanismo de financiación.

(11) Corte Constitucional, Sentencia C-275 del 20 de junio de 1996, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(12) Ley 863 de 2003, capítulo IV, artículo 17, Impuesto al patrimonio.

(13) Mclure E., Charles. La tributación de la renta proveniente de los negocios y del capital en Colombia. Bogotá, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 1998.

(14) Ossa Escobar, Carlos y Garay Salamanca, Luis Jorge, Colombia entre la exclusión y el desarrollo. Bogotá, Alfaomega, Contraloría General de la República, 2002.

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