“El reto del sistema de salud es formalizar la mayor cantidad de gente y que pase al régimen contributivo”

Revista Nº 164 Mar.-Abr. 2011

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Fabián Hernández 

Gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo 

La reciente ley que reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) del país tendrá logros destacados en la atención de los afiliados a los regímenes contributivo y subsidiado, al igual que en el flujo de los recursos financieros a las entidades del sector, asegura el gobernador del Colegio de Abogados del Trabajo, Fabián Hernández.

Sin embargo, en entrevista con actualidad laboral, advierte que el desafío pendiente es conseguir que una mayor proporción de afiliados al régimen subsidiado se traslade el contributivo, gracias al proceso de formalización de sus actividades económicas.

ACTUALIDAD LABORAL: ¿Qué efectos tendrá la reciente reforma al SGSSS?

Fabián Hernández: Se pueden dividir en dos partes. Una que se relaciona con las personas afiliadas al régimen contributivo o al subsidiado. Se trata del plan obligatorio de salud, sobre lo que cubre y lo que no y qué pasa cuando no cubre determinado tratamiento y la persona lo requiere. Para eso, aparece el nuevo comité que remplaza al comité técnico científico que venía funcionando y que estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud). Desaparecerán los períodos de carencia en un par de años y se regula la relación del afiliado con la empresa promotora de salud (EPS). Lo que permite la ley es una libre escogencia real, sobre todo cuando exista mala prestación de los servicios: un usuario no tendrá que aguantar dos años de mala atención, porque eligió mal, sino que si se da cuenta inmediatamente de la situación, podrá optar por otra EPS.

A. L.: ¿Qué otro aspecto puede destacar en este sentido?

F. H.: Hay una parte revolucionaria. Se trata de la fuerza que la nueva ley le imprime a la atención primaria y a la coordinación del tratamiento. Primero, con el fomento a la atención primaria, esta se va a volver más preventiva. Así, se buscará reducir los costos, porque si se puede atender a la gente inmediatamente, no se va a enfermar de manera grave y no va a tener que acceder a un hospital y generar toda una serie de gastos mayores. Y el médico tendrá que tomar decisiones más precisas, con respecto a cómo sacar lo más pronto posible a la persona de la enfermedad. En segundo lugar, esa atención primaria se ligará con un conglomerado de entidades que deben prestar los tratamientos. Cuando alguien llegue adonde el médico general, él tiene que saber quién sigue en el proceso, cuáles son los especialistas y, una vez que el paciente llegue ante uno de estos, el médico debe tener la certeza de dónde se le pueden brindar los tratamientos. Se pretende la atención integral mediante lo que se llama, en la ley, la red de prestación de servicios.

A. L.: ¿Qué otros cambios importantes puede señalar?

F. H.: El impacto de la nueva ley, en lo relativo a la estructura del sistema de salud es mucho más grande que los temas mencionados. Aquel se refiere a adecuaciones internas del sistema, con respecto a situaciones que venían fallando: se agiliza el flujo de los recursos para que se pague a las EPS y se establece claridad sobre qué puede ser una glosa de alguna cuenta de una institución prestadora de salud o de una EPS que se pase al Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga). En ese sentido, hay un hecho importante: solo se puede glosar por una vez. Si se comprueba que esta se corrige, se tiene que pagar, no se pueden esgrimir nuevos elementos de glosa. Eso permitirá que el dinero se mueva rápidamente dentro del sistema y que la prestación del servicio sea mejor.

A. L.: ¿Tales ajustes no estaban contemplados en la normativa vigente?

F. H.: Esta norma es bastante clara y orientada a la organización del sistema de salud. Además, le da mucho poder a la Supersalud. Tal vez, lo más importante de la ley es la fortaleza económica que le otorga a la Supersalud, porque todas las leyes que han venido apareciendo le encargan más funciones a la entidad, al punto de que llegó a no tener posibilidades de cumplirlas.

A. L.: ¿De qué manera la fortalece?

F. H.: Hay aportes específicos del presupuesto de la Nación. Y recursos financieros para adelantar conciliaciones. En este campo, se puede decir que solamente estaba operando Bogotá. Por ejemplo, un problema de una EPS del régimen subsidiado localizada en Antioquia, que hubiera prestado unos servicios a través de una IPS en algún pueblo alejado de ese departamento, si surgía alguna glosa en el trámite de pago, tenían que venir las dos partes a Bogotá a conciliar. Ahora, con dinero, la Supersalud puede establecer un centro de conciliación en todas las ciudades importantes del país.

A. L.: ¿Qué retos quedan por resolver en materia de salud?

F. H.: El más grande se relaciona con el régimen subsidiado, pues según datos de la Contraloría General de la República, existen 18 millones de personas en el régimen contributivo, mientras se cuentan 22 millones en el subsidiado. Esa situación genera un peso supremamente grande sobre quiénes contribuyen, porque en el contributivo están todos los que pagan y sus familias. Por lo tanto, de los 18 millones del régimen contributivo, realmente están pagando ocho millones de personas. Los otros 10 millones son hijos, padres o hermanos de quienes cotizan, y eso ya representa una gran carga para el mismo régimen. Y adicionalmente están los 22 millones de individuos del régimen subsidiado que se recargan en la economía del régimen contributivo. El reto es tratar de formalizar la mayor cantidad de gente para que ingrese a este. Y al bajar el número de personas en el subsidiado, el contributivo va a crecer y tendrá mejores posibilidades de prestar un servicio al subsidiado.

A. L.: ¿El Colegio de Abogados del Trabajo ha intervenido en el proceso de formación de alguna ley?

F. H.: Durante el trámite de creación de la Ley de Formalización y Primer Empleo, fuimos citados en un par de oportunidades al Congreso. Asistimos y presentamos algunas visiones. Pero fue un aporte distante, debido a que el alto contenido tributario de la norma llevó a que el debate se centrará más en este tema que en el laboral.

A. L.: ¿El colegio ya había participado en ese proceso?

F. H.: En una época estuvo muy activo. En los últimos años, lamentablemente, habíamos desaparecido de tal escenario. En el 2010, adelantamos todas las actividades posibles en torno a la ley de la reforma a la salud. Participamos en el análisis con los ponentes, casi diariamente, a través de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (Codess). Inclusive, en muchos de los artículos de la ley, tenemos participación en la redacción y en la argumentación para la comprensión de los mismos.

A. L.: ¿Entre los proyectos del colegio está el de estrechar los lazos con el poder legislativo?

F. H.: Sí, además está en nuestros estatutos. Podríamos decir que el colegio tiene dentro de sus miembros a las personas que más saben de derecho laboral y de seguridad social en el país. En la experiencia mencionada, hubo mucho agradecimiento de parte de los legisladores, por las explicaciones profundas y sencillas para poder darle forma a la ley de salud. Antes de empezar el trámite de la deliberación, tuvimos una actividad con Codess, a la que se citaron las comisiones séptimas del Senado y de la Cámara para hacer un análisis profundo del sistema de salud. Tuvimos la presencia de invitados de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social de México para que hubiera un amplio análisis y una visión comparativa con otros países. La asistencia de legisladores fue excepcional.

A. L.: ¿El colegio ha ganado mayor participación en estos escenarios de discusión?

F. H.: Sí. Nos estaba haciendo mucha falta. Adicionalmente, la Corte Constitucional nos ha vuelto a mirar; pregunta nuestro concepto para las sentencias de constitucionalidad y hemos estado muy juiciosos en el ejercicio de contestarle. Esta relación ha sido muy esporádica durante las recientes gobernaciones. Pero, últimamente, hemos tenido mayor intensidad en ese vínculo.

A. L.: ¿El colegio tiene alianzas con las universidades?

F. H.: Trabajamos permanentemente con estas, pero no hay unos convenios específicos. El único que vamos a firmar es con la Universidad Externado de Colombia para realizar unos talleres sobre justicia oral. Sin embargo, trabajamos con la Universidad La Gran Colombia para el Congreso Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social adelantado durante la última semana de febrero del 2011. También tenemos actividades continuas con la Universidad del Rosario. En las universidades Santo Tomás y Javeriana, nos acogen con nuestras tertulias. Constantemente, programamos certámenes académicos con las universidades y no solamente en Bogotá. Así, tratamos de que haya una mayor cantidad de afiliados en el país.

A. L.: ¿Qué acciones se han previsto para atraer más afiliados?

F. H.: Lo principal es generar una diferencia entre ser colegiado y no serlo. Es decir que el colegiado tenga ventajas. Vamos a firmar unos convenios para que los colegiados se beneficien con descuentos en diferentes establecimientos. Es factible que podamos concretar tal iniciativa a mediados de marzo. Y eso les permitiría a las personas encontrar una diferencia, cuando puedan obtener descuentos, por ejemplo, en medicina prepagada, en restaurantes, en la suscripción de revistas. Otra acción fue que, por primera vez, en 62 años, logramos expedir el carné a todos los afiliados, que representa un símbolo positivo; los miembros experimentan de esa manera sentido de pertenencia al colegio y la identificación les permitirá obtener descuentos y beneficios.

A. L.: ¿A qué se puede atribuir cierta renuencia de los abogados a pertenecer a un colegio de su disciplina?

F. H.: Creo que los colegios no han hecho una buena campaña de divulgación de sus beneficios. Y estos profesionales no estaban encontrando una respuesta importante a sus expectativas de asociación hasta que se conocieron las destacadas iniciativas del colegio de abogados procesales, un ejemplo importante, y del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT), donde la gente se vincula por la necesidad de mantenerse académicamente actualizada. El ICDT realiza el envío diario de un informe legislativo y los miembros lo agradecen. Se reconoce que hay una diferencia entre ser colegiado y no serlo. Y en los aspectos académicos, también existen unos descuentos por el hecho de ser colegiado, en las tarifas de las tertulias, en los congresos y en los conversatorios.

A. L.: ¿Qué otras acciones destaca del Colegio de Abogados del Trabajo?

F. H.: Un beneficio muy interesante que logramos con la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) de México fue obtener unas becas para los cursos que se dictan allá. Nuestros colegiados pueden presentar su postulación con los requisitos y, una vez aprobada por el CISS, resulta posible viajar con estudio, alojamiento y alimentación costeada por el CISS. Lo único que les corresponde a los becarios es comprar los libros y pagar el pasaje. El año pasado, fueron dos personas a un curso de 15 días en riesgos profesionales. Volvieron felices y la gente empieza a ver el colegio con otra cara. Para este año, tenemos cinco cursos, tres diplomados y dos maestrías. Hay cursos cortos de una y dos semanas, diplomados presenciales un poco más largos y diplomados virtuales, en los cuales cuatro meses se adelantan por internet y una semana se va al grado en México. Se está trabajando para que si una persona, con el paso del tiempo, logra hacer los cuatro diplomados que se ofrecen, aquella podría alcanzar el título de maestría de la Universidad Autónoma de México. Procuraremos buscar otras relaciones.