El sector del seguro y la defensa de la competencia en la Unión Europea

Revista Nº 15 Abr.-Jun. 2007

Elena F. Pérez Carrillo 

1. Introducción

La influencia jurídica comunitaria en el sector asegurador europeo es tan intensa como rica en matices y es susceptible de ser analizada desde diversos puntos de vista. Uno de ellos es el de la defensa de la libre competencia que se aplica íntegramente en este sector —fusiones y adquisiciones, ayudas de Estado, etc.— y, en particular, en relación con acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de aseguradores y asociaciones de aseguradores.

El objetivo general de la política comunitaria de la competencia es darles a los operadores la posibilidad de competir en términos semejantes o iguales en el territorio europeo, donde se pretende crear y desarrollar un mercado interior. Constituye el complemento de las políticas de liberalización y desregulación económica implementadas por el Tratado de Roma y los sucesivos instrumentos que lo modifican.

La creación de un área económica de mercado interior ha mejorado la capacidad de competencia en el viejo continente. Pero, al mismo tiempo, ha tenido como consecuencia un riesgo de concentración anticompetitiva que también se presenta en el sector asegurador, tanto en relación con posibles creaciones de acuerdos y carteles anticompetitivos, como con el ejercicio abusivo de la posición dominante de ciertos operadores y, finalmente, con el control de la intervención pública en la economía.

La política comunitaria de defensa de la competencia se inició en Europa con la entrada en vigor del Tratado de Roma, que instituyó una Comunidad Económica Europea, el 1º de enero de 1958 (TCEE). No obstante, este instrumento no contemplaba específicamente el control de la competencia en el sector del seguro, por lo que los aseguradores comunitarios trataron de eximirse durante décadas, basados en una pretendida incompatibilidad entre las normas de supervisión del sector asegurado y las de la competencia(1).

Se distinguen grandes etapas en la evolución del derecho comunitario de la libre competencia y, por tanto, en su aplicación al seguro. A partir de 1958, y en virtud del antiguo artículo 88 del TCEE —actual artículo 84 del TCE—, las autoridades nacionales fueron investidas con la competencia para aplicar los artículos 85 y 86 —en la actualidad, 81 y 82 del TCE—, junto con sus propias disposiciones estatales en materia de competencia.

En aquel primer momento, la Comisión de las Comunidades Europeas solo contaba con unas competencias rudimentarias y poco efectivas derivadas del artículo 89 CEE —actual artículo 85 CE— y el derecho comunitario relativo a la defensa de la competencia era ejecutado por los Estados. La falta de experiencia en la aplicación de ordenamientos supranacionales por parte de estos y la fragmentación de los distintos ordenamientos dieron como resultado una escasa efectividad de esta rama del derecho comunitario.

El Reglamento 17/62/CEE marcó el comienzo de una nueva fase. Esta normativa le confirió a la Comisión Europea una amplia competencia para aplicar los artículos 81 y 82, así como la exclusiva para conceder exenciones individuales a los acuerdos restrictivos que cumpliesen con determinadas condiciones (art. 81(3))(2). La aplicación del resto de los numerales de los artículos 81 y 82 se mantenía como una competencia compartida entre los Estados y la Comisión. Solo cuando esta última iniciaba un proceso, los Estados miembros debían paralizar los iniciados en el plano nacional. En esta etapa se incrementó el número de recursos que se presentaban ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJ), dando lugar a abundante jurisprudencia.

Entre las primeras y más relevantes decisiones del TJ se encuentran: Grundig v. Consten(3), en relación con un contrato de distribución en exclusiva de los productos Grundig en Francia (art. 81(3)); Quinine(4) y Dyestuffs(5) (art. 81(1)) e Istituto Chemiotherapico Italiano y Commercial Solvents(6) y Continental Can(7) (art. 82).

En poco tiempo, la política de la competencia pasó de ser una actividad residual de las instituciones de Bruselas a agotar sus recursos materiales y personales:

a) Las competencias conferidas a la Comisión en relación con el artículo 81(1) multiplicaron su carga de trabajo, amenazando con bloquear sus servicios. Los artículos 5º y 6º del Reglamento 17 establecían que, con pocas excepciones, todos los acuerdos que contravinieran el artículo 81(1) o aquellos en relación con los cuales las partes solicitaran la aplicación del 81(3) debían ser notificados a la Comisión, obligación que alcanzaba a los acuerdos preexistentes hasta determinada fecha.

Ante la “avalancha” de trabajo, la Comisión solicitó del Consejo una autorización para adoptar reglamentos de exención en bloque que permitieran evitar la aplicación del artículo 81(1), siempre que se concretaran determinados requisitos y garantías. Primero, obtuvo tal autorización en relación con los acuerdos entre empresas que operaban en distintos niveles de producción y distribución —acuerdos verticales— y, más tarde, en relación con acuerdos entre empresas que actuaran en el mismo nivel de producción o distribución —acuerdos horizontales—.

b) El número de asuntos y recursos presentado se hizo tan elevado que en 1989 tuvo que crearse un Tribunal de Primera Instancia (TPI) para —entre otras cuestiones—, hacer frente a la necesidad de resolver asuntos en materia de competencia(8).

Al margen de las exenciones en bloque, la Comisión continuó adoptando decisiones individuales basadas en los artículos 2º, 3º y 6º a 8º del Reglamento 17 y, en último término, en los artículos 81 y 82 del TCE. A partir de 1962, se fue acumulando un cuerpo de decisiones administrativas importante, muchas de las cuales fueron recurridas ante el TJ, cuyas sentencias constituyen una fuente muy importante del derecho europeo de la competencia.

Las decisiones de aplicación de los artículos 81 y 82 eran emitidas tanto por la Comisión como por las autoridades nacionales competentes en la materia, dando lugar a conflictos. En esta época, el TJ determinó que los artículos 81 y 82 del TCE no solo formaban parte del derecho nacional de la competencia, sino que eran disposiciones de derecho primario con efecto directo y que, además, debían ser aplicados como disposiciones de rango jerárquico superior.

Esos efectos derivaban de una jurisprudencia de carácter general que afirmó la supremacía del derecho comunitario sobre el nacional —particularmente el asunto Costa-ENEL(9)— y que confirmó el efecto directo de los tratados —van Gend en Loos(10)—. Además, eran consecuencia de determinadas sentencias que reconocieron ambos principios, específicamente en relación con la defensa de la libre competencia y con la aplicación directa de los artículos 81 y 82, como Wilhelm contra Bundeskartellamt(11) —sobre la supremacía del derecho comunitario— y BRT contra Sabam(12) —sobre el efecto directo de determinadas disposiciones de los tratados—.

El reconocimiento jurisprudencial de la supremacía del tratado sobre los derechos nacionales de defensa de la libre competencia hizo que la existencia de disposiciones nacionales en la misma materia fuera cada vez más criticada y que la aplicación del derecho comunitario de la competencia, en particular en relación con conceptos como la regla de minimis(13) y con la definición de mercado relevante, fuese percibida como muy compleja. Contribuyó también a que las decisiones de los tribunales nacionales no especializados se percibiesen como difíciles e ineficientes.

Como consecuencia del desarrollo de la segunda fase, se llegó a la tercera etapa en el derecho comunitario de la competencia. En esta, muchos Estados, por propia iniciativa —es decir, sin que así lo impusiera la legislación comunitaria— armonizaron sus disposiciones nacionales en materia de defensa de la competencia(14).

A comienzos del siglo XXI se inició una nueva etapa. El 27 de septiembre del 2000, la Comisión adoptó su propuesta de reglamento relativo a un nuevo sistema de aplicación de los artículos 81 y 82(15). La aprobación de la nueva normativa y fundamentalmente del Reglamento 1/2003 dotaron de competencias a las autoridades y tribunales nacionales para la aplicación del artículo 81(3)(1) —exenciones individuales—, el cual modificó el sistema de notificación de acuerdos a la Comisión, manteniendo esta posibilidad a su propia iniciativa(16), y se establecieron decisiones de exención(17). La Comisión podía, además, emitir reglamentos de exención de bloque, pues el artículo 29(1) del Reglamento 1/2003 mantuvo esa posibilidad.

Para efectos de lograr coordinación entre las autoridades estatales, se creó una red de autoridades nacionales con facultades en materia de la defensa de la libre competencia (REC), así como grupos y subgrupos. En el sector de los servicios financieros existe un subgrupo específicamente dedicado al asegurador. Este ya ha tomado decisiones importantes como la relativa a los intermediarios de seguros y las comisiones de las corredurías, que constituyen un punto de referencia esencial para los estudios de mercado llevados a cabo por las autoridades de la red(18).

2. Acuerdos entre compañías aseguradoras

La aplicación de las normas de la competencia al sector asegurador no fue pacífica. Puede afirmarse que en los primeros años posteriores al Tratado de Roma esta no tenía lugar. Sin embargo, transcurrida la primera década del proceso de integración, la situación se fue trasformando y, en la actualidad, el sector asegurador está perfectamente integrado en la aplicación de las normas de competencia.

2.1. Antecedentes

A partir de la publicación del Informe anual de política de la competencia de 1972, la Comisión Europea manifestó con rotundidad el sometimiento de los acuerdos de empresas aseguradoras al régimen que disciplina las prácticas colusorias en los acuerdos entre compañías aseguradoras. En los años sucesivos, esta institución examinó numerosos acuerdos, decisiones y prácticas concertadas de los aseguradores y de las asociaciones de aseguradores en aplicación de lo previsto en el artículo 81(1) del TCE.

De aquellos años se destacan dos sentencias germinales. VanAmeyde(19) fue dictada para responder a una demanda de decisión prejudicial sobre el sistema de carta verde y el seguro de responsabilidad civil derivada del uso de vehículos a motor. En esta decisión, el tribunal afirmó, con carácter general, la aplicabilidad de las normas comunitarias de competencia al sector asegurador. Más adelante, la sentencia Verband der Sachversicherer, del 27 de enero de 1987(20), confirmó que la aplicación del derecho de la competencia al ámbito asegurador no obstaculizaba el buen funcionamiento de la supervisión de la actividad aseguradora(21). A raíz de las citadas sentencias, la Comisión recibió numerosísimas notificaciones de acuerdos, decisiones y recomendaciones de las aseguradoras o de sus asociaciones(22), cuyo análisis motivó el desarrollo normativo del artículo 81(3) del TCE en el sector del seguro.

2.2. Exención por categorías. El reglamento habilitante y las primeras exenciones por categorías

El artículo 81(3) permitía la inaplicación del artículo 81(1) del TCE a ciertas prácticas concertadas, siempre que las excepciones y exenciones sirvan para mejorar la producción o distribución de los productos, o para fomentar el progreso técnico o económico, y que, además, reserven a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante(23).

El Reglamento (CEE) nº 1534/91, del 31 de mayo de 1991, habilitó a la Comisión para aplicar el apartado 3º del artículo 81 del TCE y determinó los límites y condiciones a los que debían someterse las exenciones aplicables a cualquier sector económico. Sobre esta base, la Comisión aprobó el Reglamento (CEE) nº 3932/92 relativo a Determinadas Categorías de Acuerdos, Decisiones y Prácticas Concertadas en el Sector de los Seguros.

El artículo 1º delimitó su ámbito material de aplicación y señaló los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas entre aseguradoras o asociaciones de ellas, que estaban cubiertos por la exención, y tipificó cuatro de las seis categorías que había permitido el reglamento habilitante:

a) Tarifas de primas de riesgos.

b) Condiciones tipo.

c) Cobertura en común de determinados tipos de riesgos.

d) Verificación y conformidad de los dispositivos de seguridad.

El 12 de mayo de 1999, la Comisión emitió un informe dirigido al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la aplicación del Reglamento (CEE) nº 3932/92, en el cual reiteró que el alcance de la exención por categorías debía limitarse a aquellos acuerdos respecto de los cuales era posible presumir con suficiente certeza que se cumplían los requisitos del apartado 3º del artículo 81(24).

2.3. Régimen vigente

La publicación del Reglamento 1/2003 para simplificar y descentralizar el control sobre acuerdos entre empresas supuso un cambio fundamental en la orientación de la política de competencia de la Comisión y tuvo lugar en vísperas de la ampliación del 2004, la mayor de la historia europea(25). Sobre estos antecedentes inmediatos, el 27 de febrero del 2003 se aprobó el Reglamento 2003/358/CE de la Comisión, cuya vigencia se extiende hasta el 2010(26). Esta normativa regula las exenciones en bloque de determinados acuerdos o prácticas horizontales entre empresas aseguradoras, es decir, desarrolla en el plano del derecho derivado lo previsto en el artículo 81(3) del Tratado de la Comunidad Europea, sustituyendo el Reglamento (CEE) nº 3932/92 Relativo a Determinadas Categorías de Acuerdos, Decisiones y Prácticas Concertadas en el Sector de los Seguros.

El “telón de fondo” sobre el que se aprobó el Reglamento 2003/358/CE es el paquete de modernización de derecho de la competencia en Europa y, en concreto, de la aplicación de los artículos 81 y 82 del TCE. En relación con los acuerdos individuales, esta modernización ha implicado suprimir el sistema de notificación y aprobación previa por parte de la Comisión Europea de los acuerdos restrictivos de la competencia que cumplieran las condiciones del artículo 81(3) del TCE(27). En lo referente a las exenciones en bloque de acuerdos que cumplieran los requisitos del artículo 81(3), se mantuvo la técnica de habilitación legislativa a la Comisión para establecer las bases de tales exenciones en bloque o por categorías.

En la exposición de motivos del Reglamento 2003/358/CE, se indicó que resultaba conveniente poner un mayor énfasis en la definición de las categorías de acuerdos exentas hasta un determinado nivel o cuota de mercado, así como en las cláusulas que no debían figurar en tales acuerdos. La Comisión siguió las líneas generales del anterior reglamento y estableció una serie de acuerdos que podían ser objeto de exención(28). Además, fijó un periodo transitorio entre el 1º de abril del 2003 y el 31 de marzo del 2004, durante el cual no se aplicó el artículo 81(1) del TCE a los acuerdos vigentes el 31 de marzo de 2003, que no cumplían los requisitos de exención establecidos en la nueva reglamentación.

Al igual que ocurrió en 1992, el reglamento de la Comisión del 2003 no contempla otros dos tipos de acuerdo que hubieran podido ser eximidos en función del reglamento habilitante. Son los relativos a la liquidación de siniestros y los relativos a riesgos agravados, respecto de los cuales aún no existe una experiencia de desarrollo suficientemente amplia como para que sea jurídica y económicamente conveniente entrar a eximirlos en bloque.

Por lo que respecta al resto de acuerdos, es decir, a los que no se puede incluir en ninguna de las categorías beneficiadas por la exención en bloque, estos siguen la norma general vigente, a raíz de la reforma operada por el Reglamento 1/2003. Tanto la evaluación a priori de los acuerdos individuales, que ahora corresponde a las propias empresas, como la posterior que efectúen las autoridades nacionales, deberán tener en cuenta: la experiencia anterior de exenciones individuales por parte de la Comisión al amparo del Reglamento 17/1962/CE, las comunicaciones publicadas por ese organismo comunitario y las orientaciones que en forma de cartas de orientación puedan existir(29).

2.3.1. Establecimiento y difusión de cálculos sobre el coste medio de la cobertura de determinados riesgos, tablas de mortandad y de frecuencia de enfermedades, accidentes e invalidez

Esta exención sigue la pauta establecida en ciertas decisiones de la Comisión Europea y, en particular, la citada Verband der Sachversicherer (1984). Se basa en la cooperación para calcular los riesgos y sus costes, muy importantes para fijar la prima y adaptar las prácticas comerciales al mercado.

El Reglamento de la Comisión de 1992 autorizaba a las compañías de seguros para calcular conjuntamente la prima neta, con el propósito de obtener estadísticas fiables sobre la magnitud y la frecuencia de los siniestros(30). No permitía la exención de la prima comercial ni de elementos como comisiones o márgenes de seguridad. Tampoco, los acuerdos vinculantes sobre estudios que condujesen a la fijación de primas.

En el periodo anterior, la Comisión había tenido que examinar distintos proyectos de cooperación entre empresas aseguradoras en relación con el cálculo de las primas, declarando en algunos casos que el proyecto de acuerdo no cumplía los requisitos del reglamento y, por lo tanto, no estaban exentos. Entre estas resoluciones negativas está la referida a la Association Profesionelle des Enterprises d''Assurance, donde se propuso una prima mínima para seguros colectivos de hospitalización que cubrieran a 10 personas, pudiendo reducirse el precio en caso de afectar a un número mayor de asegurados.

La Comisión llegó a la conclusión de que la recomendación no estaba basada en estudios estadísticos y, de esta manera, la excluyó de la exención. Tampoco se aceptó otra recomendación de la misma Asociación de Aseguradoras belgas en relación con el cálculo de la prima en seguros de incendios de bienes industriales, pues contenía elementos administrativos.

Sobre la base de esa experiencia, el nuevo reglamento establece la exención del establecimiento y la difusión conjunta de cálculos que son determinantes para el fijar la prima de riesgo, pero que, por sí mismos, en ningún caso constituyen la base única de fijación de la prima bruta: estudios sobre el coste medio de la cobertura de un riesgo determinado, tablas de mortalidad y de frecuencia de enfermedades y accidentes e invalidez, todo esto en el ámbito de los seguros que implican un elemento de capitalización.

2.3.2. Elaboración conjunta —y difusión— de estudios sobre el probable impacto de circunstancias externas, sobre la frecuencia o el alcance de los siniestros futuros o sobre la rentabilidad de determinado tipo de inversión

Para los aseguradores, disponer de información precisa sobre riesgos constituye un elemento de control de riesgo muy importante. No obstante, la elaboración de estudios es compleja desde el punto de vista técnico y económico. No siempre es posible alcanzar datos fiables sobre la base de la información interna y por esto la exención por categorías autoriza el intercambio de información estadística y el cálculo conjunto de algunos riesgos.

Esta categoría de acuerdos había sido permitida por la Comisión a raíz de dos casos: Nuovo Cegam, de 1984, y Concordato Incendio, de 1989, donde, en el orden de las exenciones individuales, se autorizaron sendas prácticas que contribuyen a fijar la prima de riesgo. Esto se basa en el coste medio de la cobertura, al que se llega a través de los estudios y tablas pertinentes referidos en el apartado anterior, así como a través de los relativos a circunstancias externas sobre el riesgo, a los que se aplican técnicas estadísticas y actuariales.

El nuevo reglamento se fija más en los componentes de la prima de riesgo que en esta última, subrayando que la colaboración permitida debe limitarse a lo necesario para obtener elementos estadísticos y calcular el coste promedio de los siniestros(31). Para quedar exentos, los estudios no deben ser vinculantes. Por el contrario, la aplicación de la exención exige que los cálculos o los estudios se difundan o se elaboren mencionando explícitamente que tienen carácter indicativo, que las aseguradoras que cooperen en su elaboración no comprometen ni obligan a otras empresas a utilizarlos en exclusiva, ni restringen o impiden utilizar otros estudios.

2.3.3. Establecimiento y difusión conjuntos de condiciones tipo no vinculantes de las pólizas de seguro directo

Las condiciones tipo de muchas pólizas de seguros son elaboradas por asociaciones nacionales de empresas de seguros. En la redacción del Reglamento de 1992 se eximió el establecimiento de condiciones tipo para los contratos de seguro y en el 2003 se precisó más su alcance. El propio apartado 4º del artículo 4º define las “condiciones tipo” como: “... toda cláusula contenida en las pólizas tipo o de referencia, elaboradas conjuntamente por los aseguradores o por las organizaciones o asociaciones de aseguradores”. Esta clase de acuerdos puede ser venta josa para las empresas participantes en ellos y, además, para los consumidores, pues facilita la comparación de las ofertas de los distintos aseguradores. Sin embargo, para resultar aceptables, no pueden imponerse ni excluir genéricamente riesgos, ni basarse en el mantenimiento de la relación contractual a lo largo de un periodo de tiempo.

El ámbito de aplicación fundamental de la exención en bloque no cambia mucho con la reforma, si bien se añaden nuevos requisitos(32). La normativa anterior establecía unas llamadas “cláusulas blancas” o disposiciones tipo que disfrutan de las exenciones, siempre que las condiciones tipo y los modelos comunes expresaran su carácter ilustrativo. En el 2003 se recurrió, por el contrario, a una serie de requisitos generales (art. 5º) que obligaban a que los modelos fueran difundidos de forma que indicaran expresamente su carácter no vinculante, mencionaran expresamente que las empresas que los utilizaran podían ofrecer otras condiciones distintas a sus clientes y fueran accesibles por parte de cualquier interesado.

El Reglamento 358/2003 contiene las llamadas “cláusulas negras” o disposiciones expresamente excluidas de la exención (art. 6º), en virtud de las cuales: (i) se fija la magnitud de la prima comercial; (ii) se fija el importe de la cobertura o la franquicia; (iii) se impone una cobertura global de riesgos a los que no están expuestos simultánea mente un amplio número de tomadores; (iv) se le permite al asegurador mantener la vigencia del contrato aunque disminuya significativamente la garantía o incremente la prima sin que haya aumentado el riesgo; (v) se alteran las condiciones de la póliza sin el consentimiento del tomador y (vi) se le impone una duración superior a los tres años o una prórroga superior a un año o se le obliga a reanudar un contrato sus pendido debido a la desaparición del riesgo, por haberse puesto de nuevo de manifiesto este último. Por otra parte, se prohíbe la exención por categoría de los acuerdos que imponen cláusulas de fidelidad o que obliguen al tomador del seguro a recurrir al mismo asegurador para cubrir otros riesgos distintos, o que, en caso de cesión del objeto asegurado deba transferir la póliza al adquirente.

Otro grupo de excepciones afecta las decisiones y acuerdos que excluyan o limiten la cobertura de un riesgo, si el tomador del seguro recurre a dispositivos de seguridad o a empresas de instalación o mantenimiento que no estén homologadas conforme a las especificaciones pertinentes acordadas por una o varias asociaciones de aseguradores en uno o varios otros Estados miembros o a escala europea. Tampoco beneficiará a las empresas o asociaciones de empresas que rodeen de carácter vinculante estos acuerdos. Por último, la exención de condiciones tipo no se aplicará a los acuerdos, decisiones y prácticas concertadas que excluyan la cobertura de categorías de riesgo, debido a las características particulares del tomador del seguro.

2.3.4. Establecimiento y difusión conjuntos de modelos no vinculantes que ilustren los beneficios de una póliza de seguros que contenga un elemento de capitalización

La excepción del establecimiento y difusión de modelos solo mantiene tal carácter, si se respeta su naturaleza orientadora y si incluye contenidos que no se limiten a señalar tipos de interés o cifras que indiquen los costes administrativos (art. 6º, apartados 4º y 5º).

2.3.5. Constitución y funcionamiento de agrupaciones de empresas de seguros o de empresas de seguros y empresas de reaseguros para la cobertura conjunta de una categoría específica de riesgos en forma de coaseguro o correaseguro

Las agrupaciones o pools de seguros en las que participan varios aseguradores para cubrir riesgos de gran alcance o de carácter excepcional son muy frecuentes. Se localizan particularmente en sectores donde es relativamente frecuente la aparición y materialización de riesgos de gran volumen, como en la aviación o en actividades que puedan producir daños nucleares o ambientales. Con la reforma se amplía ligeramente el campo de aplicación de esta categoría de exenciones y, como contrapartida, se introducen requisitos adicionales, como que la exención se retirará, en caso de que una empresa pertenezca a dos grupos activos en un mismo mercado o ejerza una influencia decisiva en su política comercial.

Esta excepción se aplica a las agrupaciones de coaseguro o de correaseguro, creadas después de la fecha de entrada en vigor del reglamento, para cubrir exclusivamente riesgos nuevos durante un periodo de tres años contados a partir de la fecha de la primera constitución de la agrupación, independientemente de cuál sea su cuota de mercado (art. 7º). El término “riesgo nuevo” es definido en el apartado A(7) del artículo 2º como aquel que no exista previamente a su exigencia por parte de un producto asegurador nuevo. Esta noción implica que para beneficiarse de la exención, no es suficiente con que la agrupación de aseguradoras mejore, amplíe o sustituya un seguro existente.

En el caso de las agrupaciones de coaseguro o de correaseguro que tengan más de tres años o que no hayan sido creadas para cubrir un riesgo nuevo, la exención se aplicará con la condición de que los productos suscritos no representen más del 20% del mercado de referencia —en el caso de agrupaciones de coaseguro—. Si, una vez aplicada la exención, la cuota de mercado superara el 22%, puede mantenerse un año más. Si se supera el 20%, sin llegar al 22, la cuota se mantendrá durante otros dos años. En el caso de las agrupaciones de correaseguro, no pueden representar más del 25% del mercado de referencia, para beneficiarse de la exención. Si lo superan, sin llegar al 27%, esta se aplica durante dos años y, si también supera este porcentaje de mercado, solo puede aplicarse un año.

La cuota de mercado se calcula sobre la base de los ingresos brutos en concepto de primas y, de no contarse con tales datos, sobre estimaciones basadas en otra información de mercado fiable, incluida la cobertura de seguro proporcionada o el valor del riesgo asegurado y en datos relativos al año natural precedente. Tal cuota de mercado se imputa a partes iguales a cada empresa de la agrupación, cada una de las cuales debe tener derecho a retirarse de la agrupación con preaviso de un año, sin incurrir en sanción alguna. La agrupación ha de ser voluntaria e, incluso, una vez constituida, debe permitirle a sus miembros asegurar o reasegurar riesgos —incluidos aquellos para cuyo aseguramiento se haya creado—, al margen de la misma. La agrupación no puede afectar a la producción o a las ventas, ni limitar el acceso a los mercados o a los clientes.

Otra de las restricciones que estas asociaciones deben respetar, para poder beneficiarse de la exención, está relacionada con el seguro directo, lo cual consiste en no incluir en este cálculos de primas comerciales y, en todo caso, que ninguno de sus miembros con capacidad de decisión o de influencia decisiva lo sea, al mismo tiempo, de otra agrupación que opere en el mismo mercado de referencia ni ejerza una influencia decisiva sobre la política comercial de esta última.

2.3.6. Establecimiento, reconocimiento y difusión de normas técnicas no armonizadas

En la mayoría de los Estados miembros de la Unión Europea existen acuerdos entre aseguradoras sobre las especificaciones técnicas para equipos de seguridad —alarmas, equipos antirrobo, etc.—. Así se elaboran listas de productos “homologados”. A partir de estos arreglos se ensayan los equipos y se crean los listados.

Esta categoría de exenciones comprende las especificaciones técnicas, normas o directrices relativas a dispositivos de seguridad no armonizados. Son acuerdos de cooperación en relación con sistemas contra incendios, alarmas antirrobo, alarma de vehículos, etc. Alcanza, además, a acuerdos que tienen por objeto la instalación y el mantenimiento de dispositivos de seguridad y la evaluación y certificación de las empresas que instalen o realicen el mantenimiento de los dispositivos de seguridad con tales especificaciones, normas o directrices.

Esta categoría se fundamenta en las ventajas que proporciona a los aseguradores y a sus clientes la posibilidad de coordinar el reconocimiento de normas técnicas y, además, en el interés por contribuir al proceso de armonización. Estos acuerdos facilitan, además, el cálculo de las primas y reducen la carga de riesgo asegurado. Por lo tanto, benefician al consumidor, al mejorar la calidad de los equipos o lograr una reducción de la prima.

Este tipo de exención se somete a una serie de requisitos. Por una parte, las especificaciones y normas deben ir acompañadas de una declaración en la que se haga constar que las empresas de seguros son libres de asegurar otros dispositivos de seguridad o dispositivos de otras empresas de instalación y mantenimiento que no cumplan dichas especificaciones técnicas o normas. Por otra parte, las especificaciones y normas deben ser facilitadas a cualquier persona interesada que las solicite. Además, las listas de dispositivos de seguridad y empresas de instalación y mantenimiento deben contener una clasificación basada en su nivel de rendimiento. Cualquier solicitante debe poder presentar, en cualquier momento, una solicitud de evaluación, sin que esta le acarree gastos desproporcionados en relación con los costes del procedimiento de homologación.

Tanto los dispositivos como las empresas de instalación y de mantenimiento que cumplan los criterios de evaluación tendrán derecho a ser homologados de manera no discriminatoria en un plazo de seis meses desde la fecha de la solicitud, salvo cuando por motivos técnicos se justifique un período adicional razonable. Tanto la conformidad o la homologación como la denegación deben ser certificadas por escrito. En caso denegatorio, las razones que las fundamentan deben motivarse y adjuntarse los informes de pruebas y de controles realizados. Estas pruebas y verificaciones deben ser suscritas por organismos que se ajusten a las normas de las series EN 45 000 y EN ISO/IEC 17025. Con la reforma se redujo el ámbito de esta exención que ahora solo es posible en ámbitos donde no existe armonización comunitaria.

3. Control del abuso de posición dominante en el sector asegurador

Desde una perspectiva jurídica, el control de los abusos de posición dominante se enmarca dentro del control de acuerdos. Le corresponde a la Comisión examinar no solo los acuerdos entre las empresas sino, además, controlar los abusos de posición dominante (TCE, art. 82).

El hecho de que una empresa o grupo ostente una posición dominante no es prohibido en sí mismo. Lo que no está permitido es utilizar tal superioridad para influir en el nivel y la estructura de la competencia. Se estará ante conductas abusivas y prohibidas si el predominio se utiliza para: (i) adoptar políticas que tengan como consecuencia directa o indirectamente precios de compra o de venta u otras condiciones sobre las transacciones; (ii) limitar la producción o las características técnicas en perjuicio de los consumidores; (iii) abusar de la debilidad negociadora de los socios comerciales; (iv) establecer condiciones contractuales desiguales a cambio de servicios semejantes —imponiendo unas condiciones competitivas desiguales y perjudiciales para algún operador en el mercado— o (v) vincular la conclusión de contratos con socios comerciales a la aceptación por parte de estos de servicios que, según las condiciones vigentes en el mercado, no tienen lógica.

La aplicación del artículo 82 sobre abuso de posición dominante se realiza también a través del Reglamento 1/2003. Pero, a diferencia de lo que ocurre con los acuerdos entre empresas, no están previstas las exenciones en bloque. Las situaciones que dentro del sector asegurador podrían situarse en este apartado serían las siguientes:

a) Una conducta abusiva de un grupo de aseguradores dominantes, en relación con el seguro de determinados riesgos, que sirva para eliminar a los competidores.

b) Conductas de aseguradores dominantes en determinado sector que impidan el acceso al mercado de los competidores.

c) Tarifas excesivas impuestas por un asegurador con presencia dominante en relación con determinados riesgos.

En la práctica no se han producido decisiones de la Comisión en virtud de las cuales se hayan verificado abusos en el sector asegurador. La razón es que este se mantiene insuficientemente concentrado para que ciertos aseguradores efectivamente abusen de su posición.

3.1. Control de fusiones y adquisiciones

La fusión o adquisición de empresas con actividad aseguradora es susceptible de crear trabas en el mercado, limitar la libre competencia y permitir abusos de posición dominante. Para efectos de su control se fijan varios criterios, los cuales se señalan a continuación:

3.1.1. El mercado de referencia

El criterio de la Comisión es que existen tantos mercados relevantes en el sector asegurador como riesgos cubiertos por las partes que participan en una operación de fusión y/o adquisición. Ello se basa en que, desde el punto de vista de los consumidores, los distintos riesgos no son intercambiables.

No obstante, esta afirmación resulta matizada por la misma Comisión, desde el momento en el que existen competidores “genera listas”, suficientemente potentes. Es decir, si un operador es dominante en relación con el aseguramiento de un determinado riesgo en un área geográfica, ello no implica posición dominante, si, además, en ella coinciden las operaciones de aseguradores de tipo general que también cubren ese riesgo concreto(33). Sobre esta base se autorizó la operación de concentración de la francesa Groupama con la española Plus Ultra(34).

3.1.2. El punto de vista geográfico

Según la Comisión, la definición de mercado relevante desde el punto de vista “geográfico” sigue las siguientes pautas: para la cobertura de riesgos individuales, el mercado relevante es el nacional, por cuanto se relaciona con la necesidad de establecer líneas y canales de distribución del producto asegurador, el sometimiento al mismo régimen fiscal, etc.(35). En relación con los seguros de aviación y de transporte, el mercado relevante se considera que es el europeo, dada la progresiva apertura de mercados(36). En relación con el reaseguro, el ámbito geográfico del mercado relevante es el mundial.

3.1.3. La cuota de mercado

Según este criterio, la cuota que pueda alcanzar la nueva entidad en el mercado relevante de que se trate, pese a su importancia, no es suficiente para considerar que se está ante una posición dominante. La Comisión considera que esta ni se crea ni se refuerza cuando las partes que se fusionan son complementarias, hasta el punto de que, respecto de cada una de ellas, la operación solo incrementa marginalmente la cuota de mercado de la entidad resultante(37).

Además, la cuota de mercado no solo se analiza en relación con el número de pólizas suscritas o el volumen de primas contratadas, sino también respecto del número de intermediarios, ya que pueden plantearse serias dudas en relación con entidades resultantes que vayan a concentrar una red de distribución muy desarrollada(38).

3.1.4. El número de competidores

La cuota de mercado resultante por parte de la entidad, producto de la fusión o adquisición, es un concepto relativo que debe valorarse teniendo en consideración la concurrencia de otros competidores en el mercado en cuestión(39). La Comisión no tiene en cuenta la existencia de sociedades filiales “cautivas” o de entidades financieras que también ofrecen sus productos en el mismo mercado en competencia con los analizados(40).

3.1.5. Apertura del mercado relevante a aseguradores extranjeros

En su ejercicio valorativo, la Comisión entra a considerar si la operación afecta a la eventual entrada de aseguradores extranjeros(41).

3.1.6. Redes de distribución, poder adquisitivo de los compradores y naturaleza de las operaciones

La existencia de redes de distribución de los productos aseguradores puede ser un factor importante de cara a la limitación de competencia(42). También puede serlo el poder adquisitivo de los compradores y la naturaleza de las operaciones que suelen realizar, por ejemplo, si están acostumbrados o tienen dificultades para adquirir productos fuera de los límites geográficos del país(43).

Uno de los asuntos más recientes, donde se ponía en tela de juicio la actuación concertada a través de redes de distribuidores para abusar del mercado, es el derivado de la denuncia de Bipar contra los aseguradores Allianz, Colonia y Hamburger-Mannheimer(44). Bipar es una organización que agrupa a las asociaciones europeas de media dores de seguros y acusaba a las citadas aseguradoras de fragmentar el mercado de determinado tipo de seguros en Alemania, a través de las cláusulas inhibitorias de la competencia insertadas en sus acuerdos con agentes dependientes de seguros. La Comisión rechazó la denuncia, pues consideró que no existían pruebas de que la competencia en el mercado de referencia fuera insuficiente.

3.2. Grupos o filiales conjuntas

La constitución de grupos de empresas o de filiales conjuntas puede permitir a uno o a pocos agentes controlar un determinado sector del mercado asegurador. La Comisión Europea no solo toma en consideración que la entidad que se pretende crear vaya a tener una posición dominante, sino, además, que la operación no vaya a dar lugar a comportamientos anticompetitivos por parte de las matrices. Es decir, la Comisión analiza si estas van a continuar operando en ese mercado o en mercados relacionados o vinculados y estudia la posición de matrices y filiales como si se tratara de un grupo en sentido propio.

Según esta línea de actuación y a modo paradigmático, en la constitución de una sociedad mixta entre Skandia, Storeband y Phjola para gestionar conjuntamente sus carteras de seguros distintos del de vida, la Comisión entró a valorar la cuota de mercado del grupo en relación con el seguro de vida —que los participantes consideraban excluidos del negocio que se atribuía a la joint venture—. El resultado fue afirmar que los seguros de vida y distintos del de vida sí lo estaban, porque los productos cubrían a los mismos clientes y eran distribuidos por los mismos intermediarios.

3.3. Restricciones accesorias

Al estudiar los acuerdos entre aseguradores que puedan conducir a situaciones de abuso, la Comisión entra a “desmenuzar” y analiza en detalle el contenido y el alcance de los acuerdos entre las empresas que participan en las operaciones de concentración. Es frecuente que califique ciertas cláusulas como accesorias, sometiéndolas a un examen de proporcionalidad, a plazo e, incluso, imponiendo restricciones.

Entre estas prestaciones o acuerdos accesorios se encuentran algunos de tipo general. Se relacionan con prácticamente cualquier tipo de concentración, ya sea dentro o fuera del sector asegurador. En este apartado se clasificarían los acuerdos de no captar clientes durante un periodo temporal pactado(45), no reclutar personal y directivo(46) o no competir en determinado sector(47).

Otras condiciones pactadas entre las entidades participantes en una operación de concentración se vinculan con la viabilidad de la misma. Por ejemplo, compromisos de mantener las relaciones de reaseguro durante un tiempo y, en determinadas condiciones, una disposición en virtud de la cual la filial conjunta se obliga a reintegrar a una de sus matrices parte del negocio a cambio de su know how.

4. Control de la intervención pública

La intervención del Estado en el sector asegurador, ya sea a través de ayudas financieras directas o indirectas o de la concesión de contratos públicos, puede afectar negativamente a la libre competencia.

4.1. Ayudas de Estado

El artículo 87(1) del TCE prohíbe las ayudas de Estado que distorsionen o amenacen con distorsionar la competencia, a través de favorecer a ciertos operadores o determinados productos. El control comunitario de este tipo de actuación se basa en la autorización anterior, de forma que cualquier propuesta de ayudas públicas o de modificar las existentes debe comunicarse a la Comisión, antes de su adopción definitiva.

Como consecuencia de ello el organismo decide si el proyecto es conforme o no al derecho comunitario y si puede ser autorizado o no. En caso de que la ayuda haya sido concedida, la Comisión puede exigir el reembolso. La práctica indica que son cuatro los criterios tenidos en cuenta:

a) La financiación debe ser pública. Para estos efectos, la definición de sector público es amplia como lo ha puesto de manifiesto el TJ(48).

b) La medida debe conferir una ventaja o permitir que una empresa se beneficie de ella. El TJ define la ayuda de Estado como una asignación de recursos o reducción de costes sin contrapartida equivalente.

c) La medida debe ser selectiva en el sentido de afectar adversamente a la libre competencia entre los beneficiados de las mismas y sus competidores. Este carácter selectivo las distingue de otro tipo de intervención general de tipo sectorial o territorial.

d) Además, debe tener un efecto de distorsión de la competencia y afectar al comercio entre los Estados, criterio que se cumple cuando el beneficiario ejercita una actividad transfronteriza y sus efectos sobre la competencia son considerables. Este criterio no tiene mucho sentido en relación con el sector asegurador en el que existe una total libertad de comercio, sujeto únicamente a criterios de solvencia.

Al analizar los efectos de las ayudas de Estado, la Comisión no solo toma en consideración la cantidad concedida, sino también los efectos en el mercado, pues con una ayuda cuantitativamente reducida pueden lograrse resultados cualitativamente importantes.

4.2. Exenciones

Pese a la prohibición de conceder ayudas que falseen la competencia, existen algunas medidas permitidas. En primer lugar, se encuentran aquellas que son destinadas a las víctimas de catástrofes, terrorismo, etc. Se trata de ayudas de carácter social que se conceden a personas individuales o a varias personas y consumidores sin discriminación de su origen o con el de los productos. Estas ayudas se otorgan para reparar los resultados de desastres naturales o en circunstancias excepcionales.

Otras tienen carácter de apoyo económico selectivo a efectos de promover el desarrollo económico de zonas donde el nivel de vida es anormalmente bajo o donde el desempleo es muy alto. Pueden concederse para facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas(49). En el sector asegurador existen varios ejemplos de este tipo:

a) En 1996, la Comisión autorizó a Francia a recapitalizar la empresa GAN como contrapartida a un plan de recapitalización para reducir el endeudamiento intragrupo. Como la situación del grupo empeoró y no fue posible poner en práctica aquel plan, al año siguiente el Estado obtuvo autorización para facilitar una ayuda a cambio de condiciones que incluían la reducción de las operaciones internacionales a la mitad.

b) En julio del 2002, la Comisión declaró que el régimen de tributación de sociedades cautivas de seguros en Finlandia resultaba contrario al derecho comunitario, pues permitía que tales filiales se beneficiaran de una reducción fiscal(50), ayuda que fue considerada como ilícita. De hecho, al ser de carácter general, en la práctica solo favorecía a los grupos de empresas suficientemente grandes como para constituir una filial cautiva para efectos de asegurar riesgos del grupo.

5. Contratos públicos en materia de seguros

Los contratos públicos de servicios se rigen por la Directiva 92/50/CEE del Consejo, del 18 de junio, sobre Coordinación de los Procedimientos de Adjudicación de los Contratos Públicos, la cual prevé medidas generales de fomento de la transparencia en ciertos sectores, entre los cuales se incluye el asegurador.

Los contratos de seguros están sometidos a la normativa de contratación pública en relación con los contratos suscritos por el Estado y entes infraestatales, entidades de derecho público, asociaciones constituidas por una o más de estas entidades, así como en relación con los contratos suscritos por entidades de derecho privado que tengan participación en un 50% o más por las anteriores entidades. El umbral económico para el control depende de que se trate de contratos suscritos por ministerios o autoridades nacionales —umbral más elevado— o por otro tipo de entidades. En la práctica, la directiva afecta a un amplio número de contratos de seguros y, en particular, a aquellos que cubran las flotas de vehículos y los edificios públicos.

El principio general es que las entidades del sector público que deseen adquirir un seguro por un volumen elevado deben hacerlo sobre la base de un proceso de contratación pública, regla aplicable a los contratos de seguros que deban ser renovados anualmente y que puedan estar sometidos a modificaciones —por ejemplo, en caso de alteraciones en el riesgo cubierto—, lo cual se tornaría excesivamente complejo, si se aplicase sin ninguna excepción. Por ello, la propia directiva contempla las siguientes:

a) Los seguros objeto de contratación pública pueden renovarse por dos periodos adicionales, sin tener que iniciarse una nueva licitación, si tal posibilidad se contempló en el contrato inicial.

b) Tampoco es preciso recurrir a una nueva licitación, cuando se trata de aplicar a las garantías acordadas en un contrato concluido sobre la base de una contratación publica, siempre que la nueva prima no exceda en un 50% a la inicial y que la ampliación o modificación de la póliza se suscriba con el asegurador inicial.

El procedimiento establecido para la concesión de contra tos públicos en el sector de seguros se realiza siguiendo básica mente el procedimiento establecido para el resto de las contrataciones, incluso si tanto el tomador como el asegurador se sitúan en el sector público(51).

6. Reflexiones finales

La política de defensa de la competencia constituye una piedra angular en las normas para la consecución del mercado interior, en general, y del mercado interior europeo en el sector asegurador, en particular. Pese a la lentitud con la que se inicia el proceso de “europeización” de la competencia en materia de seguros, la necesidad de evitar que los operadores económicos impidan la entrada en el mercado, a través de prácticas anticompetitivas, hace que la aplicación del derecho comunitario de la competencia al sector de los seguros esté plenamente aceptada.

El ámbito donde se han producido mayores y más abundantes debates es el de los acuerdos entre empresas, en el que existen abundantes decisiones de la Comisión y la jurisprudencia, así como con una exención en bloque de determinado tipo de acuerdos. Sin embargo, tales acuerdos constituyen solo una de las formas de control en el derecho positivo, mientras que en otros aspectos, como el abuso de la posición dominante y las ayudas públicas, que son tal vez el objeto de menos atención en el sector, resultan igualmente nocivos para el mercado interior.

Europa está siempre “en movimiento”. Siempre se le plantean nuevos retos. La Unión Europea del Siglo XXI estará configurada por grandes procesos que van abriendo el camino para establecer unas relaciones mejores y más armoniosas. La política de la competencia no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para obtener buenos resultados. Su aplicación en el ámbito asegurador se inscribe dentro de ese objetivo general.

(1) A principios de los años 60, la supervisión y ordenación del seguro eran inicialmente distintos en cada Estado, lo que justificaba la imposición de restricciones al mercado asegurador de cada país. Este hecho era utilizado por los aseguradores para mantener posiciones proteccionistas de su mercado nacional. La estructura, la configuración, el comportamiento y la dimensión de los mercados nacionales eran también muy distintos entre los Estados —al respecto, véase: Blanco-Morales Limones, P. y Carbonell Puig, J. La actividad aseguradora en el espacio económico europeo, aspectos teóricos y prácticos. Madrid: 2002—.

(2) El artículo 81 —antiguo artículo 85—, en su redacción actual, señala: “1. Serán incompatibles con el mercado común y quedarán prohibidos todos los acuerdos entre empresas, las decisiones de asociaciones de empresas y las prácticas concertadas que puedan afectar al comercio entre los Estados miembros y que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear el juego de la competencia dentro del mercado común y, en particular, los que consistan en: a) fijar directa o indirectamente los precios de compra o de venta u otras condiciones de transacción; b) limitar o controlar la producción, el mercado, el desarrollo técnico o las inversiones; c) repartirse los mercados o las fuentes de abastecimiento; d) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva; e) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos. 2. Los acuerdos o decisiones prohibidos en el presente artículo serán nulos de pleno derecho. 3. No obstante, las disposiciones del apartado 1. podrán ser declaradas inaplicables a: cualquier acuerdo o categoría de acuerdos entre empresas; cualquier decisión o categoría de decisiones de asociaciones de empresas; cualquier práctica concertada o categoría de prácticas concertadas que contribuyan a mejorar la producción o la distribución de los productos o a fomentar el progreso técnico o económico, y reserven al mismo tiempo a los usuarios una participación equitativa en el beneficio resultante, y sin que: a) impongan a las empresas interesadas restricciones que no sean indispensables para alcanzar tales objetivos; b) ofrezcan a dichas empresas la posibilidad de eliminar la competencia respecto de una parte sustancial de los productos de que se trate”.

Por su parte, el artículo 82 —antiguo artículo 86— establece: “Será incompatible con el Mercado común y quedará prohibida, en la medida en que pueda afectar al comercio entre Estados miembros, la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Tales prácticas abusivas podrán consistir, particularmente en: a) imponer directa o indirectamente precios de compra, de venta u otras condiciones de transacción no equitativas; b) limitar la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores; c) aplicar a terceros contratantes condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que ocasionen a estos una desventaja competitiva; d) subordinar la celebración de contratos a la aceptación, por los otros contratantes, de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o según los usos mercantiles, no guarden relación alguna con el objeto de dichos contratos”.

(3) 64/566/CEE: Decisión de la Comisión, del 23 de septiembre de 1964, Relativa a un Procedimiento con Arreglo al Artículo 85 del Tratado (IV—A/00004—03344 Grundig—Consten).

(4) 69/240/CEE: Décision de la Commission, du 16 juillet 1969, Relative à une Procédure au Titre de l''Article 85 du Traité (IV/26.623 — Entente internationale de la quinine). Asunto 41/69 ACF Chemiefarma N.V. v. Commission (1970) Rec 661.

(5) Asunto 48/69 ICI v. Commission (1972) Rec 619.

(6) Asuntos acumulados 6/73 y 7/73 Istituto Chemiotherapico Italiano and Commercial Solvents Corp. v. Commission 1974, Rec 223.

(7) Asunto 6/72 Continental Can v. Commission (1973) Rec 215.

(8) De conformidad con el artículo 225 TCE, frente a las sentencias del Tribunal de Primera Instancia puede interponerse un recurso ante el Tribunal de Justicia.

(9) Asunto 6/64, (1964) Rec 585.

(10) Asunto 26/62, (1963) Rec 1.

(11) Asunto 14/68, (1969) Rec 1.

(12) Asunto 127/73, (1974) Rec 51.

(13) Comunicación de la Comisión sobre acuerdos de menor importancia que no restringen la competencia de conformidad con el artículo 81(1) del Tratado (2001) (DOUE 368, p. 13).

(14) Con todo, hay que decir que siguieron existiendo diferencias entre algunas normas como las alemanas (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, 1998), BGBl. I S. 2546, modificada por la Sechstes Gesetz zur Änderung des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen, del 26 de agosto de 1998, BGBl. I S. 2521) y las normas comunitarias —al respecto véase: Enchelmaier, S. Derecho europeo y protección de la libre competencia: first sneaking, then galloping — The europeinaisation of competition law. En: Pérez Carrillo, E.F. (ed.) Estudios de derecho mercantil europeo. Madrid: 2005, pp. 222—246—.

(15) La propuesta puede consultarse en: Comisión Europea. COM (2000) 582 (doc 365 DE 19.12.2000).

(16) Artículo 10 del Reglamento 1/2003. Reglas semejantes a las emitidas al amparo del antiguo artículo 2º del Reglamento 17/62.

(17) Semejantes a las anteriormente emitidas al amparo de los artículos 6º a 8º del Reglamento 17/62.

(18) Segunda reunión del subgrupo, del 24 de septiembre del 2004, recogida en: Comisión Europea. Informe sobre la política de la competencia. Vol. 1, 2004, p. 65.

(19) Rec. 1977, pp. 1091—1138. Asunto C-90/76. STJ, del 9 de junio de 1977.

(20) Asunto C-45/85.

(21) El asunto Verband der Sachversicherer se centró en asuntos de un carácter más general. Por una parte, sobre si una recomendación como la citada, que además se presentaba como no obligatoria, puede considerarse una infracción del artículo 81(1) y, por otra parte, si puede afectar al comercio entre los Estados miembros, incluso si solo afecta a riesgos situados en un Estado. En ambos casos la respuesta fue afirmativa.

(22) Véase el XVIII informe de la Comisión sobre la política de la competencia.

(23) En este sentido, véase la comunicación de la Comisión: Directrices sobre la aplicabilidad del artículo 81 del TCE a los acuerdos de cooperación horizontal (publicado en el DOC, núm. 3, del 2001).

(24) Bello Martín Crespo, P. Situación actual de la exención por categorías en materia de seguros y consorcios marítimos. En: Actas de Derecho Industrial, t. XX, 1999, pp. 1441-1452.

(25) Competition Newsletter. Primavera del 2003, pp. 1 y ss. El reglamento se adoptó después de un minucioso proceso de consulta, durante el cual se recibieron contribuciones de organizaciones que operan en el sector asegurador, de agrupaciones de consumidores y de organismos y autoridades públicos.

(26) Un primer comentario puede consultarse en Botana Agra, M. Aprobado el Reglamento 358/2003 sobre Exención por Categorías en el Sector de los Seguros. En: Actas de Derecho Industrial, t. XXIII, 2002, p. 1286.

(27) El Reglamento 1/2003 introdujo la posibilidad de que sean las autoridades nacionales las que apliquen directamente el artículo 81(3) del TCE, pasando a ser la evaluación a posteriori una competencia compartida por la Comisión con los jueces y autoridades nacionales.

(28) Unión Europea. Aranzadi, marzo del 2003, pp. 25 y 26.

(29) Véase la Comunicación de la Comisión relativa a las orientaciones informales sobre cuestiones nuevas relacionadas con los artículos 81 y 82 del Tratado CE que surjan en asuntos concretos —cartas de orientación— (DOUE C 101, del 27 de abril del 2004).

(30) La prima bruta es el precio que abonan los asegurados por la cobertura de un riesgo. Incluye una prima de riesgo que depende de dos factores: por una parte, la cobertura ofrecida por el seguro y, por la otra, la frecuencia con que se materializa el riesgo. La prima neta se calcula sobre la base de estos dos factores y de un coeficiente que tiene en cuenta, además, las previsiones de desarrollo del riesgo en el futuro. Con la suma de la prima de riesgo, de los gastos administrativos y del margen de beneficios se obtiene la prima bruta.

(31) Apartado 10 de la exposición de motivos del Reglamento 2003/358/CE del 2003.

(32) El sector de los seguros presentó varios argumentos de peso que favorecieron el cambio y, en particular, la necesidad de reforzar la eficiencia del sector —véase Comisión Europea. La política de la competencia en la unión europea, 2003. Luxemburgo: 2004, p. 47—.

(33) La Comisión permitió la fusión entre CGU y Norwich Union, pese a que la nueva entidad CGNU alcanzaba un 45% del mercado de Reino Unido e Irlanda en determinado tipo de pólizas (asunto M 1886).

(34) Decisión de la Comisión, del 2 de septiembre del 2002, por la que se Declara la Compatibilidad de una Operación de Concentración con el Mercado Común (asunto nº IV/M.2913 — Groupama Seguros y Reaseguros/Plus Ultra Seguros y Reaseguros) sobre la base del Reglamento (CEE) nº 4064/89 del Consejo (DOUE 213 del 2002, p. 8). La Comisión recibió la notificación de un proyecto de concentración de conformidad con el artículo 4º del Reglamento (CEE) n.º 4064/89 del Consejo, por la cual la empresa española Groupama Seguros y Reaseguros S.A. (Groupama), perteneciente al grupo francés Groupama, adquirió el control de la empresa española Plus Ultra, Compañía Anónima de Seguros y Reaseguros (Plus Ultra), perteneciente al grupo británico Aviva, a través de adquisición de acciones y activos. Para efectos de la autorización, la Comisión tuvo en cuenta el ámbito de actividad de las empresas afectadas: por un lado, la prestación todo tipo de servicios de seguros y reaseguros (Groupama) y, por el otro, seguros de no vida (Plus Ultra).

(35) Asunto M 759. Sun Alliance y Royal Insurance; o asunto M 862, Axa y UAP.

(36) Asunto M 812, Allianz, Vereinte.

(37) Asunto 1816, en relación con la adquisición NIG —con un 60% de cuota del mercado de seguros de servicios posventas por parte de Churchill Insurance, que no se encontraba presente en ese mercado—.

(38) M 1712, Generali, INA.

(39) Asunto M 862 AXA, UAP del 20 de diciembre de 1996. La Comisión no prohibió la concentración, pese a que la entidad resultante adquiría una cuota de mercado muy importante, porque en el mismo mercado seguían operando competidores numerosos, algunos de los cuales tenían una posición semejante a aquella.

(40) Asunto M 1101, Hermès—Sampo—FGB, en relación con el seguro de crédito en Finlandia.

(41) Asunto M 2602. La Comisión señaló que el mercado de seguro de crédito de Holanda no resultaba suficientemente rentable como para tener en consideración la posibilidad de eventual entrada de aseguradores de otras nacionalidades. En cambio, en el asunto 1101 Hermès—Sampo—FGB se señaló que en Finlandia había abundante demanda del mismo producto y que no podría ser satisfecha por los operadores locales.

(42) Asunto 1082 AXA, UAP. La existencia de redes de distribución a través de bancos y entidades financieras en relación con pólizas de seguro de responsabilidad profesional fue considerada como un factor positivo para la concentración.

(43) Asunto M 539 Allianz, Elvia, Lloyd Adriático, donde a favor de la concentración se esgrimió que los asegurados estaban en condiciones de adquirir el mismo tipo de seguro fuera de los límites geográficos de referencia. En el Asunto M 759 Sun Alliance, Royal Insurance, la Comisión consideró que la cuota de mercado en seguros hipotecarios de la entidad resultante no constituía un obstáculo a la fusión, porque los seguros eran negociados por bancos que tienen poder negociador real.

(44) Bipar v. Allianz, COMP/D1/34.323.

(45) La Comisión aceptó una cláusula por la cual el vendedor Banesto acordaba no realizar captaciones de clientes de la empresa que se vendía (LUFE).

(46) Skandia se comprometió a no captar directivos de la empresa vendida (NIG).

(47) Los fundadores o matrices de una joint venture entre Skandia, Storebrand y Pohjola se comprometieron a no ofrecer productos de seguro distintos del de vida, en competencia con la empresa mixta que se creaba.

(48) Ladbroke Racing Ltd. v. Comisión, C-83/98.

(49) A modo de ejemplo, en 1995 la Comisión autorizó el otorgamiento de ventajas fiscales concedidas por Italia a las empresas establecidas en el Centro de Servicios Financieros y Seguros de Trieste, para efectos de permitir o facilitar sus actividades en Europa del Este con el tope de 3.5 billones de euros y durante un periodo de cinco años. La autorización se concedió a través de la Decisión 95/452/CE de la Comisión, del 12 de abril de 1995, Relativa a las Medidas de Ayuda en Forma de Ventajas Fiscales en Favor de las Empresas que Operan en el Centro de Servicios Financieros y de Seguros de Trieste Previstas en el Artículo 3º de la Ley Italiana n.º 19 del 9 de enero de 1991 (DOUE L 264 del 7 de noviembre de 1995, p. 30). Las principales condiciones se establecieron en el art. 3º: “Las ventajas fiscales no superarán los 65.000 millones de liras italianas y los 3.500 millones de ecus en inversiones y préstamos y se aplicarán exclusivamente a los beneficios derivados de las operaciones realizadas con los países de Europa oriental. Se concederán exclusivamente para los beneficios obtenidos por el Centro en sus cinco primeros años de funcionamiento (…). Italia adoptará las medidas de control fiscal necesarias a fin de evitar que (…) las operaciones para las que están previstas las ayudas se efectúen en realidad con países distintos de los de Europa oriental, y comunicará dichas medidas a la Comisión inmediatamente después de su establecimiento. Estas medidas deberán incluir la obtención, por parte de los países que reciben inversiones o préstamos del Centro, de una declaración unilateral que garantice el acceso a la información sobre el destino y la propiedad real de los fondos, de forma que quede asegurada la transparencia de las operaciones efectuadas”.

(50) Decisión 2002/937/CE de la Comisión, del 10 de julio del 2002, Relativa a la Ayuda Estatal Concedida por Finlandia en Favor de Compañías de Seguros Cautivas de la Región de Åland (DOUE L 329 del 5 de diciembre del 2002, p. 22).

(51) En la actualidad, es infrecuente entre las aseguradoras europeas encontrar empresas públicas o privadas en las que participe el sector público. Esto con excepción de los consorcios de compensación y otras entidades semejantes que sirven para cerrar el “sistema” y suplir riesgos de difícil cobertura como el terrorismo, o ineficiencias del mercado. Incluso, este tipo de asegurador público está sometido a las reglas de competencia según se deduce de la Decisión de la Comisión del 11 de junio de 1985 —decisión seguros griegos—, donde cierto tipo de riesgo se reservaba a aseguradoras del sector público y donde tal práctica fue declarada incompatible con el mercado interior —al respecto, véase Blanco—Morales Limones, P. y Carbonell Puig, J. La actividad aseguradora en el espacio económico europeo..., cit., p. 93—.