El sendero de la reforma penal en Nicaragua

Revista Nº 41 Oct.-Dic. 2012

María Asunción Moreno Castillo 

Catedrática de Derecho Penal 

Universidad Centroamericana-Nicaragua 

(Nicaragua) 

Sumario

Los cambios sociales y culturales, deben estar acompañados de actualizaciones de los esquemas penales en materia legislativa, pues el Derecho Penal debe armonizarse con la realidad social. El presente artículo efectúa un detallado recuento de las principales reformas en materia penal en Nicaragua hasta llegar a la última y más consensuada modificación del año 2008, exponiendo con detalle sus antecedentes y implicaciones, así como cambio de esquemas.

Temas relacionados

Derecho penal general; derecho penal especial; derecho procesal penal; reforma penal en Nicaragua.

1. Contexto del proceso de reforma del sistema de justicia nicaragüense

La reforma del sistema penal nicaragüense se da dentro del proceso de modernización y fortalecimiento de las instituciones y poderes del Estado, de tal forma que, la solidez del Estado de Derecho y de las instituciones de justicia era la tarea que debía hacerse.

El punto de partida de este proceso fue identificar la necesidad de producir cambios profundos en el sistema de justicia(1), aquilatando así los mecanismos de control y aseguramiento para que en Nicaragua existiera un verdadero sistema de pesos y contrapesos que limitara los abusos de un poder del Estado sobre otro. El proceso de cambio se dio a inicios de los años 90, cuando se toma la decisión de invertir en el capital humano y en las condiciones materiales en las que los funcionarios judiciales desarrollaban la tarea de administrar justicia. Así pues, con el auspicio de países donantes(2), se inició la ejecución del proyecto de fortalecimiento y dignificación del Poder Judicial, el cual estaba basado en un tipo de colaboración técnica distinta de la tradicional, pues suponía la construcción de las denominadas casas de justicia(3) en cada uno de los municipios del país, así como complejos judiciales en las cabeceras departamentales, principalmente en las sedes de los tribunales de apelaciones.

Para 1995 el proceso de fortalecimiento e institucionalización del Poder Judicial volvió su mirada al aspecto normativo: era necesario proceder a la elaboración de proyectos de reforma al Código de Instrucción Criminal (vigente desde 1879) y al Código Penal (1974) junto a la formulación de otros textos (Código de Ética Judicial; Ley de Carrera Judicial, Ley de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, y ley orgánica del poder judicial que sustituyera a la entonces vigente Ley Orgánica de Tribunales de 1894), esto con el fin de que dichas reformas dieran lugar a la modernización normativa del Poder Judicial, en general, y del sistema penal, en particular.

Cabe destacar que del conjunto de leyes que era necesario cambiar con urgencia la primera en aprobarse fue la Ley Orgánica del Poder Judicial (1998), a la que le siguieron otros textos normativos como el Código de la Niñez y Adolescencia (1998), el Código Procesal Penal (2002), la Ley de Carrera Judicial, la Ley de Régimen Penitenciario (2004) y el Código Penal (2008).

Con la aprobación y entrada en vigencia del Código Procesal Penal inicia un profundo cambio en el Sistema de Justicia Penal que permitió pasar de un proceso inquisitivo y violatorio de los derechos humanos, que regía desde 1879, a un proceso penal garantista, respetuoso con los derechos y garantías individuales reconocidos en la Constitución Política y apegado a los principios del debido proceso. La implementación del proceso penal acusatorio vino a reforzar la necesidad de actualización de la legislación penal sustantiva a través del planteamiento de una reforma completa y total, ya que las reformas parciales realizadas al Código Penal de 1974 fueron insuficientes para alcanzar una verdadera constitucionalización del Sistema de Justicia Penal.

2. La necesidad de un nuevo Código Penal: no más reformas parciales

Hasta julio del 2008 —seis años después de la entrada en vigencia del Código Procesal Penal— en Nicaragua rigió un Código Penal anticuado e inspirado en el pensamiento jurídico del siglo XVIII, lleno de parches producto de reformas parciales y adiciones(4) que no fueron suficientes para dar respuesta a las nuevas formas de delincuencia que la sociedad moderna —inmersa en un proceso de globalización y desarrollo tecnológico— necesitaba para garantizar una convivencia pacífica y democrática.

Entre las más significativas reformas realizadas durante los 33 años de vigencia del Código Penal de 1974, cabe mencionar la eliminación de la pena de muerte(5) prevista en el artículo 53 numeral 1.º, dentro de las penas principales(6), así como las modificaciones realizadas a los delitos de malversación, fraude y peculado en los ochentas(7).

Además, en materia de delitos contra la libertad sexual se dio otro cambio relevante a través de la reforma de 1992, que modificó considerablemente los delitos de violación, el estupro e incluyó el delito de abusos deshonestos. Asimismo, se dio una orientación distinta a los delitos contra la moralidad pública(8).

En 1996(9), se reforman los artículos 137, 139, 140, 141 y 143 del Libro II, Título I, Capítulo II sobre los delitos de lesiones incorporando el castigo de las lesiones psicológicas o psíquicas, las penas se incrementaron cuando las lesiones son consecuencia de violencia dentro del ámbito familiar y, en general, el marco penal tuvo un incremento en los delitos de lesiones. Igualmente, se adicionaron las denominadas “medidas de protección” y se despenalizaron los delitos de adulterio y amancebamiento previstos en los artículos 211 al 216.

La reforma del 2002 resalta el esfuerzo realizado para actualizar la legislación penal en materia del castigo de actos de corrupción; así pues, se tipificó el enriquecimiento ilícito, el soborno internacional y el tráfico de influencias(10). Otro aspecto abordado en esta reforma es la incorporación de las distintas formas de autoría y participación, la desaparición de la cooperación ejecutiva como forma de participación y la consideración del encubrimiento como un delito autónomo dentro de los delitos contra la administración pública (art. 352 bis); asimismo, se incluyó la figura del “actuar en nombre de otro” cuando se trata de determinar la responsabilidad penal de los actos delictivos cometidos en el ámbito de las personas jurídicas.

El reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas fue la reforma más importante que se hizo en la Ley 581 “Ley Especial del Delitos de Cohecho y Delitos contra el Comercio Internacional e Inversión Internacional”(11) cuando se estableció que:

“Sin perjuicio de la responsabilidad penal individual establecida en los delitos tipificados en la presente ley, la persona jurídica que haya obtenido o haya intentado obtener beneficio económico como consecuencia de un particular actuando en nombre de otro, de conformidad con lo regulado en el artículo 22 numeral 4.º del Código Penal vigente, estará sujeto a una o más de las siguientes consecuencias accesorias:

1. Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de tres años.

2. Cancelación de la personalidad jurídica de la sociedad o empresa.

3. Suspensión de las actividades de la sociedad o empresa, por un plazo que no podrá exceder de tres años.

4. Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de tres años.

5. La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de tres años.

La aplicación de estas consecuencias accesorias no excluye la responsabilidad civil de las personas jurídicas por los daños causados por la comisión delictiva”.

Finalmente, la reforma más sorprendente y desafortunada es la que se aprobó para derogar específicamente la eximente del aborto terapéutico(12), después de 169 años de estar vigente en los distintos códigos penales que han existido en Nicaragua desde 1837. Esta reforma resultó frustrante para los sectores más progresistas de la sociedad nicaragüense ya que por primera vez en la historia las mujeres se encuentran entre la cárcel o la muerte, y los profesionales de la medicina —principalmente los que ejercen tan noble profesión en el sector público— entre la cárcel y la cárcel. La historia juzgará las consecuencias de esta decisión legislativa cuyos efectos aún perduran, ya que esta eximente no fue incorporada en el nuevo Código Penal.

3. De la propuesta de Ley de Código Penal hasta su aprobación

El proceso de reforma penal comenzó a gestarse en 1994 con la presentación del anteproyecto de Código Penal que realizó un grupo de diputados(13), el cual no se inspiró en los principios científicos-dogmáticos del Derecho Penal moderno y democrático al tener como fuente los principales postulados de los códigos penales de 1837, 1879, 1891 —ya derogados— y algunos lineamientos del entonces Código Penal vigente. En realidad, el contenido de este proyecto pretendía rescatar el pasado sin una visión del presente.

Cinco años después, la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional decidió impulsar la aprobación de un nuevo Código Penal y replantear la iniciativa presentada por otra que coincidiera con los principios y valores constitucionales; así pues, se integró una subcomisión técnica, presidida por el diputado Noel Pereira Majano, a la que se encargó iniciar un proceso de consultas a nivel nacional(14). Los aportes realizados por asociaciones de abogados, grupos de mujeres, periodistas, jueces y representantes de distintos sectores sociales fueron estudiados e incorporados en el borrador del dictamen que la Comisión de Justicia estaba elaborando.

El 27 de agosto de 1999 se conformó la Comisión de Alto Nivel(15), para impulsar de forma integral la reforma del Sistema de Justicia Penal (Código Penal, Código Procesal Penal, Ley Orgánica del Ministerio Público y Ley de Régimen Penitenciario) y aunar esfuerzos en la elaboración, consulta y capacitación de la futura legislación penal.

En este sentido se inició una segunda etapa de consultas y discusión del borrador del dictamen del proyecto de Código Penal, esta vez fueron consultados profesores y estudiantes universitarios de la carrera de derecho del país, además de funcionarios judiciales y asociaciones de abogados. En esta ocasión, los representantes de las comunidades indígenas y étnicas de la Costa Atlántica pidieron una audiencia a la Comisión de Justicia para solicitar que se concediera a los jueces comunales facultades jurisdiccionales para conocer delitos cuyas penas no excedieran de los cinco años de prisión.

Los nuevos aportes y observaciones realizadas por los sectores consultados en esta segunda etapa fueron incorporados al borrador de dictamen, el cual fue estudiado y discutido en conjunto con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez consensuados y constatados los avances del proyecto de Código Penal se solicitó la asistencia técnica de juristas extranjeros y nacionales, entre los que podemos citar al profesor Diego Manuel Luzón Peña, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá y al profesor José Luis González Cussac, profesor titular de Derecho Penal de la Universidad Jaime I de Castellón, España, y al equipo técnico(16) del Proyecto de reforma y modernización normativa del centro para la administración de justicia de la Universidad Internacional de la Florida (CAJ/FUI-USAID), el cual se encargó de realizar correcciones de forma y contenido técnico al proyecto.

También se realizó una convocatoria pública invitando a todos los sectores sociales a los talleres de consulta sobre el proyecto del nuevo Código Penal planteado. Agotado el proceso de consulta, la Comisión de Justicia dictaminó favorablemente el proyecto y solicitó al plenario su aprobación en lo general y en lo particular(17). Así, el 3 de mayo del 2000, la Asamblea Nacional aprobó en lo general el Proyecto de Código Penal.

En los meses de septiembre y octubre del año 2000 —después de las elecciones— se iniciaron las reuniones de trabajo con las bancadas parlamentarias, magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y académicos nacionales y extranjeros(18). Como resultado de estas reuniones, surgieron numerosas modificaciones, además se sugirió la incorporación de la legislación penal vigente en leyes especiales para depurar la legislación penal existente, fue así que las bancadas parlamentarias designaron a los diputados Nathán Sevilla Gómez y Pablo Sierra Chacón para que prepararan las modificaciones al proyecto del Código Penal, para su representación y debate en el plenario a través de una segunda lectura del título preliminar sobre garantías penales y de la aplicación de la ley penal y mociones correspondientes al Libro I(19).

Luego de numerosas sesiones de trabajo, la Comisión de Justicia inició el proceso de revisión y redacción de los Libros II y III del proyecto con la finalidad de revisar la incorporación de nuevas figuras delictivas no previstas inicialmente en los borradores de proyectos.

De esta forma, se da inicio a lo que podemos denominar una tercera etapa en el proceso de gestación de lo que iba a ser el futuro Código Penal que lleva a un nuevo proceso de consulta y participación de organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, destacados profesionales nicaragüenses, médicos, grupos de mujeres, empresarios, etc. Durante casi tres años —de febrero del 2001 a noviembre del 2003(20)— los diputados que integraban la Comisión de Justicia realizaron un trabajo arduo y extraordinario para seguir perfeccionando el proyecto de Código Penal. Es así que, el 26 de noviembre del 2003, se presenta un nuevo dictamen del Código Penal en el que se agrega un cuarto libro relativo a la ejecución de las penas.

La última era parlamentaria del nuevo Código Penal la impulsa el diputado José Pallais, quien asume la presidencia de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos a partir de enero del 2007 e inicia una serie de consultas con sectores sociales, médicos, periodistas, grupos de mujeres, representantes de las instituciones del sistema de justicia, en esta ocasión con la asistencia técnica de CHECCHI/USAID; así pues, se termina de aprobar un nuevo Código Penal por la Asamblea Nacional, presidida por el Ing. René Núñez Téllez(21), el 13 de noviembre a las 12:37 minutos del medio día, exactamente seis años después de la aprobación del Código Procesal Penal, una coincidencia relevante.

Es oportuno señalar que en la última media hora de aprobación del nuevo texto penal, un grupo de legisladores (la bancada del MRS) propusieron la inclusión del aborto terapéutico —derogado el año anterior— como una eximente de responsabilidad cuando se realice por indicación médica, sin embargo, solo 17 parlamentarios votaron a favor(22).

En definitiva, con la presión de un apagón de energía se aprueba el nuevo Código Penal, compuesto por 569 artículos(23). Con plena certeza se puede afirmar que se trata del Código Penal más consultado y consensuado social y políticamente en nuestra historia penal, realmente su autor principal fue la sociedad nicaragüense.

4. La orientación político-criminal y estructura del nuevo Código Penal

La orientación político-criminal se encuentra plasmada en la adaptación positiva del nuevo Código Penal a los valores constitucionales; en este sentido, los cambios que se introducen son innumerables, pero vale la pena resaltar algunos:

— En primer lugar, se introducen cambios substanciales en la teoría del delito, con lo que Nicaragua se suma a las teorías jurídicas contemporáneas. Se propone una reforma total del actual sistema de penas de modo que permita alcanzar, en lo posible, los objetivos de resocialización que la Constitución Política le asigna. El sistema que se propone simplifica, de una parte, la regulación de las penas privativas de libertad, ampliando, a la vez, las posibilidades de sustituirlas por otras que afecten a bienes jurídicos menos básicos, y, de otra, introduce cambios en las penas pecuniarias, adoptando el sistema de días-multa y añadiendo los trabajos en beneficio de la comunidad.

— En segundo lugar, se ha conciliado el principio de intervención mínima y las crecientes necesidades de tutela en una sociedad cada vez más compleja, dando prudente acogida a nuevas formas de delincuencia, pero eliminando a la vez figuras delictivas que han perdido su razón de ser. En el primer sentido, merece destacarse la introducción de los delitos contra el orden socioeconómico o la nueva regulación de los delitos relativos a los recursos naturales; en el segundo, la desaparición de la seducción ilegítima, la sodomía y el infanticidio.

— En tercer lugar, se ha dado especial relieve a la tutela de los derechos fundamentales y se ha procurado diseñar con especial mesura el recurso al instrumento punitivo allí donde está en juego el ejercicio de cualquiera de ellos. Al configurar los delitos contra el honor del modo en que se propone, se otorga a la libertad de expresión toda la relevancia que puede y debe reconocerle un régimen democrático.

— En cuarto lugar, se ha hecho un esfuerzo para continuar avanzando hacia la igualdad real y efectiva, que es uno de los principios consagrados por la Constitución Política. Si bien tal igualdad solo se conseguirá cuando la sociedad interiorice los valores en que se funda, el Código Penal puede contribuir a ella eliminando regulaciones que son un obstáculo para su realización o introduciendo medidas de tutela frente a situaciones discriminatorias. Además de las normas que otorgan una protección específica frente a las actividades tendientes a la discriminación, debe mencionarse aquí la nueva regulación de los delitos contra la libertad sexual. Se pretende con ella adecuar los tipos penales al bien jurídico protegido, que no es ya, como fuera históricamente, la honestidad de la mujer, sino la libertad sexual de todos. Bajo la tutela de la honestidad de la mujer se escondía una intolerable situación de agravio, que la regulación propuesta elimina totalmente.

— Finalmente, encontramos la incorporación de nuevos tipos penales de cara a la necesaria criminalización de conductas para que sean compatibles con las nuevas necesidades sociales, en lo que incide además el propósito de impulsar el progreso en armonía y asegurar el respeto de los derechos esenciales de las personas mediante la protección de los bienes jurídicos, sociales o colectivos e individuales.

A continuación plantearemos los aspectos más relevantes contenidos en la parte general y especial del nuevo Código Penal:

4.1. Aspectos fundamentales previstos en el título preliminar y libro I

Desde el punto de vista de su estructura sistemática, el nuevo Código Penal contiene un título preliminar denominado “Sobre las garantías penales y de la aplicación de la ley penal”, dentro del cual encontramos reconocidas garantías penales como el principio de legalidad (garantía criminal y garantía constitucional), el principio de irretroactividad de las leyes penales, el principio de retroactividad de la ley más favorable, el principio de dignidad humana, de reconocimiento y protección de la víctima, el principio de responsabilidad personal y el principio de responsabilidad subjetiva y de culpabilidad.

En cuanto a las reglas de aplicación de la ley penal están expresamente reconocidos los principios de territorialidad, protección de intereses, de universalidad, entre otros. Además, están previstas las reglas para resolver los concursos de leyes, de interpretación y el carácter supletorio de las disposiciones del título preliminar y el libro primero respecto a lo previsto en las leyes especiales.

En el mismo título preliminar se da reconocimiento al Derecho Consuetudinario de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Atlántica cuando reconoce a la víctima el derecho a escoger el sistema de justicia que considere oportuno (NCP, art. 20(24)).

En cuanto a la parte general del nuevo Código Penal, contenida en el Libro I, podemos mencionar que desde un inicio observamos cambios relevantes, por ejemplo, en el concepto de delito que nos ofrece incorpora la expresión “acciones u omisiones dolosas o imprudentes” (NCP, art. 1º) suprimiendo la “presunción de voluntariedad” contenida en los artículos 2.º y 3.º del CPd(25) que violentaba el principio de constitucionalidad de presunción de inocencia y el castigo del caso fortuito previsto en el segundo párrafo de mismo artículo 2.º del CPd establece “(…) el daño que se previó como imposible se considera imputable al autor”.

Así mismo, en el ámbito subjetivo del tipo global de injusto únicamente se reconocen el dolo y la imprudencia como elementos subjetivos del delito (NCP, arts. 21 y 22). La preterintencionalidad como forma encubierta de exigir responsabilidad por el resultado desaparece y con ello el castigo del homicidio preterintencional tipificado en el artículo 133 CPd.

El castigo de la comisión por omisión se trata de una de las innovaciones más relevantes que trae la nueva legislación penal, ya que hasta antes de la reforma se castigaban solo los delitos cometidos por omisión propia.

El artículo 24 NCP establece una clasificación tripartita de las infracciones penales, a diferencia de la clasificación que contenía el Código Penal derogado, al disponer que un delito es grave cuando la ley lo castiga con pena grave, menos grave si la pena es menos grave y falta cuando la pena es leve(26).

La nueva regulación penal introduce la distinción entre error de tipo y error de prohibición, que viene a sustituir la vieja distinción entre error de hecho y error de derecho. El error de tipo, si es invencible, excluye toda responsabilidad penal al no existir dolo, dado el desconocimiento de los elementos del tipo, y tampoco culpa al no haber podido el autor superar el error de tipo aunque hubiese actuado diligentemente. Si por el contrario el error de tipo es vencible, es decir, que el autor hubiese podido evitar el hecho de haber actuado diligentemente, su responsabilidad será a título de imprudencia, siempre y cuando esté previsto su castigo en esta modalidad, recordemos que “cuando la ley tipifica una conducta lo hace a título de dolo, salvo que expresamente establezca la responsabilidad por imprudencia” (NCP, art. 22).

También encontramos regulado el error de prohibición (NCP, art. 26), que se produce cuando el sujeto conoce todos los elementos fundamentadores de la prohibición y, sin embargo, desconoce la valoración negativa y prohibición jurídica de esa conducta.

El NCP diferencia con precisión y claridad a los autores (directos, mediatos y coautores) y partícipes (inductores, cómplices y cooperadores necesarios) —cambios que ya se habían dado desde la reforma del 2002— la innovación en esta materia es la inclusión de la denominada en nuestra cultura judicial “autoría intelectual” propuesta técnica que presentara el profesor Manuel Aráuz Ulloa a la Comisión de Justicia como una forma de autoría.

El sistema de penas y medidas de seguridad supone, tal vez, la más importante innovación normativa. La supresión de las penas privativas de libertad inferiores a seis meses, el confinamiento y el presidio constituyen parte del proceso de modernización del sistema penal que nos trae el nuevo texto.

4.2. Un vistazo a la parte especial

La parte especial, compuesta por los Libros II y III, experimentó en su articulado un incremento respecto al Código Penal de 1974. Tiene una estructura sistemática moderna de la que carecía el Código Penal derogado a pesar de las reformas parciales y adiciones que se le habían incorporado a lo largo de su vigencia.

En cuanto al orden sistemático, el nuevo Código Penal optó por la posición doctrinal más moderna y de derecho comparado al iniciar con los delitos contra las personas y derechos fundamentales y, posteriormente, regular las conductas que atentan contra la colectividad y el Estado.

De esta forma se incorporan nuevos delitos como la manipulación genética y las lesiones al no nacido; el delito de violencia doméstica e intrafamiliar; la utilización de niños, niñas, adolescentes, discapacitados o personas de la tercera edad para mendicidad y el contagio provocado.

Se castigan los actos preparatorios como la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos de homicidio, parricidio, asesinatos, manipulación genética y clonación de células, manipulación genética para producción de armas biológicas, lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas.

Dentro de los “Delitos contra la libertad e integridad sexual”, podemos destacar la tipificación de la explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante pago; el delito de promoción del turismo con fines de explotación sexual y la trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o adopción.

También son de nuevo cuño los delitos de inseminación sin consentimiento y la inseminación fraudulenta. Se derogó el delito de sodomía y desaparecen los homicidios privilegiados previstos en el Código Penal derogado que atenuaban la pena cuando el cónyuge sorprendía en adulterio a su consorte o los padres o hermano mayor que dieran muerte al que se encontraba yaciendo con su hermana menor de 21 años (CPD, arts. 129 al 131).

La creación de un Título relativo a los “Delitos contra la vida privada y la inviolabilidad del domicilio” presenta una de las novedades más sobresalientes del nuevo Código Penal, ya que tradicionalmente los códigos penales nicaragüenses contemplaban una protección autónoma del derecho a la vida privada limitándose a regular conductas de apoderamiento documental y descubrimiento de secretos.

Dentro de este título se tipifican conductas como la apertura o interceptación ilegal de comunicaciones; la sustracción, desvío o destrucción de comunicaciones; la captación indebida de comunicaciones ajenas; la propalación; la violación de secreto profesional; los registros prohibidos y el acceso y uso no autorizado de información, contenidos en los artículos 192 al 199 NCP.

Así pues, el tratamiento jurídico-penal unitario que da el nuevo Código Penal a las distintas conductas que atentan contra la esfera íntima de las personas, debe estimarse positivo, al establecer una regulación en la que se castigan no solo las conductas de intromisión, sino también aquellas de divulgación teniendo en cuenta los adelantos tecnológicos sobre todo en materia de telecomunicaciones.

En definitiva, es indiscutible la trascendencia e importancia que representa el reconocimiento de la esfera íntima de una persona como bien jurídico protegido en la nueva regulación penal, sobre todo si tomamos en cuenta que la regulación anterior se encontraba totalmente desfasada en relación con los adelantos tecnológicos y previsiones constitucionales.

Otro de los aspectos novedosos —que desde nuestro punto de vista debe destacarse— es la consagración, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico penal, de un Título dedicado a los “Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, compuesto por 17 capítulos que regulan conductas que atentan contra el patrimonio; además de los delitos tradicionales como el hurto, el robo, la estafa, el daño, etc., que experimentan una actualización en su formación legal; se acuñan nuevos delitos que atentan contra el orden socioeconómico como los “Delitos contra el sistema financiero y bancario” regulados en el artículo 280 del NCP; “Delitos societarios”, que vienen a ofrecer una protección penal dentro del ámbito de las sociedades mercantiles frente a las infidelidades y abusos que pueden realizar sus administradores, directivos y gerentes en perjuicio de la empresa (NCP, arts. 278 y 279); “Delitos contra la libre competencia y los consumidores”. Asimismo, hay un capítulo dedicado a las quiebras e insolvencias punibles; así como la incorporación y mejora técnica de los delitos contra los derechos de autor la propiedad intelectual y el lavado de dinero, entre otros.

Como anteriormente señalamos, este código, con sus aciertos y deficiencias, es sin duda la legislación penal más consultada en la historia penal de nuestro país. Realmente podemos afirmar con plena certeza que es un código para nuestra democracia, en él vamos a encontrar plasmados los valores democráticos reconocidos en nuestra Constitución Política.

5. Legislación penal especial y la primera reforma al Código Penal del 2008

Aparte del Código Penal vigente, el ordenamiento penal nicaragüense está integrado por un catálogo cada vez más amplio de leyes penales especiales, el cual está sometido a las disposiciones del título preliminar y del libro primero del CP (art. 20, párr. 1).

Entre las principales leyes penales especiales actualmente vigentes están: Ley 287 “Código de la Niñez y Adolescencia” (publicado en La Gaceta 97, de mayo 27/98); Ley 510 “Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos, y otros Materiales Relacionados” (publicada en La Gaceta 40, de feb. 25/2005); Ley 566 “Código Penal Militar (publicada en La Gaceta 04, de ene. 05/2006); Ley 735 “Ley de Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y Abandonados” (publicada en Gaceta 199, de oct. 19/2010); Ley 747 ”Ley para la Protección y el Bienestar de los Animales Domésticos y Animales Silvestres Domesticados” (publicada en La Gaceta 96, de mayo 25/2011) y la Ley 779 ”Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley 641, “Código Penal”, publicada en la Gaceta 35 del 22 de febrero del 2012.

5.1. El derecho de las mujeres a una vida libre de violencia

La aprobación de la Ley 779 “Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y de Reformas a la Ley 641 “Código Penal”, es parte del cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado de Nicaragua(27) y una respuesta contundente a la demanda realizada por sectores sociales, especialmente, grupos de mujeres, que de forma constante y firme vienen denunciando la violencia que sufren las mujeres nicaragüenses.

El Código Penal vigente ya había incorporado la penalización del delito de violencia doméstica o intrafamiliar, así como una serie de conductas que atentaban contra la libertad e integridad sexual; no obstante, subsistían vacíos respecto a la tipificación de ciertos tipos de violencia de género que se producen tanto en el ámbito privado como público.

En este sentido, la ley integral introduce importantes reformas, tanto en el ámbito sustantivo como procesal. En el sustantivo cabe resaltar la creación de diez figuras penales específicas de la violencia de género (femicidio, violencia física, violencia psicológica, violencia patrimonial y económica, intimidación o amenaza contra la mujer, sustracción de hijos e hijas, violencia laboral, violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, omisión de denunciar, obligación de denunciar acto de acoso sexual), en las que la principal novedad se observa en la definición del sujeto pasivo como exclusivamente del sexo femenino (mujer/niña) con evidente exclusión del hombre como posible víctima de los mismos, salvo lo establecido en el artículo 17, referido al delito de omisión de denunciar, en el que además de la mujer (niñas/adolecentes) pueden ser sujetos pasivos los niños y adolescentes y el delito previsto en el artículo 18 relativo a la obligación de denunciar.

Estas nuevas figuras penales castigan toda actuación violenta en la que la víctima se halle o hubiere estado ligada por relación de consanguinidad, afinidad, sujeto a tutela, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad, desconocidos, así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar violencia de género (art. 2.º).

Como podemos observar, para la caracterización del sujeto activo en esta tipificación con perspectiva de género prevista en la ley, es indiferente la vigencia del vínculo matrimonial, unión de hecho estable, de afinidad o relación de noviazgo, ya que abarca también a aquellos supuestos en los que la violencia proviene por quien ya no tiene ninguno de estos vínculos al momento de la comisión de los hechos; ya que el legislador entiende que aunque la relación entre la víctima y el agresor ya no existe, este último sigue guiado en su actuar por la concepción de una relación de dominio o poder sobre la mujer. Es el sexo de la víctima y no del autor el elemento decisivo que caracteriza la mayoría de los tipos penales previstos en esta ley integral.

La mayor dificultad interpretativa la entraña la cuestión relativa a la determinación de “relación de afectividad, desconocidos y así como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar en este tipo de violencia”, pues los términos utilizados por el legislador dejan un amplio margen de interpretación que podría desvirtuar la aplicación de la ley.

Otros de los aciertos que podemos destacar de la ley integral son las reformas realizadas a trece artículos del Código Penal vigente, las cuales buscan dar coherencia político-criminal en cuanto a la prevención, sanción y erradicación de las distintas formas de violencia de género que den lugar a cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

En el ámbito procesal, se orientan algunos asuntos procesales, probatorios y punitivos y se remite a las fuentes de interpretación de la ley, además de establecer medidas precautelares y cautelares que pretenden garantizar la protección de la víctima; medidas procesales para agilizar los procedimientos judiciales y medidas paliativas de los efectos de la violencia en las víctimas. Asimismo, se crean y modifican estructuras especializadas (Juzgados de distrito penal especializados en violencia; comisarías de la mujer en la Policía Nacional, Unidad Especializada de Delitos contra la Violencia de Género y la Comisión Nacional Interinstitucional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer) con las que se pretende garantizar una mayor coordinación en la actuación de las diferentes instancias implicadas en la prevención, sanción y erradicación de la violencia sobre las mujeres.

En definitiva, la ley integral no solo establece un tratamiento penal especializado de las distintas formas de violencia de género, sino que contiene planteamientos políticos orientados a preservar y garantizar los derechos de las mujeres más allá del ámbito punitivo; de esta forma Nicaragua pasa a ser parte del grupo de países de América Latina que se ubican en la llamada 2.ª generación de este tipo de legislación, aceptando la tendencia a la especificación de los derechos humanos, en función de sus titulares y sus diferentes necesidades de protección, en este caso las mujeres que son víctimas de violencia de género. En esta ocasión, nuevamente el legislador nicaragüense dejó pasar la oportunidad de incluir la eximente terapéutica como una forma de proteger el derecho a la vida de las mujeres, garantizado y reconocido en la Constitución Política y en tratados internacionales en materia de derechos humanos.

Bibliografía

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Núñez Téllez, C. Informe constitucional, prólogo comentarios a la Constitución Política. Managua, Nicaragua: 2000.

(1) Este proceso lo encontramos descrito ampliamente en Aráuz / Moreno. Imagen de la justicia. 2001.

(2) El Proyecto dio inicio con fondos del Gobierno de Suecia y Holanda a los que se le han sumado otros países de la Unión Europea; al respecto véase la Revista Justicia, n.° 5, 1996, p. 8. También Dye, David R. Retazos de democracia. 2000, p. 25.

(3) Revista Justicia, n.° 5, 1996, p. 12.

(4) Entre las principales reformas podemos citar:

• Decreto 428 “Procedimientos penales para la extradición”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial 200 de 2 de septiembre de 1974.

• Decreto 505 “Reformas a la Ley de Abigeato del Código Penal Vigente”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial 231 de 10 de octubre de 1974.

• Decreto 506 “Reformas al Código Penal relativo a secuestros, asaltos, etc. y sus penas”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial 231 del 10 de octubre de 1974.

• Ley 230, “Refórmese título y articulado del Libro II del Código Penal relativo a la salud pública”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 53 del 3 de marzo de 1976.

• Decreto 579 “Ley Reguladora de los Delitos de Malversación, Fraude y Peculado”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de 8 de diciembre de 1980.

• Decreto Ley 644 “Ley sobre Reformas en Materia Penal”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial 42 de 21 de febrero de 1981.

• Ley 11 “Ley de Reforma al Decreto 579”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 217 de 12 de noviembre de 1985.

• Ley 67 “Ley de Reforma al artículo 494 del Código Penal”, publicada en La Gaceta 245 de 27 de diciembre de 1989.

• Ley 109 “Reforma al Código Penal”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 174 de 11 de septiembre de 1990.

• Ley 112 “Adición al delito contra la Paz de la República”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 174 de 9 de septiembre de 1992.

• Ley 177 “Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y otras Sustancias Controladas”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 138 de 25 de julio de 1994.

• Ley 230 “Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 191 de 9 de octubre de 1996.

• Ley 419 “Ley de Reforma y Adición al Código Penal de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 121 de 28 de junio de 28 de junio de 2002.

• Ley 581 “Ley Especial del Delito de Cohecho y Delitos contra el Comercio Internacional y Comercio Internacional”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 60 de 24 de marzo del 2006.

• Ley 603 “Ley de Derogación del artículo 165 del Código Penal Vigente”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 224 de 17 de noviembre del 2006.

(5) Téngase en cuenta que este Código Penal fue aprobado el día 16 de enero de 1974 por la Asamblea Nacional Constituyente y promulgado el 1.º de abril del mismo año bajo la vigencia de la Constitución de 1974, que contemplaba la pena de muerte para los delitos de alta traición cometidos en guerra exterior, delitos graves de orden puramente militar y por los delitos atroces como el asesinato, parricidio, incendio o robo seguido de muerte, y con circunstancias graves calificadas por la ley (C.N., art. 38).

(6) Véase el Decreto-Ley 644 “Ley sobre Reformas en Materia Penal”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial 42 de 21 de febrero de 1981.

(7) Así, el Decreto 579 “Ley reguladora de los delitos de Malversación, Fraude y Peculado”, publicado en La Gaceta, Diario Oficial de 8 de diciembre de 1980 que a su vez fue reformado por el Decreto 5 del 8 de enero de 1982. Estos decretos fueron derogados posteriormente por la Ley 11 “Ley que Reforma el Decreto 579”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 217 de 12 de noviembre de 1985.

(8) Cfr. la Ley 150 “Ley de Reformas al Código Penal”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 174 de 9 de septiembre de 1992.

(9) Véase la Ley 230 “Ley de Reformas y Adiciones al Código Penal”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 191 de 9 de octubre de 1996.

(10) A través de la Ley 419 “Ley de Reformas y Adición al Código Penal de la República de Nicaragua”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 121 de 28 de junio del 2002.

(11) Publicada en La Gaceta, Diario Oficial 60 de 24 de marzo del 2006.

(12) Ley 603 “Ley de Derogación del artículo 165 del Código Penal Vigente”, publicada en La Gaceta, Diario Oficial 224 de 17 de noviembre del 2006.

(13) El 4 de marzo de 1994, los diputados Aníbal Martínez, Julia Mena, Danilo Aguirre Solís, Adolfo García Esquivel, Daniel Tate, Roberto Moreno Cajina y Enrique Siles presentaron a la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley de Código Penal que preparó el señor Sergio García Quintero.

(14) Las consultas se dieron durante todo el mes de julio de 1999, en todas las cabeceras departamentales del país, incluidas las regiones autónomas de la Costa Atlántica. En este primer ciclo de consultas se dieron dos sesiones de trabajo, una con los periodistas de medios escritos, radiales y televisivos y otra con los directores de medios de comunicación social.

(15) Esta comisión estuvo integrada por los magistrados Guillermo Vargas Sandino, Alba Luz Ramos, los Diputados Nathán Sevilla, Carlos Guerra y Noel Pereira Majano, el Procurador General de Justicia, Julio Centeno Gómez, y el primer Comisionado de la Policía Nacional Franco Montealegre. La comisión fue asistida por el director del proyecto de reforma y modernización normativa del Centro para la Administración de Justicia de la Universidad Internacional de la Florida (CAJ/FUI-USAID) Cesar Barrientos Pellicer y Sergio Cuarezma Terán a quienes se les encomendó la presentación de una propuesta renovada que incluyera las consultas realizadas durante el mes de julio de 1999.

(16) Integrado por José María Tijerino Pacheco, César Barrientos Pellecer y los licenciados Gustavo Vega Vargas y Mireya Avilés.

(17) El dictamen fue remitido al presidente de la Asamblea Nacional, Iván Escobar Fornos, el 1.º de diciembre de 1999 el cual estaba firmado por el presidente y vice-presidente de la Comisión de Justicia, los diputados Carlos Guerra y Noel Pereira Majano.

(18) Entre los que podemos citar al profesor Diego Manuel Luzón Peña, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alcalá; al Mario Houed Vega, entonces magistrado de la Corte Suprema de Costa Rica, los profesores de la Universidad Centroamericana Alberto Novoa, Ma. Asunción Moreno y el Manuel Aráuz Ulloa, entre otros.

(19) La discusión y aprobación en lo particular del título preliminar se hizo de 14 de marzo del 2001 —una sola sesión parlamentaria— y las sesiones del 21 de 22 de febrero del año 2002 se dedicaron para aprobar el Libro I. Cuatro años más tarde, el 23 de febrero del 2006 se retoma la aprobación del Libro II.

(20) Durante este periodo la Comisión fue presidida en su orden por los diputados Agustín Alemán Lacayo (q.e.p.d); Noel Pereira Majano y Orlando Tardencilla, cada uno de ellos dio continuidad a lo trabajado por quien le presidió, ello contribuyó al avance de la reforma del Código Penal.

(21) Durante los nueve años de discusión plenaria del Código Penal la Asamblea Nacional fue presidida por los diputados Iván Escobar Fornos, Oscar Moncada, Wilfredo Navarro (en funciones); Eduardo Gómez López, Roberto Callejas (en funciones) y René Núñez Téllez. La reforma penal inició en el gobierno del Arnoldo Alemán Lacayo, se siguió discutiendo durante el periodo del Ing. Enrique Bolaños Geyer y concluye bajo la presidencia de Daniel Ortega Saavedra.

(22) Entre ellos están, José Pallais, Mónica Baltonado; Víctor Hugo Tinoco, Carlos Noguera, Francisco Aguirre Sacasa, Xochilt Ocampo, Dora Zeledón, Agustín Jarquin, Martha Marina González, Gladys Báez; Juan Ramón Jiménez, Leopoldo Navarro, Luis Callejas, Mario Valle, Enrique Sáenz, Alan Rivera y Jamilet Bonilla; en total, cinco miembros del FSLN, cinco del PLC, dos del ALN y tres del MRS.

(23) Casi doscientos artículos más en relación con el dictamen de Código Penal de 1999, que tenía 495 artículos; y 22 artículos menos que el dictamen del 2003 compuesto por 591 artículos.

(24) Nuevo Código Penal (NCP).

(25) Código Penal derogado (CPd)

(26) Al respecto, el NCP en sus disposiciones transitorias (art. 567) señala que:

5. Para los efectos del proceso penal, la pena se homologará de la siguiente forma:

a) Las penas más que correccionales corresponderán a pena grave;

b) Las penas correccionales corresponderán a penas menos graves.

(27) El Estado nicaragüense ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales que lo obligan a establecer normas especiales que aseguren una efectiva igualdad ante la ley, a eliminar la discriminación y prohibir explícitamente la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus manifestaciones, así, la “Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer”, la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, entre otras.