El uso de la tutela en materia laboral

Revista N° 155 Sep.-Oct. 2009

1. Introducción

En el presente artículo se realiza un análisis teórico-práctico del uso de la acción de tutela en materia laboral, tanto desde el punto de vista del trabajador como del empleador, pues a través de este mecanismo constitucional de protección de derechos fundamentales, le ha permitido a los trabajadores acceder a la administración de justicia de una manera sencilla, ágil y eficaz.

El ejercicio de este derecho ha traído consecuencias económicas y jurídicas para los empleadores, en especial en relación con los denominados reintegros constitucionales y la manera como estos deben afrontarlos, en cumplimiento de los fallos de tutela que ordenan el reintegro, y en algunos casos, el pago de acreencias laborales tales como los salarios y prestaciones sociales causados y dejados de percibir, desde la fecha de terminación del contrato de trabajo, hasta que se produzca el reintegro.

Después de la introducción, se explica el concepto y los aspectos más importantes de la acción de tutela como herramienta constitucional, desde el punto de vista doctrinal y jurisprudencial. En tercer lugar, se estudiará el uso de la tutela desde la óptica del trabajador y, finalmente, la utilización de la tutela por el empleador, en especial en lo relacionado con el cumplimiento de fallos vinculados con los llamados reintegros constitucionales.

2. La acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo que tiene toda persona para la protección de los derechos fundamentales, cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por las autoridades públicas o particulares en ciertos casos, siempre que no existan otros mecanismos de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. El juez imparte la orden a la autoridad o particular para que actúe o se abstenga de hacerlo (véase C.P., art. 86).

Este mecanismo se ha desarrollado a través de los decretos 2591 de 1991, 306 de 1992 y 1382 de 2000, y por la jurisprudencia que ha expedido la Corte Constitucional sobre su sentido y alcance.

La definición anterior ha sido compartida por la doctrina y la jurisprudencia en varias sentencias como la T-10 de 1993 y T-134 de 1996, entre otras.

Por mi parte, desde 1999 he sostenido que la tutela es: "un mecanismo extraordinario creado por la Constitución de 1991 para la defensa de los derechos fundamentales, cuando estos sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o un particular en algunos casos, mediante un procedimiento preferente y sumario siempre que no haya otro mecanismo de defensa judicial para defender tales derechos, salvo que se presente un perjuicio irremediable".

2.1. Características de la acción de tutela desde el punto de vista laboral

En este acápite se explicarán las características de la acción de tutela señaladas por las normas constitucionales y legales, la doctrina y la jurisprudencia que han permitido que su uso sea tan frecuente por las personas en general y, en particular, por los trabajadores y ex trabajadores. Son entonces sus características:

2.1.1. Informalidad

La tutela se rige por el principio de informalidad, es decir, que en su presentación no se exigen formalidades procesales a diferencia de lo que ocurre en las demandas ordinarias civiles, laborales, contencioso-administrativas, etc. Es decir que la solicitud de tutela no necesita de autenticación y contendrá como mínimo, el derecho vulnerado o amenazado, el autor del agravio o amenaza si fuere posible, las circunstancias relevantes, el nombre y lugar de residencia del solicitante, etc. Además, que se puede ejercer sin apoderado y en ciertos casos de manera verbal (véase D. 2591/91, art. 14).

A su vez la jurisprudencia señala lo siguiente:

"La tutela es un instrumento que se encuentra al alcance de todos y que no exige formalismos o rigorismos procedimentales".

De lo anterior, se concluye que el juez no puede exigir requisitos como si se tratare de una demanda o de un recurso, o incluso declarar la improcedencia de la acción porque en el escrito respectivo se haya señalado como infractor del ordenamiento constitucional a un sujeto distinto al que realmente ha vulnerado o amenazado los derechos, y menos por la ausencia de un simple formulismo jurídico o procedimental. El juez constitucional debe dar primacía al derecho sustancial y recordar que toda exigencia que pretenda limitar o dificultar el uso de la acción de tutela, su trámite o resolución, fuera de las simples condiciones plasmadas en la Constitución y en la ley, desconoce la Carta Fundamental (ver Sent. T-379/2005, autos 251/2006 y 279/2007, entre otros).

Se puede concluir que los requisitos exigidos para la presentación de acciones de tutela son mínimos. En ellos no existe formalidad alguna, se puede presentar verbalmente y no es necesario actuar por medio de apoderado. A diferencia de las acciones ordinarias laborales en las que se exigen requisitos consagrados en el artículo 25 del Código de Procedimiento Laboral modificado por el 12 de la Ley 712 de 2001.

Si las condiciones señaladas no se cumplen, la demanda podrá ser devuelta al demandante, caso en el cual este podrá corregir la demanda (art. 28, CPL modificado por el art. 15, L. 712/2001) o el juez dentro del control que ejerce, tendrá la facultad de rechazar la demanda de acuerdo con las normas del Código de Procedimiento Civil. Por tanto, se observa cómo el principio de informalidad adquiere una gran importancia en el trámite de la tutela.

Además, de conformidad con el artículo 70 del Código de Procedimiento Laboral en los procesos ordinarios laborales de única instancia (hasta diez salarios mínimos mensuales vigentes), se permite que la demanda sea presentada verbalmente y sin apoderado. En los procesos especiales, como el caso del fuero sindical, ejecutivo, disolución, liquidación, cancelación de la inscripción en el registro sindical de un sindicato, la demanda debe ser presentada por escrito con los requisitos consagrados en los artículos 25 Código de Procedimiento Laboral y 12 de la Ley 712 de 2001. Lo anterior significa que uno de los factores primordiales para el gran uso que ha tenido la acción de tutela en materia laboral, es la aplicación del principio de informalidad porque ha permitido el acceso de una manera expedida a la administración de justicia sin necesidad de cumplir con las formalidades consagradas en la presentación de las acciones ordinarias laborales.

2.1.2. Eficacia

El artículo 3º del Decreto 2591 de 1991 señala como uno de los principios fundamentales, en materia de tutela, la eficacia. En tal virtud, el juez tiene amplios poderes a través de órdenes, celeridad en el trámite, sanciones por desacato…, para que sea un instrumento eficaz en la protección de los derechos fundamentales.

En materia laboral es claro que la tutela ha sido una herramienta de gran eficacia, pues la jurisprudencia constitucional en las sentencias de tutela, en casos como la protección a la maternidad, a los incapacitados, aforados, entre otros, ha procedido de tal manera que los empleadores deben reintegrarlos al mismo cargo a uno de igual categoría, lo mismo que al pago de salarios, prestaciones o acreencias laborales dejadas de percibir. Por tanto, es claro que para los trabajadores es más sencillo instaurar una acción de tutela que dura diez días en resolverla un juez, que una acción ordinaria laboral que demora en decidirse dos o tres años promedio en las dos instancias (Juez Laboral y Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala Laboral) sumando, si fuere el caso, la decisión del recurso extraordinario de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Incluso con la expedición de la Ley 1149 de 2007, que regula la oralidad en materia laboral, la tutela no ha perdido su eficacia.

2.1.3. Preferencial

Según los artículos 86 de la Constitución Política y 3º del Decreto 2591 de 1991, el juez de tutela debe tramitar esta acción de manera preferente a cualquier otro trámite, salvo el caso del habeas corpus. Por ello, a diferencia de las acciones ordinarias laborales, el juez antes de resolverlas debe decidir acciones constitucionales como el habeas corpus y la tutela. Eso significa que el juez laboral debe aplicar este principio en los asuntos que conozca su despacho, lo cual hace que la tutela sea más eficaz que la acción ordinaria laboral.

2.1.4. Subsidiaria o residual

Los artículos 86 C.P. y 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991 señalan que la acción de tutela procede en la medida que no exista otro medio de defensa judicial o el mismo no sea eficaz y efectivo en la protección de los derechos fundamentales. Así, en materia laboral al existir las acciones ordinarias y ejecutivas, consagradas en el Código de Procedimiento Laboral, no habría lugar al uso de la acción de tutela, pues como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, la tutela es improcedente en el pago de acreencias laborales tales como salarios, prestaciones sociales, etc. (ver sentencias SU-250/98, T- 346/2001, T-104/2002, T-969/2002, T-952/2003, T-83/2004, T-677/2004, T-337/2005, T-768/2005, T-87/2006, T-279/2006, T-580/2006, T-9/2008).

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia constitucional, la acción de tutela es subsidiaria, es decir, no procede cuando existen o son eficaces los medios de defensa judicial ordinarios. Por lo tanto, en materia laboral es un argumento jurídico de defensa para los empleadores en el sentido de sostener que la acción de tutela no es el mecanismo para resolver controversias contractuales como es el caso del contrato de trabajo y el pago de acreencias laborales como el salario y prestaciones sociales.

Esta característica de la subsidiariedad tiene su excepción, la cual consiste en conceder la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable aun existiendo el otro mecanismo de defensa judicial. Lo anterior quiere decir que la tutela procederá y en este caso el juez señalará en la sentencia que su orden permanecerá vigente solo durante el tiempo que la autoridad judicial utilice para decidir de fondo sobre la acción ordinaria. Esta última deberá ejercerse en un término de 4 meses a partir del fallo de tutela, de lo contrario cesarán los efectos de esta (ver inciso tercero del art. 86, C.P. y art. 8º, D. 2591/91).

En materia laboral, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la tutela procede excepcionalmente como mecanismo transitorio para el reconocimiento y pago de acreencias laborales, siempre que se presente un perjuicio irremediable, el cual debe ser inminente, urgente, grave e impostergable (sent. T-225/93, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa) y demostrado por el trabajador.

El planteamiento anterior ha sido reiterado por la jurisprudencia constitucional en varias sentencias como la SU-995 de 1999, la T-528 de 2001, en las cuales se concluye que a pesar de la subsidiariedad de la acción de tutela, esta procede como mecanismo transitorio.

2.1.5. Inmediatez

De conformidad con el artículo 86 de la Constitución, se señala que la tutela se interpone en todo momento y lugar. Sin embargo, el artículo 11 del Decreto 2591 de 1991 consagró un término de caducidad de dos meses, el cual fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543 de 1992. Por ello, legalmente un trabajador o ex trabajador, según el caso, podrá interponer una tutela en cualquier tiempo. Ante lo cual genera para el empleador, consecuencias de orden económico y administrativo máxime si la tutela es favorable a los intereses del trabajador o ex trabajador.

A pesar de lo anterior, se ha aplicado la inmediatez por parte de la jurisprudencia constitucional como requisito de procedibilidad para evitar que después de un largo tiempo de acaecida la vulneración del derecho fundamental, se presente la acción de tutela. Por ello se entiende que la acción se debe interponer en unos plazos razonables y oportunos para la protección del derecho fundamental solicitado.

Para el empleador, como medio de defensa, es fundamental alegar el no cumplimiento de este requisito, pues con ello se evita que se abuse de este mecanismo de protección y se utilice mucho tiempo después de la vulneración de un derecho fundamental, ya que la acción de tutela se concibe como una herramienta cuya finalidad es la protección oportuna e inmediata de los derechos fundamentales. La jurisprudencia ha señalado que en cada caso concreto el juez de tutela decidirá si se ha cumplido o no con este requisito. Si no se cumple con la inmediatez, se desvirtuaría este mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales. La Corte Constitucional ha reiterado lo anterior en varios pronunciamientos (ver sents. SU-961/99, la T-730/2003, la T-796/2006, T-116/2007, entre otros).

2.1.6. Celeridad

Sin lugar a dudas la acción de tutela es el mecanismo, salvo el habeas corpus, que se resuelve en corto tiempo, pues su decisión es en diez días. En cambio, la acción ordinaria laboral es de 2 ó 3 años promedio como lo hemos mencionado.

Así mismo, durante el trámite de la tutela se le dan al accionado, que en materia laboral en un alto porcentaje es el empleador, para que conteste en términos muy cortos, entre 24 y 48 horas lo cual, sin lugar a dudas, es un desequilibrio entre el accionante que tiene un tiempo prudencial y razonable para entablar la acción y el accionado que debe allegar la información requerida por el juzgado y ejercer su derecho de defensa en términos muy breves.

2.2. Aspectos procesales de la tutela, desde el punto de vista laboral

En este acápite se estudiarán los aspectos procesales más significativos de la acción de tutela, sus implicaciones desde el punto de vista laboral y su uso desde la óptica de los trabajadores y empleadores.

2.2.1. Sujeto activo

La titularidad de la acción es de cualquier persona que la puede ejercer por sí mismo o por quien actúe en su nombre para la protección de los derechos fundamentales de conformidad con las normas constitucionales y legales (ver C.P., art. 86 y D. 2591/91, art. 10).

Es decir que la tutela puede ser presentada por cualquier persona, lo que significa que se incluyen a trabajadores, ex trabajadores y organizaciones sindicales, pues dentro del concepto de persona se incluyen a las naturales y jurídicas (véase la jurisprudencia constitucional en múltiples sentencias como la SU- 342/95, T-330/97, SU-517/99, T-510/2002, T-367/2003, T-1166/2004, entre otras).

En cambio, en las acciones laborales se requiere que sea el trabajador individual o grupo de trabajadores, ex trabajadores, organizaciones sindicales o el empleador (acción de levantamiento de fuero sindical) los que las promuevan. Es decir, que se califica el interés jurídico para iniciar la acción laboral. Nótese que en materia laboral, tanto la titularidad como la presentación de la demanda, son calificadas a diferencia de la informalidad que irradia la acción de tutela.

2.2.2. Sujeto pasivo

En materia laboral, este tema es de gran importancia, pues las entidades públicas, en todos los casos, son sujeto pasivo de las acciones de tutela, pero en relación con las entidades privadas y de acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 42 del Decreto 2591 de 1991, se señalan los casos en que procede la tutela frente a entidades privadas y uno de ellos es si el solicitante se encuentra en un estado de subordinación o indefensión frente al particular accionado. Obsérvese que la subordinación hace parte de los elementos esenciales del contrato de trabajo, de conformidad con lo estipulado en los artículos 22 y 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

Al expedirse la Constitución de 1991, en virtud del cual Colombia es un Estado social de derecho, se señala el respeto de los derechos fundamentales. Es decir, que el poder subordinante del empleador se encuentra limitado no solo por las normas laborales sino por los preceptos constitucionales, en especial los derechos fundamentales del trabajador, los cuales al ser vulnerados por el empleador, le permiten al trabajador acudir al mecanismo de la acción de tutela como instrumento de protección de derechos fundamentales consagrado en los artículos 86 C.P. y 42 del Decreto 2591 de 1991.

En relación con el uso de la tutela en materia laboral, la subordinación además de ser un elemento esencial del contrato de trabajo es un presupuesto fundamental para que se puedan presentar tutelas contra particulares. Obsérvese lo señalado por el artículo 42 del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional (ver C-386/2000, C-1110/2001, C-934/2004, T-377/2007, T-84/2008, entre otras).

2.2.3. Competencia

La Constitución Política señala que es ante los jueces que se debe presentar una acción de tutela lo cual, en opinión de algunos autores, significa que no es alusiva a todo quien administre justicia. Dado que no se precisan jerarquías ni especialidades, el juez está en la potencialidad de conocer cualquier asunto que le plantee una persona natural o jurídica, sin tener en cuenta la materia ventilada con la correspondiente acción o el grado jerárquico de este.

Algunos autores, como el profesor Germán Valdés Sánchez, señalan que los derechos fundamentales no pueden corresponder a una especialidad sino que están por encima de ellas, pero, a pesar de esto, la mayoría son encuadrables en un contexto jurídico específico y ello permitiría que en cada caso se pudiera acudir al juez que por su formación y especialidad pueda tener un mejor conocimiento de los elementos con los cuales debe adoptar la decisión correspondiente. Hay materias que son propias del campo laboral y son los jueces especialistas en el tema quienes cuentan con los elementos necesarios para decidir estos casos y no los que puedan tener jueces de otras ramas.

La asignación de competencia a todos los jueces explica por qué hacen parte de la jurisdicción constitucional en la protección de los derechos fundamentales. Esta sumada a un procedimiento preferente y sumario, en el sentido de no transcurrir más de diez días para resolver las acciones de tutela, plantea una congestión en los juzgados y la demora en el trámite de los procesos judiciales, pues se ha demostrado la utilización a veces desmedida de esta acción constitucional, lo que supone el desplazamiento de las demás diligencias judiciales que incluso podría ser violatorio del derecho fundamental al debido proceso.

Se ha propuesto la creación de una jurisdicción especial para el trámite de las acciones de tutela, ya que esto conduciría a la especialización de las decisiones de carácter constitucional y así se evitaría la dispersión y contradicción en las decisiones sobre estas acciones. Para impedir lo anterior, la Corte Constitucional es la que fijará e interpretará el sentido y alcance de los derechos fundamentales al revisar las acciones de tutela, pero como esto es eventual, implica que no todas las decisiones de los jueces de instancia, en esta materia, sean de conocimiento de la Corte Constitucional y continúen persistiendo los fallos de tutela contradictorios.

Lo anterior, además, evitaría que jueces que no conozcan las normas laborales profieran fallos en materia laboral, al conocer de las tutelas, pues en varias ocasiones es claro el desconocimiento de los jueces penales o civiles en materia laboral, esto es, confunden instituciones laborales, como los contratistas independientes con las empresas de servicios temporales, entre otras. Para lograr lo anterior, se tendría que hacer una reforma constitucional al artículo 86 de la Constitución y no por vía de decreto, como el 1382 de 2000, que, a pesar de que el Consejo de Estado no lo anuló en sentencia del 18 de julio de 2002, M.P. Camilo Arciniegas Andrade en mi concepto es inconstitucional de acuerdo con lo expresado por la Corte Constitucional (Auto 71/2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).

3. Uso de la tutela por parte de los trabajadores

El uso de la acción de tutela por parte de los trabajadores, ex trabajadores y organizaciones sindicales es muy frecuente, porque: a) La acción de tutela es un procedimiento breve y sumario, ya que se falla en 10 días hábiles. Y se va a obtener una decisión en un término muy corto en la protección de los derechos fundamentales. b) Se aplica el principio de la informalidad mediante el cual la presentación de la acción es sencilla sin exigencias formales. Incluso se puede presentar de manera verbal y sin necesidad de abogado. c) La titularidad de la acción es de toda persona e incluso se consagra la posibilidad de agenciar derechos ajenos con las condiciones que fije la ley. d) La tutela es subsidiaria, es decir, que no procede por la existencia de otros medios de defensa judicial o si estos son eficaces. e) El uso de la tutela, por parte de los trabajadores, se presenta frente a autoridades públicas y privadas y f) Complementariamente, en relación con la competencia en materia de tutela hace que su uso por parte de los trabajadores sea frecuente.

Los anteriores aspectos demuestran que la tutela en materia laboral es más eficiente y oportuna en la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores, que las acciones laborales.

4. El cumplimiento de los fallos de tutela y los reintegros constitucionales

Este tema es de gran utilidad pues el uso de la tutela, en materia laboral, ha llevado a que en numerosas ocasiones el juez de tutela ordene reintegrar a los trabajadores al cargo que ocupaban antes de la terminación del contrato de trabajo y también, en algunos casos, al pago de salarios, prestaciones y acreencias laborales, dejados de percibir desde la fecha de la finalización del vínculo laboral hasta que se produzca el reintegro vía tutela. Estos fallos se presentan en los eventos de protección a la estabilidad reforzada, tales como en el caso de las trabajadoras en estado de embarazo, y el de los incapacitados, debido a la protección que le han otorgado los jueces de tutela.

Al proferirse un fallo de tutela ordenando un reintegro, la pregunta consiste en qué puede hacer el empleador, que es el sujeto pasivo de la tutela.

Cabe señalar que el fallo de tutela debe cumplirse inmediatamente dentro del término señalado por el juez de tutela, que generalmente corresponde a las 48 horas siguientes a la notificación del fallo, independientemente si este se ha impugnado o no. Esto le permite al juez adoptar las medidas para su cumplimiento, dentro de las que se incluye la posibilidad de sancionar al responsable por desacato y al superior hasta que cumplan su sentencia (ver D. 2591/91, art. 27).

Surge el interrogante en estos casos en los cuales se procede al cumplimiento de las sentencias de tutela reintegrando al trabajador al cargo que ocupaba o a uno de similar categoría y en algunos casos pagando los salarios y prestaciones dejados de percibir. Pero luego, en la segunda instancia, el juez revoca y absuelve al empleador accionado, de lo ordenado en el fallo de tutela inicial. En mi concepto, esto genera unas consecuencias económicas graves, pues en cuanto a la posibilidad de recuperar lo pagado por salarios y acreencias laborales por parte del empleador, se generan grandes dificultades prácticas.

En cuanto al reintegro, el empleador tiene la facultad de volver a terminar el contrato de trabajo al trabajador, pero a partir de la fecha del fallo de tutela de segunda instancia, porque este revocó el de primera instancia que había ordenado dicho reintegro. En este sentido, se le informa al trabajador de la situación. A su vez, la liquidación de prestaciones sociales y de acreencias laborales debe ser elaborada hasta la fecha en que se le comunica al trabajador sobre la terminación de su contrato que es la fecha en la cual se produjo el fallo de segunda instancia negando el reintegro.

Estas situaciones se presentan por lo expresado en el artículo 27 del Decreto 2591 de 1991, en relación con el cumplimiento inmediato de la tutela indistintamente del resultado de la impugnación. Además por lo señalado en los artículos 52 y 53 del mismo decreto, que se refiere a la posibilidad de iniciación, por parte del trabajador, de un incidente de desacato contra el empleador por incumplimiento del fallo de tutela. Hecho que puede traer como consecuencia que el juez, que conozca del desacato, sancione al empleador con arresto y multa. Dicha sanción, en el caso de las empresas, recaería en cabeza del representante legal (véase D. 2591/91, arts. 52 y 53).

Adicionalmente, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los fallos de tutela son de cumplimiento inmediato y el juez deberá tomar las medidas necesarias para que se hagan efectivos, incluso tramitando el incidente de desacato si así lo solicita el accionante (véase T-458/2003, T-744/2003, Auto 178/2005, T-465/2005, T-1113/2005, autos 45 y 57/2007, entre otras).

Al analizar las disposiciones legales y la jurisprudencia, se concluye que lo aconsejable es cumplir los fallos de tutela de manera inmediata, sin importar el resultado de la segunda instancia o de la eventual revisión por parte de la Corte Constitucional para evitar incurrir en sanciones por desacato o en conductas punibles. En materia de reintegro, los empleadores en la práctica proceden a cumplir la orden del juez de tutela y al trabajador se le reincorpora al mismo cargo o a uno de similar categoría de conformidad con lo dispuesto en la sentencia de tutela.

Ahora, si se espera al fallo de segunda instancia para cumplir la orden de tutela, es una posición riesgosa para el empleador, pues en primer lugar, el fallo puede confirmar o no la sentencia de tutela y en segundo lugar, se podría producir la sanción por desacato ante el incumplimiento del fallo en el término concedido por el juez.

Obsérvese entonces que, mientras no se reformen los artículos 86 C.P. y 27 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido que se debería esperar por lo menos a la sentencia de segunda instancia, que resuelva la impugnación para proceder a cumplir el fallo de tutela que ordena el reintegro y el pago de salarios y demás acreencias laborales, lo indicado es proceder a dar cumplimiento a lo ordenado por el juez para evitar las sanciones mencionadas aunque se asuman consecuencias económicas por parte del empleador.

5. Conclusiones

5.1. La acción de tutela en materia laboral ha sido muy utilizada en la protección de los derechos fundamentales como el trabajo, la estabilidad reforzada, la asociación sindical, la igualdad salarial y la seguridad social. Ello ha permitido que la jurisprudencia constitucional se haya pronunciado en muchas ocasiones sobre estos temas y se observe claramente que el derecho del trabajo se haya constitucionalizado.

5.2. Las características de la acción de tutela (informalidad, preferencial, eficacia, subsidiariedad, inmediatez y celeridad) han permitido que esta herramienta constitucional haya sido utilizada por los actores laborales. Los trabajadores han logrado, en muchos casos, la protección de sus derechos fundamentales, evitando trámites largos como es el caso de los procesos laborales.

5.3. La acción de tutela procede frente a autoridades públicas y privadas. En relación con estas últimas y en determinados casos, como es el estado de subordinación e indefensión del accionante frente al accionado, han permitido que los trabajadores puedan presentar acciones de tutela frente a los empleadores, por la vulneración de derechos fundamentales.

5.4. El hecho de que la tutela pueda ser presentada ante diversos jueces, sin que se tenga en cuenta la especialidad de estos, ha permitido que jueces penales, civiles, etc. conozcan y fallen tutelas sin tener el conocimiento necesario de los temas laborales.

5.5. La tutela en materia laboral ha sido utilizada para el reconocimiento y pago de acreencias laborales sin tener en cuenta que existen otros medios de defensa judicial como son los procesos laborales, sin demostrar el perjuicio irremediable para la procedencia de la tutela como mecanismo transitorio. Por ello, en numerosos fallos de tutela, se obliga al empleador al pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones, desconociendo la subsidiariedad de la acción.

5.6. En cuanto al cumplimiento de los fallos de tutela, recordemos que es inmediato y obligatorio, de conformidad con las normas constitucionales y legales, sin tener en cuenta el trámite que se surta en la segunda instancia o de la revisión eventual que hace la Corte Constitucional. Por lo tanto, en relación con el reintegro, el empleador deberá proceder a reintegrar al trabajador al cargo que tenía o a uno de similar categoría. En ocasiones, también al pago de salarios y prestaciones, dejados de percibir desde la finalización del vínculo laboral hasta la fecha de la sentencia de tutela. De lo contrario, el empleador se podría ver expuesto a una sanción por desacato al incumplir el fallo.

Ante la situación anterior, ¿no será oportuno reformar los artículos 86 de la Constitución y 27 del Decreto 2591 de 1991, para efectos de que el fallo de tutela sea de obligatorio cumplimiento, al surtirse por lo menos la segunda instancia? A mi juicio, equilibraría la posición de accionantes y accionados (trabajadores, ex trabajadores, organizaciones sindicales con los empleadores).