En el marco de las NIF: “Lo más relevante es la comunicación eficiente de los informes financieros”

Revista Nº 202 Jul. Ago. 2017

Es probable que la mayor cantidad de entidades obligadas a llevar contabilidad mantengan un sistema de registro de diferencias similar al que había sido establecido anteriormente en las normas contables y fiscales.

Javier Nelson Rojas  

entrevista a Wilmar Franco

Especial para la revista impuestos

Durante los últimos años, en Colombia, se adelantó el proceso de adopción de las Normas de Información Financiera (NIF), inspiradas en estándares internacionales, con el propósito esencial de brindar información óptima a los usuarios de los informes financieros de las empresas, de modo que a partir de estos se puedan tomar decisiones mejor argumentadas y evaluar la gestión de los administradores, aseguró Wilmar Franco, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública (CTPC), quien en entrevista con la REVISTA IMPUESTOS habló de los alcances tributarios de este nuevo entorno normativo.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Cuál fue la función del Consejo Técnico de la Contaduría Pública con respecto al proceso de adopción de las NIF?

Wilmar Franco: Teniendo en cuenta que el CTCP es un organismo de normalización técnica de normas contables, de información financiera y de aseguramiento de la información, su principal función es la de recomendar a las autoridades de regulación las propuestas de normas que deben ser aplicadas en el país, atendiendo lo establecido en la Ley 1314 del 2009.

R. I.: ¿Cuál es el balance de la adopción de las NIF en el país?

W. F.: Después de haber trascurrido más de quince años desde la expedición de la Ley 550 de 1999, en la que se había requerido al Gobierno Nacional efectuar la revisión de las normas en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de la información, Colombia inició la aplicación de un nuevo marco de principios de contabilidad fundamentado en los estándares internacionales aplicables para empresas cotizadas y no cotizadas en bolsa. El Decreto 2420 del 2015 y sus modificatorios, en sus anexos primero, segundo y tercero, compilan los marcos de información financiera para los grupos uno (emisores de valores, entidades y negocios de interés público del sector financiero y del mercado bursátil y otros), dos (portafolios administrados por comisionistas de bolsa de valores y otros) y tres (microempresas); en su anexo cuarto compila el marco técnico de aseguramiento, y en el anexo quinto incorpora la norma de información financiera para entidades que no cumplen la hipótesis de negocio en marcha. Estos marcos normativos tienen el propósito de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de los informes financieros de las entidades obligadas a llevar contabilidad. El principal cambio generado por estos marcos ha sido el de modificar la visión de que la contabilidad es una disciplina de registro por una visión en la que lo más relevante es la comunicación eficiente de los informes financieros de una entidad.

R. I.: ¿Cuáles son los beneficios que se esperan de las NIF? 

W. F.: Las nuevas normas de información financiera, fundamentadas en estándares de aceptación mundial, y que han sido emitidas en Colombia con fundamento en un debido proceso, tienen como propósito generar informes financieros de alta calidad, con el objetivo de proporcionar información sobre los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de una entidad que sea útil para sus usuarios al evaluar las perspectivas de entradas de efectivo netas futuras a la entidad y la gestión realizada por la administración de esta. Una mejor información permite tomar mejores decisiones y una mejor asignación de los recursos de una organización.

R. I.: ¿Cuáles han sido los principales cambios que han debido realizar las empresas en los procesos contables y administrativos como efecto de las NIF?

W. F.: Antes, la contabilidad era vista como una disciplina de registro que se fundamentaba en los planes de cuentas emitidos por las autoridades de supervisión, dejando de lado la función de informar que ya estaba prevista en la definición de los principios de contabilidad aceptados en Colombia. Las NIF se han elaborado a partir de estándares internacionales que están dirigidos a suministrar la información que necesitan los usuarios para tomar mejores decisiones. Por tales razones, los principales cambios en los procesos contables y administrativos se han originado como consecuencia de las mejoras significativas que deben ser implementadas para comunicar mejor, en los informes financieros de propósito general, la información que todos los usuarios necesitan para tomar decisiones y evaluar la gestión realizada por los administradores de la entidad. Al entenderse la contabilidad como una disciplina de registro, la función de informar se centraba en las estructuras de reportes (planes de cuentas) de las autoridades de supervisión, sin que pudiera establecer si los principios de revelación plena habían sido cumplidos de forma adecuada. Entender el proceso contable y no el registro es un asunto que demanda cambios funcionales y tecnológicos y mejoras en la capacidad técnica de los preparadores y usuarios de la información, que redundan en una mejor calidad de los informes financieros. La expedición de marcos técnicos fundamentados en estándares internacionales también ha permitido entender que se requiere mejorar las capacidades en otras áreas o pilares de la convergencia, entre otras, en el desarrollo de los recursos humanos, y los mecanismos de cumplimiento, supervisión y acciones para exigir el cumplimiento.

R. I.: ¿Considera acertada la recomendación de los tributaristas a las empresas de registrar las operaciones en dos sistemas o libros, uno para efectos contables y otro para fines fiscales, con el fin de cumplir las disposiciones de las NIF? 

W. F.: El párrafo 12 del prólogo de la NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para las pequeñas y medianas empresas (pymes), que forma parte del anexo dos del Decreto 2420 del 2015, establece que las leyes fiscales, específicas para cada jurisdicción, y los objetivos de los informes financieros de propósito general (IFPG) difieren de los objetivos de información sobre ganancias fiscales, y es improbable que los IFPG preparados con fundamento en este marco normativo cumplan completamente con todas las mediciones requeridas por las leyes fiscales y regulaciones de una jurisdicción. Por lo tanto, una jurisdicción debe ser capaz de reducir la “doble carga de información” mediante la estructuración de los informes fiscales como conciliaciones con los resultados determinados según este marco normativo o por otros medios.

Las normas tributarias, a su vez, en el artículo 137 de la Ley 1819 (E.T., art. 772-1) establecieron que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones del estatuto tributario; este asunto debe ser obje­to de reglamentación por lo que deroga las normas emitidas con anterioridad a este decreto.

En relación con el libro tributario, también debemos comprender primero que antes de la actualización de las normas contables en Colombia, ya existían procedimientos de conciliación que permitían resumir las diferencias entre la utilidad contable y la utilidad fiscal y entre el patrimonio contable y el patrimonio fiscal, asuntos que se resumían en las denominadas cuentas de orden fiscales.

Por las razones anteriores, la necesidad de un libro tributario dependerá de circunstancias específicas de la entidad y de la cantidad de diferencias entre los principios contables y los requerimientos fiscales. La existencia de tres marcos técnicos independientes, el del nivel 3, simplificado con mediciones al costo histórico y fundamentado en transacciones, el del nivel 2, aplicable para empresas que no cotizan sus títulos en mercados públicos, que considera las diferentes necesidades de los usuarios y restricciones de costo beneficio, y el del nivel 1 de las empresas cotizadas, entidades financieras y algunas empresas grandes, requiere estrategias diferentes para gestionar las diferencias.

También es importante anotar que según cifras de Confecámaras (Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio) el 94,5% de los registros en las cámaras de comercio, corresponden a microempresas (2.517.869), el 4,9% a pequeñas empresas (130.697), el 1,3% a medianas empresas (33.856), y el 0,4% a grandes empresas (10.615). Dadas las diferencias en las normas, es probable que la mayor cantidad de entidades obligadas a llevar contabilidad mantengan un sistema de registro de diferencias simi­lar al que había sido establecido en las normas contables y fiscales antes de la vigencia de los nuevos marcos técnicos normativos.

R. I.: ¿Por qué la crítica según la cual bajo las NIF resulta muy complicado preparar la conciliación de la información financiera de una empresa para fines tributarios?

W. F.: En primer lugar, es necesario comprender el tipo de empresa y el grupo en el que ha sido clasificada la entidad sobre la que se ha considerado que es complejo establecer la conciliación. Existen condiciones específicas de las entidades y restricciones costo-beneficio que generan diferencias en las conciliaciones realizadas, y si estas no son previstas al emitir una conclusión sobre el tema, se puede tener la percepción de que elaborar las conciliaciones es un asunto complejo, cuando en muchos casos, dependiendo del grupo o de las políticas elegidas, estas tienen una complejidad simi­lar a la que antes era requerida por las disposiciones legales.

Desde la expedición del Decreto 2160 de 1986, y antes, se han requerido en Colombia las conciliaciones entre la información financiera generada para fines contables y la generada para propósitos fiscales, las cuales debían registrarse en las denominadas cuentas de orden. Otro asunto diferente es que las entidades llevaran su contabilidad con fundamento en las disposiciones fiscales, lo cual es contrario a los requerimientos legales que existían antes de la expedición de los nuevos marcos normativos. En estos marcos también existían conciliaciones que eran aplicables para todo tipo de entidades, por ejemplo: por diferencias en la alícuota de depreciación contable y fiscal; por el registro de pasivos estimados o provisiones; por la actualización a valor de mercado de ciertos componentes de activos fijos e inversiones. Por lo anterior, como se indicó, por la simplicidad de algunos de los marcos técnicos aplicados, en la gran mayoría de los casos, las conciliaciones no tendrían la complejidad que pudiese existir para la empresas más grandes o con estructuras más complejas.

R. I.: ¿Qué piensa de las críticas en torno a que la reciente reforma tributaria (Ley 1819 del 2016) acortó el plazo de las empresas, en relación con los efectos tributarios de las NIF?

W. F.: Efectivamente, la reciente reforma tributaria derogó el plazo que había sido establecido en el artículo 65 de la Ley 1607 del 2012, que fue reglamentado por el Decreto 2548 del 2014. Las opiniones del CTCP están resumidas en el documento del comité de expertos tributarios, que fue acogido por el CTCP y puesto a disposición de las distintas autoridades. En los comentarios del CTCP acerca del uso de los nuevos marcos técnicos normativos como referente para la determinación del impuesto sobre la renta se afirma: “El artículo 165 de la Ley 1607 de 2012 dispuso un período de cuatro años, durante los cuales, las remisiones se siguen entendiendo hechas hacia los principios de contabilidad anteriores (Decreto 2649 de 1993 y demás normas simi­lares). Entre tanto, los contribuyentes han debido hacer inversiones para acomodarse a las exigencias del Decreto 2548 del 2014 (libro tributario o sistema de registro obligatorio). Por tanto, uno de los asuntos para definir es si se mantiene el periodo de aplazamiento remisorio, o si se anticipa. El CTCP entiende que la propuesta de la comisión de expertos y la propuesta de la DIAN es anticipar la aplicación de los marcos técnicos normativos como base de determinación de los impuestos, aspecto que el CTCP juzga inadecuado por la inexistencia de estudios que permi­tan determinar su viabilidad y conveniencia.”

R. I.: ¿Cuáles son los efectos tributarios para las empresas como consecuencia de las NIF en materia de depreciación, inventarios, cargos diferidos e intangibles?

W. F.: Para efectos contables, las diferencias temporales (del resultado) y temporarias (del balance-Otro resultado integral) entre la base contable y la base fiscal generan impuestos diferidos. Si existen diferencias entre los saldos registrados en la contabilidad y los permitidos para efectos contables, una entidad deberá reconocer los impuestos diferidos, salvo para una entidad del grupo 3, en la cual no es obligatorio el reconocimiento de estas partidas.

En cuanto a depreciación, por las diferencias en la forma de determinar el costo y las estimaciones de vida útil, método de depreciación y valor residual, lo más probable es que se generen diferencias de estas partidas, lo cual en la mayoría de los casos de entidades que utilicen el modelo del costo como base de medición sería similar a lo establecido cuando una entidad aplicaba para efectos fiscales el método de depreciación acelerada.

En materia de inventarios, las normas contables y fiscales podrían diferir dependiendo del marco normativo, por ejemplo, en el caso de empresas del grupo 3, los inventarios son medidos al costo.

En lo atinente a cargos diferidos, algunas de estas partidas ahora son registradas como gastos y otras fueron reclasificadas en otros componentes de los estados financieros. Este tratamiento podría generar diferencias entre las bases contables y fiscales, en las cuales tienen particular importancia los efectos en los contratos de concesión y construcción.

En relación con los activos intangibles pueden existir efectos importantes en los derechos generados por arrendamientos, que antes no eran reconocidos, o se presentaban como parte de los activos intangibles, en la contabilidad de los contratos de concesión en las entidades concesionarias, en la contabilización de la plusvalía, antes denominada el crédito mercantil, en el reconocimiento de activos intangibles en las combinaciones de negocios, o en ajustes derivados de diferencias en las estimaciones contables de estas partidas.