“En Venezuela, la tributación petrolera normalmente es alta”

Revista Nº 166 Jul.-Ago. 2011

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Según Carlos Fernández Smith, experto venezolano en tributación, desde el 2006, cuando los precios internacionales del barril de petróleo comenzaron a subir significativamente en el mundo, Venezuela ha hecho una serie de ajustes a los contratos de exploración y explotación de crudo que suscribe con las empresas petroleras privadas, con el propósito de aumentar el recaudo por conceptos de regalías y de otros tributos especiales.

REVISTA IMPUESTOS: ¿La normativa tributaria venezolana tiene un régimen especial para el sector petrolero?

Carlos Fernández Smith: Sí, cuenta con un régimen excepcional por las tarifas, sobre todo en la tarifa aplicable del impuesto a la renta, y hay ciertas condiciones que no son fiscales, no están en la ley del impuesto a la renta como tal, sino en los acuerdos para la creación de empresas mixtas, que son el único vehículo mediante el cual se puede invertir en esa actividad en Venezuela.

R. I.: ¿Hoy, existen limitaciones a la inversión extranjera?

C. F. S.: Desde el 2006, cuando hubo un giro radical en la anterior política de apertura petrolera que le dio una participación muy importante al capital privado. Antes, había dos grandes esquemas: uno donde los inversionistas eran socios del Estado, figura en la cual este tenía una menor proporción. Y otro en el cual los inversionistas privados prestaban servicios de extracción a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Todo esto cambió significativamente, de modo que los convenios de servicios se convirtieron en empresas mixtas y los convenios donde había asociaciones (con el Estado) se transformaron en compañías, en las cuales PDVSA tiene una participación mucho mayor. En realidad, lo que se está haciendo es que la inversión privada disminuya significativamente su participación en el sector petrolero.

R. I.: ¿A qué obedeció tal cambio?

C. F. S.: A una nueva filosofía, porque la apertura petrolera de principios de los noventa fue creada bajo un gobierno que tenía, evidentemente, una composición política distinta. Esto también tuvo que ver con el hecho de que durante los años en que se empezó a cambiar al esquema actual, los precios del petróleo habían subido significativamente. Entonces, el gobierno venezolano vio que los inversionistas privados se estaban llevando una tajada demasiado grande de la riqueza petrolera.

R. I.: ¿Qué efectos tributarios tuvo ese nuevo entorno legal?

C. F. S.: Las empresas que operan en el sector petrolero están suje­tas al 50% del impuesto a la renta, comparada con la tarifa ordinaria del 34%.

R. I.: ¿Se puede considerar una tarifa sensiblemente alta?

C. F. S.: La tributación petrolera normalmente es alta. Pero aparte de esa tributación del impuesto a la renta existe un régimen de regalías muy especial, según el cual la regalía es del 33% del valor de mercado o del valor a boca de pozo del crudo explotado. Además, hay un esquema que no está en la ley, sino en los acuerdos de creación de las empresas mixtas. Estas fueron producto de la transformación de las compañías de servicios o de las asociaciones (con el Estado) que existían antes para la explotación de crudos pesados. Todas esas empresas mixtas se crearon con base en unos acuerdos aprobados por la Asamblea Nacional que determinan, entre otros aspectos, las condiciones de la explotación y la contribución que las empresas deben hacer al Estado. La normativa es homogénea para la mayoría de las empresas mixtas y, esencialmente, crea el régimen complementario de la regalía, donde el Estado y las empresas tienen que pagar un mínimo del 50% del valor del crudo explotado por la empresa. Este mínimo funciona de manera complementaria con la regalía, el impuesto a la renta y otra contribución.

R. I.: ¿Cómo opera ese complemento de la regalía?

C. F. S.: Si la regalía que paga la empresa, más el impuesto a la renta, más otras contribuciones e impuestos especiales, de menor monto, son menores que el 50% del valor del crudo extraído por la compañía petrolera, entonces hay que pagar la diferencia. En los acuerdos, se denomina ventaja especial, pero se ha llamado “impuesto sombra” (en entorno petrolero).

R. I.: ¿Todas las empresas mixtas cumplen las mismas exigencias?

C. F. S.: Se presentaron dos olas de empresas mixtas. La primera surgió de la transformación de las compañías preexistentes. Hubo dos grandes grupos de empresas: las que explotaban el crudo extra pesado, que eran de grandes inversiones de capital, porque para hacerlo no solamente se requiere explorar y explotarlo, sino que hace falta un complejo industrial de gran valor para mejorar ese crudo a un grado API (densidad del petróleo según medida del American Petroleum Institute) que sea comercializable, porque un crudo demasiado pesado tiene, además, mucho azufre. Esa primera ola es la que ya está operando.

R. I.: ¿Cuál es la otra?

C. F. S.: Hay una segunda ola de empresas, que se constituyeron en el 2010, y aceptaron, en términos muy generales, el régimen fiscal existente. Ahora, dentro del proceso de creación de esas compañías, donde hubo cierto grado de negociación, se crearon algunas condiciones especiales para unas que son un poco más ventajosas que las definidas para las empresas preexistentes.

R. I.: ¿En qué aspectos se diferencian?

C. F. S.: Las empresas del 2010 tienen ciertas condiciones distintas. Por ejemplo, todas pagan la ventaja especial, pero, en el caso de un par de empresas mixtas, se permite que aquella se pague una vez comience la fase operativa. Es decir, en el momento que empiecen a mejorar el crudo. Estas empresas, con contratos a 40 años, tienen una fase de producción temprana cuando producen el crudo, pero no lo pueden mejorar, porque no han construido una planta muy grande y de alto valor para procesarlo. Entonces, deben vender parte de ese crudo a PDVSA. Están obligadas a venderle ese crudo de producción temprana. Sobre ese crudo, en teoría, se pagan regalías, pero lo que se dispone, en el caso de dos compañías mixtas de las nuevas es que la ventaja especial solo aplica cuando empiece la producción comercial. Se trata de una especie de diferimiento tributario. Esta es una condición distinta respecto a las otras cuatro empresas que no tienen ese beneficio.

R. I.: ¿Qué otros cambios importantes se han registrado en materia de tributos del sector petrolero?

C. F. S.: Hace varias semanas, se aprobó la aplicación de un impuesto que ya existía. Se llama contribución especial por precios extraordinarios y precios exorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos, diseñado para grabar las ganancias cuando el barril de petróleo está muy alto, porque se supone que, una vez la empresa petrolera cubre sus costos de operación, en adelante, lo demás es ganancia. Este es un impuesto creado, en realidad, para quitarle a los inversionistas o a las empresas mixtas prácticamente toda la ganancia por encima de ciertos precios. Esa ley la tramitaron en la pasada Semana Santa.

R. I.: ¿Cómo opera ese tributo?

C. F. S.: Los precios extraordinarios parten del valor de referencia de una cesta de crudos venezolanos. Cuando esos precios estén por encima del valor utilizado en la ley del presupuesto nacional, que, en este momento, es de 40 dólares por barril, se paga el 20% como impuesto. Por ejemplo, si el barril está a 65 dólares, se paga por la diferencia entre 40 dólares (valor en el presupuesto nacional) y 65 dólares, que corresponde a 25 dólares. Entonces, se paga el 20% de este valor como contribución de precios extraordinarios.

R. I.: ¿Y cómo funciona la otra?

C. F. S.: La contribución sobre precios exorbitantes tiene tres tramos: de 70 a 90 dólares por barril se paga el 80% de contribución, de 90 a 100 dólares se paga el 90%, y de 100 dólares en adelante, el 95%. En teoría, ambas contribuciones son independientes entre sí. Es decir, si se está por debajo de 70 dólares el barril se aplica el 20% de contribución, y si se está por encima de 70 dólares el barril de referencia, hay dos valores para tomar en cuenta: el de la ley de presupuesto, que es el precio base, y el valor de comparación, que es el de la cesta Venezuela, el cual no tiene nada que ver con el precio del crudo de una empresa. Esta puede ofrecer un crudo que valga 80 dólares el barril, pero si el valor de la cesta Venezuela es de 110 dólares por barril, se debe pagar la contribución sobre 110 dólares. Eso quiere decir que quienes produzcan crudo por debajo de ese valor tienen un impacto mucho más alto de tal tributo que aquellos que producen petróleo por encima de ese precio de referencia.

R. I.: ¿El pago de una contribución implica que se excluye la cancelación de la otra?

C. F. S.: Nosotros pensamos que aplican de manera separada. Si se lee la ley, parece que se han estructurado para operar de manera independiente. Es decir, si el precio está en 100 dólares por barril, se paga contribución por lo que va de 70 a 100 dólares, pero no se paga contribución por la diferencia entre 70 dólares y el precio de referencia del presupuesto nacional (40 dólares). Pero por declaraciones del ministro para Energía y Petróleo de Venezuela, Rafael Ramírez (también presidente de PDVSA), en mayo pasado, él lo ve como acumulativo.

R. I.: ¿Qué efectos se derivan de esa situación?

C. F. S.: El problema es que se tiene un impuesto que aplica sobre un valor de referencia que varía todos los meses. Este no tiene nada que ver con los costos de producción ni con la ganancia de la empresa petrolera. Lo interesante es que esta ley le puso un tope de 70 dólares por barril a la regalía, porque tenía un monto significativo. A efectos de la regalía y de la ventaja especial, la ley dijo que se calculaban hasta 70 dólares. Hay ciertos convenios donde la regalía tiene un tope, pero el impuesto adicional no. En la mayoría de los casos, se podría asumir que la regalía y el impuesto de la ventaja especial tienen un tope de 70 dólares. Pero ni el impuesto a la renta está limitado ni este impuesto que va hacia arriba (el de los precios exorbitantes), sin ningún tipo de límite, cuando se pasa de 120 dólares el barril.

R. I.: ¿Los contratos de explotación petrolera pueden cambiar por decisión de la Asamblea Nacional?

C. F. S.: Esos acuerdos ya están suscritos y no van a cambiar. Puede ocurrir, pero no están diseñados para que eso suceda. Son firmados a 40 años. Pero eso no impide que el ejecutivo intervenga, porque la contribución especial por precios extraordinarios y precios exorbitantes en el mercado internacional de hidrocarburos se estableció mediante un decreto-ley dictado por el ejecutivo nacional con base en la Ley Habilitante, muy criticada en su momento. Hay quienes piensan que el ejecutivo realmente no tenía potestad para pasar una ley de esta naturaleza.

R. I.: ¿Existen figuras de apoyo a los inversionistas, como los contratos de estabilidad jurídica?

C. F. S.: Hay una posibilidad por una ley del 2000, pero nunca se ha materializado.

R. I.: ¿Se podría exigir internacionalmente estabilidad en los convenios petroleros?

C. F. S.: En teoría, Venezue­la tiene firmada una cantidad impor­tante de tratados recíprocos de protección a las inversiones. Estas acciones por parte del Gobierno constituyen una expropiación implícita que ocurre poco a poco. Que vaya a fructificar (el hecho de apelar a esos tratados), que vayan a ser utilizados de manera positiva o exitosa, es difícil de saber en este momento.