Error, responsabilidad y confianza en el derecho comparado europeo

Revista Nº 14 Ene.-Mar. 2007

por José Ramón de Verda y Beamonte 

1. Consideraciones preliminares

En los sistemas jurídicos de inspiración francesa es comúnmente admitido que la relevancia invalidante del error se subordina a su carácter excusable, esto es, a que dicho vicio del consentimiento no sea imputable a la falta de diligencia de quien lo invoca. Y ello, a pesar de que los textos legales de dichos sistemas, inspirados en el Código Civil napoleónico de 1804, no suelen hacer referencia expresa al referido requisito, sino que, por lo general, se limitan a exigir su carácter esencial. Es decir, que recaiga sobre un elemento del contrato, que sea determinante de la prestación del consentimiento de quien lo padece; o dicho de otro modo, que de haber sido consciente de su error, aquel no hubiera contratado.

Así, el artículo 1266 del Código Civil español no exige la excusabilidad del error, sino, exclusivamente, su carácter esencial o determinante del consentimiento de los contratantes, al afirmar: “Para que el error invalide el consentimiento, deberá recaer sobre la sustancia de la cosa o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubieren dado motivo a celebrarlo”. Sin embargo, la doctrina jurisprudencial ha reiterado que “para ser invalidante, el error padecido en la formación del contrato, además de ser esencial, ha de ser excusable”(1). De modo que “un error que se haya podido evitar con una regular diligencia no puede ser invocado por el que haya incurrido en él para anular la declaración”(2).

La admisión del requisito de la excusabilidad del error se ha convertido en algo tan unánimemente aceptado, que, con frecuencia, no se reflexiona sobre él. Además, generalmente se piensa que la exigencia de este requisito es imprescindible con el fin de evitar que un exceso de proliferación de demandas de anulación, basadas en este vicio de la voluntad, conduzcan a una intolerable inseguridad jurídica respecto de la validez de los contratos —peligro este, sin duda, real—.

Sin embargo, esta idea no es tan evidente por dos razones: (i) el Código Civil español, como la generalidad de los códigos de inspiración francesa, por mucho que haya sido matizado por la doctrina y la jurisprudencia, no subordina la relevancia invalidante del error a su carácter excusable y (ii) la exigencia del referido requisito no es imprescindible para la protección de la seguridad jurídica, sino que el método comparado permite observar que existen otros mecanismos diferentes, que pueden cumplir la misma finalidad. Surgen, pues, dos preguntas:

a) ¿Por qué la legislación española no exige el requisito de la excusabilidad?

b) ¿Por qué la jurisprudencia y la doctrina, apartándose del tenor del artículo 1266 del Código Civil, subordinan la relevancia invalidante del error al caso en que este sea excusable, es decir, a la circunstancia de que quien lo padece no hubiera podido evitarlo mediante el uso de una regular diligencia?

2. La ausencia del requisito de la excusabilidad en el Código Civil español: el principio de tutela de la realidad e integridad del consentimiento

Cabe pensar que el artículo 1266 del Código Civil español no exige la excusabilidad del error, porque tampoco la exigió el artículo 1110 del Code Napoléon, de influencia decisiva en la redacción de aquel. Pero cabe preguntarse por qué tanto el Código Civil francés como el español no subordinan la relevancia del error a su evitabilidad mediante el uso de una regular diligencia.

En efecto, la ausencia del requisito de la excusabilidad halla una explicación coherente en el marco de un derecho contractual que exalta el consentimiento como elemento básico o factor desencadenante de los efectos jurídicos del contrato. Desde esta perspectiva, los contratantes solo pueden quedar obligados en virtud de un acto de voluntad en el que concurran las notas de “realidad” e “integridad”. De modo que, en ausencia de una verdadera voluntad o concurriendo una voluntad viciada, las partes no quedarán vinculadas. Así, el contrato, en definitiva, será inválido.

Por ello, el artículo 1266 del Código Civil español reconoce a quien incurre en un error esencial la posibilidad de impugnar la validez del contrato. Es esta una norma que está inspirada en el principio de tutela del consentimiento, que protege el interés de las partes a no verse vinculadas contractualmente, sino en virtud de un acto de voluntad real e íntegro.

Evidentemente, el Código Civil español no sanciona la relevancia invalidante de todo error. Otra solución conduciría a consecuencias inadmisibles desde el punto de vista de la seguridad del tráfico jurídico. Si las partes contratantes pudieran invocar cualquier error, por nimio que fuera, para efectos de impugnar la validez de un negocio, nadie se atrevería a contratar. Por ello, el artículo 1266 del código establece una tipificación del error, causa de invalidez contractual, reconociendo como tal, exclusivamente, el que recae sobre la sustancia de la cosa, objeto del contrato, o “sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo”, así como el error sobre la persona solo “cuando la consideración a ella hubiera sido la causa principal del mismo”.

El Código Civil español, pues, tipifica, como causa de invalidez, tan solo al error esencial o determinante de la prestación del consentimiento. A contrario sensu, excluye la relevancia del error que recae sobre las cualidades de la cosa o de la persona del otro contratante, cuando la consideración sobre las mismas no hubiera sido la causa principal del negocio. Así mismo, el simple error de cálculo, que dará lugar a su mera corrección. Ello es así, porque, concurriendo tales errores, no se puede decir que la determinación de contratar sea únicamente debida a un malentendido.

En suma, desde la perspectiva del Código Civil español, el error invalidante es —solamente, pero siempre— el esencial o determinante en la prestación del consentimiento ad contractum, esto es, el que recae sobre la causa impulsiva de la celebración del contrato. A partir de esta premisa, resulta perfectamente lógica la ausencia del requisito de la excusabilidad en la legislación española, ya que la solución contraria implicaría una desviación del principio de tutela del consentimiento, conforme al cual todo error esencial, sea o no excusable, vicia o excluye la voluntad y, en consecuencia, debe reconocerse a quien lo padece el derecho a impugnar la validez del contrato.

Subordinar la relevancia de un error esencial al requisito de su excusabilidad sería tanto como admitir que los contratantes pudieran quedar obligados como consecuencia de la celebración de un contrato que tiene su origen en un consentimiento inexistente o gravemente viciado. Por lo tanto, para llegar a esta solución es necesario abandonar el tenor del artículo 1266, excepcionando el principio de tutela del consentimiento, mediante la aplicación del principio de responsabilidad negocial, el cual posibilitará la vinculación de quien, actuando negligentemente, emitió una declaración de carácter recepticio, que no coincide con su voluntad real —error obstativo— o que exterioriza una voluntad imperfectamente formada —error-vicio—.

3. Razones de la exigencia jurisprudencial del requisito de la excusabilidad

Explicada la ausencia del requisito de la excusabilidad en el Código Civil español, se debe clarificar la razón por la que el Tribunal Supremo, apartándose en este punto del tenor del artículo 1266 de aquel, ha exigido, en cambio, dicho requisito.

Por lo pronto, no parece desmesurado afirmar que la regulación del código en el punto que se trata adolece de una visión parcial del error: este se encuentra contemplado como un problema de tutela del consentimiento de una sola de las partes contratantes —la que se equivoca—, sin prestar la atención adecuada a los restantes intereses implicados en los juicios de validez negocial deducidos de conformidad con ese precepto.

3.1. El interés social a la rápida y segura circulación de la riqueza

Existe un interés social a la segura y rápida circulación de la riqueza. La tipificación legal del error relevante compromete al mencionado interés, en la medida en que faculta para impugnar la validez del negocio, siempre que el declarante hubiera errado sobre aquellas cualidades de la cosa objeto del contrato o de la persona del otro contratante, que, en el caso concreto, hubiesen sido determinantes de la prestación del consentimiento ad contractum.

La existencia de un interés social a la segura circulación de la riqueza es algo que no requiere mayor explicación. Un contrato válido es un elemento generador de riqueza, mientras que uno inválido no opera ningún incremento de bienestar en términos económicos. La razón es obvia: declarada la invalidez de un contrato, tendrá lugar la recíproca restitución de las prestaciones, de modo que cada uno de los contratantes tendrá que devolver aquello que hubiera recibido en virtud del contrato impugnado.

Por añadidura, el régimen jurídico del error previsto en el artículo 1266 del Código Civil español produce consecuencias contrarias al interés social a la rápida circulación de la riqueza, desde el momento en que el riesgo de que la validez del contrato sea impugnada en virtud de un error oculto del declarante. Esto puede actuar como un factor disuasorio de la celebración de los negocios o, al menos, como un factor que retarde o encarezca la conclusión de los mismos, obligándose al destinatario que quiera obtener una certeza razonable respecto de la validez del contrato a investigar concienzudamente el proceso de formación de la voluntad de la otra parte —asegurándose de que esta no padece un error esencial oculto—.

3.2. La protección de la confianza suscitada por la declaración en el destinatario de buena fe

Pero, además, en el juicio de validez del contrato aparecen implicados dos intereses privados contrapuestos: de un lado, el que tiene el declarante para que se le tutele su consentimiento, inexistente o imperfectamente formado —y, por ende, a la impugnación de la validez del contrato concluido por error—. Por el otro, el que tiene el destinatario que confió en la corrección de la declaración a la conservación del negocio —y al mantenimiento de sus efectos jurídicos—.

Una adecuada regulación del error no puede dejar de contemplar y armonizar ambos intereses en conflicto. El contrato es un negocio jurídico bilateral en el que el consentimiento se constituye por la concurrencia de dos voluntades negociales, recíprocamente manifestadas por sendas declaraciones de carácter recepticio.

Ello motiva la necesidad de tener en cuenta la confianza que la declaración de quien pretende impugnar la validez del contrato provoca en la parte contraria. Esta deberá sufrir las consecuencias resultantes de la impugnación, viéndose privada de la posibilidad de obtener la prestación esperada o debiendo proceder a la restitución de la misma, según se haya consumado o no el contrato. En definitiva, puede afirmarse que proteger, en alguna medida, las expectativas que la declaración hubiera podido suscitar en quien la recibió conforme a su valor habitual en el tráfico jurídico es una exigencia de la buena fe.

Es entonces razonable que la jurisprudencia sintiera la necesidad de restringir, de algún modo, el alcance del artículo 1266 del Código Civil español, buscando una fórmula que permitiera armonizar todos los intereses en juego. Con tal fin exigió el requisito de la excusabilidad, circunscribiendo la relevancia invalidante del error a los casos en que quien lo padece no haya podido evitarlo mediante el uso de una diligencia regular o media.

Ahora bien, hay que resaltar que la exigencia del requisito de la excusabilidad era solo una de las posibles opciones con las que contaba la jurisprudencia para alcanzar el objetivo perseguido. Pero no la única. Así lo demuestra el recurso al método comparado, donde los modos de armonización de los intereses implicados en la regulación del error son muy distintos, aunque, básicamente, responden a dos grandes principios: el de responsabilidad y el de tutela de la confianza.

4. El principio de responsabilidad

El principio de responsabilidad presupone una regulación del error en la que la regla general es principio de tutela del consentimiento. En consecuencia, prevalece inicialmente el interés del declarante —que incurre en un error esencial— a demandar la impugnación del contrato, sobre el del destinatario a la conservación de la validez de aquel. Sin embargo, es evidente que dicha regla general, llevada hasta sus últimas consecuencias, comprometería gravemente el interés general a la segura y rápida circulación de la riqueza y, además, privaría de todo tipo de protección al destinatario que confió legítima y razonablemente en la corrección de la declaración recibida —en su adecuación a la voluntad real de quien la emitió o en la rectitud del proceso psicológico que determinó la voluntad en el sentido declarado—.

Por ello, es preciso atenuar de algún modo los resultados a los que conduce la rígida aplicación del principio de tutela del consentimiento. Tal objetivo se consigue mediante el principio de responsabilidad, que en una primera aproximación, puramente descriptiva, puede definirse así: quien emite una declaración contractual asume la responsabilidad acerca de la existencia y el contenido de la declaración misma. La concreta forma de articular la responsabilidad del declarante es una cuestión que admite soluciones diversas.

4.1. Principio de responsabilidad y juicio de validez: la exigencia del requisito de la excusabilidad. El caso francés

Es posible aplicar el principio de responsabilidad en el ámbito del juicio de validez negocial. Esto sucede cuando se supedita la relevancia invalidante del error al requisito de su excusabilidad, lo que significa que el principio de tutela del consentimiento será excluido en aquellos casos en que el error invocado, aun siendo esencial, sea imputable a una falta de diligencia del declarante —aquel pudo haber evitado su yerro desplegando una diligencia regular o media—.

Por lo tanto, el errans negligente quedará vinculado en virtud de una declaración que no se corresponde a su voluntad real —error obstativo— o que es producto de una voluntad imperfectamente formada —error-vicio—. Tal solución es la adoptada por la actual doctrina y jurisprudencia galas.

Ya se indicó que el artículo 1110 del Code —precedente del artículo 1266 del Código Civil español— no exige el requisito de la excusabilidad. Esto es perfectamente comprensible si se tiene en cuenta que el derecho francés exalta el consentimiento como elemento básico o factor desencadenante de los efectos jurídicos del contrato. Conforme a dicho postulado, el error se considera un vicio radical que afecta a la misma esencia del consentimiento y, en consecuencia, el artículo 1109 del Code dispone: “Il n’y a point de consentement valable si le consentement n’été donné que par erreur(3). Es, pues, coherente que el artículo 1110 del Code sancione la relevancia invalidante de todo error esencial.

Así, el precepto considera como causa de invalidez el error sobre la sustancia misma de la cosa objeto del contrato —erreur sur la substance—. Esta expresión es interpretada por la doctrina y la jurisprudencia galas en sentido subjetivo, por referencia a la causa determinante de la prestación del consentimiento. En consecuencia, incluyen en ella tanto el error in corpore como el error en aquellas cualidades de la cosa que constituyen la causa impulsiva de la celebración del contrato.

El precepto dispone igualmente la relevancia del error sobre la persona del otro contratante, cuando la consideración a ella hubiera sido la causa principal del contrato —erreur sur la personne—. Sin embargo, los autores extienden el tenor literal del precepto, al sostener que en él puede subsumirse no solo el estricto error in personam sino también el que recae sobre las cualidades personales del otro contratante, cuando en consideración a ellas se hubiera prestado el consentimiento ad contractum.

Es de destacar que en un principio la doctrina científica gala no sintió la necesidad de atenuar el voluntarismo que preside la regulación del error en el Code, mediante la exigencia del requisito de la excusabilidad. Por el contrario, el común de los autores del siglo pasado entendió que el error anulaba el contrato, aun el supuesto en que le fuera reprochable al declarante la omisión de una regular diligencia en orden a remediar su yerro. En definitiva, no se postulaba la aplicación del principio de responsabilidad en el ámbito del juicio de validez negocial, sino que la tutela de la confianza suscitada por la declaración en el destinatario se articulaba mediante el recurso a la responsabilidad precontractual. Esto es, quien incurría en un error negligente —imputable a su propia falta de diligencia— debía indemnizar a la parte contraria de buena fe los daños que esta experimentara como consecuencia de la impugnación (Code, art. 1382).

Sin embargo, lo cierto es que el requisito de la excusabilidad acabó por imponerse después de una curiosa evolución, explicable por la circunstancia de que la limitación de la relevancia invalidante del error a los casos en que este fuera excusable pugnaba claramente con la regulación del Code. La exigencia del requisito de la excusabilidad tomó como base la previa afirmación de la responsabilidad precontractual de quien impugnaba el contrato en virtud de un error imputable a su propia negligencia.

Los autores decimonónicos habían sostenido que, en tal hipótesis, el errans debía reparar los daños que la impugnación originara a la parte contraria de buena fe (Code, art. 1382). La doctrina científica posterior dio un paso más al admitir que el resarcimiento del daño pudiera tener lugar mediante el mantenimiento de la validez del contrato y la privación al demandante del derecho de impugnación. Esta solución se justificaba desde la consideración de que con ella se sancionaba con mayor rigor la negligencia del errans y se protegía al destinatario de buena fe más eficazmente que con reconocerle a aquel el derecho a percibir una indemnización por los daños que le sobrevinieran como consecuencia de la impugnación.

En la moderna doctrina científica no se discute la exigencia del requisito de la excusabilidad, pues se estima que este se da como una singular manifestación del deber de autoinformación que pesa sobre todo contratante, el cual debe ser apreciado in concreto, en atención a las capacidades personales del errans, como su profesión, edad, aptitudes intelectuales y el medio social en que se desenvuelve. Por otra parte, está plenamente consolidada la opinión de que el error se debe tener siempre por excusable cuando ha sido provocado o solamente favorecido por la deslealtad de la otra parte o de su mandatario.

Los autores reputan inexcusable el error grossière, originado por una ligereza o negligencia excesivas. En consecuencia, si la negligencia reprochable al declarante no es extrema, el error es excusable y, por ende, puede ser invocado en juicio como causa de invalidez. Sin perjuicio de que la negligencia del errans pueda desplegar efectos en el ámbito de la responsabilidad precontractual, quedando obligado aquel a indemnizar a la parte contraria de buena fe los daños que experimenta como consecuencia de la anulación del contrato, siempre que esta no conociese el error, porque, en tal supuesto —se afirma— debía haberlo manifestado al declarante.

4.2. La responsabilidad precontractual: los casos alemán y suizo

El principio de responsabilidad no tiene por qué sustanciarse necesariamente en el ámbito del juicio de la validez negocial. Es posible facultar al declarante para impugnar el contrato, siempre que haya padecido un error —negligente o no— en el que concurran los requisitos exigidos por la norma para su relevancia, sujetándole, sin embargo, a la obligación de indemnizar al destinatario de buena fe el interés contractual negativo —vertrauensinteresse—. El § 122 del Código Civil alemán —en adelante, BGB y el artículo 26 del Código Suizo de las obligaciones —en adelante, C.O.— se orientan en el sentido de tutelar la confianza del destinatario de buena fe en la validez del contrato mediante el recurso a la responsabilidad precontractual.

El BGB no exige el requisito de la excusabilidad. Es más, en dicho cuerpo legal existe una norma de la que claramente se deduce una opción legislativa contraria a la aplicación del principio de responsabilidad en el ámbito del juicio de validez negocial. Conforme al § 122(I) de esa normativa, el errans que impugna el contrato debe indemnizar a la parte contraria los daños que esta experimenta por haber confiado en la validez de la declaración. Obviamente, esta regla presupone que la relevancia del error no se supedita a su carácter excusable y, por ende, el recurso a la responsabilidad precontractual al objeto de tutelar la confianza que la declaración hubiera suscitado en el destinatario de buena fe.

La responsabilidad precontractual no presupone la culpa del impugnante. El § 122(I) del BGB consagra una responsabilidad objetiva que debe ser afrontada por el errans que demanda la anulación del contrato como un complemento de la impugnación.

La cuantía de la indemnización es el interés contractual negativo o interés de la confianza —vertrauensinteresse—. El demandante debe situar al demandado en la posición económica en que este se hallaría de no haber contado con la validez del negocio. No obstante, según la doctrina, el resarcimiento no puede exceder, en ningún caso, de la cantidad que resultaría de indemnizar el interés contractual positivo o interés al cumplimiento del contrato —erfühlungsinteresse—.

La responsabilidad precontractual del declarante no tiene lugar cuando el destinatario conoció el error —y no lo desveló— o debió haberlo conocido —kennen müssen—, debiéndose su negligencia a la falta de conocimiento (BGB, § 122(II)). La doctrina entiende, además, que la indemnización no procede, o debe reducirse, si el error es motivado por la actuación, aun no negligente, de quien pretende el resarcimiento.

La legislación suiza tampoco exige el requisito de la excusabilidad. En el derecho helvético el error esencial puede ser invocado como causa de invalidez contractual, aunque quien lo padece hubiera podido evitarlo mediante el uso de una regular diligencia. Sin embargo, al tenor del artículo 26(I) del C.O. el impugnante está obligado a reparar el daño que la otra parte experimenta como consecuencia de la invalidez del contrato, si el error invocado es imputable a la propia negligencia de quien lo alega. Se exceptúa el caso en que el destinatario lo hubiera conocido o hubiera debido conocerlo, de haber obrado diligentemente.

Por consiguiente, el error imputable a la negligencia de quien lo alega es causa de invalidez del contrato, si es esencial, originando exclusivamente la obligación de reparar los daños que, como consecuencia de la impugnación, sobrevienen a la parte contraria que razonablemente hubiera confiado en la validez de la declaración. Se trata de una hipótesis de culpa in contrahendo, expresamente establecida por ley, que presupone la conducta negligente de quien alega el error y el comportamiento diligente de la parte contraria. Esta no puede pretender el resarcimiento del daño si conoció o debió haber conocido el vicio del consentimiento.

La norma suiza contrasta claramente con la contenida en el § 122 del BGB, el cual obliga al impugnante a indemnizar a la parte contraria el interés contractual negativo, haya o no, incurrido en culpa. El contenido de la obligación de resarcimiento se identifica por la doctrina con el denominado interés contractual negativo. No obstante, el artículo 26(II) del C.O. le otorga al juez la facultad de conceder un mayor resarcimiento cuando la equidad así lo requiera.

Respecto a la cuantía de la indemnización, que al amparo de la norma mencionada puede ser fijada por el juez, la doctrina se halla dividida. La tesis tradicional consiste en que su cuantía no puede superar, en ningún caso, el interés contractual positivo. Sin embargo, cierto sector doctrinal sostiene que el artículo 26(II) del C.O. permite la reparación integral del daño producido por la culpa del declarante, aún en el supuesto de que el importe de la indemnización deba superar el erfühlungsinteresse.

5. El principio de tutela de la confianza: los casos austriaco e italiano

El principio de responsabilidad no es la única fórmula posible que tiende a la armonización de los intereses implicados en la regulación del error. Para estos efectos cabe otra solución, que consiste en aplicar el principio de tutela de la confianza —vertrauentheorie— en el ámbito del juicio de validez negocial, en cuyo caso la regla general será la prevalencia del interés del destinatario a la conservación del contrato, sobre el interés del declarante a demandar su anulación. Tal solución es la adoptada por el § 871 del Código Civil austriaco —en adelante, ABGB— y por el artículo 1431 del Codice Civile italiano.

Esta regla general solo será exceptuada cuando la declaración no hubiera suscitado una confianza merecedora de protección en la parte contraria. Solo entonces se facultará al errans para impugnar la validez del negocio. En las demás hipótesis quedará aquel vinculado en virtud de la declaración, aunque su comportamiento en orden a la evitación del error no fuera susceptible de un reproche culpabilístico conforme al parámetro de la diligencia regular o media.

En este punto es necesario realizar dos precisiones en orden a caracterizar el principio de tutela de la confianza y diferenciarlo del principio de responsabilidad, en particular, cuando este último se aplica en el juicio de validez, merced a la exigencia del requisito de la excusabilidad:

a) La aplicación de la vertrauentheorie en el ámbito del juicio de validez negocial significa la prevalencia del interés del destinatario a la conservación del contrato, con tal de que la declaración hubiera suscitado en él una confianza legítima y razonable. Esto sucederá, según el § 871 del ABGB, en los casos de error conocido, reconocible o provocado por la parte contraria y, según el artículo 1431 del Codice, cuando —en relación con el contenido, las circunstancias del contrato o las cualidades de los contratantes— una persona de normal diligencia hubiera podido reconocer el error que se invoca.

Tal consecuencia no se produce, en cambio, en los sistemas que, como el español, armonizan los intereses implicados en la regulación del error mediante la exigencia del requisito de la excusabilidad. En ellos la confianza que la declaración hubiera podido suscitar en la parte contraria se valora desde un punto de vista meramente negativo: de no existir aquella, o de no ser razonable, el error habrá de reputarse excusable, ya que no habrá razón para excepcionar la regla de tutela del consentimiento, mediante la aplicación del principio de responsabilidad. Empero, la circunstancia de que el destinatario haya confiado legítima y razonablemente en la validez del contrato, per se, no privará de relevancia invalidante al error esencial.

b) La vertrauentheorie prescinde absolutamente del examen de la diligencia desplegada por el declarante en el período previo a la conclusión del contrato. Si el interés de la parte contraria a la conservación del negocio se reputa digno de protección, el declarante no estará facultado para demandar la anulación, con independencia de que le fuera reprochable o no la omisión de una regular diligencia en orden a la evitación del error. Y, como justa compensación, cuando el interés del destinatario a la conservación del negocio no se estime merecedor de tutela, la negligencia en la que hubiera podido incurrir el declarante durante los tratos preliminares no implicará la pérdida de su facultad impugnatoria. Por ello, tanto la legislación austriaca, como la italiana, no subordinan la relevancia invalidante del error a su carácter excusable, como tampoco lo hacen las respectivas doctrinas científicas.

El § 871 del ABGB establece que quien incurre en un error esencial sobre el contenido de la declaración no queda obligado en los casos de error inducido, reconocible o silenciado —por el destinatario—.

La inducción es una circunstancia que determina la relevancia invalidante del error, cuando este es provocado por el propio destinatario, por su representante o por una tercera persona que actúa por él al tiempo de la preparación o conclusión del contrato. Puede ser originada por un comportamiento negocial positivo o meramente omisivo. En este último caso se exige que el silencio suponga una infracción de una previa obligación de información, aunque no es preciso que se dé una expresa consagración legal de la misma en normas de derecho positivo.

La regulación austriaca del error responde, pues, a la vertrauentheorie. Solo en las hipótesis descritas el errans podrá demandar la anulación del contrato, porque, en tal caso, la declaración no habrá suscitado en el destinatario una confianza merecedora de protección. En cambio, carece de trascendencia la circunstancia de que el declarante hubiera empleado o no una regular diligencia para evitar el error, ya que ni la legislación ni la doctrina científica austriacas exigen el requisito de la excusabilidad. Por el contrario, fuera de las hipótesis descritas en el § 871 del ABGB el declarante no podrá demandar la anulación. De nada le servirá demostrar que actuó diligentemente, por cuanto este dato es intranscendente en el juicio de validez negocial. Lo decisivo es que la declaración haya suscitado en el destinatario una confianza digna de tutela.

La regulación del error contenida en el Código Civil italiano está también inspirada en el principio de tutela de la confianza —tutela dell’affidamento—. Así, el Codice tipifica el error relevante exigiendo el requisito de esencialidad y reconocibilidad, pero no el de su excusabilidad.

El artículo 1431 precisa que el error se considera reconocible cuando, con relación al contenido, las circunstancias del contrato o las cualidades de los contratantes, una persona de normal diligencia habría podido conocerlo. La exacta comprensión del significado y alcance del requisito de la reconocibilidad solo es posible si se tiene presente el tratamiento doctrinal y jurisprudencial del error bajo la vigencia del anterior Codice de 1865, que, conforme a los postulados voluntaristas característicos de las legislaciones latinas del siglo pasado, no acogió el requisito de la excusabilidad del error, exigiendo exclusivamente su carácter esencial.

Algunos autores permanecieron fieles a los esquemas voluntaristas que presidieron la regulación jurídico-positiva del error, observando que la ley no establecía límites a los efectos invalidantes del error esencial, y que, siendo este un vicio del consentimiento, el dogma de la voluntad imponía su admisión, sin que hubiera lugar a examinar la cuestión de su excusabilidad. Sin embargo, en la jurisprudencia y entre el común de los autores que escribieron bajo la vigencia del anterior Codice acabó siendo opinión unánime la de limitar la relevancia invalidante del error a los supuestos en que este pudiera ser calificado como excusable. Ante el silencio de la ley, la doctrina apoyó la exigencia del requisito de la excusabilidad en las fuentes históricas del derecho romano, en los principios de responsabilidad y seguridad del tráfico jurídico y en la asimilación de la culpa grave a la mala fe —culpa lata dolo equiparatur—.

El estado de la cuestión en la actual legislación italiana es muy diverso al expuesto, porque el actual Codice de 1942, apartándose de los consolidados precedentes doctrinales y jurisprudenciales, no ha acogido el requisito de la excusabilidad. El artículo 1428 del Codice subordina la relevancia invalidatoria del error al doble requisito de la esencialidad y de la reconocibilidad. Es así como el artículo 1431 considera que el error es reconocible cuando, en relación con el contenido, las circunstancias del contrato o las cualidades de los contratantes, una persona de normal diligencia habría podido conocerlo.

La doctrina y jurisprudencia italianas han entendido que la reconocibilidad ha venido a sustituir a la excusabilidad. No obstante, es posible ir más lejos y afirmar que ambos requisitos son, en realidad, excluyentes, afirmación que se puede fundamentar en las consideraciones que a continuación se exponen, las cuales servirán, además, para precisar los caracteres definitorios de la reconocibilidad:

a) La excusabilidad es un requisito que solo se explica partiendo del dogma de la voluntad y del inicial derecho a impugnar el contrato que tiene todo declarante que incurre en error esencial, salvo que este le sea imputable a su propia negligencia. El contratante culpable debe atenerse a lo pactado, aunque la declaración emitida no coincida con su voluntad interna o esta no se haya formado rectamente y siempre que el interés de la parte contraria sea digno de protección, por haber actuado esta correcta y diligentemente en los tratos preliminares y, posteriormente, al tiempo de la conclusión del negocio. La excusabilidad es, pues, una concreta aplicación del principio de responsabilidad, concebido este como un criterio de corrección de las extremas consecuencias a las que lleva la estricta aplicación del principio de tutela del consentimiento.

Por el contrario, el requisito de la reconocibilidad responde a las exigencias de un derecho civil mercantilizado —como es el italiano—, enmarcándose en un fenómeno de objetivización del intercambio contractual, tendiente a favorecer las exigencias de una circulación segura, rápida y amplia de los bienes, objetivización que conlleva restricciones al dogma de la voluntad. La reconocibilidad tiene precedentes en la legislación austriaca (ABGB § 871) y presupone un nuevo modo de abordar la regulación del error partiendo, ya no del dogma de la voluntad, sino del principio de la confianza —tutela dell’affidamento—. Es decir, de la premisa de que el riesgo de todo negocio debe recaer sobre la parte que se ha equivocado, incluso sin culpa, en la formación o emisión de su voluntad, antes que sobre la otra, la cual no podía prever una discordancia entre la voluntad y la declaración.

Desde estos postulados, el error oculto del declarante no puede defraudar la confianza ajena, es decir, las expectativas del destinatario fundadas en la declaración, con la consecuencia de que aquel solamente puede impugnar el contrato cuando su error —inexcusable o no— hubiera podido ser reconocido por una persona de normal diligencia. La reconocibilidad le evita, pues, al adquirente de un bien o servicio, el riesgo de que el contrato pueda ser anulado en virtud de un error no reconocible por quien despliega una diligencia ordinaria. Así mismo, la remoción de tal riesgo protege la certeza y la celeridad en la contratación, porque el destinatario no debe comprobar positivamente que el declarante no ha incurrido en un error oculto atinente a las circunstancias esenciales del contrato.

b) El juicio de excusabilidad es un juicio de culpa, que toma como referente prioritario el concreto comportamiento del contratante incurso en error. El comportamiento del destinatario se examina exclusivamente para efectos de decidir si el sacrificio del derecho de impugnación del declarante negligente está o no justificado, dado que sería contrario a la buena fe negar el ejercicio del derecho de impugnación, cuando el interés de la persona a quien perjudica la anulación no es digno de protección.

En cambio, la reconocibilidad no comporta un juicio de culpa. Por lo pronto, en su apreciación carece de relevancia la negligencia o diligencia del declarante en la evitación del error, lo que, según ha quedado expuesto, constituye la esencia misma del concepto de excusabilidad. Pero aquella tampoco es un juicio de culpa respecto del comportamiento de la parte receptora de la declaración.

En primer lugar, porque para poder afirmar la culpa de un contratante con relación a un determinado evento es preciso ponderar globalmente su comportamiento, considerando todas las circunstancias que le han llevado a actuar de un determinado modo. Esto no sucede en el juicio de reconocibilidad, el cual se debe ceñir exclusivamente al examen de los extremos taxativamente enumerados en el artículo 1431 del Codice. Es decir, el contenido y las circunstancias del contrato y las cualidades personales del destinatario —v. gr. la profesión—. Las cualidades personales del declarante solo pueden ser tomadas en consideración en la medida en que sean conocidas por la parte contraria, con exclusión, en todo caso, de las relativas a su estado psíquico.

En segundo lugar, porque la reconocibilidad no hace referencia a la concreta posibilidad que haya tenido la contraparte de reconocer efectivamente el error, sino a la que puede tener un tercer sujeto de normal diligencia. No exige la prueba de que el error haya sido conocido de hecho, sino la abstracta posibilidad de su reconocimiento “In persona di mediana avvedutezza”.

c) De las consideraciones anteriormente realizadas se deduce claramente que, desde un punto de vista estrictamente económico, el requisito de la reconocibilidad presenta indudables ventajas respecto de la excusabilidad, ya que este último no le evita al destinatario el riesgo de que el contrato pueda ser impugnado en virtud de un error oculto. En efecto, en aras de la buena fe restringe la aplicación del principio de autorresponsabilidad a los supuestos en que el interés de la otra parte contratante a la conservación del negocio es digno de protección, pero no impide al declarante que ha desplegado una diligencia media en orden a la evitación del error impugnar el contrato, incluso en el supuesto de que su declaración hubiera suscitado en la parte contraria una confianza legítima y razonable en su validez.

Por otra parte, se debe resaltar que el requisito de la excusabilidad origina consecuencias indeseables en el terreno procesal, ya que conduce al juez a apreciar el comportamiento de ambas partes en un juicio de culpa que deberá tener en cuenta las concretas circunstancias personales del declarante y del destinatario, lo que comporta una complicación procedimental respecto de lo que resulta de la aplicación del requisito de la reconocibilidad. Basta considerar que el juicio que se hace de ella, por un lado, prescinde del examen de la diligencia desplegada por el declarante en orden a la evitación del error y, por el otro, no se dirige a averiguar si el error era reconocible in concreto por el destinatario, sino respecto a si debió ser conocido por una “persona di normale diligenza” —criterio legal de valoración abstracta—.

6. Conclusiones

A la luz de las consideraciones realizadas surgen las siguientes conclusiones:

a) Error reconocible es aquel que una persona de normal diligencia habría podido conocer con relación al contenido, las circunstancias del contrato o las cualidades de los contratantes.

b) Los requisitos de la excusabilidad y recognoscibilidad son excluyentes, ya que precisamente la utilidad práctica de este último radica en no supeditar la validez de un contrato a un juicio de culpa —lo que constituye el núcleo esencial de la excusabilidad—, prescindiendo del examen de la concreta diligencia desplegada por los contratantes, bien en orden a la evitación del error —declarante— o en orden al descubrimiento del mismo —destinatario—.

c) Cabría la hipotética posibilidad de subordinar la relevancia invalidatoria del error a un inicial juicio de reconocibilidad y a un ulterior juicio de excusabilidad. Es decir, constatada la abstracta reconocibilidad del error por una persona de normal diligencia, todavía podría limitarse la anulación del contrato al supuesto en que el error reconocible no fuera imputable a la negligencia del declarante. Sin embargo, ello conduciría a restringir la aplicación del error hasta límites inverosímiles, produciéndose una injustificada ventaja en favor del destinatario de la declaración en total perjuicio de quien yerra. Por ello, tal solución no ha sido acogida por la doctrina italiana.

(1) Tribunal Supremo español, Sentencia del 18 de febrero de 1994.

(2) Tribunal Supremo español, Sentencia del 14 de junio de 1943.

(3) “No habrá consentimiento válido, si el consentimiento hubiera sido dado por error, o si hubiera sido arrancado con violencia u obtenido mediante dolo” —disponible en: http://www.legifrance.gouv.fr/html. Consulta realizada el 13 de octubre del 2006 (N. del E.)—.