Evolución de la doctrina constitucional sobre la movilidad salarial

Revista Nº 176 Mar.-Abr. 2013

Andrea Cristina Fernández Marín 

Godoy Córdoba Abogados SAS 

1. El ajuste anual de salarios nace como un derecho constitucional absoluto

Desde el año 1992, la Corte Constitucional ha creado una línea jurisprudencial sobre el rango constitucional del ajuste anual de salarios. Así pues, la Corte al referirse a la interpretación del artículo 53 de la Carta Política ha dicho que “el salario debe ser móvil, atendiendo a la necesidad de mantener el poder adquisitivo de la remuneración salarial, dado que esta permite a los trabajadores acceder y mantener unas condiciones dignas de vida”(1).

Es por ello que, en numerosas sentencias de tutela la Corte desvinculó el derecho a los trabajadores a recibir ajuste de salarios de la negociación colectiva, al considerar que al tener rango de derecho fundamental cuando se mantiene el poder adquisitivo del salario, este no debe estar sujeto a las condiciones propias de los conflictos colectivos de trabajo y, mucho menos, ser un elemento de discriminación o vulneración de la libertad sindical.

En este orden de ideas, en el sector privado la Corte Constitucional inició su línea jurisprudencial sobre el derecho fundamental al ajuste anual del salario, sin ningún tipo de consideración de la realidad económica del empresario, en iguales condiciones a toda la población asalariada, y el cual no admitiría —en principio— restricción alguna por parte del empleador.

2. Desde el año 2001, con la Sentencia C-1064, la Corte admite el tratamiento diferenciado en los salarios del sector público, acogiendo un criterio de igualdad material y no matemática

Ya con la línea jurisprudencial sobre el salario mínimo, vital y móvil establecida en acciones de tutela, la Corte Constitucional desde el año 1999(2) —al estudiar la Ley 4ª de 1992 referida a la fijación del régimen salarial del sector público— señaló la obligatoriedad del reajuste de salarios anualmente “para restablecer condiciones económicas de equilibrio en áreas de la gestión pública en las que estas se hayan roto por diversos factores” y con ello reconocer que en cualquier momento de la relación laboral dicho reajuste debe aplicarse y así evitar un perjuicio o detrimento patrimonial a los trabajadores.

No obstante, el derecho al reajuste fue concebido de manera indiferente en todos los rangos salariales en la Sentencia C-1433 del 2000(3) y al estudiar la ley de presupuesto del año 2000 ordena el reajuste salarial de los empleados públicos por el monto de la inflación del año 1999. Esta posición fue modulada en Sentencia C-1064 del 2001(4) al considerar que una fórmula única de reajuste salarial (como la planteada en la Sent. C-1433) no acude a un criterio de igualdad material, dando pues un tratamiento igual a sujetos desiguales. Es por ello que, en la C-1064 la Corte admite un tratamiento diferenciado entre los diferentes rangos salariales del sector público, en tanto el impacto de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda no impacta de igual forma a los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, frente a los trabajadores de rangos salariales altos. Por tanto, el derecho al reajuste del salario resulta absoluto para los trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos, mientras que para los demás trabajadores el reajuste salarial no resulta obligatorio y puede limitarse obedeciendo a criterios de razonabilidad. En este punto, la Corte puntualizó que el tratamiento diferenciado de los trabajadores de altos salarios debe estar justificado en razones objetivas y ponderadas por un juicio de razonabilidad de 3 pasos, esto es: i) analizar el fin buscado por el trato diferente (no ajuste de salario); ii) analizar el medio adoptado para llegar a dicho fin, y iii) estudiar la relación entre el medio y el fin. Así pues, al encontrarse justificado el trato diferenciado entre rangos salariales por “el fin de liberar y destinar recursos a cubrir necesidades relativas al gasto público social” el Gobierno Nacional no habría vulnerado el derecho fundamental del salario mínimo, vital y móvil de los trabajadores que devengaban más de dos salarios mínimos. Sin embargo, la Corte en esta oportunidad puntualizó que aun cuando el reajuste de salarios no puede ser igual en todas las escalas salariales, la diferencia de reajuste entre un grado y otro no puede ser de tal magnitud que cree diferencias desproporcionadas —y por tanto inequitativas— entre los grupos.

3. El criterio de progresividad es el nuevo elemento en los juicios constitucionales para evaluar la ley de presupuestos desde el año 2003

Con el camino allanado por la Sentencia C-1064, la Corte Constitucional introduce en el año 2003(5) el criterio de “progresividad” frente a la necesidad de atacar de manera gradual el impacto inflacionario de la economía entre los diferentes grados salariales. Así pues, resulta admisible que el impacto sea nulo en los grados inferiores (trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos) y medio o alto según se vaya ascendiendo en la escala salarial.

Igualmente, la Corte habla del criterio de “temporalidad” al establecer un tope temporal a la limitación del derecho del reajuste anual del salario para los trabajadores de rangos salariales altos. La Corte consideró que “la limitación al derecho a mantener el poder adquisitivo del salario de los servidores públicos debe ser transitoria e incluir medidas para proteger a los servidores públicos de menor ingreso”.

Este último punto se hizo más evidente en Sentencia C-931 del 2004(6) cuando se estableció que el único fin estatal que justifica la limitación del derecho del reajuste anual de salarios de los servidores públicos puede hacerse para no afectar el gasto público social.

4. Hasta la fecha, en sede de tutela la Corte ha acogido la línea de salario vital y móvil con referencia al ajuste sobre el IPC

A pesar de la línea jurisprudencial señalada, la Corte al conocer casos de tutela en el sector privado mantuvo la posición del derecho a la movilidad del salario y la no diferenciación de este derecho según el grupo salarial al que pertenezca el trabajador. Es así como, de nuevo inmerso en un evento de derecho de asociación y negociación colectiva, la Corte señala que “esta Sala reitera la posición referida en la jurisprudencia constitucional citada, sobre la cual se ha determinado que el derecho de los trabajadores al incremento anual de su asignación salarial, se desprende directamente de la Constitución y es de aplicación inmediata, sin que se requiera desarrollo legal, contractual o convencional”(7).

5. Al estudiar la obligación de reajuste anual del salario mínimo legal, la Corte introduce el criterio de progresividad a la movilidad del salario, propio del análisis de la Ley de Presupuesto Público

Después de este recorrido constitucional, nos encontramos con la Sentencia C-911 del 2012(8) que estudia la exequibilidad o no del artículo 148 del Código Sustantivo del Trabajo, que señala la modificación automática del salario mínimo sin necesidad de acuerdo entre las partes. En dicha sentencia, la Corte manifiesta que no existe vacío legal —como lo considera el demandante— para los salarios inferiores y superiores al mínimo legal decretado por el Gobierno Nacional, y que no puede aplicarse la misma regla de derecho a todos los rangos salariales, de acuerdo a lo señalado en la Sentencia C-1064 del 2001.

De igual forma, la Corte recoge los criterios de igualdad material y progresividad expuestos en los últimos años por el Alto Tribunal al estudiar el régimen salarial del sector público y sostener que “el artículo 53 de la Constitución, cuando habla de salario ‘móvil’, sí está consagrando el derecho a mantener el poder adquisitivo del salario, pero que este mandato no puede interpretarse, como lo hace el demandante, en el sentido en que todos los salarios superiores al mínimo deben ajustarse anualmente en el mismo porcentaje en que haya sido incrementado aquel”. Esta distinción realizada por la Corte solo se entiende en tanto se procure aplicar los criterios que hasta el momento habían sido exclusivos del sector público, esto es que el ajuste del salario se haga de acuerdo a i) las escalas salariales existentes en la empresa; ii) guardando el criterio de progresividad del impacto económico de la pérdida de poder adquisitivo, haciendo menos gravosa la situación a los trabajadores que devenguen hasta 2 salarios mínimos e impactando gradualmente a los niveles medio y alto de salarios; iii) haciendo un juicio de razonabilidad de la limitación al derecho de los rangos salariales medios y alto, y iv) asegurando un término temporal para el trato diferenciado de los trabajadores, para que no se extienda injustificadamente en el tiempo.

(1) Sentencia T-102 de 1995, M.P. Alejandro Martínez Caballero.

(2) Sentencia C-710 de 1999, M.P. José Gregorio Hernández Galindo.

(3) M.P. Antonio Barrera Carbonell.

(4) M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Jaime Córdoba Triviño.

(5) Sentencia C-1017 del 30 de octubre de 2003, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y Rodrigo Escobar Gil.

(6) M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(7) Sentencia T-345 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

(8) M.P. Mauricio González Cuervo.