Fuero de salud se extiende para prestadores de servicios

(Sentencia SU-049 de 2017 de la Corte Constitucional)

Revista Nº 201 Mayo Jun. 2017

Jose Luis Cortés Perdomo 

Abogado Especializado en Derecho LaboralSocio de Cortés Romero & Asociados

1. Síntesis de la providencia

En proceso de revisión de diferentes fallos de tutela, la Corte Constitucional decidió unificar su jurisprudencia sobre el tema de la estabilidad laboral reforzada, dando unos nuevos alcances a la misma y ampliando su concepto, trasladándola hacia una estabilidad ocupacional reforzada. Los puntos tenidos en cuenta para esta unificación jurisprudencial fueron: (i) si la estabilidad ocupacional reforzada es una garantía de la cual son titulares únicamente las personas que cuentan con una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda; (ii) si la estabilidad ocupacional reforzada es aplicable a las relaciones originadas en contratos de prestación de servicios, aun cuando no envuelvan relaciones laborales (subordinadas) en la realidad, y (iii) si, en caso de ser afirmativas las respuestas a las cuestiones anteriores, la violación a la estabilidad ocupacional reforzada en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución.

El caso estudiado por la Corte Constitucional, se trataba de un prestador de servicios que contaba con 72 años de edad que sufrió un accidente durante el desarrollo del contrato y a quien le fue terminado el mismo encontrándose incapacitado. Inconforme con la terminación del contrato el prestador de servicios decidió instaurar acción de tutela por considerar (i) que se encontraba frente a un contrato de trabajo, en virtud del principio de primacía de la realidad, (ii) que gozaba de una estabilidad reforzada y (iii) que para la terminación de su contrato no se habían cumplido con los requisitos establecidos en la Ley 361 de 1997. La acción de tutela fue declarada improcedente tanto en primera como en segunda instancia, teniendo en cuenta que el actor no había cumplido con el principio de subsidiaridad ya que (i) existía duda en cuanto a la naturaleza jurídica de la relación laboral y los derechos derivados de la misma, razón por la cual era competencia de un Juez Laboral, y (ii) que en el caso analizado no se logró establecer que existiera un perjuicio irremediable pudiendo hacer uso de los medios ordinarios para hacer valer sus derechos.

La Corte, luego de hacer un análisis minucioso del tema, unificó su posición estableciendo que: (i) la estabilidad ocupacional reforzada constituye una garantía, cuyos titulares son las personas que tengan una afectación en su salud que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, independientemente de que haya sido calificado el detrimento de sus capacidades. (ii) Igualmente esta estabilidad aplica no solo a las relaciones laborales sino también a las originadas en contratos de prestación de servicios, aparte de que exista o no un contrato realidad. (iii) La violación a la estabilidad ocupacional reforzada debe dar lugar a una indemnización de 180 días, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, interpretado conforme a la Constitución, incluso en el contexto de una relación contractual de prestación de servicios, cuyo contratista sea una persona que no tenga calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda.

El análisis hecho por la Corte para proferir esta sentencia de unificación se describirá a continuación.

2. Elementos analizados por la corte para proferir su sentencia

La Corte Constitucional analizó principalmente las siguientes cuestiones:

La estabilidad ocupacional reforzada no se circunscribe a quienes han sido calificados con pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda

Luego de hacer una comparación frente a las posiciones encontradas con la Corte Suprema de Justicia, en cuanto al derecho a estabilidad laboral reforzada que les asiste a quienes por razón de la calificación o no de la pérdida de capacidad laboral, la Corte Constitucional ratificó su posición en el sentido de que la estabilidad laboral no deriva del hecho de la calificación de la pérdida de la capacidad laboral ni de la Ley 361 de 1997, sino que tiene un fundamento constitucional y aplica para todas las personas que tengan una afectación en su salud, que les “impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en las condiciones regulares”(1), tal fundamento encuentra como sustento normas constitucionales tales como la estabilidad en el empleo, el derecho de las personas que se encuentran en debilidad manifiesta a contar con una protección especial para lograr una igualdad real y efectiva, a que el trabajo tiene una especial protección del Estado y debe desarrollarse en condiciones dignas y justas.

Del mismo modo determinó que el derecho a la estabilidad laboral no es exclusivo de quienes se encuentren impedidos de manera permanente o duradera sino que también aplica para quienes se encuentren en estado de debilidad manifiesta de manera transitoria y variable. Tampoco lo es de quienes se encuentre bajo una relación subordinada, ya que el principio de la estabilidad del artículo 53 de la constitución tiene un espectro más amplio al decir “en todas sus formas”, independientemente del vínculo.

Es así como concluye, frente a esta cuestión, que la estabilidad ocupacional reforzada no se ha de limitar a quienes tienen una calificación de pérdida de capacidad laboral moderada, severa o profunda, definida con arreglo a normas de rango reglamentario, sino a todas las personas en condiciones de debilidad manifiesta.

La estabilidad ocupacional reforzada en los contratos de prestación de servicios, y la aplicación de las prestaciones de la Ley 361 de 1997, interpretada conforme a la Constitución

Frente a este punto, la Corte, en primer término, fija su posición frente a que la estabilidad laboral reforzada no puede entenderse como exclusiva de las relaciones laborales sino que debe aplicar a quienes se encuentran bajo otras modalidades contractuales como lo son la de prestación de servicios y el contrato de aprendizaje. Parte de la base de que en las relaciones regidas por modalidades diferentes al vínculo laboral no desaparece el derecho a la estabilidad y a la protección especial del Estado a las personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.

Para evitar entonces la confusión en cuanto a los titulares del derecho en virtud del vínculo que los une, la Corte pasa de hablar en un sentido estricto de la estabilidad laboral reforzada a la estabilidad ocupacional reforzada por “ser una denominación más amplia y comprehensiva”(2).

Con relación a la aplicación a las prestaciones de la Ley 361 de 1997 la Corte considera que (i) no es necesario contar con un porcentaje determinado de pérdida de capacidad laboral para acceder a estas prestaciones; (ii) que por el hecho de que una persona contraiga una enfermedad o se presente una afectación médica de sus funciones, que le impida o dificulte sustancialmente el desempeño de sus labores en condiciones regulares, ya se hace acreedora de tal protección legal, en consecuencia los contratantes deben contar con una autorización del Ministerio de Trabajo para proceder efectivamente a la terminación del vínculo, que de no ser de esta forma procede no solo la declaratoria de ineficacia de la terminación del contrato sino, además, al reintegro o la renovación del mismo, así como la indemnización de 180 días de remuneración salarial o su equivalente, y (iii) que tal protección no es exclusiva de las relaciones laborales toda vez que la misma norma tiene un sentido amplio y no lo restringe al contrato de trabajo.

3. Observaciones e implicaciones prácticas

Aspectos más importantes de la sentencia:

De la lectura de la sentencia de se presentan tres grandes cambios:

1. Se resalta la transformación de la estabilidad laboral a una estabilidad ocupacional, es decir se amplía el espectro y no aplica solamente a relaciones emanadas de un vínculo laboral sino que también a prestadores de servicios, aun cuando no impliquen relaciones laborales subordinadas.

2. Se ratifica el deber constitucional de solidaridad de los contratantes hacia los contratistas, haciéndolos responsables de los costos que pueda generar la situación de salud del contratista.

3. Como consecuencia de esta ampliación hacia todo tipo de contrato, la sentencia concluye que los contratantes también deben solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo cuando pretendan terminar el contrato por alguna justa causa. Sin embargo en este punto se rescata una reflexión que hace la Corte Constitucional en la mencionada sentencia en el sentido de afirmar que: “la pretermisión del trámite ante el Ministerio de Trabajo acarrea de presunción de despido injusto. Sin embargo esta presunción se puede desvirtuar incluso en el proceso de tutela, y por tanto lo que implica realmente es la inversión de la carga de la prueba (…)” reflexión con la que indudablemente se abre la posibilidad se probar la justa causa en el proceso de tutela en caso de que se haya obviado el trámite de solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo.

4. Conclusiones

De todos los análisis de la Corte, el que realmente llama la atención es el de ampliar la estabilidad a toda clase de contratos, incluso si no está en discusión la naturaleza de la relación civil o laboral, pues esta extensión genera que en la práctica los empresarios deban revisar las circunstancias específicas de un contratista, cualquiera que este sea, antes de proceder a la terminación de su contrato y los pone definitivamente en una posición de inseguridad jurídica, además de las altas cargas administrativas, que antes era exclusiva de las relaciones laborales, y que hoy, con esta sentencia, se extiende a toda clase de relaciones, pero también con la posibilidad de probar que esta ha terminado por razones diferentes a la debilidad manifiesta incluso en los juicios de tutela en los casos en que se haya omitido el trámite de solicitar autorización ante el Ministerio de Trabajo.

1. Sentencia T-1040 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil). La Corte Constitucional en este asunto dijo que una mujer debía ser reintegrada al cargo del cual había sido desvinculada sin autorización del inspector de trabajo, porque a pesar de que no había sido calificada como inválida, tenía una disminución suficiente en su salud que la hacía acreedora de una protección especial.

2. Sentencia T-881 de 2012. En esa oportunidad, la Sala Primera de Revisión debía resolver el caso de una persona que fue desvinculada mientras se encontraba en condiciones de debilidad manifiesta, en el contexto de un “contrato de aprendizaje”. En vista de que este último tenía características legales y contractuales que permitían diferenciarlo, conforme a la jurisprudencia constitucional, del contrato laboral en sentido estricto, la Corte señaló que en vez de hablar de derecho fundamental a la estabilidad laboral reforzada se haría “(...)”. En ese caso concedió la tutela de este derecho.