Garantías constitucionales en el proceso penal. Juicio por jurados

Revista Nº 13 Oct.-Dic. 2005

Ramiro Javier Rúa 

(Argentina) 

Es la ley como la lluvia: 

nunca puede ser pareja; 

el que la aguanta se queja, 

pero el asunto es sencillo; 

la ley es como el cuchillo: 

no ofende a quien lo maneja. 

Martín Fierro 

Sumario

El presente trabajo apunta a lograr un acercamiento a la problemática de la institución del “juicio por jurados”. En primer lugar, analizaremos diferentes aspectos importantes que permitan la comprensión de la historia del instituto, sus características y su problemática, especialmente en lo que se refiere a su posibilidad de instauración en la República Argentina. 

Temas relacionados

Jurado; derecho común; sistema acusatorio; sistema inquisitivo; derecho internacional; veredicto; juicio en derecho; negociación de pena; debido proceso; presunción de inocencia. 

1. Historia

1.1. Gran Bretaña y Estados Unidos de América

El origen del sistema de juicios por jurados(1) se puede ubicar en la historia anglosajona. Algunos autores entienden que es una figura recibida de los pueblos invasores de la Gran Bretaña en tiempos remotos.

Por su parte Jáuregui(2) señala que si bien la institución se desarrolló en Inglaterra proviene de antiguas tribus germánicas; mientras que Cavallero y Hendler, aunque no precisan la fuente de información, son contestes en señalar que fueron los escandinavos que invadieron Normandía, quienes llevaron el juicio por jurados a Inglaterra, e indican que los sajones ya entonces tenían a los condados organizados en centurias hundreds dentro de las cuales existían los denominados tithing, que eran un conjunto de 10 propietarios responsables de juzgar los conflictos que se producían en la comunidad. Sus decisiones podían ser apeladas a las centurias que, a su vez, encargaban a un grupo de doce de sus miembros, denominados “compugnadores”, para conocer del recurso(3).

Sea como fuere, resulta incontestable que la Carta Magna de Juan sin Tierra del año 1215 establecía en el artículo 48 que “nadie podrá ser arrestado, aprisionado, ni desposeído de sus bienes, costumbres y libertades, sino en virtud del juicio de sus pares, según la ley del país”.

A lo largo del tiempo se iría afianzando el sistema del juicio por jurados, que iría extendiéndose en su uso atravesando el Océano Atlántico con los puritanos que llegaron a las costas de Norteamérica a bordo del Mayflower. El arraigo del sistema en la mentalidad anglosajona se plasma en el bill of rights de Virginia del 12 de junio de 1776. Su autor, Jorge Mason, proclamó en la sección VIII “que en toda persecución criminal, el hombre tiene derecho a averiguar la causa y naturaleza de su acusación, a ser careado con los acusadores y testigos, a producir la prueba de descargo y a ser juzgado rápidamente por un tribunal imparcial y doce vecinos, sin cuyo consentimiento unánime no puede ser declarado culpable; que no puede ser compelido a declarar contra sí mismo; que ningún hombre puede ser privado de su libertad sino según la ley del país o el juicio de sus pares”.

Finalmente, encontramos en el artículo III, acápite 2, de la Constitución de los Estados Unidos de América, la consagración nacional del juicio por jurados, así: “Todos los delitos serán juzgados por medio de un jurado, excepto en los casos de juicio político”. Si bien, los constituyentes pudieron haber entendido que tanto este derecho como los restantes establecidos en la Constitución, resultaban lo suficientemente claros para el correcto aseguramiento de los mismos —a consecuencia de las reservas efectuadas por varios Estados al momento de ratificar la Constitución— el primer presidente norteamericano George Washington exhortó al Congreso a prestar atención de las demandas de enmiendas, lo que terminaría dando nacimiento al bill of rights de la Constitución norteamericana. En sus enmiendas V, VI y VII se establece lo relativo al juicio por jurados.

Es tal la importancia de este sistema de enjuiciamiento para los norteamericanos, que en El Federalista, n.º 83, Hamilton escribió: “Los amigos y adversarios del plan de la convención, aun cuando en desacuerdo en todo lo demás, convienen al menos en el valor que otorgan al juicio por jurados; o si es que alguna diferencia existe entre ellos consiste en que mientras estos la consideran una preciosa salvaguarda de la libertad, para aquellos representa la máxima garantía de un gobierno libre”.

El juicio por jurados, el derecho a ser juzgado por los iguales, por el pueblo, constituye para los anglosajones un valuarte innegable de la libertad, la soberanía y la democracia. Pero ante todo, no constituye sino la afirmación de que la soberanía, el poder, reside en el pueblo. Ya mencionaba en 1835 Alexis de Tocqueville que el jurado era “una institución política (...) una forma de expresión de la soberanía popular (...) una forma de hacer prevalecer la mayoría (...) una escuela de libertad... en la cual cada jurado aprende sus derechos (...)”.

Prueba irrefutable de estas afirmaciones es el célebre caso de John Peter Zenger, editor e impresor del diario New York Weekly Journal, quien a raíz de una serie de ácidos comentarios hacia William Cosby, gobernador de New York, fue acusado de desacato. Pese a la evidente culpabilidad, tres grandes jurados grand juries se rehusaron a realizar la acusación en su contra, la que fue finalmente efectuada por el Fiscal General de dicho Estado.

Durante el trámite del juicio y ante la gran actuación desplegada por Andrew Hamilton, Zenger fue absuelto, lo que produjo un gran júbilo entre los presentes. Este es un caso donde se vislumbra claramente el ejercicio de la soberanía popular. Inclusive, durante la época colonial se registró que los jurados exoneraban a aquellos que resistían la política colonial inglesa y acosaban a aquellos que la cumplían. Es más, cuando los colonos ejercieron su derecho a la anulación jury nullification en los casos relacionados con la navegación, dejando libres a aquellos que habían transgredido las leyes injustas, la Corona de Inglaterra los privó de la posibilidad de realizar juicios por jurados en dichos casos, lo que constituyó uno de los principales motivos de la guerra.

Jefferson, al respecto dijo: “La desconfianza en los jueces fue en parte consecuencia de que los jueces eran designados por la monarquía británica. La pérdida del derecho del juicio por jurados fue, en verdad, uno de los principales motivos que condujeron a la revolución”. Ya en la Declaración de Independencia de 1776 se colocó entre los agravios contra Jorge III el “habernos privado de los beneficios del juicio por jurados”.

1.2. República Argentina

Internándose en el análisis de los documentos constitutivos de la República Argentina, podemos observar que ni el “Reglamento de la División de Poderes”, sancionado por la junta conservadora del 22 de octubre de 1811, ni en el “Estatuto Provisional del Gobierno Superior de las Provincias Unidas del Río de la Plata a nombre de Fernando VII”, del 22 de noviembre de 1811, existe referencia alguna al juicio por jurados.

Se encuentran documentos que contienen disposiciones relativas al juicio por jurados así: el proyecto de Constitución para las provincias del Río de la Plata, redactado por la Comisión Oficial (1812); el proyecto de Constitución para las provincias del Río de la Plata, de la sociedad patriótica (1812); el proyecto de Constitución para las provincias del Río de la Plata (1813); las instrucciones que la junta electoral de la provincia de Buenos Aires da a sus representantes al futuro Congreso General de todas las provincias de la Unión (1815, 1817); la Constitución de las provincias unidas en Sudamérica (1819); la Constitución de la República Argentina (1826); la Constitución de la Confederación Argentina (1853, 1860).

Durante todo el siglo XIX el sistema del juicio por jurados despertó un vivo interés al considerársele un fiel reflejo de las formas republicanas de gobierno. Así, en el año 1820, en el periódico El Censor, que publicaban en Buenos Aires, Antonio José Valdés y Fray Camilo Henríquez, sobre las ventajas esenciales del juicio por jurados se expresaba: “La independencia absoluta en que ponen la vida y propiedades de los ciudadanos; la certeza moral que el acusado no puede tener en contra sino las pruebas que hubiere del delito, y de que en su condenación no pueden tener parte las pasiones. Su influjo, saludable sobre la moral pública, en cuanto inspiran en los ciudadanos respeto a las leyes, de que se ven constituidos instrumentos, veneración a la santidad del juramento, de que ven depender la vida de los acusados, y de que otro día puede depender la de cada uno de ellos, o su libertad o haberes.

Y en fin un respeto profundo, sin mezcla de temor u odio servil a los jueces, que por medio de este admirable establecimiento de los juries son órganos impasibles de la ley y meros ejecutores de lo que dicta en cada caso la razón humana reparada cuando es posible de las imperfecciones y flaquezas con que se encuentra mezclada en cada individuo”.

Guret Bellemare en su “Plan General de Organización Judicial para Buenos Aires” (1828) proponía la formación de dos jurados. Uno de acusación y otro de juicio, ambos conformados por ciudadanos de “buena conducta, corazón recto y conciencia irreprobable”. El sistema no estaba exento de críticas, ejemplo de esto es Juan Ignacio de Gorriti, quien llamó la atención sobre la viabilidad de implantar este sistema en un pueblo, como el de entonces, con poca cultura en comparación con la cultura francesa de su tiempo.

Como fuere, en la legislación nacional y provincial, cabe citar como ensayos del sistema de jurados a:

a) El jurado de imprenta. El decreto sobre libertad de imprenta, del 26 de octubre de 1811, instituyó una junta protectora de la libertad de la imprenta compuesta por 9 miembros, cuya función era declarar de hecho si había o no crimen en el papel, dando mérito a la reclamación, ya que el castigo era atribución de los jueces. En Buenos Aires, mediante una ley del 8 de mayo de 1828, se estableció que el castigo de dichos delitos correspondía a un jury compuesto por cinco ciudadanos escogidos al azar.

b) El jurado de abigeato. Creado por el decreto del 19 de enero de 1825, se estableció para juzgar los casos de robo de hasta 6 cabezas de ganado. Era presidido por un juez de paz y lo formaban dos vecinos a elección, de conocida honradez y propiedad. La sentencia era inapelable. Tanto este jurado, como el de imprenta implementado en Buenos Aires, juzgaban cuestiones de derecho.

c) El jurado de mercado. Establecido por decreto del gobernador Juan Manuel de Rosas el 12 de abril de 1836, entendía las cuestiones que podían suscitarse y prevenir los fraudes y perjuicios en grado de apelación de las decisiones de los jueces de mercado. Estaba compuesto por un juez más dos ciudadanos extraídos de una lista de ocho.

d) Composición de los tribunales superiores de justicia. Tal vez motivado en la falta de letrados, un ejemplo de esto es el Supremo Tribunal de juri de San Juan de 1827.

e) Reglamento provisorio de administración de justicia de corrientes del año 1842. Este establecía que en caso de que la cámara de justicia tuviera que conocer un caso de revista, debía integrarse con dos hombres buenos o conjueces, sacados a la suerte de una lista que debía formar el gobierno cada año.

Entre las opiniones de las personas públicas de la época de construcción constitucional argentina, resulta de vital importancia la de Manuel Rafael García, quien fuera encargado de estudiar el sistema de justicia federal norteamericano por parte del gobierno argentino, publicando en el año 1863 sus estudios sobre la aplicación de la justicia federal norteamericana, donde puso en consideración algunas condiciones previas al establecimiento de dicho sistema. Estas fueron: a) la reforma del Código Penal y de los procedimientos; b) la división territorial; c) la institución de un sistema municipal que facilitara la educación política del pueblo en el manejo de sus propios intereses; d) la difusión de la educación por todo el territorio nacional; y e) una elección acertada, entre los diversos sistemas de jurado existentes.

Con posterioridad a la sanción de la Constitución Nacional, fueron vanos los intentos por instaurar el sistema de juicio por jurados, presentándose varios proyectos al respecto, entre los que cabe destacar el de Florentino González y Victorino de la Plaza de 1873, que sirvieron de base para el Código de Procedimientos Criminales de San Luis de 1884 y el proyecto de José Domínguez para la Capital Federal de 1884.

Entre tanto, Manuel Obarrio efectuó una crítica acérrima a la implantación del sistema de jurados, quien en la nota de remisión del proyecto de Código de Procedimientos en Materia Penal —15 de julio de 1882—, expresó: “Las leyes de forma en materia criminal responden a uno de estos dos sistemas: el juicio por jurados, que deja la apreciación de los hechos criminosos a las pruebas de convicción moral, a la conciencia de ciudadanos que sin tener carácter público permanente forman en cada caso el tribunal que juzga respecto de la existencia de esos hechos; y el juicio librado a los tribunales de derecho que reposa sobre las pruebas legales que aprecia cada circunstancia del proceso, de acuerdo con la ley escrita, y que declara la culpabilidad o inculpabilidad de los encausados, según el mérito jurídico de los antecedentes obrados en juicio”.

“La institución del jurado, para que pueda llenar sus propósitos, supone no solo un alto grado de educación en el pueblo, sino sobre todo, hábitos formados en el ejercicio del gobierno propio y que hagan de cada ciudadano un elemento que en su esfera de acción contribuya al movimiento armónico y fecundo del mecanismo social. Es necesario para que la institución del jurado sea fructífera, que los individuos se comprometan con su misión social y que el sentimiento del interés general predomine respecto de los pequeños intereses o afecciones que en muchos casos pueden hacer olvidar el cumplimiento del deber”.

“(...) en un país como el nuestro, que recién entra, puede decirse, en la práctica de las instituciones libres; que no tiene todavía el hábito, aunque sea doloroso confesarlo, del propio gobierno; en que los ciudadanos lejos de abrigar inclinaciones por el desempeño de esta clase de cargos, los miran no solo con indiferencia, sino con aversión, por los deberes que imponen y las responsabilidades que entrañan; en un país en que el jurado, aun para los simples delitos de imprenta, no ha pasado de un ensayo sin resultados satisfactorios, no sería posible dar a esta institución una vida estable, conveniente y eficaz”. Críticas similares efectuaron grandes juristas como Rodolfo Rivarola y Antonio Sagarna, quienes en términos afines con Obarrio destacaron la insuficiencia científica y jurídica de los jurados.

Es importante destacar que tras la sanción del Código Penal de 1922, el Congreso notó la necesidad de reformar el Código Procesal Penal, para lo cual seformó una comisión que propició el juicio oral y público, en instancia única, por un tribunal compuesto exclusivamente por jueces letrados. La reforma igualmente no prosperó.

En el Orden del Día n.º 1330 de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación del año 1998, se presentaron varios proyectos para el establecimiento del juicio por jurados: Carlos Menem, Raúl Granillo Ocampo y Jorge Rodríguez; Emilio Carrara; Elisa Carrió, Elisa Carca y Nicolás Garré; Juan Maqueda; Miguel Pichetto; Alejandro Nieva; Graciela Fernández Meijide y Carlos Álvarez; José Cafferata Nores; Juan González Gaviola.

En ninguno de estos proyectos se previó la posibilidad de establecer un jurado compuesto íntegramente por jueces legos que conocieran sobre los hechos y el derecho. De la discusión y el consenso se pudieron establecer tres proyectos, aunque solo nombraremos dos brevemente, por ser los de mayor importancia.

El proyecto mayoritario establecía que el tribunal, cerrado el debate, informara al jurado sobre las cuestiones técnicas relevantes y las normas que regían la deliberación, que sería secreta y continua. El veredicto versaba tanto sobre si el hecho se encontraba probado o si el imputado era culpable o inocente, quedando a cargo del tribunal establecer el monto de la pena o la medida de seguridad (arts. 27, 28, 31 y 32).

El proyecto minoritario, comandado por José Cafferata Nores, proponía un tribunal mixto, al estilo europeo continental o “escabinado”, compuesto por legos y jueces técnicos con posibilidad de decidir sobre cuestiones de hecho y de derecho.

Finalmente, ante lo curioso del caso, resulta ineludible referirse al sistema de jurados establecido en la provincia de Chubut, por el primer grupo de inmigrantes galeses que llegaron al país. En el año 1865 ingresó, como consecuencia de la política de poblamiento encaminada por la Nación, un grupo de galeses que fundarían los pueblos de Rawson (1865) y Gaiman (1874). Lewis Oneto, fundador de Trelew, indica en sus memorias que los mismos colonos antes de partir del puerto de Liverpool eligieron una comisión de doce miembros que serían renovados anualmente y cuyo presidente sería considerado como gobernador de la colonia.

Después de desembarcar, sintiendo la necesidad de legislación y tribunal, dispusieron la elección de un juez y un jurado —independientes de la comisión colonizadora que iniciaron— para tratar todo en caso de divergencia de derecho y justicia. Se les denominó Tribunal de Justicia y Tribunal de Arbitraje, teniendo competencia este último en causas pequeñas. En 1871 se publicó el Reglamento Constitucional y en 1873 la Ley de Administración de la Justicia.

El Reglamento Constitucional, capítulo III, artículo 1.º, establecía: “Todas las causas judiciales de la Colonia serán tratadas en un Tribunal de Justicia, ante el juez y un jurado de doce miembros”. Un registro detallado de todos los jueces, integrantes de los jurados y veredictos, se encuentra en el Museo Regional de Gaiman, en su original en lengua galesa.

2. Breve reseña del sistema norteamericano del juicio por jurados

2.1. Sobre la constitución de los jurados

En los Estados Unidos la cuestión relativa al juicio por jurados, se encuentra establecida en el ámbito federal en el artículo III, apartado 2.º, de la Constitución norteamericana, y en las enmiendas V, VI y VII del bill of rights. Especialmente, hay que tener en cuenta la sexta enmienda que establece: “En todos los casos penales, el acusado tiene derecho a un juicio rápido y público ante un jurado imparcial del Estado y del distrito donde se cometió el hecho (...)”. Esto debido a que, como observaremos más adelante, no son pocos los autores norteamericanos que observan en su sistema procesal una violación consuetudinaria a esta enmienda y un fracaso del bill of rights en este aspecto.

Históricamente, la constitución de los jurados norteamericanos, y cuando hablamos por constitución nos referimos expresamente a qué clase de personas son las que están habilitadas para integrar el jurado, fue variando de acuerdo a los avatares políticos, sociales, económicos, raciales, etc. Por ejemplo, según los profesores Albert W. Alschuler y Andrew G. Deiss(4) en 1791, el jurado, en su contexto, parecía democrático. Así, partiendo de la base de que los requisitos para ser jurado eran tan exigentes como aquellos para votar y de acuerdo con la delegación efectuada por la Ley de Organización de la Justicia Federal de 1789, era necesario ser hombre, propietario o contribuyente —con la excepción de Vermont—. Tres Estados solo permitían hombres blancos (South Carolina, Georgia y Virginia) y Maryland descalificaba a los ateos, hasta el año 1826.

Existieron exigencias adicionales tanto generales como específicas, además de aquellos necesarios para poder votar, en los requisitos para ser jurado. Entre las generales cabe citar una ley de Delaware de 1811 que establecía que el comisario debía citar “propietarios sobrios, discretos y juiciosos, hombres rectos y de carácter justo, habitantes de su jurisdicción, para servir como pequeños jurados (...)”. En los específicos podemos citar el de ser propietario o ser contribuyente. Así, por ejemplo, lo establecían los Estados de Illinois, Alabama, Kentucky, Indiana, entre otros.

Con el paso del tiempo estos requisitos se fueron liberalizando, extendiéndose la posibilidad para ser jurados a todos los hombres, siempre blancos. Corresponde citar dos casos que se hacen eco de esta liberalización: United States v. Foster en el que se declaró inconstitucional dicho requisito, aunque recién en el año 1949; y Thiel v. Southern Pacific Co., en el que la Corte se rehusó a “brindar aliento a cualquier tendencia latente para instaurar al jurado como un instrumento de los social y económicamente privilegiados”.

No pueden dejar de mencionarse los problemas suscitados a raíz de que las personas elegidas fueran amigas del comisario, con la consiguiente corrupción del sistema, además de destacar serias críticas a la composición del jurado, indicando que eran vagabundos, holgazanes, pedigüeños, etc.

El acceso de los afroamericanos al jurado fue lento y conflictivo. La primera actuación de negros como jurados data de 1860 en el Estado de Massachusetts. En 1864, el Congreso dictó una legislación que permitió a los negros integrar los tribunales federales.

En los años siguientes a la guerra civil se vieron cuatro desarrollos legales de gran importancia: a) la enmienda 14, que prohibió a los Estados limitar los derechos y garantías reconocidos a los ciudadanos de los Estados Unidos; b) la enmienda 15, que ordenaba a los Estados no menoscabar el derecho al voto de los ciudadanos por motivo de raza, color o previa condición de servidumbre; c) la ley sobre el Ku-Klux-Klan de 1871, en la que cada jurado que sirviera en un caso regido por la ley debía jurar que nunca, sea directa o indirectamente, había asesorado, aconsejado o colaborado con dicho grupo, el que era catalogado como una asociación ilícita; y d) la Ley de Derechos Civiles de 1875, que prohibió la descalificación con base en la raza para ser jurado.

Podemos citar una serie de fallos que han ido afianzando, en el proceso penal, la posibilidad de los negros de ser jurados:

a) El caso Emmett Till, quien fuera mutilado por decirle a una mujer blanca “adiós, nena”. Sus asesinos fueron liberados por un jurado compuesto de hombres blancos. Los imputados Bryan y Milan explicaron que tuvieron que matar a Till cuando se rehusó a suplicar piedad.

b) En el caso Swain v. Alabama (1865), la Suprema Corte reconoció a los fiscales y abogados defensores una irrestricta discrecionalidad para eliminar afroamericanos, mediante la recusación sin causa. Así, un jurado de hombres blancos condenó a la pena capital al negro Swain.

c) En Baston v. Kentucky, la Corte cambió su doctrina y declaró violatoria de la cláusula de igual protección legal a la facultad de eliminar afroamericanos de los jurados por cuestiones raciales. Reiterado en 1992 en el caso Georgia v. McCollum.

Similar destino corrieron las mujeres con la posibilidad de ser jurados. Pese a que la enmienda 19 extendió el voto a las mujeres, su acceso a los jurados fue rechazado en no pocas oportunidades:

a) En el caso People v. Barnett (1925), la Suprema Corte del Estado de Illinois interpretó que las palabras “votantes” y “electores”, contenidas en la legislación de dicho Estado, se referían a los hombres y que si se deseaba incluir a las mujeres debía hacerlo expresamente.

b) En Hoyt v. Florida (1961), la Suprema Corte consideró que en el sistema por jurados podían participar las mujeres siempre que se ofrecieran voluntariamente, mientras que para los hombres era obligatorio.

c) En el mismo año y caso, la denominada Corte Warren, chief justice, declaró que “la mujer es aún considerada el centro del hogar y la vida familiar, de allí que nosotros no podemos decir que esté constitucionalmente prohibido a un Estado (...) establecer que la mujer debe ser relevada del deber civil de servir como jurado a menos que ella misma determine que ese servicio es consistente con sus especiales responsabilidades”.

d) En 1975, en el caso Taylor, la Corte Suprema al mando de Burger dejó de lado la doctrina sentada en el caso Hoyts.

e) Finalmente, así como sucedió en el caso Baston v. Kentucky, la Corte Suprema estableció en 1994 la imposibilidad de excluir de los jurados a las mujeres. Caso J.E.B. v. T.B.

2.2. Facultad del jurado para decidir en cuestiones de derecho y el jurynullification

Este es un tema polémico, que ha traído serios problemas tanto en lo que se refiere a la vida democrática constitucional norteamericana, como a la misma actividad procesal penal. Concretamente, hace referencia a si los jurados tienen la facultad para dar concepto no solo sobre cuestiones de hecho, es decir, lo que hace a las circunstancias fácticas del caso, sino también a las cuestiones de derecho, esto es, la normativa aplicable o no al caso concreto.

Resulta una discusión añeja, ya que en el año 1628, en Inglaterra, el juez Coke consideró que los jueces no responden cuestiones de hecho y los jurados ingleses no entienden en cuestiones de derecho. Afirmación que sería controvertida 21 años después por John Lilburne, perteneciente al movimiento político de los Levellers, quien declaró: “El jurado por ley es no solo el juez de los hechos, sino también del derecho”.

Los profesores Alschuler y Deiss(5), señalan que este poder del jurado, en Norteamérica, pudo bien ser una construcción consuetudinaria debido a la ausencia de un gran desarrollo del derecho y de abogados con gran experiencia, por lo que los jurados pudieron sentirse tan capacitados como cualquier otra persona para decidir este tipo de cuestiones. La polémica sobre este asunto, más allá de la “justicia popular v. la justicia profesional”, conlleva la necesidad de preguntarse hasta dónde llega la soberanía popular, o la posibilidad del pueblo de ser juzgado por sus pares.

A lo largo del siglo XIX en los Estados Unidos se han enfrentado ambas posturas, cobrando relevancia y mayores victorias a partir del siglo XX los propugnadores de una justicia profesional.

Como ejemplo del primer período está la opinión del presidente de la Suprema Corte, John Jay, en el año 1774, en el caso Georgia v. Brailsford, quien señaló que si bien se presume que los jurados son los mejores jueces de los hechos, también se presume que el tribunal es el mejor juez del derecho, pese a lo cual afirmó que “debe tenerse en cuenta que, conforme al derecho que reconoce esta razonable distribución de competencias, ustedes tienen aun así el derecho de resolver por sí mismos ambas cuestiones y determinar el derecho así como los hechos en controversia”.

En contra de este pensamiento se expresaría el presidente de la Suprema Corte, Joseph Story, en 1835, quien sostuvo que “es uno de los derechos constitucionales más sagrados de toda persona acusada de un delito, que el jurado responda por los hechos, así como el tribunal sobre el derecho. Es deber de esta Corte instruir al jurado acerca del derecho, y es deber del jurado aplicar la ley conforme las instrucciones del tribunal”(6).

En la actualidad, los Estados de Georgia, Indiana y Maryland, establecen la posibilidad de los jurados de juzgar cuestiones de hecho y de derecho, siendo práctica normal de otras jurisdicciones que los jurados deban tomar la ley tal como el juez del juicio la establece. La cuestión es clara, se enfrenta la posibilidad de una justicia intuitiva contra la “certeza” de una justicia técnica legal.

Directamente relacionada con este tema se encuentra la facultad del jury nullification, que según la definición contenida en el Black’s Law Dictionary, es el “poder de facto que posee un jurado en un caso criminal para absolver al acusado, sin tener en cuenta la fuerza de la evidencia contra él o ella”. Para Bruzzone(7), “no es otra cosa que una suerte de facultad de control de la ley por no adecuarse a los parámetros de justicia material conque el caso debe ser resuelto desde la óptica de todos los grupos sociales que el recorte del jurado representa”.

Esta prerrogativa encuentra fundamento en la necesidad de impedir la extralimitación del gobierno en sus poderes, lo que constituye un control al mismo e implica una participación en él. Lógicamente, además, se relaciona con la idea de justicia material y natural. Sin pretender extendernos en el tema, lo que escapa al trabajo y temática que se pretende abarcar, resulta necesario destacar que a lo largo de la historia se han diferenciado dos posturas, según se considere que se debe informar a los integrantes de un jurado esta facultad o no.

Es tan actual el tema, que según el Segundo Circuito de Cortes de Apelación el “jurynullification es, por definición, una violación del juramento del miembro del jurado de entregar un veredicto verdadero en concordancia con la ley y la evidencia”, y agregó: “A pesar de que el jurynullification tiene una larga historia en el sistema norteamericano (...) los tribunales reconocieron que los jurados no tienen derecho a nulificar”; sin embargo, más adelante, se afirma que: “... A pesar de todo, el jury nullification puede a veces triunfar, y el jurado no debe responder por la nulificación luego que el veredicto ha sido alcanzado”. Resulta patente la problemática que reviste para los tribunales norteamericanos definirse en algún sentido.

2.3. Crisis del juicio por jurados y el pleabargaining

No son pocos los autores norteamericanos que afirman que actualmente el artículo III, acápite 2.º, y la enmienda VI de la Constitución de los Estados Unidos son sistemáticamente violados por el mismo sistema. Las estadísticas señalan que en el año 1988 el 93% de los condenados por delitos graves en los tribunales estatales se declararon culpables. Este porcentaje aumenta en delitos menores o faltas contravencionales. Inclusive, cerca de la mitad de los condenados en los casos que van a juicio lo son en virtud de un juicio sin jurados(8). Esto llevó a que el profesor John H. Langbein(9) afirmara: “Nuestra garantía del juicio rutinario por jurados es un fraude”.

Hoy en los Estados Unidos se practica, además de la confesión de culpabilidad to plea guilty, el plea bargaining. Vale destacar que declararse culpable no significa confesar, sino aceptar formalmente la responsabilidad penal por el hecho y, en consecuencia, pasar directamente a la etapa de determinación judicial de la pena. El plea bargaining constituye una negociación entre el fiscal, el defensor y el imputado que evita el debate. En el sistema norteamericano adopta diferentes manifestaciones: a) sentencebargaining: donde el fiscal se encuentra facultado a pactar una pena con el acusado y su defensor a cambio del reconocimiento del hecho imputado y su intervención en él; b) charge bargaining: donde se acusa por un delito menos grave a cambio de la declaración de culpabilidad.

La implementación de estos diferentes sistemas tiene un objetivo claro y una consecuencia que podría ser nefasta. Se busca el abaratamiento del proceso judicial, lo que implica menos investigación, lo que resulta en una resignación de la búsqueda de la verdad material y redunda en una afectación al principio de inocencia. En definitiva, su consecuencia inmediata es la de aplicar una pena, una sanción, un castigo a quien ya es visto como culpable, y mediatamente, no implica sino una expropiación a la facultad popular de intervenir en la justicia, en el Estado, en el Gobierno, lo que constituye un menor contralor al poder de los agentes del Estado.

La gravedad del asunto estriba también en que el sistema termina dependiendo de la coerción aplicada a las personas, lo que se evidencia en el aumento de la diferencia de pena de quien se declara culpable respecto de quien es condenado en un juicio. Históricamente, no fue sino hasta el año 1970, en el caso Brady v. United States, que se aceptó la constitucionalidad de la renuncia negociada al derecho a ser juzgado por un jurado, el que fue seguido por el caso Santobello v. New York (1971), en el que la Corte Burger explicó la necesidad de alentar el empleo del plea bargaining, manifestando que “si toda acusación penal se sometiera a un juicio completo, los Estados yel Gobierno Federal deberían multiplicar varias vecesel número de jueces y las instalaciones tribunalicias”.

Esto nos lleva a considerar el alto costo de la tramitación de un juicio por jurados, lo que indudablemente tiene un peso preponderante en la idiosincrasia capitalista norteamericana y gravita a la hora de fomentar un arreglo consensuado de culpabilidad.

En 1990, el juicio criminal más largo de la historia estadounidense llegó a su fin, 2 años y 9 meses después de haber comenzado. Se juzgaba a miembros del personal de la escuela preescolar McMartin acusados de haber abusado sexualmente de los alumnos. De los dos acusados, cuyas causas llegaron a juicio, uno había pasado 5 años en prisión preventiva y el otro 2. La audiencia preliminar duró 18 meses. El jurado escuchó 124 testigos y luego de reducir algunos cargos, el juez admitió que se formulara acusación por 65 cargos de abuso sexual y asociación ilícita. El jurado absolvió a uno de los acusados, pero no se puso de acuerdo respecto del otro. Un nuevo juicio produjo otro veredicto no unánime y el fiscal, un año después, desechó la acusación. Este caso le costó a los norteamericanos 14 millones de dólares.

Se comprende entonces, cómo luego de ser designado un jurado y no haber intervenido, uno de los doctores Alschuler o Deiss recibió una hoja informativa en donde se leía: “Por favor, dé por seguro que aun cuando usted no llegue a servir en el juicio, solo por estar disponible ha hecho necesario que todas las partes trataran de concertar un juicio sin jurado, un acuerdo de juicio abreviado, una declaración de culpabilidad negociada, un desistimiento voluntario, etc., ahorrando así tiempo al tribunal, y haciendo posible que nuestro sistema de justicia funcione”. Creo que las palabras sobran.

3. El juicio por jurados en Argentina

3.1. Cuestiones constitucionales

La Constitución Nacional contiene en su articulado, tres disposiciones que hacen referencia al juicio por jurados: artículo 24: El Congreso promoverá la reforma de la actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados; artículo 75, inciso 12 (exp. 67.11): Corresponde al Congreso (...) Dictar (...) especialmente leyes generales para toda la Nación (...) que requiera el establecimiento del juicio por jurados; artículo 118 (exp. 102): Todos los juicios criminales ordinarios que no deriven del derecho de acusación concedido en la Cámara de Diputados se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución. Existe una cuestión primordial para tratar en este punto que atañe a la vigencia o no de la orden constitucional de instaurar el juicio por jurados.

Se han planteado dos tesis:

La tesis del mandato o decisión obligatoria. Se sostiene sobre la interpretación de que el término “luego” utilizado en el artículo 118 (exp. 102) de la Constitución, hace referencia a que el juicio por jurados debía implementarse sin dilaciones, apenas el legislador estableciera el instituto, sosteniendo Agustín de Vedia que: “El espíritu se resiste a admitir que esa garantía, a que se refiere la Constitución en tres partes, sea solo una promesa vana e ilusoria, en vez de traducir una convicción seria y profunda de los constituyentes argentinos”(10). Participan de esta postura Joaquín V. González, Arturo Bas, Juan A. González Calderón, Néstor Pedro Sagües, entre otros.

Se plantea, al mismo tiempo, una divergencia entre los que sostienen esta postura, siendo que para algunos la cláusula constitucional es programática y para otros autoaplicativa, ya sea que se considere necesario o no que el Congreso de la Nación argentina dicte una norma al respecto estableciendo el sistema de juicio por jurados. Inclusive, Miguel Padilla, distingue entre normas programáticas de próxima regulación y normas programáticas de regulación lejana y compleja —por encontrarse subordinadas a una serie de factores, como pueden ser materiales, axiológicos, etc.—(11). Néstor P. Sagües, tomando esta clasificación, entiende que las cláusulas constitucionales, referidas al juicio por jurados, son de carácter programáticas de próxima regulación(12).

La tesis de la guía o invitación. Sostiene que las cláusulas constitucionales constituyen únicamente una “invitación” al legislador, siendo en consecuencia condicional el establecimiento del juicio por jurados. Se basa en que los constituyentes en el artículo 24 utilizaron el término “promover” y no imponer. Rafael Bielsa, tributario de esta postura, expresaba que los constituyentes de 1853 “no estaban muy convencidos de la necesidad de establecer realmente esa forma de juicio”(13).

Ahora bien, resta preguntarnos la validez de estas normas. A este respecto se han planteado cuatro posiciones: a) se reduce la cláusula constitucional programática a una mera invitación al legislador ordinario(14); b) otra agrega, que el legislador no puede dictar una norma contraria a la cláusula constitucional programática(15); c) se añade que la cláusula programática de la Constitución invalida a la norma ordinaria —ya vigente que le es opuesta—(16); y d) se autoriza al juez competente a cubrir la laguna del legislador, para el caso concreto(17).

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido oportunidad de referirse al respecto. Así, en los casos Valentín, Santa María v. Eduardo T. Mulhall s/ injurias y calumnias (fallos 115:92); Ministerio Fiscal v. Director del Diario La Fronda s/ desacato (fallos 165:258); Tribuna Democrática (fallos 208:21) y David Tieffembarg (fallos 208:225). Sostuvo que la ley fundamental no ha impuesto al Congreso el deber de proceder inmediatamente al establecimiento del juicio por jurados, tornando las precisiones de los artículos en una tenue obligación sine die para el legislador.

Esta jurisprudencia, por ejemplo, fue aplicada por la Cámara Nacional en lo Penal Económico en las causas n.º 41.204, F., J.I., resuelta el 22 de septiembre de 1988 (ED 130-1989-302); n.º 42.216. Incidente de excepción de falta de acción en causa n.º 13.598, resuelta el 2 de junio de 1989 (ED. 136-1990-520), ambas de la Sala II, y por la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, en la causa n.º 31.354 M., A., resuelta el 14 de septiembre de 1992 (ED. 150-1993-607), todas con comentario de Bidart Campos.

3.2. Hipótesis de la derogatoria por desuso

Algunos autores, como Aftalión, García Olano y Vilanova, entienden que la falta de reglamentación legislativa de las normas constitucionales relativas al juicio por jurados de 1853, implica su derogación consuetudinaria, siendo que, al costado de la norma escrita positiva, se fue formando una costumbre contra legem, extralegal, que derogó el precepto plasmado por nuestros constituyentes de 1853. En contra de este argumento, se sostiene que si las cláusulas son programáticas, es decir, que su eficacia está supeditada a que el legislador las regule, mal podría hablarse de una inacción o ataque consuetudinario, cuando no fueron nunca puestas en práctica(18).

De considerar que las normas se encuentran derogadas, podría hacerse la distinción sobre qué es lo derogado, si la obligación legislativa o la figura procesal en sí, extremo en el cual Sagües(19) considera que si la norma está derogada la implementación del juicio por jurados sería inconstitucional al violentar las normas constitucionales en vigor.

Bruzzone, por otro lado y haciendo un poco de cronología histórica, afirma que los que sostienen que hace más de 145 años que no se cumple con el mandato constitucional, no se registra referencia a esta violación del orden institucional —golpes de Estado—. Por tal razón, señala que prescindiendo de los golpes militares de 1930 y 1943, contando únicamente con los períodos de normalidad democrática y constitucional, después de 1955, es recién en 1973 cuando la omisión legislativa puede ser considerada como tal. En menos de tres años se produjo un nuevo golpe de Estado que duró hasta fines de 1983. Por todo esto, considera que debemos hablar de una inactividad aproximada de 15 años.

La cuestión se torna más compleja después de la reforma constitucional de 1994, en la que las cláusulas constitucionales sobre este tema fueron mantenidas en vigencia —contrariamente a lo sucedido en la Constitución Nacional de 1949—, ya que si a esto le sumamos la gran cantidad de proyectos presentados posteriormente —ver lo expuesto sobre la orden del día n.º 1330—, podemos decir que los legisladores, representantes del pueblo, entienden que el juicio por jurados es un tema, cuanto menos, inacabado que sigue despertando encendidas discusiones y planteamientos.

En la realidad legislativa provincial, las provincias de Chubut, Tucumán y Córdoba son las que tienen establecido el sistema de juicio por jurados. Especialmente, en la última, establece el artículo 369 de su Código Procesal Penal que: “Si el máximo de la escala penal prevista para el o los delitos contenidos en la acusación fuere de 15 años de pena privativa de libertad o superior, el tribunal —a pedido del Ministerio Público, del querellante o del imputado—, dispondrá su integración con dos jurados en el decreto de citación a juicio (art. 361). Los jurados tendrán las mismas atribuciones que los vocales. La intervención (...) cesará luego de dictada la sentencia”.

3.3. Competencia para establecer el juicio por jurados

Surge una nueva divergencia entre los autores a la hora de tratar, quién es la entidad soberana encargada de reglamentar el sistema de juicio por jurados. Algunos sostienen que se trata de una atribución del Congreso de la Nación, basados en que el artículo 24 de la Constitución Nacional, establece que: “El Congreso promoverá (...) el establecimiento del juicio por jurados”, como el artículo 75, inciso 12,—atribuciones del Congreso Nacional— y el 118, en cuanto expresa que los juicios se terminarán por esta vía “luego que se establezca en la República esta institución”.

De esta manera, se estaría instituyendo una excepción al principio de que las provincias dictan las leyes de forma y la Nación las de fondo, postura que resulta difícil sostener si se considera que las cláusulas constitucionales se encuentran derogadas por desuso. Por otra parte, el profesor Mooney, si bien considera complejo dilucidar si estamos ante un caso de delegación o no, sostiene que las facultades de dictar la legislación de forma correspondiente al juicio por jurados, no fueron delegadas a la Nación por las provincias, apoyándose en el artículo 5.º de nuestra Carta Magna(20).

Por su parte, Luis R. Herrero, sumándose a la postura de Ekmekdjian, estima que: “Los constituyentes impusieron al Congreso Nacional y a las legislaturas provinciales la obligación de establecer en sus respectivas jurisdicciones el tribunal de jurados, en todos los fueros, pero en especial en los procedimientos criminales”(21).

3.4. Cuestiones de procedimiento penal

Debe destacarse que, como sostiene Elbert, tenemos “una Constitución copiada de la norteamericana, y una legislación penal continental europea, copiada especialmente de España, o sea, de tradiciones que no conocían ni deseaban la institución de los jurados”(22). En síntesis, nuestro ordenamiento procesal penal de raigambre europeo continental, de fuerte corte inquisitivo, choca contra una cosmovisión constitucional distinta, de espíritu anglosajón.

Que nuestros legisladores se han inclinado por el sistema escrito (L. 2372) o mixto —semi escrito y oral— (L. 23.984), resulta incontestable. Inclusive, la Ley 23.984 establece un juicio oral y público frente a un tribunal compuesto por tres jueces, sin presencia de gente no letrada o legos, salvo por los familiares, curiosos y, en su caso, medios de comunicación que asisten en carácter de público, sin posibilidad de intervención alguna. Si bien el sistema oral, en principio, ofrece un dinamismo mayor, el legislador ha omitido la instauración de los jurados.

3.5. Aparato judicial y costos

Tomando las estadísticas, podemos vislumbrar la increíble cantidad de causas sometidas a conocimiento del poder judicial. Así, en la Capital Federal, la justicia criminal de instrucción, durante el primer semestre de 1995, arrojó un número de 10.000 causas en trámites entre los 39 juzgados, habiendo ingresado 76.400 y existiendo al comienzo del período 9.300. De estos, solo 2.100 sumarios fueron remitidos a la etapa de juicio. La justicia de menores, 6 juzgados, de los 14.000 ingresados y la cantidad de 3.000 existentes, solo se envió a la etapa de juicio a 577 causas. Los 14 juzgados correccionales registraron durante el año 1995, 27.500 expedientes y tuvieron sentencia solo 321 de los 73.160 ingresados, a los que se suman los 30.304.

En el año 2002, las estadísticas reflejaron que en los juzgados criminales de instrucción de la justicia ordinaria de la ciudad de Buenos Aires, se registraron una cantidad de 136.146 causas, sumando las existentes, las reingresadas y las ingresadas, habiéndose elevado a juicio 5.719, las que sumadas a otras resoluciones dieron un total de 119.026. Los juzgados de menores tramitaron un total de 5.260 causas, siendo elevadas a juicio 943, y resueltas 4.215. Finalmente, los juzgados correccionales registraron un número total de causas en trámite que ascendió a 106.178, resolviéndose 88.336, de las que solo se registraron 302 condenas sea de cumplimiento efectivo o condicional y 207 absoluciones. Lo que nos permite ver —aproximadamente— la dimensión de lo que implicaría implementar el sistema de juicio por jurados para todas las causas penales.

Finalmente, Bruzzone(23), calculando los costos que podría insumir la instauración de este sistema, indica que cada juicio solo en la remuneración de jurados costaría entre 1.500 y 6.000 pesos argentinos. A ello hay que sumarle un promedio de 56 audiencias orales por cada uno de los 30 tribunales, lo que da un total de 1.560 juicios.

4. Conclusión

“La ley es como el cuchillo, no ofende a quien lo maneja” escribía José Hernández en el célebre Martín Fierro. Creo que de esto estamos hablando al tratar el tema del juicio por jurados. De lograr que ese cuchillo no corte siempre los derechos o cercene las garantías de la sociedad que ha entregado el poder a un grupo de hombres, ocupados de dirigir el Estado, la vida de la República, las acciones de quienes son gobernados.

En esta inteligencia, con la necesidad de preservar la libertad del hombre mediante la supervisión, el control de los organismos de gobierno y la acción directa en el ejercicio de poder por los ciudadanos, es que la institución del juicio por jurados se fue abriendo paso a lo largo de más de 800 años de historia en el sistema del common law de los países anglosajones.

Sería con el paso del tiempo que esta concepción se acoplaría a las ideas y filosofía contractualista de Locke, Hobbes, Rosseau y el mismo Montesquieu. Así, aquel hombre que es juzgado por sus iguales, no es sino la representación física de quienes han quebrado el pacto o contrato social por el que los hombres deciden vivir en sociedad. Construcciones intelectuales estas, que han tenido innegable materialización práctica en los pasajeros del célebre Mayflower, y en los primeros colonos galeses de nuestra provincia de Chubut, como vimos, fundadores de Rawson y Gaiman.

Que el juicio por jurados es un recurso contra la arbitrariedad, contra la soberbia, contra la usurpación del poder y una garantía de soberanía, libertad y ejercicio democrático de la actividad de gobierno es palmario. Esta idea se ve reflejada, como señalamos a lo largo del trabajo, con distintos matices en las palabras de aquellos que han tenido la lucidez y la posibilidad de expresarlas —Jorge Mason, George Washington, Hamilton, Madison, Thomas Jefferson, John Marshall, Alexis de Tocqueville, John Adams, José Valdez, fray Camilo Henríquez, fray Francisco de Paula Castañeda, Juan Ignacio de Gorriti, Manuel Rafael García, Florentino González, Martín Ruiz Moreno, entre otros—.

No encuentro razón alguna para dudar de este postulado filosófico político. Sin embargo, considero que la pregunta es otra y es allí donde se dividen las opiniones y se adoptan dos posturas antagónicas e irreconciliables. Desde antaño existe una única cuestión pilar por decidir. ¿El juicio por jurados legos es mejor que el juicio por jueces técnicos? El eterno enfrentamiento entre la justicia intuitiva y la justicia profesional.

Claro que como estuvimos viendo a lo largo del trabajo, a través del tiempo, la institución del juicio por jurados se ha ido adaptando a las necesidades o a las características sociales de determinada época o lugar. De este modo, el jurado norteamericano de hoy no es el mismo que el de la época colonial ni es el mismo que el jurado escabinado europeo.

Sin embargo, la pregunta sigue aún pendiente, y resulta de una actualidad abrumadora si tenemos en cuenta que la convención constituyente encargada de reformar la Constitución en 1994 ha mantenido intactas las cláusulas constitucionales referidas al juicio por jurados.

Una respuesta, implica abarcar de manera omnicomprensiva las diversas problemáticas que ameritan ser estudiadas como paso previo a adoptar una decisión política, como la de implementar el sistema de jurados para el juzgamiento de las causas penales. Una decisión así, implica modificar más de un siglo de historia procesal penal argentina. Deben estudiarse aspectos sociales, psicológicos, micro y macro económicos, de política criminal, de administración de justicia, de plan legislativo. Inclusive, hay que estudiar aspectos arquitectónicos e infraestructura.

Sin pretender dar una respuesta definitiva y acabada sobre el asunto, ya que implicaría una actitud soberbia de mi parte, creerme con la sapiencia, experiencia y sabiduría necesarias para efectuar una afirmación definitiva al respecto, entiendo que en las circunstancias actuales, la sociedad argentina no se encuentra aún en condiciones de poder efectuar semejante cambio; por lo menos no de manera abrupta.

Traigo las palabras de Valentín Alsina, quien, como jurista práctico que era, siendo aún un joven de 23 años, escribió respecto de la reforma de la administración de justicia: “(...) la empresa de reformar útilmente la administración de justicia, considerada en todos sus aspectos, y en todos sus ramos, sería, ciertamente más fácil precediendo la reforma de los códigos, o más bien, sería un efecto necesario de esta. Pero notamos igualmente que no solo es difícil sino también perjudicial el esperar a una reforma radical, para empezar las que sean más necesarias. Si los diversos códigos presentan por todo oscuridad, desorden y complicación, estos vicios no pueden en modo alguno ser extinguidos sin iniciar un plan tan vasto en sus ramificaciones y relaciones con estas, como moroso en su terminación”.

A lo largo de este trabajo fuimos viendo diferentes aspectos que atañen a la institución del juicio por jurados: competencia legislativa para establecer las formas del instituto —Nación o provincias—; conformación de los jurados —jueces legos, técnicos o mixtos—; sistema de elección de los integrantes del jurado; facultades decisorias del jurado —solo cuestiones de hecho o también cuestiones de derecho—; potestad de nulificar o jury nullification; juicio abreviado o plea bargaining; efectivo sometimiento de todos los casos al conocimiento del jurado; costos del sistema.

Cuanto más fui ahondando en la investigación, más fueron las dudas que fue albergando mi espíritu. Así, ¿puede una sociedad como la nuestra con la mitad de su población por debajo del índice de pobreza, con un porcentaje de desocupación y subocupación alarmante, con un nivel de educación básica pésimo, con un nivel increíble de apatía política y rechazo de las autoridades, formar hombres mental, social, económica y políticamente habilitados para el ejercicio del poder de juzgar? Inclusive, la fijación de los parámetros de selección de personas para ser jurados podría ser un instrumento de dominación de una clase acomodada sobre otra clase alejada de los centros de decisión. O hasta podría ser también un instrumento para la impunidad, para un control social verticalista, con peligrosa injerencia en la vida privada de aquel que es llamado a prestar un servicio público, a cumplir con una obligación soberana.

Imaginemos lo terrible de establecer que para ser jurado se debe ser propietario. ¿Cuántas personas quedarían afuera? Ni hablar si decidimos tomar un cierto nivel de ingreso per cápita anual. Es más, una elección por padrón electoral dejaría afuera a un montón de indocumentados que son habitantes de este país e iguales a todos (*C.N., art. 16). Inclusive, sin tomar parámetro alguno, podría darse de hecho situaciones en que una persona de determinado segmento económico sociocultural, sea juzgado por miembros del mismo segmento, de uno superior o de uno inferior.

Por ejemplo, Jorge Leonardo Frank en su libro “Sistema acusatorio criminal y juicio oral”(24), entre las recomendaciones referentes a los elementos que deberá contener el futuro anteproyecto de ley de reforma del Código Procesal Penal de la Capital Federal, indica que el jurado deberá ser popular, debiendo estar compuesto por 12 ciudadanos de entre 35 y 65 años de edad, con educación secundaria cumplida. Si bien, en principio el solo requisito de la educación secundaria cumplida puede ser visto como algo mínimo, existirán personas que no gozarán de la posibilidad de ejercer la soberanía popular, de participar en el gobierno.

Es oportuno aclarar y dejar sentado, que no estoy haciendo una defensa del sistema actual, al cual me referiré más adelante. Simplemente estoy plasmando mis pensamientos, dudas e hipótesis, sin otra aspiración que su elaboración, crítica y reelaboración.

Como decía, el prerrequisito de la escuela secundaria completa, en términos numerarios, podrá dejar fuera del sistema a una ínfima cantidad de pobladores de la ciudad de Buenos Aires u otras grandes ciudades del país. Sin embargo, en determinadas zonas, su número podría ser mayor. Por tal razón, considero que resulta fundamental, en caso que se decidiera la implementación del sistema de juicio por jurados, un estudio pormenorizado sobre qué requisitos deberán tenerse en cuenta.

Inclusive, hasta deberían observarse las condiciones particulares de la persona sometida a juicio para establecer un jurado equitativo que pueda ubicarse en el lugar del encausado. Conocer sus realidades, su forma de pensar y actuar, su historia familiar, social, etc. Sobre los jueces, indicaba Calamandrei en su obra “El elogio de los jueces escrito por un abogado”, “no basta que los magistrados conozcan a la perfección las leyes escritas; sería necesario que conocieran perfectamente también la sociedad en que esas leyes tienen que vivir”(25). Datos que, de elaborarse seriamente los informes del artículo 41 del Código Penal, evitarían una injerencia aún mayor en la vida privada de las personas sometidas al proceso.

¿Podría una elección que representara las minorías del lugar subsanar este conflicto? Se necesitará irremediablemente la actuación de profesionales en sociología, antropología y demás especialidades sociales. Aunque se logre implementar, nuevas dudas siguen en pie. ¿Deben ser indiferentes las condiciones particulares de las personas que integran el jurado? ¿Podrá orientárseles brevemente y señalárseles la importancia de la decisión llamada a tomar? ¿Se le dará a las partes —abogado defensor y fiscal— facultad para descartar y seleccionar los miembros del jurado? ¿Cómo afectaría esto al principio de ser juzgado por iguales? ¿Qué importancia terminaría revistiendo el descubrimiento de la verdad objetiva? ¿Sería preferible acuñar el principio de la verdad formal?

Aquí me gustaría reflexionar, aunque sea someramente, acerca del veredicto. Estricto acto de poder, por el cual el jurado decide si el llevado a juicio es culpable o no, sin necesidad de dar más razones de ello, conforme al principio de la íntima convicción. Tomemos, a efectos de simplificar las posibles variantes de esta cuestión, el caso en el que el jurado entienda solo en cuestiones de hecho y deba dictar su decisión unánimemente, pero no esté obligado a brindar los fundamentos de su decisión.

Creo que con lo dicho anteriormente es bastante dificultoso afirmar categóricamente que dicho requisito es innecesario, con fundamento en que el jurado representa al pueblo, quién ejercería, en última instancia, la potestad jurisdiccional. Por tal razón, estimo que se vería afectada seriamente la garantía de defensa en juicio y debido proceso legal. ¿Cómo podemos afirmar que un jurado, con escasa preparación previa, podría entender en cuestiones atinentes a la culpabilidad penal? En todo caso, el jurado debería decir que tiene el hecho por probado y que fue de tal y cual manera, ya que, inclusive, podría verse afectado el principio de congruencia. Además, como cuestión adicional, fácticamente podrían ser recurribles todas las sentencias, aunque no sea por cuestiones de arbitrariedad.

Es más, si consideráramos necesario limitar los recursos articulables, pudiendo serlo solo a cuestiones de derecho como forma de controlar la labor realizada en los jueces al decidir sobre el derecho en una cuestión, podríamos estar conculcando la garantía constitucional de la doble instancia prevista en los artículos 8.1, 8.2.h y 25.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos —Pacto San José de Costa Rica—, máxime luego de lo decidido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Giroldi(26). Así lográramos despejar estos interrogantes y alcanzáramos una respuesta para todas estas cuestiones, surgen nuevas preguntas:

¿Podrá la República Argentina, en un estado de default internacional, con un mercado interno desintegrado, un presupuesto para la administración de justicia limitado, una crisis productiva única en la historia, contar con los medios económico-financieros suficientes? ¿Podrá la República Argentina costear juicios con un costo de 14 millones de dólares, como vimos que sucedió en Estados Unidos de América? ¿Cuánto podrá la desmantelación del sistema actual contribuir a la manutención del sistema de juicio por jurados? Nuevamente la respuesta es denegada a mis conocimientos. De nuevo nos encontramos ante una decisión de tinte político.

Pero, aun cuando fuera posible, nada nos asegura que la implantación del sistema de juicio por jurados sea seguro y logre un desarrollo como el que tuvo en Inglaterra o Estados Unidos hace tiempo. Si actualmente vemos que en Norteamérica la institución hace agua y que, inclusive, políticamente el Estado procura incentivar y lograr el “arreglo” entre el imputado, el defensor y el fiscal; qué podemos esperar para Argentina. Este razonamiento me lleva a considerar la posibilidad de sacrificar un juzgamiento con todas las garantías, a un arreglo, casi de ribetes económicos, en donde fiscal y defensor comercializan la sanción aplicable a un individuo.

La decisión, sea que nos inclinemos o no por la institucionalización del juicio por jurados, es política, pero es una decisión que debe adecuarse a la ley, porque abandonar la ley no es hacer política, sino hacer tiranía. Entiendo innecesario hacer referencia a si lo previsto en los artículos 24, 75, inciso 12 y 118 de la Constitución Nacional, son normas programáticas o autoaplicativas, y si, al mismo tiempo, es deber del Congreso legislar inmediatamente o no.

Estimo que la jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación es un precedente peligroso que si bien pudo haber servido políticamente, pudo también haber abierto una vía para decir que todas las normas de la Constitución de carácter programático son tan solo instrucciones al legislador para que las acate cuando le plazca. Considero que las cláusulas constitucionales señaladas son de carácter programático, siendo obligación del legislador implementar los medios necesarios para hacerlo. Igualmente, no resulta fácil hacer esta afirmación cuando, por un lado, más allá del cálculo efectuado por Bruzzone, hay más de un centenar de años de inactividad y olvido y, por el otro, los constituyentes del año 94 han mantenido intacto el precepto constitucional, presentándose además varios proyectos al respecto, hace solo escasos años.

Sentado ello, suponiendo que partimos de la base de la necesidad política de instaurar el juicio por jurados y de dar cumplimiento a las cláusulas constitucionales, debemos considerar, entonces, si es una atribución de la Nación o de las provincias. Me adhiero sobre el punto a la postura de Ekmekdjian, porque pese a los expresos términos empleados por el constituyente de 1853, no puede dejarse de lado el principio general de que las provincias retienen el poder de legislar sobre las cuestiones de forma (*C.N., art. 5.º). Más aún en lo que se refiere al juicio por jurados, que implica de por sí, un conocimiento especial de las variables señaladas anteriormente.

Como consideración final, quisiera recalcar que si bien no vislumbro que el juicio por jurados resulte una institución aplicable en las condiciones históricas actuales de nuestro país, si creo que existen otras reformas que ameritan ser discutidas seriamente. De esta manera, creo que aquellos encargados de “administrar castigos” deben conocer las circunstancias y realidades en que se mueven las personas que están “juzgando”. Deben conocer de administración de personal y manejo administrativo. Deben ser calificados, controlados psíquica y físicamente. Deben haber ejercido la profesión de abogado durante un término determinado. Deben tener una duración limitada en el cargo, siendo designados por un medio transparente que evite el amiguismo y como algunos dicen la creación de feudos jurídico-políticos.

No creo tener la respuesta a los problemas del poder judicial, ni a la forma en como debe desempeñarse el procedimiento penal, pero sí entiendo que debe discutirse y plantearse seriamente aquellas cuestiones que hacen el funcionamiento de un poder del Estado. Ya que tanto nos debe preocupar el funcionamiento del PAMI, como del poder judicial. Tal vez, enfrentando sinceramente los problemas se logre reconquistar la confianza social en los jueces y así, un mejor funcionamiento de las instituciones y del Estado de derecho. Porque las garantías constitucionales de nada servirían si no tenemos ante quién ejercerlas.

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*N del E. La abreviatura C.N. corresponde en el presente artículo a la Constitución Nacional argentina.

(1) Consuetudinariamente se ha empleado la locución “juicio por jurados” como traducción del inglés jury system, jury trial o trial by jury, algunos autores señalan que siendo que la proposición by tiene varios significados —por, entre, de, con, al lado, ante, etc.—, una traducción conceptual del término llevaría a utilizar la proposición con o ante, concluyendo que la traducción correcta para el instituto de origen inglés sería juicio con jurado o juicio ante jurado. Sin embargo, atento el amplio uso de la locución juicio por jurados, este aspecto resulta una discusión vacua de rédito práctico nulo —Jáuregui, Carlos. El llamado juicio por jurados. LL. 1992-E-1265/1268—.

(2) Op. cit., n.º 1.

(3) Cavallero, Ricardo J.; Hendler, Edmundo S. Justicia y participación. Universidad, 1988, p. 28.

(4) Alschuler, Albert W.; Deiss, Andrew G. Breve historia del jurado criminal en los Estados Unidos. En: Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal n.º 14, pp. 123, 196.

(5) Op. cit., n.º 4.

(6) United States v. Battiste, 24 F Cas. 1042, 1043 (D. Mass 1835).

(7) Bruzzone, Gustavo A. Mito y realidad de la participación ciudadana en la administración de justicia penal en Sudamérica. ¿Se instaurará finalmente el juicio por jurados en Argentina como lo establece su Constitución Nacional desde 1853? En: Juicio por Jurados en el Proceso Penal. Ad Hoc, Buenos Aires: 2000, p. 211.

(8) Alschuler y Deiss, cit.

(9) Langbein, John H. Sobre el mito de las constituciones escritas: la desaparición del juicio penal por jurados. En: Nueva Doctrina Penal. Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales. 1996, pp. 45, 53.

(10) De Vedia, A. Constitución argentina. Comi, Buenos Aires: 1907, pp. 115, 553.

(11) Padilla, M. Naturaleza de las cláusulas del artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Comunicación presentada al Primer Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional. Universidad de Belgrano, Buenos Aires: 1972, pp. 1, 2.

(12) Sagües, N. El juicio penal oral y el juicio por jurados en la Constitución Nacional. ED. t.º 92, 1981, pp. 905, 914.

(13) Bielsa, R. Derecho constitucional. Depalma, 3.ª ed., Buenos Aires: 1959, pp. 755, 756.

(14) Montaño, S. Clasificación de las normas constitucionales. Las cláusulas programáticas. Comunicación presentada al Primer Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional. Universidad de Belgrano, Buenos Aires: 1972, pp. 1, 2.

(15) Russomano, R. Clasificacao das normas constitucionales. Comunicación presentada al Primer Encuentro Argentino de Profesores de Derecho Constitucional. Universidad de Belgrano, Buenos Aires: 1972, pp. 8, 10, 11, 12; Quiroga Lavie, H. Derecho constitucional. Cooperadora de Derecho y Ciencias Sociales, Buenos Aires: 1978, p. 687.

(16) Casiello, J. Derecho constitucional argentino. Perrot, Buenos Aires: 1954,p. 115.

(17) Bidart Campos, G. La justicia constitucional y la inconstitucionalidad por omisión. ED 78-785.

(18) Quiroga Lavie, op. cit.

(19) Op. cit.

(20) Mooney, A. El juicio por jurado en el derecho público provincial argentino. LL. 1986-D-870.

(21) Herrero, L. El juicio por jurado. JA. 1997-I-691/714; Ekmekdjian, M. Tratado de derecho constitucional. T. II, Depalma, 1994, p. 397.

(22) Elbert, C. ¿Necesitamos, en 1998, el juicio por jurados? JA. 1997-IV-784/792.

(23) Op. cit.

(24) Frank, J. Sistema acusatorio criminal y juicio oral. Lerner Editores Asociados, Buenos Aires: 1986, p. 114.

(25) Calamandrei, P. El elogio de los jueces escrito por un abogado. Egea, Capital Federal: 1980, p. 183.

(26) LL. 1995-D-462.