Opinión

Génesis y evolución de la pensión de sobrevivientes. Análisis de la Sentencia SL1399-2018, Radicado 45779

Revista Nº 208 Jul.-Ago. 2018

Oscar Andrés Blanco Rivera(1) 

Johana Bravo Sánchez(2) 

Blanco Consultores 

Un poco de historia

La pensión de sobrevivientes tiene sus raíces en el siglo XIX, cuando desde los albores de la independencia se iniciaron reconocimientos a los sobrevivientes de los militares fallecidos al servicio de la naciente República. Fue así como, por ejemplo, se creó el Montepío Militar por Ley de 8 de octubre de 1821, o se hicieron reconocimientos a próceres, eventualmente sucedidos a sus viudas e hijas solteras, incluso a los nietos y bisnietos, al igual que a ciertos empleados civiles, como en algunos casos que fueron reconocidos por leyes expedidas en el siglo XX.

Estas situaciones de tratamiento singular a ciertas personas o grupos de empleados y funcionarios estatales perduraron prácticamente a lo largo del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, reconocidas mediante leyes cuyo recuento haría innecesariamente más larga esta breve introducción, ya que esto se encuentra suficientemente relacionado en libros y artículos publicados.

Quizás solo hasta las leyes 153 de 1896, que crea el Montepío militar; 31 de 1904, sobre reconocimientos y recompensas de pensiones; 80 de 1916, para sucesores de oficiales que fallezcan en guerras o expediciones armadas; 102 de 1927, que reconoce pensiones a sobrevivientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, tribunales y funcionarios del poder judicial, a los que se agregan las de los trabajadores de ferrocarriles, puertos, correos y telégrafos, empleados y obreros de carácter permanente del Congreso, que fueron dirigidas a beneficiarios de grupos de personas o sectores de la economía del país; la Ley 6ª de 1945 y en especial la Ley 90 de 1946, podemos decir que se inicia el establecimiento de la pensión de sobrevivencia en Colombia.

En efecto, la Ley 6ª de 1945 dispuso en el artículo 12 que “Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: a) Las indemnizaciones por accidentes de trabajo, (…) b) Las indemnizaciones por enfermedad profesional (…)”; y en la Sección III referida a las prestaciones oficiales para empleados y obreros nacionales de carácter permanente, se estableció en el literal b) la pensión vitalicia de jubilación.

Pero fue la Ley 90 de 1946 la que en forma precisa estableció lo siguiente: “Artículo 59. La viuda, sea o no inválida, o el viudo inválido, gozará de una pensión vitalicia mensual, proporcional a la de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el asegurado o a la que le hubiera correspondido al realizarse el estado de invalidez en la época de su defunción, excepto en los casos siguientes: a) Cuando la muerte del asegurado acaeciere dentro del primer año de su matrimonio, salvo que haya habido hijos comunes o que la mujer hubiere quedado encinta; b) Cuando el asegurado hubiere contraído matrimonio después de cumplir sesenta (60) años de edad o mientras percibía una pensión de invalidez o vejez, a menos que a la fecha de la muerte hubieran transcurrido tres años de matrimonio o que haya habido hijos comunes, o que la mujer quedara encinta. Artículo 60. Cada uno de los hijos del asegurado, menores de catorce (14) años o inválidos no pensionados como tales, gozará de una pensión mensual de orfandad proporcional a la de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el asegurado o a la que le hubiere correspondido al realizarse el estado de invalidez en la época de su defunción. Artículo 61. El total de las pensiones de viudedad y orfandad no podrá exceder del monto de la pensión de invalidez o vejez de que estuviera disfrutando el asegurado o de la de invalidez que le hubiera correspondido eventualmente: si excediere, se reducirán proporcionalmente todas las pensiones; si no alcanzare dicho monto, los ascendientes que dependían exclusivamente del asegurado tendrán derecho, por iguales partes y por cabeza, a la fracción disponible, sin que ninguno de ellos pueda recibir una renta superior al veinte por ciento (20%) de la pensión eventual del difunto (…)”.

Nótese que el (o la) sucesor(a) de la pensión de jubilación recayó sobre el (o la) viudo(a) que hubiere contraído matrimonio con el asegurado. Como se observa, en esa época no existía ningún reconocimiento para los (o las) compañeros(as) del causante o asegurado como lo calificaba esa ley.

Posteriormente, con la expedición del Código Sustantivo del Trabajo en 1950, se estableció en su artículo 275 que: “1. Fallecido un trabajador jubilado, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años tendrán derecho a recibir la mitad de la respectiva pensión durante dos (2) años, contados desde la fecha del fallecimiento, cuando el trabajador haya adquirido el derecho dentro de las normas de este Código, lo esté disfrutando en el momento de la muerte, y siempre que aquellas personas no dispongan de medios suficientes para su congrua subsistencia. 2. (…)”.

Estableció también originalmente el CST que el reconocimiento lo era para su cónyuge, ratificado por la Ley 33 de 1973 que extendió el derecho a la pensión de las viudas en forma vitalicia y para las que venían disfrutando la pensión por cinco (5) años de sustitución, se ordenó su pago vitalicio. Pero, fue con la Ley 71 de 1988, cuando el legislador decidió extender las previsiones sobre sustitución pensional de las leyes 33 de 1973, 12 de 1975, 44 de 1980 y 113 de 1985 en forma vitalicia, al cónyuge supérstite o compañero o compañera permanente, a los hijos menores e inválidos, a los padres o hermanos inválidos que dependan económicamente del pensionado, en la forma dispuesta en tal artículo; es decir, le otorgó reconocimiento a la compañera o compañero permanente del pensionado en exclusión de cónyuge supérstite.

Sin embargo, en esa disposición que modificó las reglas de sustitución pensional se introdujo el vocablo “o” como una relación excluyente entre dos elementos que tiene la capacidad de desunir o separar y que expresa una elección entre dos posibilidades que denotan diferencia, alternancia o separación, es decir, que de acuerdo con los hechos y pruebas aportados a la reclamación o el proceso, se decide el mejor derecho, según el cumplimiento de los requisitos, bien a favor de la cónyuge o bien a favor de la compañera o compañero, pero donde el reconocimiento de la cónyuge supérstite tiene la primacía sobre el derecho a la sustitución pensional en caso de convivencia simultánea o sucesiva.

Con la expedición de la Constitución de 1991, el estatus de la compañera o compañero permanente cobra rango constitucional al reconocer la Corte Constitucional efectos patrimoniales. Así lo decidió en Sentencia C-257 de 2015, al recordar que, remontándose a decisiones anteriores, Desde múltiples perspectivas el matrimonio se distingue de la unión marital de hecho. La conformación del matrimonio exige una serie de formalidades legales y da lugar, por mandato legal, a un catálogo de derechos y obligaciones correlativos libremente aceptados por las partes contrayentes. Por su parte, la unión marital de hecho se configura por la unión de un hombre y una mujer que, sin formalidad alguna, dan lugar a una comunidad de vida permanente y singular, sin que sea su voluntad asumir los derechos y obligaciones que la ley impone a los cónyuges. Se trata de dos opciones vitales igualmente protegidas por la Constitución, pero distinguibles en razón de su conformación y efectos jurídicos. En estas condiciones, el trato diferenciado resulta no sólo constitucional sino necesario, pues, una regulación idéntica, equivaldría a desconocer las diferencias existentes entre las dos instituciones e incluso podría implicar anular una de las dos opciones, constitucionalmente protegidas, con que cuentan los ciudadanos para conformar una familia. Sin embargo, y pese a las diferencias anotadas, existe una equivalencia sustancial entre el matrimonio y la unión marital de hecho: las dos instituciones dan origen a una familia y, desde este punto de vista, merecen igual protección constitucional. El razonamiento anterior permite concluir que las normas que establecen un trato diferenciado entre quienes ostentan la condición de cónyuge y de compañero permanente, deben ser respetuosas de la identidad sustancial existente entre las dos instituciones que dan origen a cada una de dichas condiciones”.

Con motivo de la expedición de la Ley 100 de 1993, se estableció en el artículo 47 el derecho a la pensión de sobrevivientes al cónyuge o compañero o compañera permanente, que bajo unas reglas modificadas por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, la supedita al cumplimiento de los siguientes requisitos: i) convivencia de cinco años continuos con anterioridad a la muerte del causante; ii) en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años antes del fallecimiento, se establece que si respecto de un pensionado hubiese un compañero o una compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a) y b) del presente artículo, dicha pensión se dividirá entre ellos(as) en proporción al tiempo de convivencia con el fallecido; iii) en caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Finalmente, iv) si no existe convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente al literal a) en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.

Según estas reglas la Sala Laboral de la Corte en un esfuerzo de unificación de la jurisprudencia desarrollada por la Corte hasta el presente, en Sentencia SL1399-2018, Radicación 45779, de 25 de abril de 2018, entra a resolver los diferentes escenarios en los cuales puede estudiarse el reconocimiento de la muchas veces mencionada pensión de sobreviviente, bajo el entendido nuestro que, aun cuando se clarifica la postura de esa alta corporación en cada caso tratado, también ha sido más extensiva en la procedencia de dicha prestación cuando medien decisiones judiciales como lo es la separación de cuerpos.

Síntesis de los hechos de la demanda

En síntesis, la Corte estudia el caso de dos reclamantes que acudieron en demanda, —Amalia la esposa y Ofelia, como compañera permanente— del causante, a más de la intervención ad excludendum de Eucaris quien reclamó ser también compañera permanente contra el Fondo de Pasivo Social de los Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Ofelia demandó al Fondo de Pasivo a fin de que le reconociera y pagara el 50% de la pensión de sobrevivientes en suspenso. Adujo que convivió más de cinco años con el pensionado y que lo cuidó en su enfermedad y recibió de la clínica sus pertenencias. Informó que el causante liquidó sociedad conyugal con Amalia con quien estuvo casado, y respecto de Eucaris manifestó que hubo una relación amorosa en cuyo seno se procrearon dos hijos, pero sin convivencia permanente. A su vez Eucaris reclamó mejor derecho por cuanto posee la calidad de compañera permanente y teniendo en cuenta la sentencia proferida de separación indefinida de cuerpos de Amalia.

Acumulado el proceso del Juzgado 13 Laboral de Bogotá, el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá, en fallo del 19 de febrero del 2009 declaró que ninguna de las demandantes ni la interviniente ad excludendum tenían derecho a la pensión y absolvió al fondo demandado, decisión que fue confirmada en su integridad por el tribunal.

Al abordar el asunto, la Sala de la Corte empieza en primer lugar, por dejar en claro que la norma a estudiar es el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que modificó el artículo 47 de la Ley 100 de 1993 y, partiendo del examen legal, analiza el primer objeto de ella que no es otro que la convivencia referida de las reclamantes con el causante que, de conformidad con la disposición vigente y en razón de la fecha de la muerte del causante que lo fue el 8 de noviembre de 2005, no debe ser inferior a 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento, indistintamente que estemos refiriéndonos a la cónyuge o la (el) compañera(o) permanente por ser esa una comunidad de vida real y efectiva que crece bajo el amor, la ayuda mutua, el apoyo económico, moral y físico con el fin único de construir un destino juntos.

Como segundo aspecto y sustentándose en ese apoyo mutuo constante, precisa que en ocasiones esa convivencia debe ser revisada en cada caso concreto y considerar que existen momentos en los que la pareja —cónyuges o compañeros permanentes— no pueden habitar en el mismo techo de manera ininterrumpida por razones de salud, trabajo, fuerza mayor, entre otros, lo que jamás destruye ese vínculo y la unión se mantiene intacta. Por último, puntualiza que aun cuando el artículo antes citado habla de pensionado debe entenderse también que se habla de afiliado, por cuanto los beneficiarios de la pensión siguen siendo los miembros del grupo familiar.

Ahora bien, se exponen por la Sala las siguientes situaciones: 1. Convivencia singular: a) convivencia singular con el cónyuge, b) convivencia singular con la (o el) compañera(o) permanente, y 2. Convivencia plural: a) convivencia simultánea con el cónyuge y compañera(o) permanente, b) convivencia simultánea con 2 o más compañeras(os) permanentes y, c) convivencia sucesiva con el cónyuge separado de hecho y la (o el) compañera(o) permanente.

Empezaremos por decir que frente a la primera situación correspondiente a la convivencia singular, no hay dubitación alguna y es tan sencillo como que el cónyuge supérstite tiene el derecho a la pensión por estar vigente el vínculo matrimonial, haber convivido con el causante hasta su fallecimiento y no haber otra persona beneficiaria que dispute tal derecho, y en lo relacionado con la convivencia singular con la compañera permanente, postura en la que no solo ha sido reiterativa la jurisprudencia sino que la simple lectura de la norma no permite interpretación distinta a que la persona que considere que ostentaba tal condición respecto del afiliado o pensionado fallecido debe acreditar haber convivido por lo menos 5 años inmediatamente anteriores al deceso, pues esta unión de facto o material se extingue si antes del fallecimiento sucede la separación, tal como se reseñó en la Sentencia SL1067-2014.

Seguidamente en los aspectos de las convivencias plurales o simultaneas, quizá las más comunes que debe estudiar el juez laboral, el primero de ellos surge cuando al tiempo existen el cónyuge y el compañero(a) permanente como el ejemplo que trae consigo el literal b) del artículo 13 de la Ley 797 del 2003 interpretado por la Corte Constitucional en Sentencia C-1035 del 2008 en el sentido que también es beneficiaria la (o el) compañera(o), pero que se divide la mesada en proporción al tiempo de convivencia, y que fue sustentado también con lo dicho por la Sala en Sentencia SL13368 del 2014.

En segunda medida encontramos la convivencia simultánea de dos o más compañeras(os) permanentes, que, pese a no estar reglada en la norma, aplicando la analogía antes vista en lo que tiene que ver con la existencia simultánea de cónyuge y compañero(a) permanente, la Corte considera que, como el caso anterior, debe correr con la misma suerte, es decir, dividir la pensión de manera proporcional al tiempo en que compartieron el hogar, sin pasar inadvertido que es imperativo que acrediten haber hecho convivencia dentro de los 5 años anteriores a su fallecimiento para que nazca el derecho a tal reconocimiento.

Al mismo tiempo, pero un poco más complejo que el caso anterior, es aquel cuando el afiliado o pensionado fallece habiéndose su cónyuge separado de hecho y al mismo tiempo tiene una unión marital, porque en este evento el vínculo matrimonial se encuentra vigente, pero ha nacido una unión de facto que también tiene protección. Ello significa que esa unión marital que existía cuando fallece el causante de la prestación está resguardada porque existía lo que protege la ley, una vida en común entre los compañeros permanentes, y como lo tiene establecido la Corte, una real y efectiva convivencia en donde prima el amor, la colaboración y el apoyo mutuo, pero no obstante, dicha compañera debe compartir la pensión con la cónyuge porque esta unión formal o jurídica sigue surtiendo plenos efectos, desde luego, todo en proporción al tiempo convivido, aspecto que requiere la demostración de la convivencia con el de cujus, pues la acreditación de esta sigue siendo de los cinco años, donde la diferencia radica en que la compañera permanente debe demostrarlo dentro de los cinco años inmediatamente anteriores al deceso mientras que para la cónyuge solo se le exige que haya sido en cualquier tiempo.

Una vez sintetizado lo anterior, queda el aspecto más relevante que a criterio nuestro merece un análisis especial. En párrafos precedentes se mencionó que la cónyuge en cada escenario conservaba o, mejor, tenía el derecho a la pensión y que para el caso concreto la Sala casó la sentencia y determinó que el reconocimiento y pago de las mesadas radicaba en cabeza de la cónyuge Amalia que a pesar de que había efectuado liquidación de la sociedad conyugal mediante escritura pública del 23 de septiembre de 1988 y el 3 de diciembre de 1990 y obtuvo sentencia que decretó la separación indefinida de cuerpos con el pensionado que solo inscribieron hasta el 21 de diciembre de 2005, se consideró que el vínculo matrimonial estaba intacto, y, así las cosas, una vez el hijo menor de edad pierda el derecho al 50% de la mesada, la única que ostentaba el derecho era la citada señora Amalia a contrario sensu con las dos compañeras permanentes, pues Eucaris no convivía con el pensionado al momento de su fallecimiento y Ofelia únicamente acreditó 4 años y 11 meses de convivencia, por lo cual ninguna de las compañeras cumplía con lo exigido por la ley.

Frente a este punto especial, pueden observarse dos situaciones que giran en torno a la relación de la cónyuge frente al afiliado o pensionado: la primera de ellas es la separación de hecho con liquidación de sociedad conyugal, y la segunda, la del cónyuge con liquidación de la sociedad conyugal y separación indefinida de cuerpos.

En lo relativo al primer tema consideramos acertado que la corporación determine que liquidar la sociedad conyugal mantiene incólume esa unión matrimonial pues precisamente sus consecuencias son netamente patrimoniales o económicas que no destruye el vínculo original de apoyo y ayuda mutua espiritual y moral, dado que si desde 1988 había fenecido ese patrimonio de los cónyuges y que por no estar dentro de las causales y efectos de la disolución del matrimonio establecidas en el artículo 152 del Código Civil y sus normas modificatorias, mantiene la vocación a la prestación pensional.

Sin embargo, consideramos que, a pesar de ser loable la decisión de la Sala al darle especial relevancia a la relación conyugal de derecho que existió, la separación indefinida de cuerpos marca un especial aspecto que, en nuestro criterio, debió conducir a la Sala a no casar la sentencia y en su lugar absolver a la demandada, por varias particularidades que se explican, así: i) la separación de cuerpos —de acuerdo a las normas vigentes en virtud a la fecha en que se realizó— estaba regulada por el Decreto 2272 de 1989 en cuanto le asignó la competencia a los juzgados de familia “sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a los notarios” (art. 5º), y por el artículo 15 y 16 de la Ley 1ª de 1976 que modificó el artículo 166 del Código Civil, así también el artículo 165 de la misma codificación dentro de la que resaltamos el contenido del numeral 2º que señala “Por mutuo consentimiento de los cónyuges, manifestado ante el juez competente”, por lo que, ii) si los cónyuges desde el año 1990 conforme a fallo proferido por el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de El Espinal por su voluntad buscaron estar separados de cuerpos de manera indefinida, debió considerar esos aspectos especiales o circunstancias particulares del caso concreto en los mismos términos que ha dicho la Corte en múltiples pronunciamientos, para interpretar e ir más allá en el sentido de confrontar con el caso bajo estudio la finalidad de la pensión de sobrevivientes; en consecuencia, iii) si los cónyuges de manera voluntaria acudieron a la jurisdicción como aquí ocurrió, para que por la ley se decrete que no hay convivencia ni es el deseo de tenerla en algún momento, dado el carácter indefinido del fallo del juzgado, en últimas es la ruptura de la vida en común entre los cónyuges la que formaliza esa separación en un acto jurídico que demuestra que la convivencia de la pareja no es sólida y menos aún tiene vocación de permanencia y en ese sentido no debería originar protección del sistema de seguridad social, ya que si no se tiene en cuenta esa situación voluntaria de los cónyuges, nos arrojaría a los antiguos terrenos de la preeminencia de la formalidad o solemnidad del matrimonio por el solo hecho del acto jurídico que representa la existencia de ese vínculo formal, como lo rememoramos en el breve recuento histórico inicial.

Si en el caso bajo examen, trece años antes de fallecer el pensionado deciden los cónyuges formalizar su deseo de no compartir el hogar ni el lecho, la consecuencia que trae consigo tal sentencia es la regulada en el artículo 167 del Código Civil modificado por el artículo 17 de la Ley 1ª de 1976 que establece que “La separación de cuerpos no disuelve el matrimonio, pero suspende la vida en común de los casados. La separación de cuerpos disuelve la sociedad conyugal, salvo que, fundándose en el mutuo consentimiento de los cónyuges y siendo temporal, ellos manifiesten su deseo de mantenerla vigente”, y que conforme a la ley los cónyuges entre sí no tienen en sus obligaciones la de cohabitación.

Sin dejar de reconocer el esfuerzo de unificación que hace la Sala de la Corte con esta decisión, bienvenida para claridad de todos, consideramos que por darle relevancia a la unión marital de derecho, que como vimos en el recuento histórico era el factor preponderante, no puede dejarse de lado que en vigencia de la Constitución de 1991 el reconocimiento de la familia de hecho también tiene una especial protección constitucional y que aspectos particulares de la sociedad conyugal y la ulterior separación de cuerpos, que de cara a la ley no acaba con la unión marital que los une, si pueden tener incidencia en actos como tendientes a destruir esa unión que una vez se formó, o en otras palabras, la misma voluntad que tuvieron los contrayentes para conformar esa sociedad es la misma voluntad cuando deciden separarse tanto en el aspecto económico como en el moral, pues en caso contrario si solo uno de ellos hubiera abandonado el hogar para que estuviéramos en el plano de una separación de hecho con sociedad conyugal vigente, por lo que consideramos que esa situación no fue tenida en cuenta para resolver la demanda de casación.

Como fundamento que apoya lo anterior decimos que, si la pensión de sobrevivientes tiene como fin suplir la ausencia intempestiva de quien proveía el apoyo económico a su núcleo familiar, cuando no estaba satisfecho ese apoyo, amor o socorro mutuo desde 1988 por cuanto el pensionado no convivía con su cónyuge, como quedó demostrado, y que el señor Álvaro tuvo dos uniones maritales de hecho posteriores a su matrimonio, una con Eucaris, terminada mucho antes de su fallecimiento y otra con Ofelia pero esta última únicamente acredito 4 años y 11 meses de convivencia antes de su muerte, consideramos que en términos de la reciente Sentencia SL1188 de 2018, radicado 43232, no se cumple el requisito de la convivencia con la cónyuge que: “(…) como presupuesto esencial para su causación, señaló el requisito de la convivencia efectiva, real y material entre la pareja, que la Corte ha entendido que ‘solo se puede predicar de quienes además, han mantenido vivo y actuante su vínculo mediante el auxilio mutuo —elemento esencial del matrimonio según el artículo 13 del C.C.—, (…)”, tal cual lo dejó adoctrinado en la Sentencia CSJ SL, del 31 enero del 2007, radicado 29601, recientemente reiterada en las CSJ SL5640-2015 y CSJ SL12173-2015”.

Por ende, si la recurrente Amalia no sufrió mengua en su mínimo vital y vida digna porque su cónyuge no lo hacía, la decisión de conceder la pensión por la vigencia de la unión matrimonial como concepción del concepto de familia o núcleo familiar, configura una extrema protección a una desdibujada vida entre cónyuges para atender a razones históricas o quizá sociales en donde la mujer no cotizaba por atender físicamente al hogar y a sus hijos, pero que en el caso concreto no se acreditó.

Por último, es preciso resaltar que en los regímenes pensionales vigentes se desestima para el cálculo de coberturas relaciones conyugales pasadas de las cuales no se tiene información, por lo que atender una prestación pensional a favor de una cónyuge con sociedad conyugal disuelta y separada indefinidamente de cuerpos varios años antes afecta, en nuestro criterio, la regla de la sostenibilidad financiera del sistema pensional establecida en el Acto Legislativo 01 del 2005 que adicionó el artículo 48 de la Constitución Política.

(1) Abogado Universidad Externado de Colombia. Asesor de empresas en derecho laboral y seguridad social. Conjuez Sala Laboral Corte Suprema de Justicia y Tribunal Superior de Bogotá. Profesor de postgrado universidades Externado de Colombia y Rosario.

(2) Abogada Universidad Cooperativa de Colombia-Ibagué, postgrado en Derecho de Seguros Universidad Javeriana.