“Globalización y respeto por derechos laborales no son excluyentes entre sí”

Revista Nº 182 Mar.-Abr. 2014

Entrevista realizada por Javier N. Rojas a Clara Cecilia Dueñas

Magistrada de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia 

Clara Cecilia Dueñas, magistrada de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, en entrevista con la Revista Actualidad Laboral expuso su visión sobre el derecho del trabajo en Colombia.

Actualidad Laboral: ¿Cuáles son las razones para que en Colombia no se pueda impartir pronta justicia?

Clara Cecilia Dueñas: La congestión en los despachos judiciales que obedece a diferentes factores. Uno, determinante, tiene que ver con la estructura actual de la jurisdicción. En el campo laboral se han creado más despachos judiciales que, en primera y en segunda instancia, atienden la altísima demanda de justicia, favorecida con la oralidad, pero esa medida ha sido parcial y por tanto insuficiente. Ello se refleja de manera dramática en la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia que en los últimos años se ha visto ahogada con el cúmulo de asuntos que ha recibido para su resolución, pues mientras en las instancias se han implementado herramientas para la descongestión, no ha sucedido lo mismo en sede de casación, de modo que su capacidad de respuesta está desbordada.

Por ello, en el año anterior se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley orientado a la adopción de medidas transitorias de descongestión; inicialmente fue respaldado por las instancias gubernamentales pertinentes y por los mismos congresistas, sin embargo, a última hora y sorpresivamente se hundió, porque el Ministerio de Hacienda adujo en su contra razones presupuestales.

La exposición de motivos del proyecto de ley en mención, muestra cifras alarmantes. Se puso de presente que por el plan general de descongestión se incrementó la productividad de los despachos judiciales. Según datos suministrados por el Consejo Superior de la Judicatura, al finalizar el 2011, en un 115,7%, lo que evidentemente muestra las bondades de las medidas adoptadas, pero también explica cómo esa productividad repercute en la congestión de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que hoy cada uno de sus magistrados tiene a cargo, en promedio, unos 2.000 expedientes. A ello debe sumarse que cada uno de los siete despachos, en el año, debe resolver más de 500 acciones constitucionales de tutela y hábeas corpus.

A. L.: ¿Existen causas adicionales?

C. C. D.: Otra de las razones que influyen en la congestión obedece al excesivo formalismo en las actuaciones procesales, pese al mandato constitucional que hace prevalecer el derecho sustancial frente a la mera formalidad, dificultad que bien podría superarse con desarrollos legales que le permitieran al juez obrar conforme a ese principio; hoy en día, los funcionarios judiciales, en muchos de los casos, nos vemos limitados por procedimientos complejos que nos sujetan “al debido proceso”, y nos impiden actuar con eficiencia y efectividad.

La elevada demanda de justicia en el campo laboral encuentra otra razón en la naturaleza social de los conflictos, dado que la mayoría emana de la relación de trabajo subordinada y de asuntos relacionados con la seguridad social. En ambos casos resulta muy sensible, para los accionantes, la búsqueda del reconocimiento de los derechos que creen, les han sido vulnerados o arrebatados por empleadores y entidades de seguridad social, porque, en uno y en otro caso, de la resolución judicial dependerá su sustento personal y el de las familias que de ellos dependen. Por ello, las demandas de la jurisdicción laboral desbordan notoriamente los índices de otras jurisdicciones.

A. L.: ¿Qué efectos tuvo, en la justicia laboral, la Ley 1395 del 2010 que adoptó medidas de descongestión judicial?

C. C. D.: En la jurisdicción laboral su impacto no fue tan contundente debido a las sentencias de la Corte Constitucional que declararon la inexequibilidad de varios de los artículos que se ocuparon de esas materias. En efecto, hoy están fuera del ámbito jurídico los artículos 45, 47 y 49 de esa ley por fuerza de las sentencias de inconstitucionalidad. En su orden, el artículo 45, porque la regla de competencia, por razón del lugar, al decir de la corte, es contraria al principio de igualdad, debido proceso y acceso a la justicia, porque sometía al demandado a comparecer y ejercer su defensa en un espacio territorial no predeterminado y por lo mismo en condiciones desproporcionadamente desfavorables, según lo optara su contraparte.

En lo que respecta al artículo 47 de la misma ley, que le permitía al juez laboral ordenar antes de la sentencia el pago de aquellos conceptos solicitados en la demanda que correspondan a derechos ciertos e irrenunciables del trabajador y que a su juicio se encuentren debidamente probados por documentos, adujo la corte que ello afecta de manera desproporcionada el debido proceso del sujeto demandado, lesiona la igualdad en perjuicio de la misma parte e impide, sin razones válidas, la impugnación de tan importante decisión.

Y en cuanto a que artículo 48 de esa ley incrementara la cuantía para interponer el recurso de casación de 120 a 220 salarios mínimos legales mensuales vigentes, el tribunal constitucional estimó que la medida era regresiva y vulneraba los derechos fundamentales de los trabajadores, porque, además de los fines propios del recurso, la casación en el campo laboral es una herramienta para hacer efectivas las garantías laborales y de la seguridad social. La reforma no introdujo modificaciones tendientes a simplificar los procedimientos para hacer más ágil el juicio laboral.

A. L.: ¿De qué manera contribuye la Corte Suprema de Justicia a promover el trabajo decente que propugna la Organización Internacional del Trabajo (OIT)?

C. C. D.: Hace algunos años los pronunciamientos judiciales eran tímidos en fundamentos provenientes de la OIT. Sin embargo, desde hace cerca de cuatro años es más frecuente, en las decisiones de los jueces, acudir a los postulados del llamado bloque de constitucionalidad, a los convenios de la OIT e igualmente a otros instrumentos internacionales como el Pacto internacional de derechos civiles y políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana de Derechos Humanos.

Son habituales, hoy en día, en los fallos de la Sala de Casación Laboral, la aplicación de los principios de igualdad y no discriminación previstos en el convenio 111; así como, en la resolución de conflictos originados en accidentes de trabajo, el Convenio 167 sobre seguridad social y salud en el trabajo. No son pocas las veces en que se le ha dado aplicación a los postulados del trabajo decente, por el que propugna la OIT en el Convenio 198, en los conflictos que tienen que ver con relaciones de trabajo subordinadas, simuladas con el ropaje de contratos de prestación de servicios independientes para soslayar las obligaciones derivadas del contrato de trabajo, o en las que la tercerización laboral se ha utilizado indebidamente con los mismos propósitos, por ejemplo, al exceder términos máximos como en el contrato del trabajador en misión.

A. L.: ¿Cómo puede ser compatible la globalización con el respeto de los empleadores a los derechos de los trabajadores?

C. C. D.: El legislador dejó atrás la etapa proteccionista del derecho del trabajo y le dio paso a la era de la flexibilización en las relaciones de trabajo, principalmente desde comienzos de la década de los noventa con la Ley 50 de ese año. De ahí en adelante, muchas otras normas con el mismo propósito se han puesto en vigencia. Recordemos, por ejemplo, la Ley 789 del 2002, cuyos fines nunca se lograron. Así lo afirmo, porque esa normativa disminuyó prerrogativas de los trabajadores al prever el aumento de la jornada diurna hasta las 10 p.m., así como los recargos salariales por trabajo en días de descanso obligatorio y los montos de indemnización por terminación injustificada del contrato de trabajo, cambió las reglas de la indemnización moratoria y eliminó, para el contrato de aprendizaje el pago de salarios y prestaciones, a cambio de una cuota de sostenimiento, todo, bajo la promesa de crear 160 mil empleos en un año y 640 mil en cuatro años. Todos sabemos que nunca se logró la meta. Lo que se obtuvo fue la reducción de las garantías laborales para los trabajadores y la disminución de costos laborales para los empleadores.

Lo que quiero resaltar es que la apertura de los mercados hace necesarias las reformas laborales y las políticas de flexibilización, de eso no hay duda, pero si ellas se implementan en detrimento de los derechos y conquistas de los trabajadores para favorecer únicamente los intereses empresariales, estarán llamadas al fracaso y se verá reflejado en una sociedad más desigual, en fallos de inconstitucionalidad de esas normativas y en posteriores reformas legislativas que generan deslegitimación y pérdida de tiempo. En otras palabras, globalización, flexibilización y respeto por los derechos de los trabajadores constituyen conceptos que no son excluyentes entre sí, por el contrario, se complementan en forma inescindible y ello es lo que debe tener en cuenta el legislador cuando se ocupa de regular esas materias.

A. L.: ¿Qué piensa de la tendencia de las empresas a contratar trabajadores mediante figuras de subcontratación con terceros que les proveen mano de obra?

C. C. D.: Los diferentes mecanismos de subcontratación laboral per se no son malos. De hecho desde antaño han sido previstos en la legislación. Recordemos, por ejemplo, como en un principio las relaciones de trabajo se regulaban por el Código Civil a través de la figura del contrato de arrendamiento, obra o servicio, y como, posteriormente, el Código Sustantivo del Trabajo previó la figura del contratista independiente y, más recientemente, con la Ley 50 de 1990, las empresas de servicios temporales y los trabajadores en misión.

Todos estos mecanismos, entre otros, si se utilizan con los fines previstos en la norma, son útiles para el desarrollo empresarial y económico el país. Otra cosa muy diferente es que se distorsione su sentido y alcance para soslayar las obligaciones de los empleadores a costa de los derechos de los trabajadores. Esa sí ha sido una conducta marcada que ha merecido la crítica social —nacional e internacional— así como el rigor en las decisiones judiciales y la implementación de políticas estatales para su eliminación.

Ha sido tan reiterada la jurisprudencia de los diferentes estamentos judiciales en sus diferentes jurisdicciones, constitucional, contenciosa administrativa y ordinaria laboral, así como las recientes políticas del Ministerio del Trabajo, que hoy en día se vislumbra una tendencia hacia la erradicación de la práctica ilegal de la tercerización y una actitud más consciente para su utilización conforme a los postulados constitucionales y legales que le son propios.

A. L.: ¿La creación del Ministerio del Trabajo ha contribuido a que el Estado sea más eficaz en la protección de los derechos de los trabajadores?

C. C. D.: Sí. En la anterior estructura de la administración nacional, el entonces Ministerio de la Protección Social y de la Seguridad Social tuvo un papel, por decir lo menos, pasivo. Por el contrario el nuevo Ministerio del Trabajo ha hecho presencia notoria en su función de control, inspección y vigilancia. Es así como su decidida política hacia la formalización de las relaciones de trabajo subordinadas, conforme a lo ordenado en la Ley 1610 del 2013, ha jugado un papel determinante para erradicar las prácticas ilegales de personal vinculado a través de cooperativas y de precooperativas de trabajo asociado o de otras formas de tercerización o intermediación prohibidas por las leyes del trabajo, para cambiarlas formalmente por lo que verdaderamente son, esto es, contratos de trabajo con vocación de permanencia y estabilidad.

La actividad del ministerio, en este campo, debe contribuir a disminuir las controversias judiciales en las que se discute la existencia del “contrato realidad”, y constituye también un aporte importante para la sociedad frente a la generación de empleo y fomento del trabajo decente. En ese contexto, estimo que las inspecciones de trabajo están cumpliendo una tarea eficaz en la protección de los derechos de los trabajadores.

A. L.: ¿Qué opina de la implementación del sistema oral en la justicia laboral colombiana?

C. C. D.: En muchos foros académicos se ha dicho de manera reiterada que, en la jurisdicción laboral, esta no es una figura nueva, porque estuvo prevista desde la expedición del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en 1948, razón por la que no me remitiré a esas épocas. En lo que corresponde a recientes regulaciones sobre la materia y su puesta en marcha, que la han instrumentalizado, debo decir que soy partidaria de la oralidad.