Gobierno corporativo, transparencia y auditoría

Revista Nº 30 Abr.-Jun. 2007

Raquel Galindo Dorado* 

Carlos Mir Fernández** 

(España) 

*Doctora en Economía Financiera y Contabilidad  

Profesora asociada 

Departamento de Contabilidad y Organización de Empresas 

Universidad Autónoma de Madrid 

**Doctor en Economía Financiera y Contabilidad  

Profesor ayudante 

Departamento de Ciencias Empresariales 

Universidad de Alcalá 

1. Introducción

La transparencia de la información financiera facilitada por las empresas se ha convertido en un importante tema de estudio en los últimos años. El significativo desarrollo de los mercados financieros en el ámbito mundial, basados en un avance económico y tecnológico sin precedentes, ha aumentado su popularización, y, por tanto, la preocupación por parte de las autoridades de reforzar y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema financiero, sobre la base de la confianza plena de inversores actuales o potenciales. Lamentablemente, el desarrollo de reconocidos escándalos financieros de entidades que no revelaban problemas en sus estados financieros tuvo como consecuencia una considerable pérdida de confianza en el modelo y, por eso mismo, la necesidad de responder a este problema desde el ámbito legal.

Es ese sentido vale destacar los escándalos de Enron, Worldcom o Parmalat, como prólogo a otros escándalos “menores” que tenían como elemento común estados financieros confusos, basados en una transparencia opaca (Álvarez, 2006), viciados a los ojos de los inversores, sobrepasando los límites que la buena ética empresarial requiere y que, desde un punto de vista legal, exigen las normas contables. El concepto del “buen gobierno” o de la “responsabilidad social corporativa” quedaba debilitado por los acontecimientos, y exigía una respuesta por parte de los reguladores.

Si bien Arthur Levitt (1998), en el ámbito norteamericano, diagnosticó el problema, antes de los principales escándalos, proponiendo una serie de curas que introdujeran cambios en la cultura empresarial, el conjunto de medidas tuvo que esperar cierto tiempo. Como bien nos señala Espinosa et ál. (2006: 2), el giro fundamental del concepto de “información contable” a la idea más amplia de “transparencia informativa” involucra aspectos no cuantificables, relacionados con el concepto de “gobierno corporativo” (composición del consejo, transacciones vinculadas, etc.), o con la valoración del riesgo y su gestión dentro del ámbito empresarial. Esto requiere de un desarrollo legal especialmente amplio y de gran profundidad que abarca incluso elementos éticos y que, por lo tanto, debe emplear un procedimiento legislativo novedoso. Sin duda, esta forma de proceder se fundamenta en la creencia de una pérdida de relevancia de la información contable, basada en la medida del resultado como variable fundamental. Lev (1989: 153-192) ya cuestionaba la utilidad del resultado como información relevante para los mercados financieros. Así mismo, no son pocos los que critican la utilidad de los datos contables en situaciones en las que el valor contable con relación a la capitalización de las entidades difiere de manera significativa.

En este sentido, el conjunto de medidas encaminadas a reforzar la transparencia y, por ende, la confianza en los mercados financieros tuvo su presentación estelar con la promulgación de la Ley Sarbanes-Oxley —en adelante, Ley SOX—(1), en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, las autoridades también tomaron conciencia del problema, y asumieron como propias las medidas encaminadas a fortalecer el mal llamado(2) “buen gobierno corporativo”. Los estudios que se estaban llevando a cabo en la Unión Europea fueron retomados con urgencia y se inició un conjunto de reformas que se fundamentaban en la transparencia y el control, tomando como referente ineludible las disposiciones de la Ley SOX, que indirectamente y por su marcado carácter extraterritorial estaban relacionadas con esta problemática.

Elemento común a ambos esquemas normativos es la incorporación de medidas encaminadas a reforzar la figura del auditor como experto independiente, otorgándole un papel protagonista a su trabajo de revisión de la información contable. Si bien el alcance y profundidad de las medidas es dispar, los objetivos marcados son comunes en la medida en que buscan aumentar la independencia profesional y fortalecer el comportamiento ético. La participación activa de los auditores en la quiebra de Enron bien les hizo merecer a estos un “Oscar” que probablemente no hubieran deseado.

En este desarrollo, los reguladores son conscientes de que aunque la responsabilidad social corporativa y el fraude empresarial frente a inversores y poderes públicos no dependen solamente de la existencia de un entramado legal eficiente, este sí es un elemento necesario para evitar su presencia. En mayor o menor medida, la elaboración de códigos éticos o de buena “conducta” se convierte en el complemento ideal de este proceso.

En definitiva, un estudio de la situación actual de la responsabilidad social corporativa y de las medidas encaminadas a reforzar su cumplimiento exige de un análisis de la situación actual del concepto de “transparencia” en la literatura, valorando de qué depende y sus efectos en los mercados financieros. Ello nos debe servir de base para valorar el éxito o fracaso de las disposiciones emitidas al respecto. Igualmente, y como complemento, es necesario centrar la atención en la profesión de auditoría, avanzando en el conjunto de medidas que buscan aumentar su eficiencia, independencia y comportamiento ético.

2. Transparencia informativa

La mayor divulgación por parte de las entidades cotizadas de información en sus cuentas anuales, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, ha sido un problema ampliamente estudiado por la literatura, buscando su relación con el comportamiento de las entidades en los mercados de capitales o con las características que determinan que una entidad sea más o menos reveladora.

Desde un punto de vista teórico la transparencia informativa es en sí misma un término difícil de concretar. Si se aplica de manera estricta los principios de contabilidad generalmente aceptados o su versión ampliada en forma de marco conceptual, incorporados tanto en disposiciones legales como en guías contables profesionales, el concepto de transparencia no existe, toda vez que el cumplimiento del macroprincipio de imagen fiel solo nos permite discernir la existencia de buena información que manifiesta el “true and fair view” de la situación financiera y patrimonial, o mala información contable o incluso ilegal, que oculta datos relevantes para los usuarios de la información financiera y sus decisiones económicas. Desde un punto de vista práctico, este problema realmente no existe, en la medida en que para todos es posible encontrar buena o mala información contable, tanto dentro como fuera de las disposiciones contables legalmente establecidas.

Ahora bien, como señala Dye (2001: 181-235), el concepto de transparencia informativa o divulgación admite, desde un punto de vista teórico, una doble perspectiva: divulgación obligatoria de la información y divulgación voluntaria de información. Desde la primera perspectiva, la calidad de la información queda determinada por el cumplimiento de una marcada y extensa regulación contable. Los modelos basados en esta rama son una extensión del modelo general de valoración de activos (Espinosa et al., 2006: 2), e intentan medir la relación entre la difusión de información y la liquidez, por una parte, y divulgación y precios o volumen, por otra.

Desde el punto de vista de la revelación de información voluntaria los estudios se han centrado en una ampliación de los modelos de asimetría informativa, basados en la relación de la teoría de agencia con la responsabilidad social de las entidades. Estos trabajos pretenden analizar la relación existente entre el equilibrio de los mercados financieros en una situación de “divulgación parcial” en lugar de una situación de “revelación completa”. Se basan en la idea fundamental de que las empresas ocultan información de manera habitual en el mercado, por lo que estudiar la características de las empresas reveladoras es en sí mismo una “necesidad” para valorar el éxito de disposiciones encaminadas al reforzamiento de la transparencia.

Si se hace énfasis en este último aspecto, el concepto de transparencia informativa se vincula al estudio de la incorporación de información voluntaria en las cuentas anuales, más allá de los requisitos concretos que la normativa o los planes y guías contables pudieran exigir que se reflejara en los estados financieros. En alguna medida, la transparencia opaca puede verse reducida con la incorporación de datos adicionales en las cuentas anuales (Hyytinen et ál., 2005). Esta idea parte de la consideración de que la información corporativa es el elemento imprescindible para el funcionamiento eficiente de los mercados financieros, pero asume que los pronunciamientos legales raras veces son capaces de alcanzar a cubrir las expectativas de los inversores.

Por ello, la transparencia informativa solo puede ser alcanzada si las empresas acceden voluntariamente a revelar mayor y mejor información. Estando de acuerdo en que los mayores requisitos legales pueden aumentar la transparencia, los datos adicionales revelados en las cuentas anuales son los que realmente califican la información como de calidad. Este elemento es especialmente significativo, puesto que sirve de indicador de la voluntad real de las empresas de aplicar reglas o procedimientos de responsabilidad corporativa que asuman que la transparencia es un objetivo deseable. Ahora bien, desde un punto de vista crítico, no hay que pasar por alto lo discutible de valorar la calidad de la información empleando como única medida la información voluntaria, aunque en numerosos trabajos así se defienda. Desde este punto de vista habría que diferenciar entre cantidad de divulgación y calidad (op. cit., 2006: 3), toda vez que gran parte de la “otra información” suele quedar al margen de las cuentas anuales, y por tanto de supervisión por parte de los auditores. Por aplicación de las Normas Técnicas de Auditoría Internacionales del IFAC (ISA) la “otra información”, al margen de las cuentas anuales, solo será analizada para comprobar la no existencia de errores o irregularidades en su relación con la información financiera legal, no realizándose pruebas de auditoría adicionales que modifiquen o ratifiquen la opinión del auditor.

Pero lamentablemente, y para determinadas áreas informativas, existe importante evidencia empírica de los pocos incentivos para aportar mayor información que la exigida legalmente, dada la negativa influencia que ello podría ocasionar al revelar datos relevantes para la competencia, aportando información “poco beneficiosa” para la entidad reveladora. En esta línea incluso algunas disposiciones normativas establecen cautelas al respecto, permitiendo la no incorporación de datos en la información contable, si con ello se perjudica la actividad empresarial.

Asumiendo esta visión, parece que las empresas solo tienen necesidad de reportar mayores datos tras efectuar un análisis coste-beneficio, ponderando las ganancias que podrían obtener de una mayor transparencia, en contraposición con los costes involucrados. En esta línea, parece que la consecución de una elevada calidad (o cantidad) de información es algo raro, dado lo elevado de los costes de su obtención. El criterio de economicidad podría limitar el éxito de las medidas de transparencia informativa.

Ahora bien, una vez valorada positivamente la mejora informativa para la entidad, y tras considerar las características patrimoniales y de gobierno de la empresa, se ha podido constatar empíricamente la existencia a posteriori de una relación negativa entre la transparencia y el coste de capital, o su habilidad para obtener fondos en los mercados de capitales (Botosan, 1997: 323-349; Sengupta, 1998: 459-474, Healy et al., 1999: 485-520 o Leuz y Verrechia, 2000: 91-124). Por su parte, Kyle (1985: 1315-1335), en palabras de Espinosa (2006), nos muestra cómo la liquidez de las acciones está inversamente relacionada con el nivel de selección adversa presente en el mercado. Es decir, la cantidad de información poseída por los agentes se relaciona positivamente con la liquidez de los valores. Ahora bien, en sentido contrario, Kim y Verrechia (1994: 41-67) o Harris y Raviv (1993:473-506) argumentan que si la información es interpretada de manera diferente entre los agentes, es posible que se incremente la información asimétrica y por tanto se reduciría la liquidez.

En consecuencia, si a priori pueden existir dudas de la utilidad de la revelación, lamentablemente esta valoración resulta más difícil de determinarse a priori por parte de las entidades emisoras, por lo que la información voluntaria tiene que quedar determinada a partir de otro tipo de variables. Para ello, los investigadores han mantenido una posición muy activa en la determinación de aquellas características empresariales que determinan la mayor o menor cantidad de información voluntaria. Siendo muchas las variables consideradas, existe cierto consenso en que el tamaño de la entidad, la categoría de la empresa o industria en la que opera, su eficiencia operativa o su apalancamiento determinan una mayor presencia de información voluntaria. Los trabajos desarrollados por Cooke (1998: 113-124), Raffounier (1995: 261-280), Meek et al. (1995), Hossain et al. (1995: 69-87) o Depoers (2000: 245-263) apoyan la idea de que el tamaño de la empresa y la actividad desarrollada explica gran parte de la información aportada en las cuentas anuales, encontrándose una relación directa entre estas variables y la calidad de la información.

Core (2001: 441-456) considera que las empresas, a la hora de determinar la información a revelar, no solo se fundamentan en un análisis coste-beneficio simple. La estructura de propiedad de la entidad en relación con el órgano de gestión, el porcentaje de capital poseído por el órgano de administración, la existencia de comités de auditoría, o la presencia de una política de incentivos a través de stock options a favor de la gerencia, así como la presencia de miembros de la familia en el caso de empresas familiares en los órganos de gestión condicionan los datos revelados. Tampoco se descarta el papel que representan los auditores, considerando que la calidad de la información está directamente relacionada con la realización de los trabajos de supervisión por parte de las principales compañías auditoras pertenecientes a comités de emisores de normas contables internacionales. Este último elemento es especialmente interesante, por cuanto el estudio de las características y las variables de comportamiento de estas auditoras puede determinar el conjunto de medidas a adoptar para reforzar la figura del auditor.

Así mismo, el entorno institucional, los aspectos culturales y legales de la información contable de cada país o el sector de actividad y sus normas son variables consideradas por parte de los investigadores. Se considera que aquellos entornos legales de influencia anglosajona, con un mayor desarrollo de los mercados financieros, valoran más y mejor el beneficio de revelar información voluntaria, al menos en comparación con la tradición continental. Un mayor enfoque de la disciplina hacia la preservación de los intereses de los acreedores frente a la mayor defensa de los intereses de los inversores, una contabilidad legal más que económica, un modelo calificado como insider system (Babio, 2004) condicionan la presencia de mayores reticencias a la revelación. El menor desarrollo y profundidad de los mercados financieros parece limitar la valoración positiva de los efectos de la información voluntaria, dada la dificultad de su valoración en este entorno.

Babio y Muiño (2001) demuestran cómo la revelación del grado de cumplimiento de las disposiciones del Código Olivencia(3) se explican por el tamaño de la entidad y por el previo cumplimiento de las recomendaciones de buen gobierno. Navallas (2006), centrando sus trabajos en la revelación voluntaria de información relativa al buen gobierno, evidencia cómo la cotización en otros mercados financieros fuerza a las empresas a revelar información adicional, así como a la mayor atomización del capital social.

Tampoco debe olvidarse la plena voluntad de la entidad o de los gestores en reportar mayores datos, sin una orientación coste-beneficio puro, o por presión interna dentro de la organización o la mayor orientación financiera de los gestores. La pertenencia o no de las entidades a ciertas organizaciones, o de los administradores a ciertas asociaciones empresariales (Chalmers et al., 2004) condicionan la información facilitada en sus cuentas anuales.

Si bien el conjunto de estudios se ha centrado mayoritariamente en valorar la relación entre calidad de información y los mercados financieros, algunos autores se han centrado en el comportamiento de las entidades más pequeñas, valorando los beneficios que la revelación les puede reportar. Hyytinen et al. (2005) encuentra una relación entre la necesidad de financiación externa y buena calidad informativa. Las empresas con expectativas o deseos de crecimiento se apoyan en una calidad informativa superior, dada la mayor facilidad de medir el beneficio que les reporta ser más transparentes.

En este ámbito, y siguiendo el trabajo de Cano (2006), la literatura ha evidenciado (Ball et al., 2005: 83-128; Burghsthler et al., 2006: 99-126) cómo la calidad de la información contable es superior en el caso de las empresas cotizadas con relación a las no cotizadas. La existencia de menores medidas de supervisión por parte de las comisiones de valores, así como menores requisitos informativos dentro del ámbito legal, pueden justificar tales diferencias. Además, la mayor concentración del capital limita los costes de agencia, pudiendo emplearse otros cauces de información alternativos, más privados y menos formalizados que la información contable establecida legalmente (op. cit., 2005). A este respecto la figura del auditor puede ser una variable igualmente explicativa, aunque la literatura no ha encontrado soluciones concluyentes.

En cierta medida la mayoría de los trabajos evidencian cómo el tamaño de las entidades es uno de los principales condicionantes de la cantidad de información voluntaria revelada, considerando que muchas de las otras variables empleadas tienen un elevado grado de dependencia del volumen de las actividades empresariales y de su capacidad de crecimiento, y ello para entornos financieros caracterizados por un alto grado de desarrollo. Así mismo, estas conclusiones son igualmente válidas para entornos normativos en los que la información contable puede ser considerada como legal, más que económica (Mir, C., 2004).

En definitiva, el estudio de los trabajos sobre transparencia o calidad informativa realizados en el ámbito internacional permiten constatar cómo en ciertos aspectos la revelación de información no solo depende de las disposiciones legales, sino de ciertos elementos característicos de las entidades emisoras que les permitan valorar los costes y los beneficios en la reducción de sus costes de agencia. Por tanto, las disposiciones encaminadas a reforzar la eficiencia de los mercados financieros deben hacer frente a otro tipo de variables además de las legales.

3. Gobierno corporativo y auditoría

Las medidas encaminadas a reforzar el funcionamiento de los mercados financieros desde el ámbito legal tienen como protagonista principal la ya citada Ley Sarbanes-Oxley (SOX), como precursora de un conjunto de actuaciones que tienen repercusión internacional dado su marcado carácter extraterritorial. Su publicación, auspiciada por las cámaras legislativas federales de Estados Unidos, se fundamentaba en la intención de potenciar la transparencia en las actividades empresariales y, fundamentalmente, en recuperar la confianza de los agentes intervinientes en los mercados, ya que esta en aquel entonces había quedado debilitada (Vinten, 2002: 4-9). En este sentido, su mayor habilidad está en el uso de medidas populistas (Cunningham, 2002) capaces de restaurar la confianza de los inversores.

Su publicación se apoya en la idea fundamental de que la existencia de una buena (o nueva) regulación, además de unas adecuadas herramientas de control interno, le debe permitir la obtención de información financiera más transparente a los mercados financieros. La norma debía permitir una mejora en los sistemas de control interno, con un menor volumen de reelaboraciones de estados financieros ante la existencia de menores errores administrativos y de gestión, lo que redundaría en la existencia de menores salvedades en los informes de auditoría. En alguna medida, es necesario considerar cómo la regulación y las actividades de supervisión deben asegurar que cada entidad aprecie los límites en los que puede operar, aunque no es una garantía total de éxito.

Siguiendo el análisis de Clark (2005), el contenido de la norma pretende resolver de una manera arrebatadora todos aquellos aspectos relacionados con la calidad informativa, así como la eficiencia operativa de las corporaciones empresariales, englobando un amplio conjunto de medidas bajo el paraguas de la denominada RSC, responsabilidad social corporativa.

En este sentido, los cambios más relevantes introducidos por la norma, en materia de buen gobierno corporativo —desde el punto de vista del presente trabajo—, se refieren a los procesos de auditoría y presentación de la información financiera, tratando de fijar las funciones de las auditoras, garantizando su independencia. La SOX da una relevancia añadida al significado de auditor. Considera que esta figura debe tener como responsabilidad adicional detectar y prevenir el uso no autorizado de los fondos de los inversores, convirtiéndose así en una pieza clave para acabar con posibles escándalos financieros. No solo debe informar acerca del cumplimiento de empresa en funcionamiento, sino que además debe ser capaz de velar por su respeto, haciendo uso de sus pruebas de auditoría para percibir hechos que perjudiquen los intereses de los accionistas.

La norma tiene como objetivo principal eliminar o reducir aquellas relaciones que puedan presionar, seducir o tentar a los auditores para que no actúen como diligentes y críticos controladores de las sociedades que son sus clientes (op. cit., 2005). Dentro de las múltiples alternativas de mecanismos que se enfocan a aumentar la disciplina de la actividad de los directivos, evitando la discrecionalidad en la toma de sus decisiones (Barbadillo, 2004), el código de conducta fijado por la SOX establece (sección 301) la creación obligatoria de comités de auditoría compuestos en su totalidad de directores independientes, así como el establecimiento de limitaciones a la realización de otras labores conexas a sus trabajos de supervisión.

Por otra parte, la literatura especializada aporta un volumen importante de evidencia que revela cómo la estructura interna del consejo, en especial la existencia de consejeros no ejecutivos, el tamaño del consejo y la creación de comisiones delegadas al consejo, puede mejorar las prácticas de gobierno de las empresas (op. cit., 2004). En esta línea, puede argumentarse que, desde un punto de vista teórico, la existencia de un contexto marcado por la asimetría informativa, la imperfecta observabilidad de la actuación de los directivos y los costes de formalización y ejecución de contratos en las relaciones de agencia de la empresa hacen necesaria la introducción de mecanismos de control con el objeto de minimizar los costes de agencia. La complementariedad de elementos de control también justifica la creación de este tipo de órganos.

La restricción de las labores que pueden realizar las empresas auditoras para sus clientes quedan justificadas por el deseo del regulador de aumentar la imagen de independencia del auditor en el ejercicio de su profesión. Para ello, la sección 201 que añade el §10A(g) a la Securities Exchange Act de 1934 prohíbe a los auditores externos proporcionar a los clientes a quienes auditan ciertos servicios ajenos a la función auditora: diseño de un sistema de información financiera y su implementación, servicios de auditoría interna, servicios de inversión bancaria, servicios legales y de expertos que no refieren directamente a auditoría, servicios de broker y labores actuariales.

Romano (2005) critica algunas de estas medidas, surgidas de una pretensión hiperreguladora, que en vez de solucionar una problemática previamente existente, crea obstáculos que no se corresponden con las prioridades establecidas aparte de los escándalos. Esta posición, que en algunos aspectos puede considerarse de correcta, no debe obviar cómo estas medidas intentan evitar la interferencia en la relación contractual que se configura entre auditores y auditados, cuando hay otros intereses que puedan entorpecer la objetividad del ejercicio de la auditoría.

Así mismo la norma centra sus esfuerzos en aumentar la transparencia informativa y el control interno de las entidades. Solicita una descripción de los requisitos de control interno que determina la ley, así como hacer un seguimiento de las labores de la auditoría interna, ya que esta determina los riesgos de la organización y por tanto la profundidad de las pruebas de auditoría. La nueva normativa se inspira en la creación de códigos de conducta que impidan la presencia de debilidades significativas en los sistemas de control interno. En particular, la Sección 404 establece la obligatoriedad de incorporar dentro del informe anual una declaración de la responsabilidad de la dirección sobre el establecimiento y mantenimiento de controles internos, así como las conclusiones sobre la efectividad de las herramientas de control fijadas. Requiere la emisión de dos nuevas opiniones por parte de los auditores mediante un informe específico sobre tales afirmaciones.

Por otra parte, el conjunto de medidas encaminadas a aumentar la eficiencia operativa de las organizaciones tiene su reflejo en la introducción de cambios en los aspectos relacionados con el consejo de administración. Las actuaciones de la SOX se centran en reducir los conflictos de interés o las presiones interpersonales, basándose en la idea de que el fracaso empresarial tenía relación con errores de diligencia, éticos y en las herramientas de control. Muchas de las reformas incluidas en la Ley Sarbanes-Oxley se dirigen a incrementar el poder de la junta general de accionistas —así como, en especial, el de los consejeros independientes— frente al consejo de administración (Bainbridge y Johnson, 2005). A este respecto, el plano existente de conflicto entre los diferentes actores de la cúpula directiva y el compuesto por los instrumentos a utilizar para solucionar el citado conflicto —independencia y transparencia—, deben ser conjugados adecuadamente, buscando limitar las posibilidades de corrupción en el terreno de la administración.

La problemática existente entre los órganos de la dirección se produce como consecuencia de que el consejo de administración asume tanto la función supervisora como la de administración y representación de la sociedad mediante el proceso de toma de decisiones, por lo que es una pieza principal en la actividad de la empresa. En principio, el consejo de administración tiene como prioridad maximizar los beneficios de los accionistas. En la práctica, por el contrario, se da a menudo el caso de que los directivos dirigen estas empresas con afán de lucro personal. Ello conduce a la posibilidad de que los inversores se hallen indefensos ante la posibilidad de fraude por parte del consejo de administración, ya que, o bien no disponen de acceso a la información necesaria para detectar cualquier tipo de actividad fraudulenta, o carecen de dispositivos que les permitan actuar y corregir el comportamiento erróneo de la dirección de la empresa. En este esquema, la independencia y la transparencia son dos conceptos de vital importancia para reducir el fraude.

En cuanto a la independencia, se hace preciso desarrollar una definición estricta de su significado operativo antes de poder aplicarlo a las diferentes figuras pertinentes. En este contexto, se introduciría el concepto de independencia como independencia directiva, por la que se imponen restricciones legales que limitan la pluriactividad de los cargos directivos. Esto significa que los miembros del consejo de administración no pueden estar involucrados profesionalmente en otros organismos tanto empresariales como benéficos, si estos tienen algún tipo de relación contractual con la empresa en la que trabajan como ejecutivos.

En cuanto a la transparencia, las medidas se refieren entre otros aspectos a los acuerdos fuera de balance, a la identificación por parte de las sociedades cotizadas de sus “políticas contables críticas”, al control de las operaciones vinculadas, o a las exigencias de documentación urgente para proporcionar rapidez en el proceso. En definitiva, se trata de aportar niveles informativos superiores a los requeridos por las normas contables, revelando información útil para la toma de decisiones por parte de los inversores. Además, su revelación introduce cierta disciplina a los órganos directivos, toda vez que asumen la responsabilidad sobre su veracidad. La utilización de informes complementarios al margen de las cuentas anuales es una de las vías para revelar tales datos al mercado.

Cambiando de Costa, al otro lado del Atlántico, la implantación por parte de la Unión Europea de disposiciones encaminadas a aumentar la eficiencia de su sistema financiero, con la incorporación de criterios de buen gobierno en el funcionamiento de los mercados, data de fechas anteriores a la publicación de la SOX. La Unión Europea era consciente de que el desarrollo de su sistema financiero había sido ineficiente desde sus orígenes, al tener que hacer frente a un sistema monetario diverso y a jurisdicciones que implantaban criterios normativos poco homogéneos (Comisión Europea, 1999). Por ello, el Consejo Europeo de Cardiff (1998) manifestó su interés(4) por mejorar el mercado único de servicios financieros, transmitiendo a la comisión la necesidad de estudiar las mejoras a introducir en el sistema. La Comunicación de la Comisión Aplicación del marco para los mercados financieros: plan de acción (PASF) (Comisión Europea, 1999) supuso un documento base para un futuro programa de trabajo. El mismo recogía como objetivo estratégico fundamentales la creación de un mercado mayorista único en la Unión Europea que permitiera tanto a inversores como a entidades emisoras de valores acceder a un mercado eficiente y sin obstáculos de acceso, en un clima de transparencia y seguridad jurídica que limitase la existencia de riesgos innecesarios.

Esta evolución normativa y política estuvo fuertemente influenciada por los lamentables escándalos financieros acaecidos en el transcurso de los trabajos. Por ello la Unión Europea tuvo que tomar en consideración la necesidad de desarrollar nuevos trabajos centrados específicamente en la mejora del derecho de sociedades y de la gobernanza empresarial. La Comunicación relativa a la responsabilidad social de las empresas(5) daba paso a la publicación de la Comunicación de la Comisión Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea-Un plan para avanzar (Comisión Europea, 2003), sobre la base de las conclusiones del Informe Winter(6). En la misma, se explican las razones por las cuales debía modernizarse el marco normativo referente al derecho de sociedades y a la gobernanza empresarial, estableciendo una serie de criterios rectores en la actuación futura. En este sentido, establecía literalmente la necesidad de respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, aceptando la diversidad de enfoques de los distintos Estados miembro, dotándose de una mayor flexibilidad en la aplicación de sus principios, con el objetivo de contribuir positivamente a la evolución de la normativa a nivel internacional, definiendo la Unión Europea su propio enfoque sobre la gobernanza empresarial.

La misma comunicación reconocía (op. cit., 2003: 5) cómo en muchos ámbitos, la Unión Europea comparte los mismos objetivos generales y principios que la SOX, y en algunos de ellos ya existen planteamientos normativos firmes, aunque todavía quedasen cambios por introducir. Los nuevos trabajos reconocían la necesidad de hacer frente a los recientes escándalos financieros que habían motivado un nuevo debate sobre el concepto de gobierno corporativo y al necesario restablecimiento de la confianza de los agentes del mercado, reclamando mayor transparencia y mejor información, esforzándose por ganar más influencia sobre la actuación de las sociedades. Se marcaba como objetivos principales el reforzamiento de los derechos de los accionistas y la protección de terceros, así como el incremento de la eficacia y la competitividad de las empresas. El conjunto de medidas seguía literalmente el camino norteamericano.

Desde un punto de vista legal, y pese a reconocer las divergencias en las normas nacionales de gobernanza empresarial, un estudio comparativo completo sobre los más de cuarenta códigos nacionales o internacionales de ámbito europeo publicados aconsejaba no dedicar tiempo ni esfuerzos a la elaboración de un código europeo de gobernanza empresarial(7). Se aconsejaba centrar sus esfuerzos en la limitación de los obstáculos a la participación o a las barreras a la información de los accionistas. Además se observaba cómo las principales divergencias se producían en el ámbito del derecho de sociedades, no en los criterios de gobernanza empresarial.

Por tanto, las actuaciones, la mayoría de las cuales ya han sido incorporadas a las disposiciones normativas, y siguen en sus criterios fundamentales a la norma norteamericana ya referenciada, debían ir encaminadas hacia los siguientes aspectos (en los que la transparencia adopta un papel imprescindible):

Mejora de la información sobre las prácticas de gobernanza empresarial: Este aspecto se debe exigir a las sociedades con cotización oficial que incluyeran en su información financiera periódica una declaración anual de gobernanza empresarial, complementado por información referente al papel desempeñado por los inversores institucionales. La creación del informe de gobierno corporativo es consecuencia de esta medida, sobre la base del Operating and Financial Review británico.

Refuerzo de los derechos de los accionistas: es, entre otros aspectos, acceso a la información reforzando su papel como órgano de gestión y supervisión de los administradores. Dada la dificultad de sistematizar tales propuestas en el ámbito legal, estas quedan habitualmente circunscritas a los códigos de buen gobierno.

Modernización del consejo de administración: consiste en establecer pautas para limitar la presencia de conflictos de intereses en los consejos de administración a través de criterios para la composición del consejo, remuneración de los administradores y responsabilidad de los mismos. Como en el caso anterior, dado su carácter interno a la organización, este conjunto de medidas se incorpora en códigos de “buena” conducta.

Coordinación de los esfuerzos de los Estados miembros para mejorar la gobernanza empresarial

El análisis de las propuestas nos permite evidenciar la preocupación por parte de la Unión Europea de mejorar las disposiciones normativas centradas en la gobernanza empresarial, pero adoptando una filosofía y una cultura legal diferente a las disposiciones establecidas en el ámbito norteamericano. Los esfuerzos legales comunitarios deberían centrarse en aspectos legales concretos, toda vez que los criterios de buen gobierno recogidos en numerosos códigos nacionales o internacionales de ámbito comunitario mostraban un elevado grado de convergencia real, por lo que no se adopta la postura de crear un código unificado a nivel de todos los Estados miembros. A este respecto no se debe dejar de considerar cómo la presencia de códigos de “Buen Gobierno” (Borrego y Frances, 2000) tienen como base la publicación del Informe Cadbury en Gran Bretaña (1992), seguido del Informe Hampbell (1998) como refundición del primero con los trabajos del Comité Greenbury.

A partir de estos códigos, casi todos los mercados han promovido sus “manuales” de buen gobierno, tomando como referente los trabajos del posterior Informe Winter. En este sentido, y dentro del ámbito de los diferentes países miembro, las soluciones a tales iniciativas han sido diversas (Wymeersch, 2005, Spanos, 2005, Abreu et ál., 2005, Longo, 2005). Se puede contar con países que incorporan los códigos de buen gobierno dentro de las recomendaciones emitidas por las comisiones de valores. Sus disposiciones adoptan la forma de meras recomendaciones o de requisitos obligatorios para poder formar parte de la lista de entidades cotizadas. En otras ocasiones, tales medidas son solo propuestas desde el ámbito profesional o académico con una aplicación limitada.

La tercera vía incorpora parte de las medidas al entramado legal (habitualmente comités de auditoría o transparencia informativa), haciendo referencia ocasional a los criterios de buen gobierno recogidos en códigos profesionales o recomendaciones del mercado. Muchas de las propuestas (Wymeesrsch, 2005) acuden a la técnica de “cumplir o informar”, estableciendo la obligatoriedad de las recomendaciones en base al perjuicio que puede ocasionar en la cotización de los valores de aquellas empresas que decidan no cumplir con ciertas medidas de gobernanza, y sobre las cuales informarán en base al principio de transparencia que se les impone. Esta forma de actuar permite respaldar las argumentaciones de Ribstein (2005) al afirmar cómo “hay razones para esperar que los mercados harán un mejor trabajo que los reguladores en su respuesta a los fraudes corporativos”.

A este respecto, y al margen de los códigos de conducta, especialmente destacable es la Comunicación de la Comisión La estrategia de la UE en materia de información financiera: el camino a seguir (Comisión Europea, 2000), con la que se pretende alcanzar una información financiera eficiente mediante la adopción de un cuerpo común de normas que garantice su aplicación efectiva. Fruto de esta estrategia es la publicación de los diferentes reglamentos comunitarios de adopción de las NIC/NIIF con la implantación del valor razonable como criterio de valoración. Así mismo, son destacables sobre el ámbito de la auditoría ciertos trabajos que culminan en fechas recientes con la publicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables.

Su elaboración se ha basado en la constatación de una falta de un planteamiento armonizado de la auditoría en el seno de la Unión Europea, que ha motivado la existencia de un mercado extremadamente heterogéneo y complejo. Esta situación chocaba de manera determinante con el objetivo de crear un sistema financiero eficiente, donde la figura del auditor es una pieza clave en la confianza que depositan inversores y acreedores en los diferentes agentes que intervienen en el mismo.

Los trabajos preliminares surgen en el año 1998 con la publicación de la Comunicación de la Comisión sobre la auditoría legal en la Unión Europea, el camino a seguir (DO C 143 de 8.5.1998) desde donde se propone la creación de un comité de auditoría que estudie la adopción de medidas para la mejora de la profesión. El 15 de noviembre se publica la Recomendación sobre el control de calidad de la auditoría legal en la Unión Europea: requisitos mínimos y el 16 de mayo de 2002 una Recomendación sobre la independencia de los auditores de cuentas en la Unión Europea: Principios fundamentales. Ambos documentos, base del tenor literal de la nueva directiva, establecían buen número de cautelas encaminadas a aumentar la independencia y reputación de los auditores en el ejercicio de su trabajo.

En concreto, y si se centra la atención en las disposiciones de la directiva, se puede resaltar las siguientes disposiciones:

Los auditores legales deben respetar las normas éticas más elevadas, sujetos a una ética profesional que abarque al menos su función de interés público, su integridad y objetividad, así como su competencia profesional y diligencia debida, teniendo como referencia al Código Ético del IFAC. En este sentido, la redacción de la norma establece cómo las auditorías legales deben realizarse sobre la base de las normas internacionales de auditoría (ISA), aceptadas de forma general a escala internacional como criterio armonizador.

Los auditores legales y las sociedades de auditoría deben ser independientes cuando realicen auditorías legales, debiendo abstenerse de participar en los procesos de toma de decisiones internos de la entidad auditada. Si el auditor constata la existencia de debilidades en el respeto de este principio, podrá abstenerse de realizar la auditoría correspondiente. Como medida de refuerzo se requiere un cambio o rotación de los principales socios auditores que operen con una entidad auditada, aclarando que esta rotación no afecta a la sociedad de auditoría sino a las personas relacionadas con los trabajos de revisión.

Los auditores legales y las sociedades de auditoría deben estar sujetos a un sistema de control de calidad que se organice de manera independiente de los auditores legales y de las sociedades de auditoría examinados. Para ello se deberán establecer las sanciones pertinentes que ayuden a prevenir y a corregir la inadecuada ejecución de una auditoría legal. En este sentido están obligados a llevar su trabajo con la diligencia debida, siendo responsables de los perjuicios financieros causados por su negligencia.

El auditor legal debe ser designado por la junta general de accionistas o miembros de la entidad auditada.

Los comités de auditoría y el establecimiento de sistemas de control interno ayudan a minimizar los riesgos financieros, operativos y de cumplimiento, y a aumentar la calidad de la información financiera. El establecimiento de comités de auditoría en el ámbito interno y de gestión es una de las vías adoptadas por los reguladores para aumentar la eficiencia en los trabajos de revisión, a la par que una garantía en la calidad de la información financiera revelada.

El contenido de la norma centra sus esfuerzos en reforzar la figura del auditor, dada la importancia que presenta para acrecentar la confianza de inversores en las entidades cotizadas o sometidas a revisión. Para ello adopta un conjunto de medidas de similar filosofía a lo marcado en el modelo norteamericano, salvo en lo referente a la responsabilidad. Este aspecto no es tratado en la directiva comunitaria, debido a la diversidad de desarrollos nacionales, que requiere de un estudio previo a la emisión de normas armonizadoras. A este respecto, la figura del auditor no asume un papel de investigador en busca de fraudes y errores y, por tanto, no tiene que ir más allá del contraste de la razonabilidad de los datos puestos a su disposición (Larriba, 2006). Por tanto, la auditoría no tiene como finalidad detectar incumplimientos normativos, sino que solo debe velar por la fiabilidad y la bondad de la información contable que se somete a su juicio profesional.

4. Conclusiones

La propuesta de utilizar la transparencia, que nos muestre la buena voluntad de las empresas, sobre la base de un principio de publicidad, ya fue sistematizada por Kant, al considerar que son injustas todas las acciones que se refieren al derecho de otros hombres cuyos principios no soportan ser publicados (García Marza, 2006).

La transparencia, dentro del seno de las disposiciones sobre responsabilidad corporativa o de buen gobierno, ha sido tratada desde diferentes puntos de vista. Por un lado, el aumento de las exigencias de datos a revelar por las entidades emisoras de valores a los mercados financieros asume que la transparencia es un elemento imprescindible para el buen funcionamiento del sistema financiero. La elaboración de informes complementarios, que aporten una visión dinámica de la actividad de la empresa en torno a actividades de gestión de riesgos, sobre operaciones vinculadas o sobre las actuaciones del consejo de administración, inducen a las empresas a tomar en consideración el cumplimiento o no de comportamientos eficientes y éticos en su actividad. La mayor oportunidad y relevancia de la información reportada al mercado debe reforzar las decisiones económicas de los inversores potenciales o actuales.

En esta situación, los auditores se convierten en una pieza imprescindible, velando por el cumplimiento de los criterios de transparencia, y en ocasiones por la bondad de las actuaciones empresariales. El reforzamiento de su figura como profesional busca garantizar su comportamiento ético e independiente respecto de la empresa auditada, lo que le permite formar una opinión libre sobre la situación real de la información financiera reportada al mercado y el cumplimiento del macroprincipio de imagen fiel. La exigencia de mayores responsabilidades, al menos desde el ámbito norteamericano, responde a un lógico “tirón de orejas” a los profesionales, exigiéndoles un papel protagonista en la percepción de fraudes empresariales, base de los escándalos antecedentes de la normativa SOX. Aspecto diferente será su capacidad para percibirlos, que solo podrá conseguirse empleando procedimientos de auditoría de mayor profundidad que involucre mayores costes.

Lamentablemente, desde un punto de vista teórico, existen pocos incentivos por parte de las empresas para revelar mayor información o de mejor calidad en sus cuentas anuales o información complementaria. Las empresas tienen ciertas limitaciones para valorar el beneficio que les puede reportar ser reveladoras o transparentes, más aun cuando los mercados financieros no reaccionan significativamente a algunos elementos de la información financiera. Por ello, solo un conjunto de disposiciones coercitivas incorporadas en la normativa mercantil o en las disposiciones de buen gobierno forzarán a la mayor transparencia de las empresas y de los mercados financieros, y por tanto a su eficiencia operativa. En este sentido el contrato moral que soportan las empresas respecto de la sociedad, con relación del buen gobierno de sus actuaciones, solo surge cuando las empresas son capaces de valorar los efectos positivos de la transparencia o cuando las disposiciones normativas así lo establecen.

En conclusión, parece que la intención hiperreguladora que criticaba Romano (2005) es una necesidad en sí misma, aunque no una garantía para alcanzar los objetivos marcados.

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(1) Sarbanes-Oxley Act 2002, Pub. L. Nº 107-204, 116 Stat. 745 (2002).

(2) A este respecto se recomienda la lectura del trabajo de Calzada (2006).

(3) Código de buen gobierno emitido por la Comisión Nacional del Mercado de Valores español, sobre la base de las disposiciones del Informe Winter comunitario.

(4) Punto 17. Conclusiones de la Presidencia. Consejo Europeo de Cardiff. 15-16 de junio de 1998.

(5) Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: una contribución empresarial al desarrollo sostenible, COM (2002) 347 de 02.07.2002.

(6) A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe, Report of the High Level Group of Company Law Experts, European Commission, Brussels, 4 November 2002, 161 p, reprinted in G. Ferrarini/K.J. Hopt/ J. Winter / E. Wymeersch, eds. Reforming Company and Takeover Law in Europe, Oxford, 2004.

(7) A este respecto se recomienda la lectura del Estudio comparativo sobre los códigos de gobernanza empresarial pertinentes para la Unión Europea y sus Estados miembros:

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