¿Hay oportunidades laborales para los desmovilizados?

Revista Nº 184 Jul.-Ago. 2014

Javier N. Rojas 

Especial para la revista Actualidad Laboral 

En la última década, el país ha experimentado giros cruciales en su política de confrontación a los grupos armados ilegales y en su estrategia para estimular la desmovilización individual y colectiva de las personas reclutadas como combatientes por aquellos. Ante estos cambios, las autoridades y la sociedad tratan de hallar una fórmula óptima y flexible encaminada a lograr que quienes abandonan las armas se reintegren de la mejor manera posible a la vida legal.

Según Juan Esteban Ugarriza, académico e investigador, desde el 2002 se han desmovilizado un poco más de 50.000 personas que integraron grupos armados ilegales de la guerrilla y de los paramilitares, pero solo alrededor de 32.000 están activas en el proceso de reintegración. Entre tanto, algunas estimaciones oficiales reconocen la existencia de unos 8.200 individuos que siguen formando parte de las agrupaciones guerrilleras FARC y ELN. Aclara, sin embargo, que no existen datos confiables sobre los denominados milicianos que prestan apoyo a esos grupos desde su condición de civiles.

En cuanto a la evolución de las iniciativas de reintegración de excombatientes a la sociedad, recuerda que, a finales del 2006, se creó la Alta Consejería para la Reintegración, la cual trató de “moderar los servicios” a los desmovilizados. Anota que en ese momento se comienza a poner énfasis en que los servicios provistos a esas personas fueran de tipo sicológico, social y económico y que, este último, fuese sostenible.

“Esto implicaba, también, una reducción de la cantidad de dinero que iban a estar recibiendo los desmovilizados, o sea, menos plata y más servicios de cobertura”, como seguridad social, asistencia sicológica y apoyo para la empleabilidad. “Ese fue un cambio importante, porque se dejó de atraer a esa gente con plata y se empezó a intentarlo con la rehabilitación social y con posibilidades de que ellos pudieran hacer la vida fuera del grupo armado”.

Mediante el Decreto 4138 del 2011, se creó la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), como unidad administrativa especial, adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Ugarriza afirma que esta nueva estructura fue “un intento por articular más el trabajo que se hacía con la población desmovilizada versus el tratamiento que se estaba haciendo con víctimas y con comunidades afectadas por el conflicto”.

Carlos Castrellón, profesional de la ACR, en el departamento del Huila, afirma que el proceso de reintegración comenzó a tener un tiempo límite a partir del 2011, puesto que antes no se le había establecido ninguno. Además asegura que:

“Quienes se ausentan del proceso de reintegración son, generalmente, personas que lo iniciaron en el 2003 y permanecieron hasta el 2008. Ellos fueron los primeros desmovilizados y, al parecer, toman esa decisión, porque consideran que se han reintegrado a la vida civil y ya tienen una vida productiva y familiar construida”.

En consecuencia, se evidencia que quienes llevan algunos años en la experiencia de la reintegración y están en una etapa avanzada son quienes pueden mostrar mayor inclinación a desvincularse de la iniciativa gubernamental. Acota que también “hemos llegado a tener casos de personas que llevan mucho tiempo en el proceso, pero no han avanzado significativamente”.

No considera plenamente positivo que algunos excombatientes de los grupos armados ilegales crean, por sí mismos, haber alcanzado las condiciones para reincorporarse a la sociedad y retirarse anticipadamente del proceso de reintegración, “porque eso podría ocasionarles la pérdida de los beneficios jurídicos. No llamaría benéfico que alguien se retire en cualquier fase del proceso”.

Sin embargo, reconoce que quizás esa apreciación subjetiva de los excombatientes represente “un buen síntoma del proceso”. En ciertas circunstancias, “las personas se empiezan a ausentar, especialmente aquellas que ya han organizado su vida y se han reintegrado, de cierta manera, a la vida civil. Pero no cumplir la totalidad del mismo, afecta la vida de las personas que han estado en este”.

La ACR ha diseñado un modelo mediante el cual se verifica que la persona haya desarrollado diversas cualidades durante su paso por la ruta de reintegración (etapas básica, intermedia y avanzada). “Hay unos procedimientos que se aplican para determinar, por ejemplo, si la persona tiene hábitos no saludables, si enfrenta problemas de dependencia del alcohol y, por lo tanto, no sería sujeto de la culminación del proceso”.

Igualmente, los excombatientes en curso de reintegración cuentan con el acompañamiento de un profesional reintegrador que se encarga de orientar “su proyecto de vida”, quien, a su vez, certifica y “nos comunica si la persona, efectivamente, ha desarrollado los atributos que le permiten volver a la vida civil”. En esas circunstancias, se empieza a seleccionar a quienes serían objeto de culminación.

De otro lado, en la Ley 1424 del 2010 se establece que deben realizar “un servicio social de 80 horas y nosotros debemos revisar que lo hagan o, de lo contrario, no podrán finiquitar formalmente el proceso. Entonces, tenemos varios filtros que nos permiten determinar si la persona está en condiciones de volver a la vida civil”.

Renacimiento legal

Cuando se logran todos los vistos buenos, se promulga un acto administrativo que la agencia les entrega a las personas que ya cumplieron con el proceso de reintegración. Tal acto tiene efectos reales ante los entes judiciales, porque mediante aquel se protocoliza que los sujetos reincorporados a la sociedad tienen unos beneficios jurídicos. Todos los excombatientes cuentan con expedientes judiciales abiertos en la Fiscalía General de la Nación y este organismo, en cualquier momento, puede verificar “si, efectivamente, cumplieron con el proceso de reintegración y ese documento lo confirma”.

Respecto a la eventual preferencia de los desmovilizados por poner en marcha un plan de negocios o buscar la vinculación laboral a una empresa, manifiesta que la decisión “depende de las características de las personas frente a estas dos posibilidades, incluso, hay una tercera: seguir adelante con una beca educativa e ingresar a una universidad”.

Explica que las personas pueden formarse para un determinado oficio en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y luego emplearse o tienen la posibilidad de capacitarse, en dicha institución, con el fin de convertirse en trabajadores independientes. Precisa que la ACR no ejerce ninguna influencia para que se elija una u otra opción. “Ellos, en la medida en que avanzan en su ruta, van descubriendo la vocación y, a partir de esa vivencia deciden, por sí mismos, un proyecto de vida”.

“Las personas que están en el proceso de reintegración proponen una idea de plan de negocio, la construyen y, en eso, el SENA es un aliado incondicional. Ellos inician su formación y como esta entidad tiene, entre sus proyectos, la formación de pequeños empresarios, los estimulan a lograrlo.

A continuación le presentan la propuesta de plan de negocio a la ACR, y “nosotros avalamos la idea, siempre y cuando esté dentro de la legalidad. Por ejemplo, no hablamos de ideas donde se apoye el mototaxismo, pero se pueden respaldar iniciativas de emprendimiento rural. Por ejemplo, un excombatiente que ya tenga una finca y solo le falten los insumos para ponerla a producir bienes agrícolas o pecuarios”.

Castrellón anota que los planes de negocio asociativos, es decir, de dos o tres participantes, tienden a ser exitosos en el Huila. “En la parte agrícola nos ha ido muy bien, sobre todo con el tema del café. El Huila es una zona cafetera, entonces, las personas en proceso de reintegración están incursionando en esa actividad”.

Respecto a la sostenibilidad de los proyectos agropecuarios, afirma: “Las personas que están en el proceso de reintegración en el Huila tienen una característica y es que son de procedencia campesina”, de modo que se adaptan a las propuestas que les permitan “desarrollar lo que venían haciendo antes de ingresar al grupo armado”.

En relación con el apoyo del sector privado anota que se trata de un ejercicio en el que se está empezando. “Precisamente, hace poco tiempo estuvimos en una rueda de empresarios, donde nos manifestaron que hay miedo de vincular a las personas que estuvieron en el proceso de reintegración”.

Sin embargo, continúa, “estamos empezando a sensibilizar a los empresarios del Huila para que las reciban, ya que la marginación es uno de los principales enemigos de esta iniciativa. Muchas personas están trabajando en empresas, pero no dicen que forman parte de la reintegración para que no los despidan. Buscamos, por lo menos, que sean tratados como ciudadanos comunes y corrientes, que no se les margine. Además, se les explica a los empresarios que las personas del proceso de reintegración tienen a un profesional del área social que realiza un acompañamiento a las vidas de esas personas”.

“Trabajamos muy de la mano con las autoridades regionales, incluso, la Policía Nacional nos acompaña en algunas actividades: tenemos asignado un padrino (policía) que se encarga, además del acompañamiento, de apoyar el ejercicio de ciudadanía de las personas que quieren volver a la vida civil”.

“Con las instituciones gubernamentales locales nos hemos articulado, principalmente, para el desarrollo de acciones de servicio social”, hasta que cada individuo del proceso sume 80 horas. “Buscamos que la sociedad los vuelva a recibir; ese también es uno de los objetivos del servicio social, la reconciliación, y en este aspecto hemos tenido un gran apoyo tanto de la gobernación como de los diferentes municipios del Huila donde se encuentran excombatientes en tránsito de reintegración”.

La ruta de reintegración es flexible para las mismas personas. “Por ejemplo, con los horarios tratamos de que las actividades que desarrollamos no afecten las jornadas laborales del proceso de reintegración”, explica.

De otro lado, “si en las regiones hay iniciativas que puedan modificar positivamente el proceso de reintegración, nosotros formulamos la propuesta a la dirección general de la ACR para que se adelante el estudio y se vea la posibilidad de realizar el cambio. Manejamos también cierta autonomía que nos permite, desde la región, hacer la reintegración”.

Para acoger las sugerencias de los excombatientes, orientadas a mejorar el modelo de reintegración, “estamos desarrollando un enfoque de ciudadanía que nos permite realizar una atención individualizada a las personas del proceso. En ese sentido, la agencia ha invertido mucho y ha mejorado en la medida en que los reintegradores de la ACR tienen asignada una menor población y esto les permite llevar a cabo” un acompañamiento más cercano a las personas y que, incluso, espera extenderse a los fines de semana.

Vida sin armas

Marina Pérez(1), excombatiente de un grupo guerrillero, permaneció allá durante un quinquenio, se desmovilizó hace cinco años e inició el proceso de reincorporación a la sociedad con la ACR. “Tomé la decisión de abandonar el grupo, porque me enteré de que mi familia se encontraba en una situación muy difícil y decidí venir a apoyarla”.

Explica que se vinculó al grupo armado a los 16 años de edad, por la “falta de oportunidades. También estaba muy joven, me fui siendo menor de edad. Entonces, le dicen a uno (los guerrilleros reclutadores) que no es ningún compromiso y uno se va muy joven, sin conocer bien la situación, sin conocer bien la realidad y, después, van cambiando las cosas. Pero era menor de edad y tenía un hogar muy complicado; mis papás ya se habían divorciado. Fue muy difícil, muy complicado”.

Comenta que el municipio del Huila, donde vivía en ese momento, solamente brindaba oportunidades laborales en el campo, “pero para uno que se quiere proyectar, que estaba estudiando, pues era complicado. Además, por las condiciones económicas de mis papás, no había la posibilidad de entrar a una universidad. Cuando me fui estaba terminando mi grado 11 en el colegio”. Al retornar a la vida civil, se graduó de bachiller en seis meses.

El proceso de reintegración tiene unos beneficios sustantivos y “el más importante es el jurídico, el hecho de que nosotros podamos estar dentro de la legalidad, de que no tengamos ningún tipo de antecedentes, porque venimos de grupos de izquierda. Entonces, quedamos sin antecedentes penales por ello. Como no hay órdenes de captura por delitos de lesa humanidad, todo queda al día”.

“Esa es la ventaja más grande, el hecho de tener nuestra libertad y de poder vincularnos a la vida civil de una manera legal. De ahí en adelante está la oportunidad que tenemos de formarnos para el trabajo en el SENA. A diferencia de muchas personas, que deben concursar, nosotros ya tenemos esos cupos. Yo estudié allí. Hice un curso para auxiliar contable y eso me abrió las puertas laborales. Ya culminé mi etapa de reintegración avanzada. Como tenía la ventaja de ser bachiller, duré cuatro años y medio en el proceso de reintegración para completar las tres etapas”.

Señala que la primera etapa de la ruta de reintegración es transcendental, “porque uno llega muy desubicado. Yo nunca había trabajado, entonces, el hecho de que haya un profesional sicosocial que oriente, que escuche, que dice cómo se debe llegar a una entrevista, cómo hacer una hoja de vida, cómo ir a afiliarse a seguridad social, cómo sacar la cedula de ciudadanía”, resulta muy positivo para “empezar a moverse en el mundo laboral y en la vida civil. Si se hace un buen proceso, en la primera etapa, lo demás va a ser más fácil”.

En lo personal, Pérez anhela más apoyo con el fin de materializar su aspiración de estudiar una carrera universitaria. Con relación al programa de reintegración de excombatientes de la ACR piensa que existen falencias, como en todas las instituciones, pero subraya un obstáculo: “Todavía estamos en medio del conflicto”.

En consecuencia, “se dificulta volver a los municipios y el hecho de que los muchachos se puedan vincular laboralmente se sale de las manos del proceso. Yo no tuve problemas, pero la mayoría de mis compañeros de reintegración tienen dificultades para vincularse laboralmente, por la falta de experiencia. Entonces, no es tanto un problema de la ACR como tal, sino de las mismas condiciones en las que se encuentra Colombia, en que hay una estigmatización grande hacia los desmovilizados. Pero hacer una política para vencerla es difícil y depende más de nosotros, las personas desmovilizadas, que de la misma gente”.

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Reconoce que el bajo nivel de escolaridad conduce a que “sea más demorado el proceso. La mayoría de los muchachos que pertenecen a los grupos armados ilegales son analfabetos” y han crecido en un ambiente rural “donde no hay municipios, no hay escuelas y no tienen un nivel académico formado. Eso hace que se dificulte y se demore más” su paso por la reintegración. “Sobre todo hay renuencia, de la gran mayoría, frente al estudio. Ellos dicen que no quieren estudiar, que no lo necesitan. Entonces prefieren trabajar en la informalidad”.

“En realidad, no se les creó ese hábito de estudiar. Quieren llegar aquí a hacer cursos de panadería, que no está mal, por supuesto, de construcción, que son las actividades en donde más se mueven las personas del proceso de reintegración. Son pocas las que se dedican a formarse académicamente o profesionalmente”.

“He compartido con muchos de ellos y dicen: ‘uno llega allá (al programa de formación para el trabajo) y siente que le hablan en chino’. En realidad llevan muchos años sin haber pasado por una escuela. Dicen que no se sienten en la capacidad de hacer toda la primaria, el bachillerato. Son muy negativos con el tema de la educación. Entonces, quieren hacer cosas más del ambiente rural, cosas rudimentarias”, asegura.

Pérez anota que su objetivo es hacer, también, unas horas de capacitación en el tema de ventas para montar una empresa de manera independiente. “Vendo accesorios para dama y para hombre y me gustaría formarme para crear mi propia unidad de negocio”.

Además, actualmente, “trabajo con una empresa de ingeniería, muy reconocida, como auxiliar contable, de tiempo completo y con todas las prestaciones de ley. Me siento muy contenta. Mi jefe sabe mi situación”. Lo puso al tanto de su condición “con el tiempo”, no se lo contó al momento de ser contratada, sino después, luego de ganar su confianza y, como consecuencia, “de las mismas dificultades y de situaciones que se fueron dando. Al final decidí contarle mi situación y, la verdad, no noté ningún cambio, ningún rechazo y todo siguió igual y eso me tiene muy contenta. Ojalá pueda durar mucho tiempo acá”.

Importancia de la discreción

Precisa que solamente su jefe conoce la verdad en la empresa y agrega, respecto a ella y a otros compañeros desmovilizados: “la mayoría hemos optado por que no se enteren de nuestra situación, por el mismo asunto de la estigmatización y el rechazo que hay hacia nosotros. Dicen las personas que de todas maneras uno ya viene con una formación en el tema de delinquir. Para la gente es muy difícil aceptar que queremos cambiar, que hemos tomado una decisión y que estamos dispuestos a meterle el hombro a la paz y a la legalidad. Es difícil que las personas crean esto, pero lo vamos a demostrar con el tiempo”.

En relación con las condiciones de vida que permite la remuneración con un salario mínimo en Colombia, argumenta que en “el grupo armado ilegal, en donde estaba, no nos pagaban ni mil pesos por lo que hacíamos.
Obviamente, nos daban lo necesario. Pero un salario mínimo es indigno, no cubre las necesidades básicas del ser humano. Sin embargo, todo está en el ingenio de la misma persona. O sea, yo me gano un salario mínimo, pero me rebusco por otro lado, vendiendo lociones. Uno debe tener también la iniciativa de hacerse la vida más fácil, porque es complicado esperar a que nos den y nos den”.

“Además, apenas terminé mi formación para el trabajo dejé de recibir apoyo económico de la ACR. Es difícil, pero vale la pena. Se gana un salario mínimo, pero tenemos la libertad de trabajar, de buscar otros recursos de manera legal, estamos libres”. Cree, en consecuencia, que sí se puede llevar a cabo la reintegración a pesar de que los salarios son bajos en el mercado laboral.

Frente a la eventualidad de reincidir en actos ilegales, espera que “eso jamás vuelva a suceder, porque no quisiera estar lejos de mi familia y dejar atrás todo lo que he logrado en estos años. Pienso que me asustaría mucho, mucho, el hecho de reincidir” en actividades al margen de la ley, pero esa posibilidad se podría materializar “por la inestabilidad jurídica” que pudiera sobrevenir, en algún momento, y “nos cambien las cosas y nos digan que no vale el proceso y que nos van a meter a la cárcel a todos por rebelión. Eso lo asustaría a uno mucho, el hecho de volver a perder la libertad”.

Pérez considera que “el sector privado cumple un papel fundamental en la construcción de la paz y en el camino de la construcción de una Colombia nueva, de posconflicto, porque si las personas desmovilizadas no encuentran esa posibilidad de vincularse laboralmente, pues sencillamente no van a tener nada más que hacer, o sea, va a haber una desocupación increíble y eso, en realidad”, va a contribuir a “aumentar el índice de delincuencia en la ciudad”.

“El sector privado tiene una carga sobre sus hombros y es la construcción de la paz para Colombia, es creer en esa paz y ellos pueden lograrla con solo darle una oportunidad a las personas reintegradas. No se trata de que contraten a 5 o 10 desmovilizados, con que le den la oportunidad de trabajar, en su empresa, a una persona desmovilizada, es un gran aporte a la paz. Además, la ACR siempre va a estar pendiente del proceso laboral de esas personas, no van a estar solos nunca”.

Por su parte, el investigador Juan Esteban Ugarriza considera que mediante la creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración se procuró integrar los “esfuerzos del Gobierno en la construcción de la paz y en aras de agruparlo todo bajo una misma sombrilla con el fin de que hubiera cierta coordinación y armonía y evitar “desfases o contradicciones”.

“El trabajo que se viene haciendo, sobre todo, muy juiciosamente, desde el 2006, le ha dado mucha información al Estado y a la comunidad internacional y, a la vez, ha permitido que se decante aquello que ha dado resultados satisfactorios”, sostiene Ugarriza.

“Veníamos de una experiencia anterior, cuando se intentó que los excombatientes desmovilizados de los años 1980 y 1990 se convirtieran en microempresarios o en trabajadores independientes. Eso fue bastante difícil, porque no todo el mundo puede ser empresario, porque es difícil o porque no todos tienen la capacidad o la vocación”.

Ahora “se ha procurado buscar alternativas distintas, a través de la ACR, a la de convertir a los desmovilizados en empresarios y darles su capital semilla con el fin de que creen su propia pequeña empresa haciendo convenios, por ejemplo, con el sector privado. El sector privado le da la oportunidad a la agencia de vincular algunas personas que estén más o menos entrenadas técnicamente para desarrollar labores y vemos esfuerzos muy valiosos, pero siguen siendo muy limitados”.

“Podría decir cuántos empleos se han generado, en el sector privado, al ayudar a personas que se han desmovilizado. Posiblemente estamos hablando, con suerte, de cientos de empleos. Cuando uno habla de centenas, en un universo de 50.000 personas, uno se cuestiona: qué hacemos para generarle oportunidades a los demás. Entonces, nuevamente caemos en la idea de intentar que algunos de ellos sean microempresarios y sabemos que, como funciona el mercado, la mayoría de iniciativas, usualmente, no prosperan en el mediano o el corto plazo”, sentencia el académico.

Por lo pronto, el país no tiene otra alternativa que mantener los esfuerzos por encontrar una ruta óptima y flexible de reintegración social de los excombatientes de los grupos armados ilegales que les facilite encontrar una forma de garantizar su autonomía económica y los aleje de la tentación de recaer en la ilegalidad.

(1)Nombre ficticio por petición de la fuente entrevistada.