“Hay que darle a los jueces andinos la importancia en la construcción de una comunidad de derecho”

Revista Nº 169 Ene.-Feb. 2012

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Los jueces de las instancias jurídicas nacionales y de los diferentes organismos latinoamericanos de integración deben ser reconocidos como pilares en la consolidación de una comunidad regional de derecho, asegura el presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, Ricardo Vigil Toledo, quien en entrevista con la Revista Impuestos pidió a los líderes políticos concederle prioridad a los mecanismos de solución de controversias al momento de crear organizaciones de unión regional.

REVISTA IMPUESTOS: ¿Cómo se vinculó a la Comunidad Andina de Naciones (CAN)?

Ricardo Vigil Toledo: Trabajaba en la secretaría general de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad) en Ginebra (Suiza);

era el jefe de legislación marítima y formulábamos los proyectos de legislación internacional en derecho marítimo comercial. En ese tiempo coexistía otro organismo: la Organización Marítima Internacional, que era absolutamente técnica. Estuve en la década de 1980 en la Unctad por un buen tiempo y fui en calidad de préstamo, a solicitud de la entonces Junta del Acuerdo de Cartagena a hacerme cargo del departamento de integración comercial en esa entidad. Estuve dos años ahí y trabajé en armonización y legislación marítima, en hipotecas navales, en embargo preventivo de buques y en la implementación del código de conducta. En ese tiempo Colombia era un gran impulsor de la Unctad. Terminé la misión en la Junta del Acuerdo de Cartagena y a continuación me reincorporé a las operaciones de paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Luego de haber dejado este organismo, me llamó quien entonces era secretario del Acuerdo de Cartagena, José Antonio García Belaunde, quien después fue canciller en Perú. Él me dijo que estaban convocando a un candidato de planta y ahí entré formalmente a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el 2002.

R. I.: ¿Cómo se creó el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina?

R. V. T.: La Comunidad Andina de Naciones (CAN) es un producto de Colombia, en la medida en que el impulso a la misma ha sido en todo momento de este país. El paso trascendental de una relación entre gobiernos a la supranacionalidad se dio con la constitución del Tribunal de Justicia de la CAN en Cartagena, en 1979, que es un mecanismo arbitral.

R. I.: ¿Qué efecto tuvo la creación del tribunal?

R. V. T.: Marca como el día y la noche, porque con este se introduce la supranacionalidad en la Comunidad Andina de Naciones y la pone a la par con la supranacionalidad de la Unión Europea. Aquel representa un gran logro.

R. I.: ¿Cuántos magistrados lo conforman?

R. V. T.: Cuatro; uno por cada país de los miembros que quedan. Si se presentara un empate en una decisión habría necesidad de convocar a un quinto magistrado. Pero esa situación no se ha presentado hasta ahora.

R. I.: ¿Qué destaca de la trayectoria de esta instancia judicial?

R. V. T.: Es uno de los tribunales más antiguos. Como nadie es profeta en su tierra, un grupo de investigadores estadounidenses ha reconocido que la labor del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en materia de propiedad intelectual, es un modelo en el mundo. Si se pudieran tomar en cuenta otros temas, aparte de este, podría ser un modelo de tribunal de justicia comunitaria en otras partes del mundo.

R. I.: ¿Hay confianza de los países para acudir al Tribunal de Justicia?

R. V. T.: Colombia, nuevamente, es el cliente principal del tribunal. En este país, el Consejo de Estado es un cliente al que le tenemos mucho afecto y hay muy buena relación con él. Muchos de los magistrados del tribunal provienen de ese Consejo de Estado. Hemos tratado de seguir trabajando de la mano con Mercosur y ver en qué forma se puede avanzar sin sacrificar las diferentes naturalezas jurídicas. Se han escuchado las propuestas de los países que conforman el Mercosur y las diferencias que hay entre ellos evidencian lo difícil que es dar un salto cualitativo como lo hizo la Comunidad Andina de Naciones para convertirse en una entidad supranacional.

R. I.: ¿Cómo puede evolucionar la integración subregional en Suramérica?

R. V. T.: La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) podría lograr lo que hizo la Asociación Europea de Libre Comercio con la Unión Europea (UE), que eran dos regímenes diferentes y acordaron la armonización, sin sacrificar su naturaleza jurídica. Creo que ese esquema debería ser adoptado en la relación del Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Comunidad Andina de Naciones (CAN).

R. I.: ¿Pero cree factible la integración de la CAN a Unasur?

R. V. T.: Unasur es en realidad un mandato presidencial. Hay que hacerle una revisión para ver la forma de conjugar una organización que es netamente intergubernamental con una supranacional como la CAN. Estoy dando las pautas con respecto a que esto podría ser analizado, pero eso lo definen los gobiernos y no los magistrados del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

R. I.: ¿Se podrían crear otros tribunales subregionales en Suramérica?

R. V. T.: No, creo que la armonización en los términos que he dicho es suficiente.

R. I.: ¿En qué consistiría exactamente esa armonización?

R. V. T.: La diferencia entre una entidad supranacional y otra intergubernamental está en el poder vinculante u obligatorio que tiene aquella. El Tribunal de Justicia, organismo supranacional, no tiene ninguna intención de dejar de serlo y ha marchado muy bien, como ha sido reconocido en todo el mundo. No creo que haya necesidad de cambiarlo. Más bien habría que enriquecerlo con el mecanismo que he sugerido: tomar en cuenta lo que pasó en Europa, donde se presentó el mismo problema entre la Asociación Europea de Libre Comercio y la Unión Europea. Ambas llegaron a un acuerdo según el cual hay un flujo de comunicación que, sin sacrificar la naturaleza jurídica de ambos, propende por la cooperación en torno a una norma común interpretada de manera uniforme.

R. I.: ¿Se requeriría crear algún tipo de apoyo institucional para esa cooperación?

R. V. T.: Eso sería una cuestión de implementación.

R. I.: ¿Qué opina de la instancia de la OMC para la solución de controversias?

R. V. T.: La Comunidad Andina de Naciones es un marco mucho más ambicioso, aunque sea mucho más pequeño que la Organización Mundial de Comercio (OMC), cuyo alcance es puramente comercial.

R. I.: ¿Qué mecanismos coercitivos tiene el Tribunal de Justicia?

R. V. T.: La forma de sancionar en la CAN está dada con una declaración de incumplimiento del país y este se somete a un proceso; puede ser sancionado con un procedimiento de recorte de las ventajas que otorga el Acuerdo de Cartagena. No hay multas.

R. I.: ¿Se ha buscado la integración judicial entre Mercosur y la CAN?

R. V. T.: Lo importante es el mecanismo de cooperación entre ambas organizaciones para cumplir con un mandato presidencial. En el caso de la Comunidad Andina de Naciones y Mercosur, lo han acordado y lo abordaron el 28 de julio del 2011 en la ciudad de Lima (Perú).

R. I.: ¿Los magistrados de los tribunales de justicia de la CAN y de Mercosur han intentado cooperar entre sí?

R. V. T.: La primera reunión de magistrados fue en el 2005, en Arequipa (Perú). En el 2010 se realizó la segunda en Cartagena (Colombia) y la tercera fue en Buenos Aires (Argentina) en octubre del 2011; esta fue la primera vez que se organizó en colaboración con el Mercosur y con la Corte Suprema de Justicia de Argentina. Es muy satisfactorio ver que hay un paso adelante, en el cual hemos compartido la idea de que podemos marchar lentamente hacia esa integración en términos realistas.

R. I.: ¿Qué puede resaltar del encuentro de magistrados del 2010?

R. V. T.: Se recuperó la agenda; se convino en que se trataran temas susceptibles de armonización como el de medio ambiente. Pero hay más asuntos: el de transporte multimodal, el de la hidrovía amazónica que une a Brasil, Colombia, Perú y Ecuador, y los mecanismos de propiedad intelectual. Todo es susceptible de ser armonizado. Y si en Argentina se tiene una interpretación determinada de patente, no será vinculante para nosotros (CAN), ni lo nuestro para ellos, pero sí será referencial. O sea que en realidad sería la convivencia de dos sistemas distintos.

R. I.: ¿Le reconoce liderazgo regional al Tribunal de Justicia de la CAN?

R. V. T.: Sí y además tiene un elemento de flexibilidad. Si yo como magistrado veo una opinión consultiva de Argentina sobre una misma norma y la comento con mis colegas, la convertimos en una sentencia del tribunal de la CAN. ¡Qué problema hay en eso! En realidad lo que se necesita establecer y siempre se ha olvidado en nuestros países es darles a los jueces la importancia que ellos tienen en la construcción de una comunidad de derecho.

R. I.: ¿Cree que se debe otorgar más importancia a los jueces andinos?

R. V. T.: En general, no solo a los jueces, porque no hacemos la ley. Los políticos deberían pensar en esa situación, pues crean organismos y dicen: hablaremos después del mecanismo de solución de controversias o será el que establece la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi). En cambio, cuando constituyeron la Unión Europea, Francia y Alemania dijeron: sin un tribunal esto no funciona.

R. I.: ¿Considera costoso recurrir a la justicia de la CAN?

R. V. T.: No, el nuestro es un tribunal que no cuesta mucho. La CAN, a diferencia del tribunal de la Unión Europea, es mucho más abierta para el acceso de los particulares. El modelo permite que lo use un natural de Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, quien tiene capacidad jurídica para entablar una acción de nulidad, no de incumplimiento. Hay una sentencia famosa en el tribunal concerniente a un ciudadano colombiano de apellido Moyano. En este caso el tribunal definió la competencia de la acción de nulidad para cualquier ciudadano nacional de uno de los países de la CAN. Y la rechazó cuando quiso adelantar una acción de incumplimiento, porque eso suponía la afectación de un derecho subjetivo, con lo cual tenía que acreditar que determinada norma o acto de un país le afectaba un derecho subjetivo. Será mucho más restrictivo el acceso a la acción de incumplimiento que a la de nulidad.

R. I.: ¿La proliferación de tratados de comercio en la región podría llevar a que la OMC desplazara al tribunal de la CAN?

R. V. T.: No creo, porque tenemos ventajas comparativas en un sistema uniforme de derecho civil, y un idioma y un pasado comunes.