Hay que redefinir la tutela sobre el derecho a la salud

Revista Nº 120 Nov.-Dic. 2003

Nelcy Paredes, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, analiza los efectos de la tutela en las finanzas de las EPS y el nuevo concepto de protección social.

Javier Rojas 

Especial para la Revista Actualidad Laboral 

La acción de tutela es un mecanismo válido para la protección de derechos fundamentales, pero se convierte en un abuso, cuando se utiliza para exigir derechos que no han sido adquiridos. Así lo sostuvo, en entrevista con ACTUALIDAD LABORAL, la vicepresidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), Nelcy Paredes.

La directiva también afirmó que el modelo de protección social permitirá que los gobiernos ejecuten, de manera coordinada, las estrategias de prevención, la atención rápida y el manejo de las secuelas de los problemas sociales del país.

Actualidad Laboral:Con la integración de los ministerios del Trabajo y de la Salud, ¿cómo se afectaron las EPS?

Nelcy Paredes: Pese a que el concepto de la protección social es de avanzada, aún es enredado su desarrollo. Desde el punto de vista operativo, el ministerio se volvió muy complejo. En este aspecto, existe una gran carga concentrada en pocas oficinas, situación que hace más difíciles los trámites. Además, como todavía no se conoce muy bien la división de tareas, no es fácil saber con quién se debe hablar. En temas puntuales, nos preocupa, por ejemplo, la carga de trabajo de la oficina jurídica y el represamiento de temas laborales, seguridad social en pensiones y riesgos profesionales. Sin embargo, creo que es parte del proceso de ajuste.

A. L.: ¿Qué beneficio esencial persigue el concepto de la protección social?

N. P.: Implica una mayor coordinación de la acción social de un gobierno acerca de cómo intervenir, de manera preventiva, en el tratamiento y en la atención de las secuelas de los problemas sociales que aquejan a una población.

A. L.: Desde el punto de vista financiero, ¿cómo están las EPS?

N. P.: En el régimen contributivo tenemos una vieja complicación: los recobros de tutelas y medicamentos por fuera del plan obligatorio de salud (POS). El problema de los recobros es que no operan de manera automática, pues el ministerio actúa como el pagador de los mismos y realiza la interventoría, analiza las cuentas, revisa la liquidación y paga. En la cancelación de esas cuentas, hemos tenido retrasos importantes, por dos razones: el establecimiento de medicamentos por fuera del POS y las tutelas que determinan prestaciones no cobijadas en el plan. En los últimos dos años, el incremento de estas irregularidades ha sido evidente.

A. L.: ¿Qué cifras se manejan?

N. P.: En este momento, el ministerio le está debiendo al régimen contributivo y al subsidiado cerca de 150.000 millones de pesos. Entre el 2000 y el 2001, el número de tutelas falladas contra el sistema aumentó en un 200%. Esta apremiante situación, es aún más grave si se tiene en cuenta que el sistema solamente se financia con los aportes de trabajadores y empleadores, los cuales son cada vez más escasos. De esos 150.000 millones, cerca del 40% corresponde a tutelas.

A. L.: ¿Era previsible que las personas recurrieran a la tutela para reclamar derechos como el de la salud?

N. P.: No estoy criticando la tutela. Me parece que es un mecanismo válido para la protección de derechos fundamentales, pero se convierte en un abuso, cuando se utiliza para exigir derechos no adquiridos. El 30% de las tutelas interpuestas es por una figura establecida en la Ley 100 de 1993, denominada períodos mínimos de cotización. Esto significa que para tener acceso al tratamiento de determinadas patologías, se debe haber cotizado mínimo dos años en el sistema. Eso tiene una justificación: si tengo acceso a las patologías de alto costo en el momento en que me afilio, pues no voy a tener incentivo para cumplir mis obligaciones con el sistema, porque cuando tenga la novedad catastrófica el sistema me paga. Así, simplemente me afiliaría al sistema por la cuota correspondiente a un salario mínimo para que me atendieran un tratamiento, por ejemplo, de 100 millones de pesos. Esto busca evitar la selección adversa que la gente aplica cuando existe un mecanismo de seguros.

A. L.: ¿Qué otro impacto negativo ha tenido la tutela?

N. P.: Un problema que comenzó a ser frecuente es la interposición de tutelas cuando la persona está en mora con el sistema. Los perjudicados son quienes pagan cumplidamente, tanto empresarios como trabajadores, y los recursos, que cada vez serán menores para atender muchos más enfermos. Así, en lugar de mejorar el servicio tendrán que disminuirlo para financiar a quienes utilizan el sistema, de manera irregular.

A. L.: ¿Qué propuesta han formulado las EPS frente este problema?

N. P.: Para evitar esos abusos, se debe regular claramente la protección del derecho a la vida, pero con cargo al esquema de financiación correspondiente. A una persona que no tiene ingresos para financiar su atención en el sistema, se le debe proteger el derecho a la vida, pero con los recursos que tiene el Estado, a través de los hospitales públicos.

A. L.: ¿En qué consiste el problema con los medicamentos?

N. P.: Otro gran porcentaje de sobrecostos para el sistema son los medicamentos y las prestaciones, tales como las prótesis, ubicados por fuera del POS. Existen algunos medicamentos que se deberían incluir en el POS, pero nos falta crear un mecanismo para analizar cuáles son. Esos estudios tienen que ser cuidadosos, pues los recursos son muy limitados. El año pasado, se hizo una actualización de medicamentos, pero fue parcial. Considero que una parte de esos medicamentos y procedimientos se pueden incluir, ajustando la unidad de pago por capitación (UPC, valor que se le paga a la EPS del Fondo de Solidaridad y Garantía, por cada afiliado). Sin embargo, una buena parte de los medicamentos y de las prestaciones, que si bien son tecnología nueva, cuentan con alternativas terapéuticas de menor costo, igualmente válidas.

A. L.: ¿Qué responsabilidad tiene la industria farmacéutica en esa situación?

N. P.: Esa industria encontró la manera de saltarse los límites del POS, a través de los comités técnicos científicos. Ellos les dicen que los medicamentos del POS no son buenos. Por su parte, el Estado no es capaz de insistir en que son de buena calidad y que sí sirven. Entonces, pesa más la propaganda de la industria farmacéutica que los conceptos del Estado. Si el médico le dice al paciente que el medicamento es malo, él le cree. El Estado no ha podido contrarrestar esa campaña negativa adelantada por los laboratorios a través de los médicos.

A. L.: ¿Qué proponen para enfrentar ese inconveniente?

N. P.: El Instituto de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos debe hacer una evaluación de la calidad de los medicamentos incluidos en el POS y decir pública y permanentemente que son buenos. Si considera que son malos, los debe sacar y mirar otra alternativa en el mercado para sustituirlos.

A. L.: ¿Cuál es el balance económico de las EPS?

N. P.: Las EPS todavía no llegan a un punto de equilibrio con respecto a las inversiones que hicieron en los primeros años, por todas las dificultades mencionadas. En un esquema de seguros, la demanda del servicio tiende a aumentar mucho. Eso lo estamos viviendo. Por eso, la UPC está muy baja para que asuma el costo del POS: el desequilibrio es del 4%. La UPC siempre ha estado rezagada, pues ni siquiera se ha reajustado con base en la inflación del sector salud. Nosotros proponemos un ajuste que remunere adecuadamente el costo. Salvo una compañía del sector de EPS, las demás están en un equilibrio muy preocupante.

A. L.: ¿Cómo va la redistribución de las enfermedades de alto costo concentradas en el seguro social?

N. P.: La carga de enfermedades de alto costo se concentra especialmente en aquellas de tipo renal. Las enfermedades de personas menores de 45 años están distribuidas en todas las EPS, pero las de mayores de 45 años continúan en el Seguro Social, porque a la gente le da miedo salirse de allí. Como esa entidad perdió afiliados sanos, entonces se quedó con una carga de personas enfermas, especialmente de insuficiencia renal crónica. En ese momento, el Gobierno ordenó la repartición de esa carga, la cual no se ha calculado en el POS y, por lo tanto, no está en la UPC. Eso va a tener un impacto enorme en las compañías este año.