“Hay que respetar las exenciones tributarias”

Revista Nº 125 Sep.-Oct. 2004

El Congreso no tiene responsabilidad directa en el déficit fiscal por no tener facultades de gasto.

Javier N. Rojas 

Especial para la Revista Impuestos 

Cualquier posibilidad de revisar las exenciones tributarias vigentes debe ser el resultado de un estudio serio, en donde se establezca cuidadosamente la conveniencia o no de su aplicación, pues las exenciones ya establecidas deben honrarse con seriedad.

Así piensa el senador Luis Guillermo Vélez, con larga trayectoria en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, quien en entrevista con la Revista Impuestos sostuvo que desde 1993 no se diseña una reforma tributaria apropiada para enfrentar el déficit fiscal de Colombia.

Revista Impuestos: ¿En qué momento de la historia reciente del país se agudizó el déficit fiscal?

Luis Guillermo Vélez: En 1974, el déficit fiscal era virtualmente inexistente, se calculaba en 0,5% del producto interno bruto, PIB. De ahí en adelante el país entró en un déficit crónico y creciente de cuenta corriente exterior (importar más de lo que se exporta), que fue la causa para el endeudamiento externo, tanto privado como público. Esa deuda externa creó unos costos inmensos, que se convirtieron en el principal peso del déficit fiscal. En la actualidad, de un presupuesto aproximado de 100 billones de pesos, 32 billones se destinan al mantenimiento de la deuda en general. A su vez, la deuda externa agudizó el déficit fiscal y alimentó el otro frente de endeudamiento: la deuda interna.

R.I.: ¿Qué responsabilidad tiene el Congreso?

L.G.V.: De manera directa, el Congreso no tiene alguna responsabilidad, pues esa corporación no tiene facultades de gasto y cualquier partida debe ser autorizada por el Ministro de Hacienda. Indirectamente, tendría la responsabilidad de no haber sido capaz de llamar la atención a la opinión pública a través de sus debates de control político.

R.I.: ¿Cuál ha sido la reforma tributaria mejor diseñada para enfrentar el déficit fiscal?

L.G.V.: Ninguna de las reformas que se han surtido después del año 1993 han sido diseñadas para enfrentar el déficit fiscal y su principal causante: la deuda pública. Todas ellas han sido propuestas para recoger los recursos de cada año. Son algo así como el cajero automático del que se vale el Gobierno para cuadrar el balance del respectivo año.

R.I.: ¿Cuáles deben ser los aspectos fundamentales de una reforma estructural?

L.G.V.: Las reformas estructurales no son propiamente medidas tributarias, sino que tienen efectos tributarios y fiscales, entre los que estarían la reestructuración de la deuda pública y la reforma de las pensiones. Esta última, en particular, no es un problema de ajustes tributarios, es un asunto de la reforma de las propias pensiones, para que no haya mesadas con más de 25 salarios mínimos, las convenciones colectivas no excedan la ley de pensiones, las jubilaciones no se concedan con menos de 55 años y se acabe la mesada catorce hacia el futuro. Se habla mucho de una reforma estructural, pero algunos temas, como las pensiones, la deuda pública y las transferencias, son problemas distintos, no son tributarios.

R.I.: ¿Quiénes deben ser los partícipes en esas reformas?

L.G.V.: En relación con la deuda pública, debe jugar un papel destacado el Banco de la República, prepagando créditos externos caros con sus excedentes de reservas, y el Gobierno, suspendiendo, así sea en forma gradual, la emisión de bonos “Yanquis” (captaciones de crédito en el exterior pagando tasas de interés en dólares) y revisando la estructura de los títulos del tesoro, TES.

R.I.: ¿Qué circunstancias justifican ese afán por la deuda pública?

L.G.V.: Si se tiene una situación como la actual, con abundancia de dólares baratos, y un excedente de reservas internacionales en manos del Banco de la República, porque está permanentemente comprando dólares en la calle, a base de pura emisión monetaria, pues lo que se impone es el prepago de la deuda. Si se toman 5.000 millones de dólares, que corresponde al estimativo de los excedentes del emisor, y se prepaga la deuda cara, por ejemplo, los bonos “Yanquis”, por los que se están pagando intereses por arriba del 12% anual en dólares, se puede ahorrar un billón y medio de pesos en pago de intereses.

R.I.: ¿Existe ambiente político para las reformas de que habla?

L.G.V.: Hay ambiente político. Lo que tal vez no existe es buena voluntad en los equipos técnicos del gobierno.

R.I.: ¿La restricción de las transferencias a las regiones significaría un alivio del déficit?

L.G.V.: La reforma de las transferencias a los territorios es considerada como estructural. Creo que no trae algún beneficio, porque al fin y al cabo se supone que esos dineros se invierten en servicios básicos de salud, educación, protección ambiental y atención de servicios, como agua potable. Tal vez lo que requieren las transferencias es un buen mecanismo de control, pero de nada serviría retener esos dineros en la Nación, para que esta directamente atienda esas competencias.

R.I.: ¿Cuáles cree que son las principales fallas del sistema tributario del país?

L.G.V.: La principal falla del sistema tributario está en que no puede capturar un porcentaje muy alto de información y el consiguiente recaudo de la actividad económica del país. Esto sucede por falta de tecnología y también porque las grandes actividades subterráneas, como el contrabando y su contrapartida, el lavado de activos, no pagan impuestos.

R.I.: ¿Cree que la estructura de la administración de impuestos se adecua a las necesidades del país?

L.G.V.: No. En el caso particular de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, se puede decir que está preparada para presionar a quien ya paga impuestos y no para captar nuevos contribuyentes que tienen obligaciones con el fisco y que ni siquiera están registrados. Estamos a la expectativa de los resultados del plan Muisca.

R.I.: ¿Cuál es su concepto sobre las exenciones tributarias?

L.G.V.: En la supresión de las exenciones hay que ser muy cuidadosos, pensar sin ligereza. Todas las exenciones tienen razón de ser. El problema es no ser demasiado generosos cuando se imponen; pero una vez establecidas hay que respetarlas, porque de lo contrario sería engañar a la gente. En Colombia, permanentemente, se montan grandes proyectos siguiendo los parámetros de las exenciones tributarias. Buenas o malas, eso se debe juzgar en el momento de crearlas, pero levantarlas antes de tiempo es absurdo.

R.I.: ¿Qué impacto tiene la revaluación en relación con los ingresos de la Nación?

L.G.V.: La revaluación del dólar, que es muy mala para el dinamismo exportador, es muy buena para la deuda pública. Por ejemplo, este año se van a pagar 650.000 millones de pesos menos de intereses.

R.I.: ¿Cómo ve la reforma tributaria que se avecina?

L.G.V.: Bajar el impuesto de renta y subir el impuesto al valor agregado, como propone actualmente el gobierno para la próxima reforma tributaria, no es una reforma estructural, sino una propuesta inequitativa, regresiva y que no le sirve en las negociaciones del tratado de libre comercio con EEUU.