Implicaciones de la reforma tributaria en materia sancionatoria de precios de transferencia

Revista Nº 164 Mar.-Abr. 2011

Bibiana Buitrago Duarte 

Gerente de impuestos y servicios legales 

Natalia Rojas García 

Senior de impuestos y servicios legales 

La Ley 1430 del 2010, aprobada recientemente por el Congreso de la República, contempla la modificación de las sanciones vigentes por el incumplimiento de los deberes formales asociados a la documentación comprobatoria y a la declaración informativa de precios de transferencia. Dicha modificación consiste en reducir el tope máximo que ascendía a 39.000 unidades de valor tributario, ($ 980.148.000 valor año 2011), cifra desproporcionada para una obligación formal que en sí misma no involucra el pago de un impuesto.

El nuevo límite que se propone en la reforma está segmentado de acuerdo con la obligación formal, estableciendo:

• Una sanción máxima de 20.000 UVT ($ 502.640.000 valor año 2011), en caso de no presentación de la documentación comprobatoria.

• En lo que se refiere a la declaración informativa, la reforma plantea un tope máximo de 20.000 UVT ($ 502.640.000 valor año 2011).

• Una sanción máxima de 15.000 UVT ($ 376.980.000 valor año 2011) en caso de extemporaneidad o inexactitud de la documentación comprobatoria.

Las sanciones relacionadas con este régimen se calculan como un 1% de las operaciones anuales con empresas vinculadas por mes o fracción de mes en que se incurra en la infracción.

La reducción del tope es bastante significativa y podría beneficiar a empresas que realizan operaciones con vinculados económicos por encima de los $ 4.000.000.000 anuales y que, con el límite anterior, muchas veces debían asumir la sanción de las 39.000 UVT en caso de incurrir en alguna de las infracciones establecidas en el régimen.

Sin embargo, esta realidad no corresponde a la generalidad de los contribuyentes inmersos en el régimen de precios de transferencia. En el mismo, se ubican empresas con eminente vocación exportadora y con ingresos que, en numerosas ocasiones, pueden ser equivalentes a las operaciones que realizan con vinculados económicos del exterior, ya sea por una asignación específica de funciones dentro de un grupo económico o porque el cliente principal está domiciliado en el exterior —caso en el cual la compañía es sujeto de precios de transferencia en razón de la causal de vinculación establecida en las normas relativas al IVA del estatuto tributario(1)—.

Así las cosas, muchos de los contribuyentes obligados a la presentación de la declaración y la documentación comprobatoria, no tendrían un impacto significativo respecto de la reducción. En varios casos, se ha podido evidenciar que el monto de la sanción por extemporaneidad, aunque no sobrepasa el límite que propone la reforma, es altamente gravoso e inequitativo, si se analiza como porcentaje del patrimonio e ingreso de las empresas.

Bajo el siguiente esquema:

 

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Como se puede ver, estas sanciones tienen un impacto significativo dentro de dos rubros financieros importantes de la empresa. La causación de estas sanciones va en contravía de la estructura de capital de la compañía, puesto que se basa en operaciones que en muchos casos pueden llegar a ser de mayor cuantía que el patrimonio, incluso cuando se trata de un retraso inferior a un mes.

En un ejemplo práctico, una empresa mediana de exportaciones que haya realizado operaciones comerciales por $ 2.500.000.000 (que correspondan a más del 50% de sus operaciones totales) con una misma empresa en el exterior, en caso de no cumplir los requerimientos de este régimen, tendría una multa por mes o fracción de mes de $ 25.000.000. Esta obligación, de no ser identificada y resuelta a tiempo, en pocos meses, incluso sin llegar al límite establecido, se constituiría en una suma muy representativa en relación con sus ingresos e incluso en relación con su patrimonio.

Ahora bien, puesto que con la adopción de las reglas de precios de transferencia se busca uniformidad en las reglas de juego para las transacciones entre empresas relacionadas y un consenso impositivo para las inversiones foráneas, se considera pertinente analizar las sanciones máximas aplicadas en los casos de incumplimiento de deberes formales.

En Colombia, una sanción aproximada de USD$ 253.804 significa un monto hasta siete veces mayor que el establecido en Perú, país que cuenta con grado de inversión y que se ha convertido en epicentro de la actividad económica en la región. Por su parte, México tiene una sanción 16 veces menor que Colombia, es de resaltar que en América Latina este país es el que cuenta con el sistema más evolucionado y que además de hacer parte de la OCDE, lo cual le ha permitido estructurar una política de precios que va más allá de los trámites y se enfoca en la esencia de precios de transferencia: la determinación correcta del impuesto sobre la renta bajo la ocurrencia de operaciones entre partes vinculadas.

En virtud de lo anteriormente expuesto, si bien se propone una mejoría en el régimen sancionatorio de precios de transferencia, se considera que la misma no es suficiente para evitar inequidades del sistema tributario sobre el sector productivo y que tampoco contribuye a crear un mejor ambiente de inversión, en especial si se tiene en cuenta el manejo que han estructurado otros países de la región.

(1) Estatuto tributario, artículo 450: “Se considera que existe vinculación económica en los siguientes casos: (...) 9. Cuando el productor venda a una misma empresa o a empresas vinculadas entre sí, el cincuenta por ciento (50%) o más de su producción, evento en el cual cada una de las empresas se considera vinculada económica”.

(2) La modelación de este ejemplo se basa en información financiera real que corresponde a operaciones efectivamente realizadas durante el año gravable 2010 por compañías que están sujetas al régimen, los nombres de las compañías fuente del análisis han sido omitidos por confidencialidad.