Improvisación con el IVA en la frontera

Revista Nº 192 Nov.-Dic. 2015

Humberto Aníbal Restrepo Vélez  

Abogado tributarista

Es de público conocimiento que a raíz de las dificultades presentadas en la frontera con la República Bolivariana de Venezuela y al amparo del artículo 215 de la Constitución Política, el Gobierno Nacional decretó la emergencia económica, social y ecológica en algunos municipios de los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Boyacá, Arauca, Vichada y Guainía (D. 1770/2015), fundamento que sirvió de sustento para la posterior expedición del Decreto Legislativo 1818 del 15 de septiembre del 2015, mediante el cual se adoptaron medidas tributarias transitorias para estimular la actividad económica y conjurar la crisis económica, humanitaria y social en la región.

Esta medida consistió en consagrar la exención del IVA —sin derecho a devolución y/o compensación—, para las ventas de alimentos, calzado, prendas de vestir, materiales de construcción, electrodomésticos y gasodomésticos, realizadas tanto en los municipios señalados de manera taxativa en la norma, como para las efectuadas desde el resto del territorio nacional con destino a los mismos.

En términos generales, las reglas impuestas por el legislador excepcional para consagrar el beneficio fueron las siguientes: i) La venta desde el resto del territorio debe ser a responsables del régimen común del IVA, inscritos en el RUT, que a 15 de septiembre del 2015 estén domiciliados o tengan establecimiento de comercio en cualquiera de los municipios afectados, ii) las ventas en los municipios afectados deben ser realizadas por responsables del régimen común del IVA, inscritos en el RUT, que a 15 de septiembre del 2015 estén domiciliados o tengan establecimiento de comercio en ellos; iii) La factura de venta se debe expedir sin IVA y en ella se debe colocar un sello que indique: “Bienes exentos - Decreto 1818 de 2015”; iv) La exención del IVA empezó a operar desde el 15 de septiembre del 2015 y rige hasta el 31 de diciembre del mismo año, fecha última en la cual no solo se debe facturar sin IVA, sino que se debe realizar la entrega de los bienes; v) Para efectos de control tributario, se requiere que la dirección que figure en la factura de venta corresponda a alguno de los municipios afectados, pero adicionalmente —en caso de ventas desde el resto del territorio— se debe verificar y exigir que la dirección sea la misma del despacho, conforme a la guía respectiva; y vi) Se debe rendir a la DIAN un informe fiscal de ventas, con corte a 30 de septiembre, 31 de octubre, 30 de noviembre y 31 de diciembre del 2015, en los cinco (5) primeros días del mes siguiente, en el que se presente una relación detallada de las facturas que soportan las ventas exentas.

Sin embargo, la improvisación no se hizo esperar y nuevamente se persiste en el error de conceder tratamientos preferenciales a una denominación genérica de bienes —cuya definición es necesaria pero no suficiente—, lo que se presta para todo tipo de interpretaciones que dificultan la identificación, en vez de acudir a la clasificación arancelaria que ofrece mayor certeza en este aspecto.

A pesar de tratarse de una disposición con fuerza de ley, la contundente restricción de la exención por la venta desde el resto del territorio nacional referida solo a la realizada a responsables del IVA inscritos en el régimen común (D. 1818/2015, art. 1º, par. 3º), fue eliminada de tajo por la DIAN a manera de doctrina oficial mediante el Concepto Unificado 27030 del 29 de septiembre del 2015, aduciendo el desarrollo constitucional que ha tenido el principio de igualdad, para ampliar el alcance de la medida a las ventas realizadas a los responsables del régimen simplificado, interpretación que no alcanzó para cubrir estas ventas a los consumidores directos no inscritos en el RUT, verdaderos beneficiarios de la medida.

Por su parte, la Resolución 105 del 5 de octubre del 2015 de la DIAN —so pretexto de fijar las especificaciones técnicas de la información que deben suministrar los vendedores—, no tuvo ningún reparo en desconocer el apretado plazo fijado en el decreto legislativo, para redistribuir por fuera del mismo el cumplimiento de esta obligación formal con base en el último dígito del NIT, además de modificar y ampliar el contenido de la información requerida por la norma.

Ignorando la naturaleza del IVA como gravamen indirecto —cuyo tratamiento preferencial en este caso beneficia únicamente al consumidor final de los bienes—, se contempla de manera expresa la pérdida del beneficio por el incumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas, lo que perjudica al productor y/o vendedor que, además de asumir la carga que le implica no facturar y cobrar el IVA por la operación realizada, deberá responder no solo por el impuesto dejado de facturar y cobrar, la sanción por inexactitud correspondiente e incluso las sanciones penales a que haya lugar (D. 1818, art. 5º), sino que, si la información que suministre a la DIAN presenta errores o es extemporánea, será sancionado adicionalmente conforme a las previsiones del artículo 651 del estatuto tributario (Res. 105/2015, art. 4º).