Improvisación con el RUT

Revista Nº 181 Ene.-Feb. 2014

Humberto Aníbal Restrepo Vélez 

Abogado tributarista 

Mientras se estaba a la espera de que el Gobierno Nacional cumpliera con la orden dada por el artículo 16 de la Ley 1607 del 2012, en el sentido de reglamentar la identificación de las personas naturales mediante el número de identificación de seguridad social (NISS) como uno de los elementos del registro único tributario (RUT), solo fue expedido el Decreto 2460 del 7 de noviembre del 2013 con el fin de suprimir y/o reformar requisitos y procedimientos innecesarios relacionados con este registro.

Reiteramos que uno de los elementos que integran el RUT —aparte de la ubicación y la clasificación— es el de identificación, que por prescripción legal se cumple para las personas naturales “… mediante el Número de Identificación de Seguridad Social (NISS) el cual estará conformado por el número de la cédula de ciudadanía, o el que haga sus veces, adicionado por un código alfanumérico asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales…” (E.T., art. 555-1, par., en los términos en que fuera adicionado por el artículo 16 de la Ley 1607 del 2012).

Este capricho legislativo va mas allá de reemplazar el tradicional concepto de número de identificación tributaria (NIT), concebido inicialmente por el artículo 555-1 del estatuto tributario también para las personas naturales, al punto que, es explícito en condicionar que la actualización del RUT de dichas personas se realice a través del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS).

Ahora bien, el Decreto 2460 del 2013 que de contera pretende unificar la reglamentación expedida en materia del RUT, poco se ocupa del tema, salvo para desconocer en forma abrupta la previsión legal citada, pues al definir el elemento de identificación de las personas naturales, si bien lo desliga del concepto de NIT —manteniéndolo para las personas jurídicas y asimiladas—, crea sin ninguna autorización una especie de híbrido que contiene el número del documento de identificación, distinto del NIT y muy lejano a la noción legal del NISS que debe incluir un código alfanumérico asignado por la DIAN, entidad encargada de administrar el RUT. En efecto, señala el artículo 4º de esta norma que “La identificación de las personas naturales está conformada por los nombres y apellidos, tipo y número de documento de identificación, fecha y lugar de expedición del documento de identificación o el que haga sus veces, fecha y lugar de nacimiento, y el número de identificación tributaria otorgado en el exterior para los extranjeros que lo posean”.

Otro tanto sucede con el hecho de que esta disposición nada hace por facilitar el cumplimiento de la decisión inequívoca del legislador de encausar la actualización del RUT a través del SGSSS, para considerarlo simplemente como una posibilidad sujeta a la celebración de los respectivos convenios con el Ministerio de Salud y Protección Social (D.R. 2460/2013, art. 14, par.)

Acorde con las previsiones del artículo 555-2 del estatuto tributario, la nueva reglamentación se encarga de los procedimientos de inscripción voluntaria y de oficio, su formalización, así como de la actualización —aún de oficio—, la suspensión y cancelación del RUT, el señalamiento de los grupos de obligados, la verificación de la información suministrada y la solicitud de información a terceros, entre otras, derogando de manera expresa toda la reglamentación anterior, e incluso —en abierta violación a la técnica jurídica— una resolución de la DIAN que se ocupaba de algunos aspectos relacionados con estos trámites (sic).

No se puede desconocer que la norma acierta al suprimir requisitos innecesarios que venían siendo exigidos en el proceso de formalización de la inscripción en el RUT, como los recibos de los servicios públicos domiciliarios, el boletín de nomenclatura catastral y la declaración o recibo de pago del impuesto predial, y a que en buena hora limitó la posibilidad de aplicar la figura de la suspensión de la inscripción de los obligados al hecho de que se compruebe mediante visita que la dirección informada no existe o no sea posible ubicar al contribuyente en el domicilio informado (D.R. 2460/2013, art. 11), o como consecuencia de la declaratoria de proveedores o exportadores ficticios (D. 2460/2013, art. 15, par. 1º).

Sin embargo, si la intención gubernamental fue ejercer la potestad reglamentaria con fines de unificación de las disposiciones en materia del RUT, el decreto expedido se debió ajustar al parámetro que le impuso el artículo 16 de la Ley 1607 del 2012 en relación con la forma como opera para estos efectos la identificación de las personas naturales, sin hacerle el quite al mandato de implementar el código alfanumérico que debe ser asignado por la DIAN para complementar el NISS y a la obligación de actualizar el RUT a través del SGSSS.

Otra cosa es que el repentino desgano para facilitar la aplicación de la ley, provenga de la improvisación con la que se materializó la voluntad del legislador.