Impuesto al consumo de bolsas plásticas

¿abuso del derecho?

HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ

Abogado tributarista

Bajo la loable pretensión de desincentivar el consumo de bolsas plásticas —por su efecto negativo sobre el medio ambiente—, la reforma tributaria estructural consagró el impuesto nacional al consumo de bolsas plásticas, adicionando al estatuto tributario los artículos 512-15 y 512-16 (L. 1819/2016, arts. 207 y 208), que gravan la entrega de esta forma de empaque si la finalidad del consumidor es cargar o llevar los productos adquiridos en los establecimientos comerciales que las suministren.

Los responsables del impuesto son las personas naturales o jurídicas que perteneciendo al régimen común del IVA hagan entrega, a cualquier título y con la finalidad anotada, de bolsas pláticas al consumidor; mientras que el sujeto pasivo es la persona que opta por recibirlas, incluyendo las entregas a domicilio. A su turno, el impuesto se causa al momento de la entrega de la bolsa y, tanto el número de bolsas como el valor del impuesto causado, deberán constar en la correspondiente factura de venta o documento equivalente.

Al margen de la discusión acerca de si con esta medida se logra o no el objetivo propuesto, lo cierto es que la implementación del impuesto se ha venido cumpliendo desde el 1º de julio del 2017 —fecha fijada por el legislador para su entrada en vigencia—, pese a la falta de reglamentación por parte del Gobierno Nacional.

En efecto, al menos dos de los elementos que estructuran la obligación tributaria sustancial, esto es, el hecho generador y la tarifa, pese a estar determinados por el legislador, no han sido definidos por el reglamento en los precisos términos que lo dispuso la disposición legal, así: i) la norma prevé supuestos fácticos que limitan la realización del hecho imponible, al establecer la no sujeción del tributo, entre otros, por la entrega de bolsas biodegradables certificadas por Minambiente, según la reglamentación que se expida, y por la entrega de bolsas reutilizables conforme al reglamento; y ii) se contempla una tarifa diferencial para las bolsas plásticas que ofrezcan soluciones ambientales, según el nivel de impacto al medio ambiente y a la salud pública, acorde con la reglamentación que se expida.

Hasta el momento solo se cuenta con las definiciones que el organismo rector de la gestión del medio ambiente, como ente regulador, había hecho con anterioridad acerca de las nociones de bolsa plástica, entendida como la fabricada “… a partir de resinas plásticas, como componente estructural principal de la bolsa”, de bolsa biodegradable si es fabricada “… con materiales que permiten la transformación, principalmente en materia orgánica, agua y dióxido de carbono, del total del material en que están fabricadas, por la acción de microorganismos tales como bacterias, hongos y algas, en un plazo máximo de seis (6) meses, que facilite el desarrollo de procesos de estabilización de la materia orgánica, en conjunto con otros residuos biodegradables” y de bolsa reutilizable, como aquella “… cuyas características técnicas y mecánicas permiten ser usadas varias veces, sin que para ello requieran procesos de transformación” (Minambiente, Res. 668/2016), lo que dista mucho de la reglamentación esperada y exigida por la ley.

Así las cosas, la falta de definición de elementos básicos de la estructura de la obligación, impedía el cumplimiento del mandato legal sobre la ejecución de la medida, por lo que la instrucción impartida por la DIAN a través de su portal en la web, en el sentido de confirmar su plena aplicación desde el 1º de julio del 2017, aun sin reglamentar, y la apresurada habilitación del formulario 310 del impuesto nacional al consumo para efectuar su declaración y pago, se traducen en un verdadero abuso del derecho a cargo de la administración tributaria.

Y qué decir de las dificultades prácticas que se presentan al momento del pago en efectivo del impuesto —que para el año 2017 es de veinte pesos ($ 20) por bolsa plástica recibida—, relacionadas con la falta de circulante de monedas de denominación inferior a cincuenta pesos ($ 50) que impiden el pago exacto del impuesto o la devolución del exceso por parte del responsable, lo que se traduce en que el comerciante termina por asumir el costo del tributo, hecho que desnaturaliza la finalidad que persigue la norma de desincentivar el consumo de las bolsas, o, peor aún, que se quede con el excedente, configurando un enriquecimiento sin causa a su favor, situación que se verá agravada en las vigencias posteriores ante el espíritu alcabalero que inspiró el hecho de ordenar la actualización anual de la tarifa establecida para cada año con el IPC certificado por el DANE a 30 de noviembre anterior, aproximándola al peso más cercano (E.T., art. 512-15), con lo cual la tarifa del año 2018 por ejemplo, prevista inicialmente en treinta pesos ($ 30), según las proyecciones de inflación quedaría en el rango final entre treinta y un pesos (31) y treinta y dos pesos ($ 32) —sic—.

Pasamos entonces de la improvisación que ha caracterizado a las últimas administraciones tributarias, al terreno de la irresponsabilidad del Gobierno Nacional en el cumplimiento de la función constitucional del Presidente de la República de procurar la cumplida ejecución de las leyes, al menos —como en el presente caso— en materia impositiva.