Impuesto al patrimonio: aspectos relevantes

Revista Nº 148 Jul.-Ago. 2008

Óscar Zárate 

Baker Tilly Colombia 

El impuesto al patrimonio surgió con la Ley 863 de 2003 como una alternativa propuesta por el Congreso para no incrementar el IVA, recortar las exenciones laborales o acabar con el régimen especial del impuesto sobre la renta y por el buen resultado recaudatorio que tuvo el impuesto para la seguridad democrática.

Inicialmente, se estableció que las personas jurídicas y naturales, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que tuvieran un patrimonio líquido superior a tres mil millones de pesos ($ 3.000.000.000) al 1º de enero de cada año gravable (2004, 2005 y 2006) , deberían liquidar el impuesto al patrimonio (previa depuración de esta base) a una tarifa del 0,3%.

Sujetos, causación y base gravable

Con la expedición de la Ley 1111 de 2006 se generaron algunos cambios en cuanto al porcentaje y al hecho generador de este tributo y se definió que las personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta que poseyeran un patrimonio líquido igual o superior a $ 3.000.000.000 (incluidos los ajustes por inflación acumulados(1) al 1º de enero del año gravable 2007, deberían causar el impuesto el 1º de enero de cada año por los años 2007 a 2010, liquidado a la tarifa anual del uno punto dos por ciento (1.2%) de la base gravable establecida.

Del patrimonio base para la tributación, y con el fin de evitar la doble imposición sobre un mismo activo, se deduce el valor patrimonial neto de las acciones o aportes poseídos en sociedades nacionales, así como los primeros $ 220.000.000 del valor de la casa o apartamento de habitación.

Algunos contribuyentes del impuesto sobre la renta, tales como corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, y los no contribuyentes del impuesto sobre la renta, como fondos de inversión, fondos de valores, fondos comunes, fondos de pensiones y fondos de cesantías, entidades que se encuentren en procesos concursales incluyendo los acuerdos de reestructuración, no están sujetos al impuesto al patrimonio.

La norma citada incentivó a algunas compañías a decretar dividendos o buscar métodos para disminuir el patrimonio líquido, de tal forma que dicho patrimonio no superara el monto fijado por ley al 1º de enero de 2007 y no se vieran obligadas a declarar y pagar este tributo por los siguientes cuatro años, mientras que otras entidades o contribuyentes del impuesto sobre la renta que incrementaron su patrimonio líquido o nacieron con posterioridad a esta fecha y cumplen con el monto establecido no estarán obligadas a declarar el tributo debido a que la base se establece únicamente en la fecha mencionada.

Teniendo en cuenta que la obligación tributaria sustancial se origina al cumplirse los presupuestos establecidos en la ley, se ha generado la duda respecto a la obligación que tendrían las compañías de liquidar el impuesto si después del 1º de enero de 2007 entran en procesos de liquidación o acuerdos de reestructuración. Por su parte, la DIAN, ante esta situación, concluyó, mediante concepto, que “si el primero de enero de uno de los años 2007, 2008, 2009 y 2010, momento de causación del impuesto, la entidad se encuentra en liquidación no se encuentra sometida al pago del impuesto...”(2).

Otro punto que podemos analizar es el de las compañías que surgieron de escisiones y de las sociedades que, sin liquidarse, dividieron o transfirieron su patrimonio en dos o más partes a sociedades existentes(3). En estos casos se debe tener en cuenta que “para efectos tributarios, en el caso de escisión de una sociedad no se considera que existe enajenación entre la sociedad escindida y las sociedades en que se subdivide, por lo que las sociedades producto de la escisión serán responsables solidarios con la sociedad escindida, tanto por los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones, intereses y demás obligaciones tributarias, de esta última, al momento de la escisión, como de los que se originen a su cargo con posterioridad...”(4).

De lo que se concluye que, si la sociedad escindente cumplía con los requisitos previstos en la ley al 1º de enero de 2007, se encuentra obligada a declarar y pagar el impuesto al patrimonio por los años gravables 2007 a 2010, o si la sociedad sin disolverse transfirió parte de su patrimonio a sociedades ya existentes (beneficiarias), y estas cumplían también con los requisitos, estarán obligadas a declarar y pagar el mencionado impuesto.

Prohibición de compensar el impuesto

En relación con el pago del impuesto se establece de manera expresa que en ningún caso podrá ser compensado con otros impuestos, es decir, no se pueden compensar los saldos a favor o pagos en exceso que existan en materia tributaria, aduanera o cambiaria en cabeza del mismo contribuyente con sus obligaciones contenidas en las declaraciones del impuesto al patrimonio; sin embargo, no se debe desconocer la potestad del subdirector de cobranzas y de los administradores de impuestos nacionales para conceder facilidades de pago mediante resolución que permitan al deudor cancelar impuestos administrados por la DIAN, así como los intereses y sanciones previo cumplimiento de los requisitos, como garantías, previstos para el respectivo trámite.

Registro contable del impuesto al patrimonio

Con el fin de no afectar los resultados del ejercicio, la norma establece la posibilidad de imputar el impuesto al patrimonio contra la cuenta de revalorización del patrimonio; sin embargo, para efectuar este registro se requiere que haya sido aprobado por el máximo órgano social, es decir, la Asamblea General o Junta de Socios, lo cual indica que su registro contable se hace una vez sea aprobado el proyecto de distribución de utilidades que no necesariamente es el 1º de enero, fecha en que fiscalmente debe ser causado el impuesto.

(1) DIAN, Concepto 64415 del 21 de agosto de 2007.

(2) DIAN, Concepto 34851 del 7 de abril de 2008.

(3) L. 222/1995, art. 3º, modalidades de escisión.

(4) Artículo 14-2 del estatuto tributario.