Impuestos a la salud

Revista Nº 119 Sep.-Oct. 2003

¿Es sostenible el sistema general de seguridad social en salud con los actuales gravámenes? 

F. Fernando Reyes Ortiz y Gilberto Reyes Ortiz 

Abogados – asesores  

Pronto, la Corte Constitucional volverá a pronunciarse sobre el tema de la imposición a la seguridad social en salud. Nuevamente el debate se centrará en el GMF, o 3 por mil, y el impuesto de industria y comercio(1), modificados por la última reforma tributaria.

El argumento principal de dichas demandas es la expresa prohibición que hace la Constitución Política de destinar los recursos de la seguridad social a fines diversos de los de esta. Y, además, esgrimen la aparente desigualdad con que la ley ha tratado a las diferentes instituciones de la seguridad social.

Esta decisión podría marcar el destino del cobro del IVA a los servicios de salud, diferidos hoy hasta el año 2005(2) y seguramente anticipados para el 2004 en el nuevo proyecto de reforma fiscal del Ministerio de Hacienda. Es de advertir, que todos estos gravámenes podrían poner en juego la estabilidad y sostenibilidad del sistema.

Impuestos a los que se aplica la prohibición constitucional

La destinación específica de los recursos de la seguridad social surge del inciso 5º del artículo 48 de la Carta que ordena: “No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella”. Este precepto aplica de manera directa a los impuestos. De allí que la Corte Constitucional haya sostenido que la ley no solo puede, sino que debe, crear las exoneraciones de los impuestos que comprometan los recursos de las instituciones de la seguridad social(3).

¿Cuáles serían aquellos impuestos a los que ha de aplicarse la prohibición constitucional? A nuestro juicio, todos los que violen de manera directa la destinación y uso específico de los recursos de la seguridad social, tal y como lo plantea la Carta, como:

1. El gravamen a los movimientos financieros GMF o tres por mil.

2. El impuesto de industria y comercio.

3. El impuesto de timbre nacional.

4. El impuesto sobre las ventas cuando se cobra sobre cualquiera de los bienes o servicios que demanda el sistema general de seguridad social en salud, SGSSS. Impuesto que debería ser devuelto en cumplimiento del mandato constitucional(4).

Otro aspecto a evaluar es la constitucionalidad de las retenciones en la fuente que pesan sobre las instituciones de la seguridad social. Si bien, no se discute la validez del impuesto de renta sobre dichas empresas, sí resulta cuestionable el hecho de retener “a buena cuenta”(5) de un eventual impuesto, un porcentaje superior de lo que resultan pagando.

Esta retención, en su calidad de anticipo del impuesto sobre la renta, tiene una naturaleza de empréstito forzoso, hasta tanto no surja la obligación de pagar el impuesto para el cual fue recaudada. De esta forma, en nuestro entender, ese empréstito forzoso deviene en un uso de los recursos de la seguridad social por parte del gobierno y, por tanto, prohibido por la Carta.

El tema no es solamente académico, tomando en cuenta que la actual cobertura del sistema se estancó en poco más del 50% de la población(6). De allí la necesidad de salvaguardar, a toda costa, los escasos recursos con los que cuenta este. No resulta razonable que, por una parte, se catalogue a la seguridad social como un servicio público esencial de carácter obligatorio y que, por la otra, el Estado disminuya sus recursos a título de impuesto o empréstito forzoso.

(1) Ver sentencias C-1297, C-828 de 2001 y C-337 de 2002.

(2) El artículo 116 de la Ley 788 de 2002.

(3) Crf. Sentencia C-828 de 2001.

(4) Artículo 116. Ibídem. A nuestro juicio, la inconstitucionalidad reside en la omisión de normas que consagren la exoneración personal del gravamen o el derecho a la devolución de los impuestos que incidan sobre los recursos de la seguridad social.

(5) Estatuto tributario, artículo 365.

(6) 52,3% del total de la población colombiana. DANE, 2000.