Incidencias financieras de la reserva del artículo 130 del estatuto tributario

Revista Nº 133 Ene.-Feb. 2006

Raquel B. Agray Cortés 

Contadora pública Especialista en impuestos 

El artículo 130 del estatuto tributario, tuvo su nacimiento con la Ley 75 de 1986.

El inciso primero del artículo 130 del estatuto tributario es muy claro al disponer que cuando los contribuyentes “soliciten en su declaración de renta cuotas de depreciación que excedan el valor de las cuotas registradas en el estado de pérdidas y ganancias, deberán, para que proceda la deducción del mayor valor solicitado fiscalmente, destinar de las utilidades del respectivo año, como reserva no distribuible, una suma equivalente al setenta por ciento (70%) del valor solicitado”.

Esta disposición tuvo la finalidad de regular los efectos económicos de la denominada “depreciación flexible” vigente por esa época, conforme lo indican tanto la exposición de motivos como el siguiente aparte de la ponencia para primer debate en la Cámara de Representantes, donde se explica el texto adicionado en esa oportunidad:

“El artículo pretende fomentar la capitalización de las empresas, estableciendo la obligación de constituir una reserva no distribuible equivalente al 70% de la depreciación diferida de cada año gravable, como requisito para poder utilizar la depreciación fiscal por el sistema de tasas variables contemplado en el Decreto 1649 de 1976”.

La “depreciación flexible” se dejó de aplicar desde el año gravable de 1992 (D.R. 3019/89, Art. 7º). Adicionalmente, el inciso tercero del artículo 78 del Decreto 2649 de 1993, ordena registrar en la contabilidad “... como impuesto diferido por pagar el efecto de las diferencias temporales que impliquen el pago de un menor impuesto en el año corriente...”.

Lo anterior llevaría a concluir desde el punto de vista contable y financiero, que la reserva que exige el artículo 130 del estatuto tributario, en la actualidad, carece de justificación práctica.

Por ello, cuando reflexiono sobre la normativa fiscal en Colombia, me queda el sinsabor de que la evolución de la economía y los mercados se va desarrollando a pasos agigantados, mientras nuestras normas fiscales se quedan en el estricto sentido jurídico, que tuvieron en algún momento su razón de ser, pero que al quedar estáticas en el tiempo dejan de ser prácticas y flexibles para el empresario, atándolo a una norma legal que lo limita en su toma de decisiones con relación a sus excedentes (reservas fiscales) y a la mejor forma de utilizarlos en este mundo cada vez más globalizado y exigente en la toma de decisiones.

Lo que se resalta del ejercicio es cómo el empresario se ve supeditado a hacer una reserva del 70% del mayor valor de la depreciación contable frente a la fiscal, cuando en sus estados de resultados (ver PYG), el cálculo del impuesto de renta considera la depreciación contable por línea recta y registra la diferencia temporal generada por la aplicación del sistema de reducción de saldos para efectos fiscales. Si se analiza el ejercicio desde la óptica contable, los resultados del empresario han tenido en cuenta la variable impuesto diferido por pagar con cargo a pérdidas y ganancias. Adicionalmente a lo anterior, se debe hacer una reserva del 70% sobre ese mayor valor de depreciación fiscal, lo que desde el punto de vista práctico y de negocios no es muy claro.

Es cierto e importante que los empresarios tienen un deber social con su país, pero también es muy cierto que el Estado debe garantizarle a sus ciudadanos la mayor libertad de negocios, sobre todo hoy más que nunca que nos vemos avocados a una globalización, a un TLC, donde se debe ser muy ágil y competitivo y, más aún cuando normas como las del artículo 130 del estatuto tributario, no van en la misma dirección que la economía mundial y, por el contrario, limitan al empresario al no permitir un manejo óptimo de sus recursos, después de haber reconocido en sus estados financieros su deber como ciudadano en el impuesto de renta con todas sus diferencias temporales.

En síntesis, el artículo 130 debería ser estudiado para que vaya acorde con el proceso de globalización de la economía.