Incongruencias del arancel mixto

Revista Nº 197 Sep. - Oct. 2016

La Organización Mundial del Comercio (OMC) declaró que el establecimiento de un arancel compuesto que había sido adoptado por Colombia mediante el Decreto 456 del 2014 —para la importación de textiles, prendas de vestir y calzado—, es incompatible con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, y en consecuencia, recomendó que esa medida sea puesta en conformidad con las obligaciones que le corresponden en virtud de dicho acuerdo.

Los derechos de aduana son gravámenes a las importaciones cuya finalidad principal —aparte de la recaudadora— es la protección de la industria nacional, materializados bajo la denominación genérica de aranceles, que son calculados como un porcentaje del valor en aduana de la mercancía, caso en el cual son derechos ad valorem, o como una cantidad monetaria determinada sobre o por cada unidad de medida a manera de derechos específicos, que forman parte de la base gravable para liquidar el IVA en las importaciones (E.T., art. 459).

Para controlar que los aranceles constituyan un medio de discriminación arbitrario o injustificable, o una restricción encubierta al comercio internacional, su adopción encuentra límite —en los países que forman parte del GATT— en los tipos arancelarios consolidados en la lista de concesiones para cada estado, a menos que se demuestre, entre otros, que la medida adoptada que desborda estos parámetros se justifica (i) para proteger la moral pública o (ii) para lograr la observancia de leyes o reglamentos internos (GATT, art. XX, apartados a y d), preservando así el derecho de los miembros a perseguir objetivos de política legítimos y distintos de la liberación del comercio.

El Gobierno Nacional expidió el Arancel de Aduanas (D. 4929/2011) que de manera general establece derechos ad valorem, sin embargo, desde el año 2013 ha efectuado modificaciones parciales en la importación de textiles, prendas de vestir y calzado (D. 74/2013), adoptando para los productos clasificados en las partidas 61 a 64 aranceles mixtos compuestos por un derecho ad valorem y por un gravamen específico, así: un diez por ciento (10%) para todos los bienes, independiente de su valor, a manera de componente ad valorem, mientras que el específico se tazó en una suma que varía en función del producto y del precio FOB, entre USD 1.75 y USD 10 por cada par y/o kilo, según se trate, salvo para la importación de mercancías (i) originarias de países con los que se tenga acuerdos comerciales internacionales vigentes (ii) que correspondan a algunos residuos y/o desperdicios de la industria de la confección que tengan valor comercial; o (iii) introducidas a una zona de régimen aduanero especial (D. 456/2014).

Esta última modificación —vigente por dos (2) años, hasta el 30 de marzo del 2016 y prorrogada hasta el 30 de julio del 2016 (D. 515/2016)—, fue objeto de reclamación por parte de Panamá ante a la OMC, quien en decisión final del Órgano de Apelación (WT/DS461/AB/R) constató que el arancel compuesto excedía los tipos arancelarios consolidados en la lista de concesiones de Colombia, ocasionando una restricción al comercio internacional, y pese a que nuestro país alegó que su destino era proteger la moral pública y lograr la observancia de leyes y reglamentos no incompatibles con el GATT de 1994, ello no podía ser tenido en cuenta como regla exceptiva de justificación al amparo de los apartados a) o d) del artículo XX del GATT de 1994, por considerar que no demostró el presupuesto de ‘necesidad’ que se requiere, ante la falta de claridad suficiente en cuanto al grado de contribución de la medida en litigio frente al objetivo de combatir el lavado de activos y de cumplir con las normas colombianas contra el mismo —el artículo 323 del Código Penal que lo tipifica como delito—, e incluso, en ambos casos, ante la incertidumbre en referencia al grado de restricción del comercio de la medida.

Lo cierto es que Colombia, en el marco del procedimiento previsto por el artículo 21.3 del entendimiento de solución de diferencias —que procura su eficaz solución en beneficio de todos los miembros—, contaba con un plazo prudencial para cumplir la recomendación de la OMC de poner la medida en conformidad con el GATT de 1994, sin embargo, antes que ponerse de acuerdo en el seno mismo del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) sobre la manera de darle aplicación, expidió el Decreto 1229 del 2016 mediante el cual, so pretexto de no interrumpir la vigencia del arancel compuesto –sic-, la prorrogó hasta el 1º de noviembre del 2016, provocando no solo un trámite arbitral obligatorio, sino la retaliación de Panamá que desde el pasado 16 de agosto del 2016 impuso medidas similares a la importación, entre otros, de flores, cemento y prendas de vestir.

Debemos estar atentos a las alternativas con respecto a los instrumentos de política pública que el Gobierno Nacional asegura está analizando, para alcanzar el objetivo legítimo de luchar contra el lavado de activos, como la identificación de la normativa y de los trámites administrativos que podrían requerir alguna modificación, en virtud del fracaso del arancel compuesto que perseguía la misma finalidad.