Independientes afiliados al sistema de salud

Revista Nº 128 Mar.-Abr. 2005

UNIDAD LABORAL 

Legis Editores S.A. 

El pasado 6 de diciembre del 2004 los ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público, expidieron la Circular Conjunta 1, en la cual se impartieron algunas instrucciones en relación con el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes afiliados al sistema general de seguridad social en salud, y con las actividades de recaudo, colaboración y verificación del cumplimiento de las respectivas obligaciones por parte de las entidades promotoras de salud (EPS) y entidades contratantes públicas y privadas.

Recordemos que mediante sentencia del 19 de agosto del 2004 la Sección Segunda del Consejo de Estado, declaró la nulidad de algunos apartes del artículo 26 del Decreto 806 de 1998, el inciso final del artículo 25 del Decreto 1406 de 1999, el numeral 3.1.1 de la Circular Externa 87 de 1999 de la Superintendencia Nacional de Salud y la primera parte del inciso 5º del artículo 5º de la Resolución 9 de 1996 de la Superintendencia Nacional de Salud; disposiciones referidas a la base mínima de los trabajadores independientes en el sistema general de seguridad social en salud. Igualmente, en la misma fecha, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, declaró la nulidad de unos apartes del artículo 23 del Decreto 1703 del 2002.

Del análisis de las anteriores sentencias los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda, aclararon a través de la Circular Conjunta 1 del 2004, que la decisión del Consejo de Estado, en virtud de la prevalencia de las normas con fuerza de ley y del principio de justicia rogada que orienta esa jurisdicción, no afectó el contenido de la Ley 797 del 2003, del Decreto Reglamentario 510 del 2003, como tampoco la vigencia de la declaración del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes, prevista en el Decreto 1406 de 1999.

El artículo 4º de la Ley 797 del 2003, modificatorio del artículo 17 de la Ley 100 de 1993, establece que durante la vigencia del contrato de prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones en forma obligatoria a los regímenes del sistema general de pensiones, por parte de los contratistas, con base en los ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen.

A su vez, el inciso segundo del artículo 3º del Decreto 510 del 2003, establece que las cotizaciones al sistema general de seguridad social en salud se deben hacer sobre la misma base que al sistema general de pensiones; en consecuencia, el ingreso base de cotización, conforme a los artículos 5º y 6º de la Ley 797 del 2003 que modificaron los artículos 18 y 19 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 204 ibídem, en ningún caso puede ser inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente, ni superior a veinticinco (25) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

De acuerdo con la anterior normatividad, es claro que el ingreso base de cotización a los sistemas de salud y pensiones es igual, y las cotizaciones deben efectuarse con base en el salario o ingresos por prestación de servicios devengados. Así mismo, el IBC, tanto para pensiones como para salud de las personas naturales vinculadas al Estado o al sector privado, mediante contratos de prestación de servicios, debe corresponder a estos ingresos devengados, por tanto, las bases de cotización también deben ser iguales.

De otro lado, es preciso anotar que el Consejo de Estado, al efectuar el examen de nulidad, mantuvo la vigencia del inciso final del artículo 23 del Decreto 1703 del 2002, referente al ingreso base de cotización de los contratistas; por lo que en los contratos de vigencia indeterminada, el IBC es el equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizada; razón por la cual, en aplicación del principio de analogía, dicho porcentaje debe hacerse extensivo a los contratos de vigencia determinada.

Los Ministerios de la Protección Social y de Hacienda y Crédito Público coligen, del estudio sobre las decisiones del Consejo de Estado, declarar la nulidad de algunos apartes de los artículos referidos a la cotización mínima de los trabajadores independientes, lo cual no incide en la vigencia y aplicación de las reglas dispuestas en los artículos 25, 26 y 27 del Decreto 1406 de 1999, que consagran la validez de la declaración del ingreso base de cotización de los trabajadores independientes por el período comprendido entre el mes de febrero y enero del año siguiente; y en la medida en que para el período comprendido entre febrero del 2004 y enero del 2005, el IBC, tanto de estos trabajadores como de los demás empleados independientes, ya se encuentra determinado, su modificación solo resultará procedente a partir del mes de febrero del 2005, debiendo, en este evento, realizar la correspondiente declaración de su ingreso base de cotización en enero del 2005.

Por tal razón, no serán procedentes las modificaciones que de manera unilateral efectúen los trabajadores independientes y contratistasde entidades públicas y privadas, que actualmente vienen cotizando con un ingreso base de cotización igual o superior a dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, so pena de la respectiva sanción moratoria, como consecuencia de la incorrecta e incompleta cotización.

Los ministerios indican igualmente, que a partir de las sentencias del Consejo de Estado, solamente los trabajadores independientes que ingresen por primera vez o reingresen al sistema general de seguridad social en salud, podrán efectuar sus aportes de acuerdo con el resultado de la aplicación del sistema de estimación de ingresos, sin que en ningún caso, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual vigente y siempre que refleje su ingreso efectivamente devengado.

Las EPS continuarán recibiendo los aportes correspondientes a las cotizaciones de los trabajadores independientes en los anteriores términos y, en todo caso, deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el artículo 59 del Decreto 1406 de 1999, con el fin de garantizar un completo y cumplido recaudo de los aportes que financian el sistema general de seguridad social en salud.

De otro lado, la sentencia del 19 de agosto del 2004, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Consejera Ponente Ligia López Díaz, declaró la nulidad de algunos apartes del artículo 23 del Decreto 1703 del 2002, por considerar que las funciones de determinación, fiscalización y recaudo de los aportes al sistema general de seguridad social en salud no podían radicar en cabeza de las entidades públicas y privadas, por no existir una precisa autorización legal que así lo consagrara.

Las entidades contratantes públicas o privadas deben verificar que el contratista se encuentre afiliado y cancele sus aportes al régimen de seguridad social en salud, e informar a las entidades promotoras de salud (EPS) o a las entidades estatales competentes, de aquellos eventos en los que haya lugar a revisar los aportes a cargo del contratista, tal como lo determinó el Consejo de Estado en la sentencia citada.

Por tal motivo, las entidades mencionadas deben cumplir las funciones de verificación e información contenidas en los apartes del artículo 23 del Decreto 1703 del 2002, cuya declaratoria de nulidad fue denegada.