Ineficacia del traslado y recuperación del régimen de transición

Revista Nº 189 Mayo - Jun. 2015

Ana María Muñoz Segura

Profesora Asociada Universidad de los Andes. 

1. La situación en discusión

El régimen de transición fue establecido por la Ley 100 de 1993 con el propósito de proteger las expectativas legítimas de quienes estuvieran próximos a obtener su pensión de vejez de acuerdo con las reglamentaciones anteriores. Con la implementación de los dos regímenes pensionales, un buen número de afiliados, que estaban cobijados por el régimen de transición, decidió trasladarse al régimen de ahorro individual con solidaridad asumiendo una serie de beneficios que este les podía brindar. Sin embargo, no para todos fue una buena decisión y, con el fin de reparar esta realidad, se devolvieron

al régimen de prima media con la expectativa de recuperar la protección perdida.

Este escenario ha generado un monto importante de pronunciamientos legales y judiciales que merecen retomarse, a propósito del fallo de la Corte Suprema de Justicia(1) que decide la ineficacia del traslado al régimen de ahorro individual de una persona que hacía parte del régimen de transición.

2. El régimen de transición(2)

Como es bien conocido, señala el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que a aquellas personas que a 1º de abril de 1994 tuvieran una edad de 35 años o más, las mujeres, o 40 o más, los hombres, o por lo menos 15 años de servicio o de cotización, se les aplicaría el régimen anterior en lo que respecta a la edad, tiempo de servicio o cotización y monto para efectos de su pensión de vejez. De esta manera, el legislador contempló una aplicación ultraactiva de todos los regímenes que perderían vigencia con la expedición del nuevo sistema general de pensiones.

Siguiendo la doctrina elaborada por las altas cortes, es el régimen de transición un mecanismo de protección ante un tránsito legislativo, que tiene como objeto no afectar de manera desmesurada a las personas, que si bien es cierto no tenían un derecho adquirido, no estaban en una situación que pudiera considerarse como de mera expectativa. La jurisprudencia reconoce la potestad configurativa del legislador y con ello la posibilidad de hacer las modificaciones que estime pertinentes, interviniendo sobre las expectativas de los derechos, estas deben ser valoradas para darles un tratamiento acorde con la justicia social(3). Se constituye entonces el régimen de transición en una protección ante las expectativas legítimas, que atiende parámetros de justicia y equidad, razonabilidad y proporcionalidad con el fin de evitar situaciones desiguales e inequitativas(4).

Hoy, la protección al régimen de transición se entiende desde su conexión inescindible con el derecho a la pensión de vejez y con ella al derecho fundamental a la seguridad social, hecho que la convierte un escenario de relevancia constitucional(5).

3. Pérdida del régimen de transición

Ahora bien, la misma norma que consagra el régimen de transición señala en sus incisos 4º y 5º, la pérdida del régimen de transición cuando el afiliado se traslada del régimen de prima media al régimen de ahorro individual con solidaridad, y cuando hecho este traslado se devuelve al régimen de prima media nuevamente. En el estudio de la disposición(6), la Corte Constitucional consideró que como se trataba de una expectativa (legítima), el afiliado estaba facultado para renunciar voluntaria y autónomamente a ella, situación que se da con el traslado antes señalado. Así, la norma per se no resulta atentatoria de ninguna normativa ni principio de rango constitucional.

Sin embargo, en el examen se consideró que el Sistema de Seguridad Social no tiene por finalidad preservar el equilibrio cuota-prestación pues no se trata de un régimen contractual ordinario, por el contrario, su objetivo es la atención de las contingencias a su cargo (entre ellas la vejez). Al tener en cuenta este supuesto, a juicio de la Corte no es igual la situación de aquellas personas que hacen parte del régimen de transición por razón de su edad frente a aquellos que hacen parte del mismo por haber trabajado o cotizado durante 15 años, pues en este último supuesto hay un aporte o un tiempo de servicios por un período equivalente al 75% de la totalidad de las semanas de cotización(7) y con ello de la financiación de la pensión de vejez(8).

Con base en esta consideración, el Tribunal Constitucional declara exequible la disposición de manera condicionada bajo el entendido de que si el afiliado se devuelve al régimen de prima media y a 1º de abril de 1994 contaba con al menos 15 años de servicios o de cotización, recupera el régimen de transición, pues se trata de un derecho adquirido(9) al que se puede retornar en cualquier momento. Este es pues un mecanismo de compensación en el contexto económico y financiero de la existencia de los dos regímenes pensionales(10).

Dado lo anterior, vale la pena hacer referencia a dos elementos adicionales. En primer lugar, la Corte Constitucional agrega que la recuperación del régimen anterior operaría solo si se hace el traslado del dinero por los aportes hechos en el régimen de ahorro individual (incluyendo los correspondientes a la garantía de pensión mínima). En todo caso aclara que este no puede ser menor al que hubiera existido si el afiliado permanecía en el régimen de prima media. Es decir que para volver a restablecer el régimen de transición no basta volver al régimen de prima media, sino que también es necesaria la devolución del dinero que se aportó en ahorro individual, manteniendo una equivalencia de este ahorro como si nunca hubiera existido traslado.

Ahora bien, en el caso en que este monto fuera insuficiente y, dado que no es posible condicionar el derecho de elección y traslado a elementos que hagan imposible su ejercicio, la corporación considera que se debe brindar al afiliado la posibilidad de completar o aportar la diferencia correspondiente, en un término razonable(11). Aunque, en todo caso, no es posible negar la transición por el incumplimiento del requisito de equivalencia del ahorro en los términos de la Corte Constitucional(12), pues este elemento no puede ser un impedimento para que se haga el traslado y con ello se recupere el régimen de transición(13).

En segundo lugar, debe recordarse que, de acuerdo con la Ley 797 de 2003, no es posible el cambio de régimen pensional cuando falten 10 años o menos para cumplir los requisitos de pensión. Esto se consideró como la forma para evitar la descapitalización del fondo, pues resultaba mejor crear un período de carencia que afectar la futura mesada pensional del afiliado(14). La restricción responde a motivaciones socioeconómicas y de sostenibilidad financiera, y atiende la naturaleza y diferencias de los regímenes pensionales(15). La Corte Constitucional declaró exequible el artículo entendiendo que el derecho de volver al régimen de prima media para recuperar el régimen de transición, en los términos antes señalados, puede ser ejercido así falten 10 años o menos para reunir los requisitos de pensión(16).

En conclusión, “solo pueden trasladarse del régimen de ahorro individual al régimen de prima media, en cualquier tiempo, conservando los beneficios del régimen de transición, los afiliados con 15 años o más de servicios cotizados a 1º de abril de 1994”(17).

4. El papel del derecho a la información en materia pensional

Ya la Corte Constitucional había señalado la importancia de la información en materia pensional, primero, respecto del derecho de petición y la forma de dar respuesta al mismo(18) y, después, como manifestación del habeas data que genera la posibilidad de exigir a las administradoras (…) el acceso, inclusión, exclusión, corrección, adición, actualización y certificación de los datos” y su divulgación y publicación(19). En este sentido, ha sido insistente la Corte en que la información debe ser precisa, clara, detallada, comprensible y oportuna a fin de que el afiliado tenga la posibilidad de reclamar la protección de sus derechos. Se convierte la información en un presupuesto necesario para el ejercicio y acceso a otros derechos, en este caso de la pensión de vejez, lo que exige una actuación diligente y ágil por parte de las entidades que intervienen en el proceso del reconocimiento pensional(20). Este deber incluye no solo brindar la información, sino también un adecuado manejo de esta pues “las falencias en el cumplimiento de los deberes de custodia, guarda y conservación no pueden constituir argumento válido para negar el acceso a un derecho fundamental a los afiliados al Sistema de Seguridad Social en Pensiones”(21).

De manera particular, señala la Corte Constitucional que la historia laboral contiene una información que requiere el desarrollo de unas obligaciones de protección y diligencia en sus contenido, dada la importancia para el reconocimiento de los derechos y garantías pensionales, lo que implica que la información debe ser cierta, precisa y fidedigna(22). Pero esta información se predica no solamente de los datos que circulan al interior del sistema general de pensiones, sino también de los que se le dan al afiliado para tomar decisiones con incidencia pensional.

El 9 de septiembre de 2008(23), la Corte Suprema de Justicia conoció el caso particular de un afiliado con derecho a la aplicación del régimen de transición que se trasladó al régimen de ahorro individual. En este, la administradora aporta a la controversia unos documentos que recogen la situación personal del demandante, proporcionados por el mismo afiliado; otra serie de documentos con las proyecciones según las fórmulas actuariales del posible valor de la pensión al comparar el régimen de prima media con el de ahorro individual, dejando constancia de la incidencia de las variables en los cálculos; y un tercer grupo de documentos que reflejaban los escenarios para gozar de la pensión a los 60 y 62 años de edad.

Lo que parecía responder a una oferta aceptada por el afiliado, es censurada por la Corte al considerar que “falta la administradora a su deber de proporcionar una información completa, pues se incumple de manera grave si se plantea el valor de una eventual pensión a los sesenta años, sin advertir, que se trataba de una persona que ya tenía el derecho causado a los 55 años de edad”. A juicio de la corporación, además se incumple con el deber de brindar “información completa” pues la proyección se hizo comparando “una pensión de prima media y una de ahorro individual, sin advertir que el mayor valor pensional que ofrecía (…) era bajo la modalidad del retiro programado con un monto posible y en ningún caso sería definitivo, pues quedaba sujeto a los rendimientos del capital que podían disminuir su valor si las tasas de interés del mercado fueran inferiores a lo esperado llegando incluso a ser temporal, todo esto frente a un derecho en el régimen de prima media que ya estaba causado, era cierto y de valor vitalicio constante”. Es decir que se estaban comparando dos pensiones de naturaleza distinta sin que se hiciera esta aclaración. Además, debe agregarse que la información que inicialmente fue parcial, posteriormente resultó equivocada en la medida en que, para generar la pensión a los 60 años, el afiliado debió negociar su bono pensional, pues esta fecha era previa a la fijada para su redención.

El juzgador llama la atención sobre el hecho de que las administradoras, además de ofrecer servicios financieros, son también prestadoras del servicio público de seguridad social y, en esa medida, “su comportamiento y determinaciones deben estar orientadas no solo a alcanzar sus propias metas de crecimiento y beneficio, sino a satisfacer de la mejor manera el interés colectivo”. Es por eso que están obligadas a prestar de “forma eficiente, eficaz y oportuna” todos sus servicios, y sus actuaciones deben estar guiadas por una “diligencia, prudencia y pericia” superior a la que se exige frente a las obligaciones entre particulares. Así, “la información debe comprender todas las etapas del proceso, desde la antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones para el disfrute pensional. Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad”.

La información en general, y de manera específica la relacionada con el traslado entre regímenes pensionales, debe manejarse con prudencia tanto frente a lo que se dice como a lo que no, máxime en casos en que está en juego el régimen de transición, pues “la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente, dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica”.

Por ende “lo asentado en la solicitud de vinculación a la Administradora de Pensiones que aparece firmada por el demandante, que su traslado al régimen de ahorro individual se dio de manera voluntaria, que ‘se realizó de forma libre, espontánea y sin presiones’, pues lo que se echa de menos es la falta de información veraz y suficiente, de que esa decisión no tiene tal carácter si se adopta sin el pleno conocimiento de lo que ella entraña”. En esta oportunidad, la declaratoria de nulidad de la afiliación implicó el “regreso automático” al régimen de prima media(24).

Aclara la Corte que de acuerdo con las reglas propias del derecho civil, la declaratoria de nulidad implicaría generar unas consecuencias retroactivas al estado original de la situación, donde cada una de las partes debe restituir las prestaciones que ha recibido y volver las cosas a su estado anterior. Sin embargo, en materia laboral y de seguridad social, se deberá hacer “valer el carácter tutelar y preservar situaciones consolidadas”. Por esta razón, la nulidad implica “dejar incólume la situación consolidada por el otorgamiento de las mesadas pensionales” ya que el afiliado actuó de buena fe y, por ende, no debe devolver el valor de las mesadas que ya se le pagaron. Frente a las entidades, el pago de la pensión corresponderá al régimen de prima media de la pensión como si no hubiera existido el traslado al régimen de ahorro individual, aclarando que, en el caso de las mesadas del tiempo ya transcurrido, solo se deberán pagar las diferencias por los eventuales mayores valores de la pensión. Frente a la administradora del régimen de ahorro individual, esta debe devolver al sistema todos los valores recibidos, incluyendo intereses y rendimientos, y asumir las diferencias y gastos de administración a cargo de su propio patrimonio.

5. De la nulidad a la ineficacia de la afiliación

Este alcance de la información lleva a otro elemento más frente a la posibilidad de recuperación del régimen de transición. Así, la Corte Suprema de Justicia ha venido considerando que antes de hacer el análisis respecto del traslado para la recuperación del régimen de transición, es necesario determinar si el cambio al régimen de ahorro individual con solidaridad fue eficaz o no.

En sentencia del 3 de septiembre de 2014, la Corte Suprema de Justicia vuelve a pronunciarse sobre la eficacia del traslado simplificando la regla de decisión. El pronunciamiento se dio con ocasión de la demanda de un afiliado al sistema general de pensiones contra el ISS, que estaba reclamando su pensión de vejez bajo las normas del Decreto 758 de 1990 (es decir bajo régimen de transición). Como sustento de su petición señaló que se afilió al ISS desde abril de 1974 y en el mes de marzo de 2000 se trasladó a un fondo del régimen de ahorro individual, para retornar después a prima media. Dado que había reunido algo más de 1000 semanas de cotización y contaba con 60 años de edad, a su juicio, reunía los requisitos del régimen anterior. Por el contrario, la entidad de pensiones negó el reconocimiento toda vez que consideraba que el actor había perdido el régimen de transición y no reunía los requisitos actuales para acceder a una pensión de vejez. Tanto la primera como la segunda instancia absolvieron a la entidad pensional pues el afiliado se trasladó al régimen de ahorro individual y no contaba con los 15 años de servicio al 1º de abril de 1994, es decir que era beneficiario del régimen de transición por edad y no por tiempo de servicio o de cotización, de esta manera resultaba imposible volver a ser cobijado por él.

A juicio de la Corte Suprema de Justicia, esta conclusión se obtiene de manera genérica sin atender que el origen del análisis no se refería a la posibilidad de retornar al régimen de prima media y restablecer el derecho al régimen de transición, “sino de escrutar si el traslado operó, y en tal sentido, si tuvo eficacia”. Solo cuando esto fuera claro, podía darse el paso de revisar los demás supuestos ya explicados. Dado que el examen se refiere a un presupuesto de validez debe anteceder a cualquier análisis, sobretodo, “si se tiene en cuenta la incidencia que sobre la pensión tiene cualquier tipo de decisión de tal calado”.

Recuerda la Corte que de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, además de la obligatoriedad de la afiliación al sistema general de pensiones, esta debe ser libre y voluntaria, debe establecer sanciones no solo en caso de que ello no fuera así, sino también que “la afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”; y considerar además la inaplicación de las normas que menoscaban la libertad, dignidad humana y derechos de los trabajadores en los términos del artículo 272 de la Ley 100 de 1993.

Y, aunque reconoce que la regla jurídica impone la obligación de demostrar la afectación de la voluntad para anular una situación particular, no puede olvidarse el papel del Estado como garante en la dirección, control y coordinación del sistema general de pensiones, siendo su obligación la aplicación de las consecuencias cuando se produce una decisión poco informada. Ello porque “cuando están en juego aspectos tan trascendentes como la pérdida de la transición, y de contera la imposibilidad de acceder a la pensión de vejez, se requiere acudir a una hermenéutica que se avenga a los principios que inspiran al sistema y a los regímenes pensionales, en los que se prevé el traslado libre y voluntario”.

En virtud de esta libertad del afiliado y de los principios del Sistema de Seguridad Social como derecho irrenunciable, las entidades que dirigen y administran el sistema general de pensiones tienen que garantizar “que existió una decisión informada”, “verdaderamente autónoma y consciente”, “objetivamente verificable”, donde el afiliado conoce los riesgos del traslado y los beneficios que le reportaría este, pues esta es la única consideración que justificaría un cambio de régimen pensional. Esto solo puede justificarse cuando la libertad está acompañada de los alcances positivos y negativos de la decisión de traslado. En este sentido, la asesoría “inoportuna o insuficiente” sobre los aspectos del tránsito de régimen indican que la decisión no tuvo una “comprensión suficiente” y por tanto no existió un “real consentimiento para adoptarla”. En el caso de traslados de régimen pensional que involucre afiliados con régimen de transición, este solo es eficaz cuando “existe un consentimiento informado” pues en este caso la trascendencia de la información requiere una “transparencia máxima”.

Es necesario que el afiliado que pretende trasladarse conozca los beneficios que le va a ofrecer el nuevo régimen pensional, pero también el monto proyectado de la pensión, si existe alguna diferencia en el pago de los aportes, las implicaciones, conveniencia y, por último, la declaración de la aceptación de las nuevas condiciones pensionales. Así, “no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos prestacionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica; de allí que desde el inicio haya correspondido a las administradoras de fondos de pensiones dar cuenta de que documentaron clara y suficientemente los efectos que acarrea el cambio de régimen, so pena de declarar ineficaz ese tránsito”. Entendidas estas como reglas básicas para determinar que existió un “mínimo de transparencia” y con ello evaluar si hay pérdida o recuperación del régimen de transición.

Deben entonces las entidades del régimen de ahorro individual demostrar la existencia de una “libertad informada” frente al cambio de régimen pensional, a fin de determinar si el traslado fue eficaz o no y, solo en ese momento, evaluar si hubo una pérdida o no del régimen de transición. Es pues, la eficacia del traslado un “presupuesto obvio” para realizar cualquier estudio frente a la pérdida o recuperación del régimen de transición, ya que este no es una mera expectativa.

De esta manera, “cuando lo que se discuta sea el traslado de regímenes, que conlleve a la pérdida de la transición”, le corresponde al juez determinar si existieron “falencias informativas”, “si en todo caso aquel (el traslado) estuvo ajustado a los principios que gobiernan el Estatuto de Seguridad Social, y a las reglas de libertad de escogencia del sistema, la cual estará sujeta a la comprobación de que existió una decisión documentada, precedida de las explicaciones sobre los efectos del traslado, en todas sus dimensiones legales”, y así evaluar la eficacia de la decisión de traslado.

Solo después del cumplimiento de este análisis sobre la eficacia del traslado al régimen de ahorro individual, sí le corresponderá al juez determinar si el afiliado volvió al régimen de prima media con prestación definida, si contaba con los 15 años de servicios o su equivalente en semanas de cotización y si existe equivalencia en los aportes y ahorro en los términos ya señalados.

6. Conclusiones

No es desconocido que cuando entró en vigencia el nuevo sistema general de pensiones establecido por la Ley 100 de 1993, muchas personas fueron seducidas, engañadas o atraídas por los cambios que el nuevo régimen pensional traía. Sin embargo, no a todos les resultó conveniente, mucho más si pertenecían al régimen de transición que pretendía protegerlos precisamente de esa transición legislativa. Y es que la pérdida de este por el traslado al régimen de ahorro individual no es simplemente el hecho de no ser parte de él, sino que se traduce en una diferencia sustancial en el valor del bono pensional por su redención anticipada, en el propio monto de la pensión o, simplemente, y con las dificultades que esto trae, en la postergación del momento de acceder al derecho pensional. Si bien es cierto que el país tiene una grave carencia en su cultura pensional, este no puede ser el foco de atracción para los afiliados a un régimen u otro.

Debido a que hoy en día esos afiliados que se trasladaron en 1994 se darán cuenta de los efectos de la pérdida del régimen de transición, es posible que veamos muchos más desarrollos sobre la ineficacia de la afiliación por falta de consentimiento informado.

Bibliografía

Sentencias Corte Constitucional:

– C-168 de 1995, M.P.: Carlos Gaviria Díaz.

– T-068 de 1998, M.P.: Alejandro Martínez Caballero.

– T-374 de 1998, M.P.: José Gregorio Hernández.

– T-1160A de 2001, M.P.: Manuel José Cepeda Espinosa.

– C-789 de 2002, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

– C-1024 de 2004, M.P.: Rodrigo Escobar Gil.

– T-718 de 2005, M.P.: Marco Gerardo Monroy Cabra.

– T-256 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.

– T- 395 de 2008, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

– T-016 de 2010, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

– T-324 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

– T-427 de 2010, M.P.: Juan Carlos Henao Pérez.

– T-489 del 2010, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

– T-618 de 2010, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

– SU-062 de 2010, M.P.: Humberto Antonio Sierra Porto.

– T-855 de 2011, M.P.: Nilson Pinilla Pinilla.

– T-482 de 2012, M.P.: Luis Ernesto Vargas Silva.

– T-144 de 2013, M.P.: María Victoria Calle Correa.

– T-592 de 2013, M.P.: Mauricio González Cuervo.

– SU-130 de 2013, M.P.: Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

– SU-856 de 2013, M.P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

Sentencias Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral:

– Radicado 31989 del 9 de septiembre de 2008, M.P.: Eduardo López Villegas.

– Radicado 35805 del 27 de abril de 2010, M.P.: Camilo Tarquino Gallego.

– Radicado 38476 del 13 de marzo de 2012, M.P.: Rigoberto Echeverri Bueno.

– Radicado 41538 del 23 de octubre de 2012, M.P.: Carlos Ernesto Molina Monsalve.

– Radicado 49815 (SL 2129-2014) del 19 de febrero de 2014, M.P.: Luis Gabriel Miranda Buelvas.

– Radicado 46292 (SL12136-2014) del 3 de septiembre de 2014, M.P.: Elsy del Pilar Cuello Calderón.

Sentencias Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A:

– Radicado 25000232500020040426901 del 18 de febrero de 2010, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Radicado 150012 33100020020362501 del 8 de abril de 2010, M.P.: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(1) Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado 46292 (SL12136-2014) del 3 de septiembre de 2014, M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón.

(2) Respecto del régimen de transición, existen diversas posturas doctrinales y jurisprudenciales en cuanto a sus alcances, de los elementos que incluyen y si se trata de un derecho adquirido o no, pero todos ellos exceden los propósitos del presente escrito y solo hemos hecho referencia a él en su concepto general y básico.

(3) Ver sentencia Corte Constitucional C-168 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.

(4) Ver por ejemplo sentencias de Corte Constitucional C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil o T-489 del 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación laboral, radicado 38476 del 13 de marzo de 2012, M.P. Rigoberto Echeverri Bueno o radicado 49815 (SL 2129-2014) del 19 de febrero de 2014, M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas; o del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección segunda, subsección A, radicado 25000232500020040426901 del 18 de febrero de 2010, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren o radicado 15001233100020020362501 del 8 de abril de 2010, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren.

(5) Sentencia Corte Constitucional T-489 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub o SU-130 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(6) Sentencia C-789 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(7) Sobre este aspecto ver, por ejemplo, sentencias Corte Constitucional T-489 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(8) En igual sentido ver sentencias de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado 35805 del 27 de abril de 2010, M.P. Camilo Tarquino Gallego o radicado 41538 del 23 de octubre de 2012, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve.

(9) Sentencia Corte Constitucional SU-062 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(10) Sentencia Corte Constitucional T-489 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(11) Ver sentencias de la Corte Constitucional SU-062 de 2010, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto y SU-130 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

(12) Sentencia de la Corte Constitucional SU-856 de 2013, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(13) Sentencia Corte Constitucional T-618 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(14) Sentencia Corte Constitucional T-427 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

(15) Sentencia Corte Constitucional T-489 de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

(16) Sentencia de la Corte Constitucional C-1024 de 2004, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(17) Sentencia SU-130 de 2013, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. En igual sentido ver sentencias Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado 35805 del 27 de abril de 2010, M.P. Camilo Tarquino Gallego o radicado 41538 del 23 de octubre de 2012, M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve; Corte Constitucional T-324 de 2010, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva, entre otras.

(18) Ver Sentencia Corte Constitucional T-068 de 1998, M.P. Alejandro Martínez Caballero, T-374 de 1998, M.P. José Gregorio Hernández, T-1160A de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T- 395 de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-016 de 2010, M.P. Juan Carlos Henao Pérez, entre otros.

(19) Sentencia T-718 de 2005, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

(20) Ver Sentencia T-256 de 2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández. Por ejemplo en este caso, por falta de información, al actor no se le podía certificar su vinculación laboral lo que afecta el cumplimiento del tiempo de servicios para efectos pensionales.

(21) Sentencia Corte Constitucional T-855 de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla. En igual sentido ver Sentencia Corte Constitucional T-482 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(22) Ver Sentencia Corte Constitucional T-144 de 2013, M.P. María Victoria Calle Correa. En igual sentido ver Sentencia Corte Constitucional T-592 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo.

(23) Sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, radicado 31989 del 9 de septiembre de 2008, M.P. Eduardo López Villegas.

(24) Como ya se estaba pagando la pensión, la decisión implica que la administradora deja de pagar la prestación, la administradora debe asumir el costo y devolver al sistema todo el dinero como si no se hubiera empezado a pagar la pensión.