Inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008: efectos de la decisión

Revista N° 156 Nov.-Dic. 2009

Clara Cecilia Dueñas Quevedo 

Profesora universitaria, asesora y consultora 

A propósito de la reciente Sentencia C-588 de 2009, cuyo texto a la fecha de preparación de este documento aún no se ha dado a conocer, a través de la cual se declaró la inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008 con efectos retroactivos a la fecha de su expedición, este escrito se ocupa de explicar el contenido del fallo y sus efectos, los cuales según se exponen, no inciden en la estabilidad laboral de quienes no ostentan derechos de carrera pero desempeñan empleos de tal naturaleza. La autora no pasa por alto la reciente expedición del Decreto 3905 de octubre 8 de 2009 respecto del cual manifiesta su desacuerdo. Además, presenta también una novedosa tesis según la cual los empleados vinculados mediante nombramiento provisional tendrían que ser sujetos de la evaluación de desempeño. Concluye el análisis a través del llamado a creer en el sistema de carrera como instrumento necesario para el cumplimiento de los fines de Estado.

1. Antecedentes y sentido de la decisión de inexequibilidad

En reciente publicación de Actualidad Laboral tuvimos la oportunidad de plasmar nuestra opinión en relación con el Acto Legislativo 01 de 2008, a través del cual se incorporó un parágrafo transitorio al artículo 125 de la Constitución Política. El documento publicado se tituló: "La carrera administrativa: 70 años después todo sigue igual".

Hoy, en virtud del juicio de inconstitucionalidad plasmado en la Sentencia C-588 de 2009, cuyo texto a la fecha de preparación de este documento aún se desconoce, tal vez comencemos a recorrer el camino que nos conduzca justamente a lo contrario; es decir, a que después de 70 años la carrera administrativa logre implementarse.

Como es de fácil recordación, el Congreso de la República, antes y después de la Carta de 1991, en múltiples ocasiones, creó mecanismos de ingreso extraordinario al sistema de carrera que poco a poco fueron retirados del ordenamiento jurídico por ser contrarios al espíritu superior del mérito y la igualdad. Ello trajo como consecuencia que el legislador implementara una autorización constitucional que permitiera la aplicación temporal, excepcional y excluyente del ingreso y el ascenso extraordinario al sistema de carrera, cuyos antecedentes, fundamentos y desarrollos expusimos por este mismo medio en ocasión anterior, y que por lo mismo no es necesario tratar de nuevo, lo cual no impide señalar que con lo entonces dicho, en mucho coincidió la Corte al proferir el fallo.

El Acto Legislativo 01 de 2008 que así lo estableció fue demandado. De acuerdo con los comunicados de prensa dados a conocer por la Corte, la corporación halló razón al demandante y razón por la que lo declaró inexequible en su totalidad con efectos retroactivos a la fecha de su expedición. Basó la decisión, fundamentalmente, en que el Congreso no ejerció la facultad reformadora de la Constitución sino que en evidente extralimitación de sus funciones o, lo que es lo mismo, sin tener competencia para ello, sustituyó parcial y temporalmente el eje definitorio del sistema de carrera administrativa consagrado en el ordenamiento superior.

Para adelantar el juicio de sustitución reiteró la doctrina constitucional sentada en la Sentencia C-1040 de 2005 en la que citó, a manera de ejemplo entre otros postulados, que uno de los ejes definitorios de la Constitución es el sistema de carrera administrativa "como regla general, en contraste con un sistema de libre disposición de los cargos públicos"(1). Señaló también que el artículo 125 de la Constitución Política y el parágrafo que se le adicionó son opuestos y diferentes, a tal punto, que no pueden coexistir en un mismo espacio, pues mientras el primero consagra como postulado permanente el libre acceso a empleos públicos en condiciones de igualdad previa la demostración del mérito, los requisitos y calidades para su desempeño; el segundo estableció, temporalmente, el derecho a la inscripción extraordinaria solo para quienes al 23 de septiembre de 2004 se encontraban ocupando cargos de carrera definitivamente vacantes en calidad de provisionales o encargados. Según se infiere del comunicado de prensa, la Corte entendió que con el Acto Legislativo 01 de 2008 el elemento esencial definitorio de la identidad de la Constitución de 1991 en materia de carrera administrativa, fue reemplazado por otro integralmente distinto y opuesto.

Para llegar a esa conclusión acudió a la metodología establecida en las sentencias C-970 y C-971 de 2004, con el fin de adelantar el ejercicio del control de constitucionalidad en relación con cargos por sustitución de la Constitución. Comenzó por establecer, como premisa mayor del juicio de sustitución, el artículo 125 de la Constitución en relación con otros postulados constitucionales tales como los fines del Estado y las finalidades de la función administrativa consagradas en los artículos 2º y 209; el derecho del que gozan todos los ciudadanos para acceder al desempeño de cargos públicos previsto en el artículo 40-7 ibídem; el derecho a la estabilidad laboral consagrado en el artículo 53 superior y el derecho a la igualdad (arts. 13 y 53).

Con el cotejo realizado encontró probada la oposición entre la premisa mayor y el artículo 1º del Acto Legislativo 01 de 2008, que el comunicado de prensa resume conforme se transcribe a continuación:

"La carrera administrativa, el mérito y el concurso público no son compatibles con un derecho de inscripción extraordinaria, fundado en la experiencia y que prescinde del concurso público y suspende los que se adelantan respecto de los cargos definitivamente vacantes desempeñados por provisionales o encargados.

Tampoco existe compatibilidad entre el ingreso automático y el derecho de acceder al desempeño de cargos públicos, pues aun cuando se tengan las calidades y los requisitos, quien no sea provisional o encargado no podrá aspirar a los cargos de carrera definitivamente vacantes, a los cuales solo podrían acceder los provisionales o encargados. Igualmente a personas diferentes de los provisionales o encargados se les impide el acceso a los beneficios de carrera (estabilidad, ascenso, etc.), luego el artículo 53 superior no rige para ellos.

La incompatibilidad entre el derecho a la igualdad y la inscripción extraordinaria en carrera es evidente, pues no se otorga un mismo trato a los provisionales o encargados y a quienes no lo son o están por fuera de la carrera administrativa, fuera de lo cual, se afecta la igualdad de oportunidades, pues no tienen el mismo punto de partida quienes no son provisionales o encargados y quienes sí lo son, ya que a favor de estos últimos el acto legislativo crea un privilegio de ingreso automático o inscripción extraordinaria en carrera"(2).

De allí concluyó que la evidente oposición entre la premisa mayor y el parágrafo adicionado al artículo 125 superior, comporta una sustitución parcial y temporal de la Constitución, "que no provee realmente a una situación de tránsito de normas ni pretende impulsar una nueva regulación"(3), con lo cual se quebrantó el eje definitorio de la carrera y de sus relaciones con otros contenidos constitucionales.

Agregó la Corte que las facultades que el Acto Legislativo 01 de 2008 le otorgó a la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) para implementar los mecanismos necesarios para la inscripción extraordinaria en carrera, desconoce otro de los ejes definidores de la Carta al que también se refirió la Sentencia C-1040 de 2005, concretamente el relacionado con la separación de poderes, toda vez que la regulación de los asuntos propios de la carrera administrativa es materia de reserva legal que no es posible entregársela a autoridad diferente al legislador.

Con fundamento en los precedentes constitucionales explicados, la corporación decidió declarar la inexequibilidad de la totalidad del Acto Legislativo 01 de 2008, con efectos retroactivos a la fecha de su expedición.

Los magistrados Mauricio González Cuervo, Jorge Ignacio Pretel Chaljub, Nilson Pinilla Pinilla y Humberto Antonio Sierra Porto salvaron su voto por no compartir la decisión adoptada por la Corte en la Sentencia C-588 de 2009, efecto para el cual, en síntesis, basaron sus argumentos en que el artículo 241 superior limita el control de los actos reformatorios de la Carta Política, únicamente por vicios de procedimiento en su formación y que el Acto Legislativo 01 de 2008 no desbordó el poder de reforma del Congreso de la República y, en consecuencia, que no se incurrió en el vicio de sustitución de la Constitución Política.

2. Efectos de la decisión

La decisión retroactiva de inexequibilidad contenida en la Sentencia C-588 de 2009 trae consigo efectos que merecen ser explicados. De una parte, los actos administrativos expedidos por la CNSC, con ocasión del parágrafo transitorio que se adicionó al artículo 125 superior, no nacieron a la vida jurídica; de otra, conlleva obligaciones tanto para la CNSC como para los nominadores y, por último, implica el reconocimiento de derechos para quienes participaron en los procesos de selección que se vieron afectados por la suspensión ordenada en el acto legislativo retirado del ordenamiento jurídico.

Ciertamente, como antes lo mencionamos, el Acto Legislativo 01 de 2008 le otorgó a la CNSC facultades para adoptar mecanismos que permitieran la implementación de la inscripción y el ascenso extraordinario en el sistema de carrera.

Así las cosas, a la luz del artículo 4º de la Constitución Política significa que todas las actuaciones surtidas por la comisión en ejercicio de las facultades otorgadas por el acto legislativo declarado inexequible, mediante actos administrativos —acuerdos o resoluciones— de carácter general o particular, desde su expedición, en virtud de los efectos retroactivos de la sentencia de inconstitucionalidad, son ineficaces por ser opuestos a sus postulados y, tal y como lo deja entrever el comunicado de prensa no nacieron a la vida jurídica y, en consecuencia, "carecen de valor las inscripciones extraordinarias realizadas, toda vez que si esta decisión tuviera únicamente efectos hacia el futuro, equivaldría a convalidar una situación anómala de la que no pueden surgir derechos y a aceptar que la Constitución Política no rigió durante un lapso, lo cual es desde el punto de vista jurídico constitucional, inaceptable"(4).

Este es quizá uno de los efectos de la sentencia con mayor trascendencia, cuandoquiera que un número importante de empleados públicos alcanzara la ilusión de adquirir su derecho a la inscripción o ascenso automático en el sistema de carrera. Como es de suponer, la decisión, que compartimos en su totalidad, generó descontento, desconcierto y desmotivación.

Sin embargo, ya no como una mera ilusión sino como una verdadera posibilidad ajustada al ordenamiento jurídico, esos funcionarios junto con los demás participantes de los procesos de selección adelantados mediante la Convocatoria 01 de 2005 y otras expedidas para los regímenes especiales y específicos, podrán concretar sus aspiraciones si continúan en las etapas de los concursos suspendidos y obtienen los puntajes, que con estricta sujeción al mérito, les permita adquirir sus derechos de carrera o ascender en el escalafón, según el caso, previo el nombramiento en período de prueba y la evaluación satisfactoria de su desempeño.

Ese es otro de los efectos de la sentencia. Los concursos que se suspendieron con el fin de darle viabilidad a la inscripción extraordinaria en carrera y al ascenso automático en el escalafón deben reanudarse tal y como ya lo dispuso la CNSC, la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía, entre otras entidades, porque según se infiere del comunicado de prensa, así lo dispuso la Corte Constitucional en su sentencia que tiene efectos erga omnes y es de obligatorio cumplimiento para todas las autoridades.

En este punto, no puede pasar por alto el reciente Decreto Reglamentario 3905 del 8 de octubre de 2009, según el cual los empleos vacantes en forma definitiva del sistema de carrera general, de los sistemas específicos y especial del sector defensa, que estén siendo desempeñados con personal vinculado mediante nombramiento provisional efectuado antes del veinticuatro de septiembre de 2004 a cuyos titulares a la fecha de expedición del decreto les falten tres años o menos para causar el derecho a la pensión de jubilación, serán ofertados por la Comisión Nacional del Servicio Civil una vez el servidor cause su respectivo derecho pensional.

El decreto expedido por el Gobierno Nacional se fundamenta en las facultades constitucionales y legales para reglamentar la ley; sin embargo, tal vez con finalidades tan loables como las que le pertenecen al retén social, en nuestra opinión, el presidente se extralimitó al fijar límites al fallo de inexequibilidad proferido por la Corte Constitucional en la medida en que ordenó, en otras palabras, que los concursos para proveer en forma definitiva los empleos que se circunscriban a las condiciones señaladas en el citado reglamento, no podrán reanudarse, sino que deberán ofertarse por la CNSC, solo hasta cuando quienes los ocupan adquiera su derecho a la pensión.

Varios interrogantes surgen ante la nueva disposición. ¿Puede el Gobierno Nacional en uso de sus facultades darle un alcance diferente a las decisiones de la Corte Constitucional?; ¿Respecto de esos cargos no operan los efectos erga omnes de la Sentencia C-588?; ¿Es posible suspender la aplicación del artículo 125 de la Constitución respecto de algunos empleos de carrera administrativa?; ¿Qué pasará con quienes aplicaron en los concursos ofertados para esos empleos antes de la expedición del acto legislativo, suspendidos durante su vigencia y que en virtud de la sentencia deben reanudarse?

Consideramos que la respuesta a los interrogantes planteados, es negativa. No tiene facultades el Gobierno Nacional, aun cuando la disposición cuestionada no lo diga expresamente, para darle alcances diferentes a la sentencia de la Corte Constitucional toda vez que de conformidad con el artículo 243(5) superior le está prohibido a todas las autoridades reproducir los contenidos de las normas que han sido declaradas inexequibles mientras subsistan en la Carta las normas que le sirvieron de fundamento para proferir la decisión de inconstitucionalidad. Por ello, surge de la misma Constitución que los fallos de la Corte, sin excepción, hacen tránsito a cosa juzgada, son obligatorios y tienen efectos erga omnes.

En efecto, la disposición reglamentaria en cuestión tiene particularidades propias que en sus alcances y consecuencias se asemejan a las consagradas en el acto legislativo declarado inexequible, en cuanto ordena suspender temporalmente la aplicación del régimen de carrera, por lo menos durante tres años a partir de la fecha de su expedición respecto de esos cargos, lo que conlleva como resultado que el artículo 125 de la Constitución Política no regirá durante un lapso, suspensión que como ya lo menciona el comunicado de prensa emanado de la Corte, desde el punto de vista jurídico constitucional, resulta inadmisible.

De otra parte, la vigencia del decreto reglamentario en cita supone de entrada que los efectos retroactivos de la Sentencia C-588 de 2009, en detrimento del derecho a la igualdad, no rige para quienes aplicaron en las convocatorias adelantadas antes del 26 de diciembre de 2008 para proveer empleos a los que se refiere el decreto en los regímenes general, especiales y específicos, ya sea que se trate de quienes estén próximos a pensionarse o de quienes sin encontrarse en tal circunstancia participaron en los concursos; significa entonces, a la luz del Decreto 3905 de 2009, en oposición a lo dispuesto en los artículos 40-7 y 125 de la Carta, que no tienen derecho a aspirar a dichos empleos, ni siquiera a que transcurridos los tres años a los que se refiere la norma continúen en el proceso, dado que allí no dispone la suspensión, se ordena que serán ofertados por la CNSC cuando quienes los ocupan en provisionalidad alcance su derecho a la pensión.

Consideramos que no es posible a través del reglamento coartar derechos de orden constitucional, por manera que en nuestro criterio siendo la disposición reglamentaria contraria a postulados superiores tales como los artículos: 13, 40-7, 53, 125, 243, entre otros, durante su vigencia y mientras no sea declarada nula por el Consejo de Estado, se impone la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad prevista en el artículo 4º de la Constitución Política.

Las afirmaciones precedentes explican otros de los efectos del fallo. Ciertamente, surge para la CNSC la obligación de reanudar todos los procesos de selección suspendidos a partir de la etapa en la que se encontraban, ya sea que se trate de los ofertados a través de la Convocatoria 01 de 2005 para el régimen general o de los convocados para proveer empleos en los regímenes específicos bajo su administración y vigilancia. La misma obligación surge para los órganos rectores de los regímenes especiales de carrera cuyos concursos también fueron suspendidos.

De otra parte, en aquellos procesos que llegaron hasta la etapa de la expedición de las listas de elegibles en firme, surge la obligación para los nominadores de nombrar en período de prueba a quienes en estricto orden de mérito les corresponde el derecho a ser nombrados, de manera que una vez lo superen satisfactoriamente, se les reconozcan así mismo sus derechos de carrera.

Para los aspirantes participantes en dichas convocatorias, surge el derecho a que el Estado a través de las autoridades competentes antes mencionadas, les reconozca y conceda el derecho a continuar participando en los procesos de selección a partir de la etapa en la que fueron suspendidos, ya sea que se trate de la aplicación de instrumentos de selección, expedición de las listas de elegibles, nombramiento en período de prueba o evaluación del desempeño durante el período de prueba, según el caso.

3. La sentencia no incide en el derecho a la estabilidad laboral

Desde la expedición de la Ley 909 de 2004, en diferentes documentos y foros académicos, hemos venido afirmando que desde entonces los empleados vinculados mediante nombramiento provisional en empleos de carrera, gozan del mismo fuero de estabilidad que ampara a los servidores con derechos de carrera.

En otras palabras, la inestabilidad a la que se encontraban sometidos esos funcionarios quedó superada con la expedición de la Ley 909 de 2004 cuyo artículo 41 - parágrafo 2º estableció que el retiro solo procederá por las causales consagradas en la Constitución Política y en la ley y que deberá efectuarse mediante acto motivado. Sin embargo, pese a la claridad de la norma algunos han entendido e insisten en que dichos funcionarios adquirieron el derecho a la estabilidad laboral, solo a partir de la expedición del Acto Legislativo 01 de 2008, lo que significaría que a partir de la declaratoria de inexequibilidad ya no tendrían estabilidad.

La anterior precisión resulta necesaria justamente por la errada interpretación a la que se ha hecho alusión, en nuestro criterio, ningún empleado vinculado provisionalmente a la administración en un empleo de carrera, podrá ser retirado por causa diferente a las establecidas en la constitución y en la ley.

La declaratoria de inexequibilidad del Acto Legislativo 01 de 2008 no tiene efectos en relación con la estabilidad laboral de la cual sin lugar a duda alguna gozan los provisionales a pesar de no ostentar derechos de carrera. La incidencia del fallo se refleja en otros aspectos tales como que dichos servidores no podrán ser encargados en empleos de superior jerarquía o, ser comisionados para desempeñar un empleo del nivel directivo o, en caso de supresión del cargo, no podrán ejercer el derecho a optar entre la incorporación a empleo equivalente o a percibir la indemnización, entre otros tantos.

4. Evaluación del desempeño para los empelados vinculados mediante nombramiento provisional

Se ha entendido por los diferentes operadores jurídicos, servidores, abogados y doctrinantes que los empleados vinculados a la administración pública mediante nombramiento provisional en empleos de carrera no son y no pueden ser objeto de la evaluación del desempeño. Las normas que se han expedido sobre la materia así lo han dispuesto; por ejemplo, el artículo 38 de la Ley 909 de 2004 establece que son objeto de evaluación únicamente los empleados con derechos de carrera y al señalar sus objetivos se evidencia que no está prevista para medir el desempeño de quienes provisionalmente se encuentran vinculados en empleos de carrera(6).

Así mismo, el literal b) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 consagra que el retiro del servicio público tendrá lugar, entre otras causales, por la declaratoria de insubsistencia del nombramiento por evaluación no satisfactoria del desempeño laboral de "un empleado de carrera administrativa", excluyendo así a quienes no ostentan derechos de carrera por encontrarse vinculados al empleo mediante nombramiento provisional.

Acorde con esta tendencia, el Acto Legislativo 01 de 2008, entre otras de sus previsiones, ordenó a la CNSC implementar instrumentos de calificación del servicio que permitieran medir el desempeño de los servidores públicos inscritos de manera extraordinaria en carrera administrativa. El acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, no tiene fuerza ejecutoria y ha sufrido el fenómeno del decaimiento en la medida en que sus fundamentos fueron retirados del ordenamiento jurídico mediante la sentencia de inexequibilidad, lo que significa que no puede ni podrá aplicarse.

Hoy, consideramos que es hora de cambiar la tendencia que durante décadas nos ha llevado a la errada convicción de que estos empleados no pueden y no deben ser evaluados en su desempeño. Esta propuesta surge del contenido del artículo 125 de la Constitución Política, que en relación con el punto, consagra expresamente que el retiro se hará entre otras causales "por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo".

Obsérvese que el mandato constitucional se refiere a un criterio objetivo: el empleo no es de naturaleza subjetiva, no se refiere a la modalidad de vinculación del empleado, sino de la vinculación misma en un empleo de carrera administrativa.

El alcance de esta interpretación, en principio, es inaplicable a la luz del literal b) del artículo 41 de la Ley 909 de 2004 antes reseñado, en cuanto la norma se refiere solo a los empleados con derechos de carrera; en este orden de ideas, bien procedería la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad para cumplir con el mandato superior relacionado con la evaluación del desempeño de quienes ocupen empleos de carrera administrativa, sin reparar en la modalidad de vinculación, lo que de paso encuentra apoyo en el mandato legal consagrado en el parágrafo segundo ibídem y lo que por demás, le permitirá a la administración decidir con acierto la permanencia o el retiro de estos empleados según sean los resultados de su evaluación del desempeño.

En suma, consideramos que la evaluación del desempeño debe cobijar a todos los empelados que desempeñen cargos de carrera sin que la modalidad de su vinculación determine o no su aplicación. Como instrumento técnico, objetivo y confiable de administración de personal ligado a los fines mismos de la administración pública al servicio, la evaluación se hace necesaria para el constante mejoramiento del servicio, en aras del interés general.

5. Qué falta

En edición anterior de esta misma publicación, afirmamos que la carrera administrativa no había logrado implementarse a pesar de que la legislación primigenia sobre la materia data ya de 70 años atrás, en razón a múltiples factores atribuibles a los diferentes actores protagónicos del sistema.

Hoy, dada la reiteración de la doctrina constitucional a partir de la cual queda claro que el régimen de carrera es uno de los ejes definitorios de la Carta y que solo el Constituyente primario estaría facultado para eliminarlo o sustituirlo, creemos estar en el punto de partida hacia la verdadera aplicación del sistema.

Aún falta mucho por recorrer y tal vez debemos comenzar por evitar la expedición de normas legales y reglamentarias que ignoren o se opongan a los principios rectores de la carrera; es el momento para que los empleados que gozan del fuero de estabilidad que les ofrece el sistema, cumplan rigurosamente con sus fines; es la ocasión para dotar a la CNSC de verdaderos instrumentos que le permitan cumplir eficiente y eficazmente con los cometidos constitucionales que le fueron encomendados; es hora de utilizar con objetividad los instrumentos técnicos que proporciona el sistema para garantizar la prestación del servicio público con los mejores empleados. Es, en últimas, otra oportunidad que se nos pone de presente para creer en un sistema que ha sido fundado en beneficio del Estado y sus instituciones, de los empleados y de la ciudadanía que representa el interés general.

(1) Sentencia C-1040 de 2005. Referencia: expediente D-5645. Asunto: Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 02 de 2004 "Por el cual se reforman algunos artículos de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones". Actor: Blanca Linday Enciso. Magistrados ponentes: Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis, Clara Inés Vargas Hernández.

(2) Corte Constitucional. Comunicado de prensa 38 del 27 de agosto de 2009. Divulgado por el Dr. Mauricio González Cuervo, vicepresidente de la corporación.

(3) Ibídem.

(4) Ibídem

(5) Reza textualmente la disposición constitucional: "ART. 243.-Los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Ninguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo, mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la confrontación entre la norma ordinaria y la Constitución".

(6) En lo pertinente, reza el artículo 38 de la Ley 909 de 2004: Evaluación del desempeño. El desempeño laboral de los empleados de carrera administrativa deberá ser evaluado y calificado con base en parámetros previamente establecidos que permitan fundamentar un juicio objetivo sobre su conducta laboral y sus aportes al cumplimiento de las metas institucionales (…).

Los resultados de las evaluaciones deberán tenerse en cuenta, entre otros aspectos, para: a) Adquirir los derechos de carrera; b) Ascender en la carrera; c) Conceder becas o comisiones de estudio; d) Otorgar incentivos económicos o de otro tipo; e) Planificar la capacitación y la formación; f) Determinar la permanencia en el servicio".