Ingreso base de liquidación de los trabajadores independientes

Revista Nº 189 Mayo - Jun. 2015

Milton Chávez García 

Abogado tributarista 

El artículo 108 del estatuto tributario limitó la deducción de los pagos realizados a los trabajadores independientes a que el contratante verifique la afiliación y pago de los aportes a la seguridad social que le corresponden al contratista según la ley. Esta verificación se hará de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional.

Sólo ahora, con la Ley del Plan Nacional de Desarrollo 1753 del 2015 que acaba de ser aprobada se estableció la base de los aportes a la seguridad social de los trabajadores independientes. Por lo que una vez se reglamente el sistema de retenciones allí previsto es que podrá aplicarse la limi­tación a las deducciones por los pagos a trabajadores independientes.

Lo que pretendo demostrar en este artículo es que la exigencia que se ha hecho a los trabajadores independientes para hacer aportes a la seguridad social no tuvo fundamento legal. Es por ello que cada contratante público y privado terminó llenando el vacío del legislador y estableciendo el ingreso base de cotización, con la anuencia de algunas autoridades, vulnerando de manera evidente el principio de legalidad de los tributos.

La Corte Constitucional ha sido reiterativa en considerar que los aportes obligatorios que se realizan al sistema de seguridad social, revisten el carácter de contribuciones parafiscales(1). Por tanto, para su establecimiento, están sujetas a los principios de los tributos señalados en la Carta Política, como lo es el de legalidad.

Según el principio de legalidad de los tributos, deben ser los órganos colegiados de elección popular y para el caso el Congreso, los únicos competentes para establecer quién debe pagar la contribución (sujeto pasivo), quién puede cobrarla (suje­to activo), cuál es el hecho que da lugar al nacimiento de la obligación (hecho generador) y la manera de cuantificarla (base gravable y tarifa).

No basta que sea el Congreso quien establezca las contribuciones parafiscales, sino que se exige suficiente certeza (principio de certeza del tributo) en cuanto a los elementos de la obligación tributaria, pues de lo contrario sería imposible su pago por la incertidumbre sobre el nacimiento de la contribución.

Lamentablemente, como lo hemos visto en la práctica la ausencia de alguno de los elementos del tributo no conlleva su inaplicación, sino que el funcionario o el particular asuman las funciones del legislador y sin tener competencia para ello terminen estableciendo el hecho generador, los sujetos o la base gravable.

Criterio generalizado de las entidades estatales

En general, la idea que prima es que los contratistas de prestación de servicios debían realizar aportes sobre el 40% del valor bruto del contrato, facturado en forma mensualizada(2).

El fundamento para sostener este criterio fue el artículo 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002(3) y la Circular Conjunta de los ministerios de Hacienda y de Protección Social 1 del 6 de diciembre de 2004(4).

Sin embargo, debemos señalar que el artículo 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 estaba derogado desde el año 2007 y por tanto no podía ser aplicado. Por lo mismo, perdió vigencia la Circular Conjunta de los ministerios de Hacienda y de Protección Social.

Cuando una norma posterior o de superior jerarquía regula íntegramente parte o la totalidad de un aspecto regulado en la norma anterior o de inferior jerarquía se da la derogatoria tácita. Ello ocurrió en el presente caso con el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, como se muestra en la siguiente gráfica:

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Mientras la norma reglamentaria del año 2002 establecía una base de cotización equivalente al cuarenta por ciento, la disposición legal del año 2007 establece una base de cotización máxima de un 40%.

El Consejo de Estado señaló expresamente que los decretos reglamentarios que establecieron la base de cotización de los trabajadores independientes al sistema de seguridad social anteriores a la Ley 1122 de 2007 perdieron vigencia. Vale la pena citar el pronunciamiento:

“En concepto de la Sala, la norma transcrita sitúa al Gobierno Nacional en un escenario legal distinto al que existía en vigencia de la Ley 100 de 1993. La consecuencia de esta nueva realidad normativa, es que los decretos reglamentarios que se expidieron con anterioridad al artículo 18 de la Ley 1122 del 2007, para regular el ingreso base de cotización en salud de trabajadores independientes contratistas pierden vigencia(5). (Los destacados y cursiva no son del texto)

De acuerdo con las anteriores razones, no tenía sustento exigir a los contratistas que cotizaran sobre el 40% del valor bruto del contrato. Resulta oportuno realizar un análisis de la situación normativa de los aportes a seguridad social de los trabajadores independientes.

¿Quiénes son trabajadores independientes? 

Para efectos de los aportes al sistema de seguridad social, se considera trabajador independiente la persona natural que no se encuentre vinculada laboralmente a un empleador, mediante contrato de trabajo o a través de una relación legal y reglamentaria(6).

Las leyes 100 de 1993 y 1122 de 2007 permiten identificar dos tipos de trabajadores independientes:

Contratistas de prestación de servicios. “Las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten”(7).

Otros trabajadores independientes. Los afiliados al sistema que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos”(8) o bien “los demás contratos y tipos de ingresos”(9).

Vale la pena llamar la atención en el primer grupo, que no es todo contratista, pues las normas se refieren específicamente a los contratistas de prestación de servicios, excluyendo de esta manera a quienes ejecuten contratos de compraventa, suministro u otros que no impliquen la prestación de servicios, los cuales se clasificarán en el segundo grupo, junto a todas las demás personas naturales que no tengan una vinculación laboral o que no sean contratistas de prestación de servicios.

El tratamiento es diferente para los contratistas de prestación de servicios frente a los demás trabajadores independientes(10).

Ingreso base de cotización de trabajadores independientes

En primer lugar debe tenerse en cuenta que la base de las cotizaciones al sistema de seguridad social en salud es la misma del sistema de pensiones, conforme lo dispuso el artículo 33 de la Ley 1393 de 2010.

Tope mínimo y máximo

El parágrafo primero del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003 dispuso que a los trabajadores independientes se les aplicaría el siguiente principio para efectos de su cotización en pensiones: “El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo (…)”.

La Sentencia C-1089 de 2003 declaró exequible la expresión “el ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” contenida en el literal a) del parágrafo 1º del numeral 1º del artículo 15 de la Ley 100 de 1993, tal como fue modificada por el artículo 3º de la Ley 797 de 2003, en el entendido que presuponen la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización(11).

En la Sentencia C-259 de 2009 la Corte Constitucional ratifica que si el trabajador independiente deja de percibir ingresos, no se le puede obligar a cotizar. Lo mismo, si teniendo un ingreso la cotización vulnera su mínimo vital(12).

Posteriormente, el artículo 2º de la Ley 1250 de 2008 adicionó un parágrafo al artículo 19 de la Ley 100 de 1993 para indicar que los trabajadores independientes con ingresos mensuales inferiores a un salario mínimo no están obligados a cotizar. Si bien la norma tuvo una vigencia temporal, no desaparecen los argumentos señalados por la Corte Constitucional.

En síntesis, de lo anterior se deriva que el monto mínimo de cotización equivale a un salario mínimo, salvo que el trabajador independiente devengue un monto menor o, aun siendo superior, la cotización afecte su mínimo vital. En tales casos no debe cotizar, pues no tiene capacidad de pago.

En cuanto al monto máximo de cotización, el inciso cuarto del artículo 18 de la Ley 100 de 1993 (modificado por el artículo 5º de la Ley 797 del 2003) establece el límite del IBC, para todos los casos, en veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando el contratista pruebe que ya está cotizando sobre este tope máximo de aportes, no se le pueden exigir pagos adicionales(13).

Esto significa que el IBC, en ningún caso podrá ser superior a ese tope legal, independiente del valor del contrato o del ingreso percibido por el trabajador.

Una vez atendidos el mínimo y el máximo de la base de aportes a la seguridad social, debemos determinar el IBC.

El artículo 15 de la Ley 100 de 1993 dispone que el IBC de los trabajadores independientes debe “guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos”. El artículo 17 de la misma ley dice que los contratistas deben efectuar cotizaciones con base en “ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen”.

El artículo 19 de la Ley 100 de 1993 señala que quienes “no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien, guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos”.

La Corte Constitucional, al ser cuestionada sobre lo gravosa de la situación para los trabajadores independientes concluyó en su Sentencia C-760 de 2004, que la base de cotización no está definida en las normas y manifestó:

“En cuanto al reparo por el monto de la cotización, una lectura atenta de la norma muestra que esta no dice que la base de cotización se calcula sobre la totalidad del valor del contrato, solo que será proporcional a los ingresos devengados. Siendo así, parece ser que es la definición de qué es lo devengado lo que al parecer motiva la demanda. Sin embargo, tal definición no se encuentra en la norma acusada (…).

(…) Así, el elemento concreto que los demandantes consideran inconstitucional y con base en el cual edifican su análisis de igualdad no hace parte de la norma pues, reitera esta corporación, los apartes acusados no definen con tal exactitud la manera para calcular el ingreso base de cotización. Como lo anotó uno de los intervinientes, las normas no dicen que su aplicación debe hacerse sobre el 100% de los pagos o ingresos, ni indican si se trata de los ingresos brutos o los netos, o si sobre los ingresos totales cabrían o no deducciones o descuentos(14).

En esta sentencia se declaró la exequibilidad de las expresiones “y del contrato de prestación de servicios” y “o ingresos por prestación de servicios que aquellos devenguen” contenidas en el artículo 4º de la Ley 797 del 2003; y las expresiones “o por prestación de servicios como contratista” y “o ingreso devengado de cada uno de ellos” contenidas en el artículo 5º de la Ley 797 del 2003, únicamente por los cargos estudiados en esta oportunidad”.

Cuando la ley dice que la base de los aportes de los trabajadores independientes son los “ingresos efectivamente percibidos” o “en forma proporcional al ingreso devengado”, no es clara en cuanto a si es el ingreso bruto o se deben restar los costos y gastos en que incurre el trabajador independiente. Si además deben restarse todas las erogaciones en que incurre una persona cualquiera para su subsistencia.

Tenemos que la Corte Constitucional concluyó que en la Ley 100 de 1993 no está la base de cotizaciones a la seguridad social de trabajadores independientes.

De otra parte, los decretos reglamentarios que se expidieron para este fin con anterioridad a la Ley 1122 de 2007 están derogados, y esta última disposición legal señaló para los contratistas de prestación de servicios una base máxima del 40% del valor del contrato, sin precisar con certeza el IBC, y para los demás trabajadores independientes nunca se reglamentó un sistema de presunción de ingresos, que exigía la norma.

Ante la ausencia normativa, en su momento el Ministerio de Protección Social llegó a una llamativa solución: seguir aplicando las normas derogadas(15).

Verificación de la afiliación y pago de aportes
al sistema de protección social 

El artícu­lo 26 de la Ley 1393 de 2010 condiciona la celebración y cumplimiento de las obligaciones derivadas de contratos de prestación de servicios a la verificación por parte del contratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social, conforme a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.

Así mismo, el artículo 27 de la misma ley incluyó el parágrafo 2º al artículo 108 del estatuto tributario, señalando que “para la procedencia de la deducción por pagos a trabajadores independientes, el contratante deberá verificar la afiliación y el pago de las cotizaciones y aportes a la protección social que le corresponden al contratista según la ley, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional”.

De lo anterior, el contratante verificará la afiliación y el pago de las cotizaciones de los trabajadores independientes, de acuerdo con el reglamento que expida el Gobierno Nacional, en el cual indique la manera de realizar la verificación.

Quiero llamar la atención sobre el uso del participio en los artículos 15, 17, 18 y 19 de la Ley 100 de 1993. Estas disposiciones establecen el ingreso base de cotización atendiendo a los “ingresos efectivamente percibidos” o al “ingreso devengado”. Estas expresiones se refieren a ingresos que se percibieron o devengaron en el pasado. Es muy difícil concluir que deben atenderse los ingresos futuros o que se espera percibir.

Esto significa que el trabajador independiente debe tener en cuenta los ingresos que ya percibió, y en el mes siguiente realizará los aportes con base en lo efectivamente devengado. Resulta un imposible fáctico que un trabajador independiente de ingresos variables pueda realizar aportes durante el mes en curso, sin tener certeza del monto que va a percibir.

Por ello no es posible exigirle al contratista que al tiempo de presentación de la factura o documento equivalente acredite el pago de aportes a la seguridad social sobre ingresos que no han sido percibidos. Su cotización es necesariamente sobre ingresos que percibió en el mes anterior. Lo contrario sería violatorio del principio de capacidad contributiva.

Se afirmó que el artículo 3º del Decreto Reglamentario 1070 de 2013(16) es el reglamento que hacía falta para la aplicación del parágrafo 2º del artículo 108 del estatuto tributario y del artículo 26 de la Ley 1393 de 2010.

Esta disposición señala que el contratante debe verificar que el pago de las contribuciones a la seguridad social del trabajador independiente esté realizado “de acuerdo con los ingresos obtenidos en el contrato respectivo, en los términos del artículo 18 de la Ley 1122 de 2007, los decretos 1703 de 2002 y 510 de 2003, las demás normas vigentes sobre la materia, así como aquellas disposiciones que las adicionen, modifiquen o sustituyan”.

Como se indicó, el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007 establece un IBC máximo del 40% del valor del contrato, y las demás normas citadas fueron derogadas, precisamente por esta ley.

En todo caso, el reglamento no indica cuál es el alcance de la verificación. No dice cuál debe ser la actuación del contratante.

Al respecto vale la pena citar la jurisprudencia del Consejo de Estado según la cual el contratante no puede requerir explicaciones al contratista, ni calificar si son válidas o no las razones por las cuales se realizó determinado aporte porque esto implica ejercer facultades de fiscalización que no le han sido otorgadas por la ley:

“Por ello, al contrario de lo que ocurre con los deberes del contratante —para verificar la afiliación y pago de los aportes por el contratista e informar de las diferencias a las entidades promotoras de salud—, si también se le permite que exija explicaciones, determine las cotizaciones y practique retenciones sobre los pagos, se estaría invadiendo una competencia asignada a los organismos estatales de control, la cual solo puede ejercerse si existe una muy precisa autorización legal que garantice al contratista el ejercicio de sus derechos, la cual no está presente en las normas invocadas como sustento del decreto reglamentario acusado(17).

Según el criterio del Consejo de Estado, la verificación que hace el contratante no le permite controvertir con el contratista la base de aportes a la seguridad social.

En este punto vale la pena citar de nuevo la Circular Conjunta 1 del 2004 de los ministerios de Hacienda y Protección Social, pues allí se instruyó que los contratantes deben verificar que el contratista se encuentre afiliado y que cancela sus aportes a la seguridad social y agrega que en caso que haya lugar a revisar los aportes a cargo del contratista, el contratante deberá informar a las entidades competentes.

De acuerdo con lo expuesto, bastará con constatar que el contratista está afiliado al régimen de seguridad social en salud y pensiones, y que haya realizado sus cotizaciones. Si por alguna razón el contratante considera que hay alguna inexactitud en los aportes, deberá informar a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social UGPP, que es la entidad competente para realizar las investigaciones y la determinación de aportes.

El contratista no está autorizado por norma alguna para incumplir los pagos, así el contratante considerara que el aporte no se realiza en debida forma.

La Ley del Plan y los aportes de Independientes

En el caso de los contratos de prestación de servicios personales relacionados con las funciones de la entidad contratante y que no impliquen subcontratación alguna o compra de insumos o expensas relacionadas directamente con la ejecución del contrato, el ingreso base de cotización será mínimo el 40% del valor mensualizado del contrato. Pero son los contratantes los que efectuarán la retención de las cotizaciones en la forma que el Gobierno lo establezca.

Mientras ello no ocurra, no es posible reclamar aportes en estos casos. Nótese que el IBC no es el 40% del valor del contrato, sino mínimo el 40%. Luego podría ser mayor, aunque no se precisa en qué casos.

Otro problema que debe atenderse es que en todo caso el límite de los aportes es de 25 smmlv, por lo que debe establecerse un mecanismo en caso de que varios contratantes realicen retenciones que sumadas superen dicho tope.

En relación con los demás independientes se menciona un sistema de presunción de ingresos a cargo del Gobierno Nacional, lo que resulta vulnerador del principio de legalidad de los tributos. Pero así mismo, para quienes no son contratistas de servicios personales, realizarán aportes si su ingreso es igual o superior a 1 smmlv, y la base es un mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos, pudiendo deducir las expensas que se generen en la ejecución de la actividad en los mismos términos del artícu­lo 107 del estatuto tributario.

Habrá que ver cómo se determina el valor mensualizado del contrato. No podrá ser un promedio pues los aportes tienen periodicidad mensual.

También vulnera el principio de potestad tributaria al delegar en el Gobierno una base gravable, así sea presunta.

Conclusiones

Los trabajadores independientes han venido haciendo aportes por convicción o bajo la coacción de sus contratantes, pero sin disposición legal que determine el ingreso base de cotización.

En virtud del principio de legalidad, no es el Gobierno Nacional quien puede establecer los elementos de estos tributos, es necesario que el Congreso determine de manera cierta cuál va a ser la base de aportes a la seguridad social.

No se justifica que un tema que exige la mayor publicidad y difusión como son los tributos, se haya aprobado sin permitir la discusión seria y pausada con los trabajadores independientes, de los beneficios que implican sus aportes y la manera en que debe medirse su capacidad contributiva.

(1) La Corte Constitucional en la Sentencia C-155 de 2004 manifestó: “Esta corporación de manera reiterada ha precisado en efecto que los recursos que ingresan al sistema de seguridad social, tanto en salud como en pensiones, llámense cotizaciones, aportes, cuotas moderadoras, pagos compartidos, copagos, tarifas, deducibles o bonificaciones, son en realidad contribuciones parafiscales de destinación específica, en cuanto constituyen un gravamen, fruto de la soberanía fiscal del Estado, que se cobra obligatoriamente a determinadas personas para satisfacer sus necesidades de salud y pensiones y que, al no comportar una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada, se destinan también a la financiación global bien del sistema general de seguridad social en salud, bien del sistema general de seguridad social en pensiones”. En el mismo sentido están las sentencias: C-179 de 1997, C-711 de 2001, C-1089 de 2003 o C-243 de 2006, entre otras.

(2) Ministerio de Trabajo, Concepto 164487 del 24 de septiembre de 2014; Contraloría General de la República, Concepto 80112-EE41946 del 21 de mayo de 2013; Ministerio de Salud, Concepto 109091 del 31 de enero de 2013; entre muchos otros.

(3) El texto del artículo 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 es el siguiente:

Cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo establecido en el artícu­lo 271 de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho público o privado tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al sistema general de seguridad social en salud.

Inciso segundo. Anulado por el Consejo de Estado.  

Inciso tercero. Anulado por el Consejo de Estado.

En el evento en que los pagos no sean mensuales y no exista justificación válida de la diferencia, el contratante deberá informar tal circunstancia a la entidad promotora de salud, EPS, a la cual se encuentre afiliado el contratista, para que dicha entidad le revise la presunción de ingresos.

Inciso quinto. Anulado por el Consejo de Estado. 

En los contratos de vigencia indeterminada, el ingreso base de cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del valor bruto facturado en forma mensualizada”.

(4) La Circular Conjunta 1 de 2004 concluyó lo siguiente:

“Debe señalarse que al efectuar el examen de nulidad, el honorable Consejo de Estado mantuvo la vigencia del inciso final del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, por lo que en los contratos de vigencia indeterminada, el ingreso base de cotización es el equivalente al 40% del valor bruto facturado en forma mensualizada; razón por la cual, en aplicación del principio de analogía, que halla su justificación en el principio de igualdad, y según el cual, los seres y las situaciones iguales deben recibir un tratamiento igual, dicho porcentaje debe hacerse extensivo a los contratos de vigencia determinada”.

(5) Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 1832 del 26 de julio de 2007, expediente 2007-0048, magistrado ponente Luis Fernando Álvarez Jaramillo. En el mismo sentido puede verse en la Sentencia del 22 de noviembre de 2010 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, la nota 5 de la parte considerativa en la que se reitera que los reglamentos deben entenderse modificadas por el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007.

(6) Decreto Reglamentario 1406 de 1999, artículo 16.

(7) Ley 100 de 1993, artículo 15, numeral 1º.

(8) Ley 100 de 1993, artículo 19.

(9) Ley 1122 de 2007, artículo 18.

(10) Consejo de Estado, Sección Segunda, Sentencia del 22 de septiembre de 2010, expediente 2524-03 y 2800-03 Acumulado, magistrado ponente Gerardo Arenas Monsalve.

(11) Señaló la Corte Constitucional en la Sentencia del 19 de noviembre de 2003, magistrado ponente Álvaro Tafur Galvis:

“Resultaría en efecto contrario al principio de igualdad que se pudieran entender dichas normas en el sentido de poder exigir a los trabajadores independientes la cotización al sistema independientemente de que perciban o no ingresos, mientras que para quienes tienen una vincu­lación laboral o un contrato de prestación de servicios dicha cotización resulta obligatoria solamente en tanto dure la vigencia de la relación laboral y del contrato de prestación de servicios. Una interpretación en este sentido daría razón al actor en cuanto a la inequidad que se generaría para los trabajadores independientes que se verían obligados a contribuir al sistema sin que su participación en el mismo guardara relación alguna con la realidad de sus ingresos, mientras que dicha exigencia no se plantearía para quienes tienen una vinculación laboral o un contrato de prestación de servicios (…).

Así las cosas, la Corte declarará la exequibilidad de los apartes acusados, por los cargos planteados por el actor, en el entendido de que las expresiones “el ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado” contenidas en el literal a) del referido parágrafo presuponen la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización”.

(12) Corte Constitucional, Sentencia C-259 del 2 de abril del 2009, magistrado ponente Mauricio González Cuervo: “Si el trabajador independiente deja de percibir recursos no se le puede obligar a realizar las cotizaciones pensionales, pues no se cumple la condición de tener “un ingreso efectivo que le permi­ta realizar las cotizaciones a pensiones”. Como tampoco se cumple la anterior regla, cuando teniendo el trabajador independiente determinado ingreso, no pueda cotizar al sistema pensional sin vulnerar el límite de su mínimo vital”.

(13) Ley 1122 del 2007, artículo 18, parágrafo.

(14) M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.

(15) Ministerio de Protección Social, Concepto 211183 de 24 de julio de 2008: “El Gobierno Nacional por expresa voluntad del legislador, quedó facultado para reglamentar la operatividad de lo previsto en el artícu­lo 18 de la Ley 1122 de 2007, significando lo anterior, que el Gobierno, es decir, el señor Presidente de la República con la firma del Ministro de la Protección Social, en ejercicio de la facultad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artícu­lo 189 de la Constitución Política, mediante un decreto debe señalar y reglamentar cómo debe operar la cotización de los contratistas, reglamentación que a la fecha no ha sido expedida y que nos lleva a concluir que las bases de cotización en salud y pensiones deben continuarse calculándose en la forma en que ha venido operando antes de entrar en vigencia la ley en comento”.

(16) Modificado por el artículo 9º del Decreto 3032 del 2013.

(17) Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 19 de agosto del 2004, expediente 13707, magistrada ponente Ligia López Díaz.