Inminente cobro de la contribución de valorización nacional

Revista Nº 115 Ene.-Feb. 2003

Se acerca el día para el pago del tributo del desarrollo vial del norte de Bogotá, D.C. 

Roberto Uribe Pinto 

Abogado Tributarista - Profesor Universitario 

Álvaro Camacho Montoya 

Abogado Tributarista - Profesor Universitario 

De acuerdo con los medios de comunicación dentro de pocos días (posiblemente en el transcurso del mes de enero del 2003) el Instituto Nacional de Vías, Invías, hará efectivo un cobro de valorización(1) a los predios rurales ubicados en los municipios de Chía, Sopó, Cajicá y Zipaquirá. La doctrina ha señalado que “una de las formas como crece la riqueza inmueble de las ciudades, es por la valorización producida por las obras ejecutadas por las entidades públicas”(2).

La contribución de valorización, recordemos, es un tributo “que grava los inmuebles que se beneficien con obras de interés público acometidas por la Nación...”(3).

Debe tenerse presente que, dentro del alcance del concepto de valorización, se encuentra el factor fundamental del beneficio que reciba el predio por la obra, por lo que en cada caso en concreto se deberá evaluar y determinar si el cobro efectuado por las autoridades se ajusta al marco legal.

Si la liquidación que pretende el cobro de valorización en algún caso en particular no es acorde con la realidad jurídica, económica y de productividad del predio, el propietario o poseedor afectado podrá hacer uso de los mecanismos de defensa previstos por la ley e interponer los recursos respectivos.

Es de advertir que en esta ocasión no puede cobrarse suma alguna a título de depósito previo para interponer los recursos a que haya lugar. Lo anterior como consecuencia de la nulidad obtenida por los suscritos contra el artículo 64 del Decreto 1394 de 1970, por “impedir la concreción de derechos de rango constitucional, que además impiden el derecho de defensa cuyo ejercicio implica el ser oído y vencido en juicio”(4) de acuerdo con el Consejo de Estado.

Por otro lado, debemos recordar que el cobro de la contribución de valorización nacional para las obras del desarrollo vial del norte del Distrito Capital fue, en su momento, objeto de múltiples críticas e incluso de varios procesos en su contra como, por ejemplo, el que obtuvo la nulidad de dicho gravamen, como consecuencia de una acción pública, nulidad que posteriormente logró revocar el Gobierno Nacional en virtud de un recurso de súplica ante la Sala Plena del Consejo de Estado.

Debe observarse que uno de los motivos para seguir cuestionando la legalidad de esta valorización reside en la circunstancia de que esta se decretó y se está liquidando solamente en las áreas rurales de los municipios indicados atrás, excluyendo, sin ninguna justificación, todas las zonas urbanas de los mismos municipios, creando así un privilegio en la distribución del tributo que desconocen los principios de igualdad y equidad tributaria, consagrados en la Constitución Nacional.

No se comprende por qué se produce esta “exención” de las zonas urbanas, cuando las zonas de influencia prevista en los estatutos nacionales de valorización no facultan a la administración para formar oasis, áreas o sectores excluyentes y privilegiados donde no se cobra el tributo.

Por otra parte, también debe tenerse en cuenta que el ambiguo decreto que le confirió “plenas” facultades al Ministro del Transporte para decretar la valorización nacional, no fue materia de discusión ante el Consejo de Estado, el cual manifestó que no era objeto de la demanda. Pero su validez quedó sujeta a nuevas acciones con el fin de objetar toda facultad indiscriminada que pretende facultar a un ministro para decretar una valorización nacional.

Todo lo anterior sencillamente pugna con el artículo 338 de la Constitución Política que le confiere esta facultad privativa a las corporaciones de elección popular para establecer cualquier tributo.

Finalmente, nos permitimos comentar que no es afortunado el momento que escogieron las autoridades para hacer efectivo el cobro de valorización, por coincidir esta época con la expedición de una nueva reforma tributaria nacional.

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(1) Es un tributo que recae sobre las propiedades raíces que se beneficien con la ejecución de obras de interés público que ejecute exclusivamente la Nación. El artículo 45 de la Ley 383 de 1997 dispuso que las contribuciones nacionales de valorización que no sean canceladas de contado, generarán intereses de financiación equivalentes a la tasa DTF más seis (6) puntos porcentuales. Para el efecto, el Ministro de Transporte señalará en resolución de carácter general, antes de finalizar cada mes, la tasa de interés que regirá para el mes inmediatamente siguiente, tomando como base la tasa DTF efectiva anual más reciente, certificada por el Banco de la República. El incumplimiento en el pago de cualquiera de las cuotas de la contribución de valorización, dará lugar a intereses de mora, que se liquidarán por cada mes o fracción de mes de retardo en el pago, a la misma tasa señalada en el artículo 635 del estatuto tributario para la mora en el pago de los impuestos administrados por la DIAN.

(2) Tributos a la propiedad raíz, Álvaro Camacho Montoya, Legis Editores, segunda edición 1999, p. 85.

(3) La contribución por valorización, Teoría y práctica, Roberto Uribe Pinto, Legis Editores, primera edición 2001, p. 7.

(4) Expediente 8729 de julio 17 de 1998, M.P. Germán Ayala Mantilla.