ACUERDO 10 DE 1997 

(Septiembre 23)

“Por el cual se expide el régimen de creación, organización y administración de los centros de reclusión denominados casa-cárcel”.

El Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec,

en uso de sus facultades legales y, en especial las conferidas por los numerales 6º y 12 del artículo 9º del Acuerdo 0017 del 12 de diciembre de 1996, aprobado mediante Decreto 300 del 7 de febrero de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que de conformidad con lo establecido por el artículo 23 de la Ley 65 de 1993, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario debe expedir el régimen de los centros de reclusión denominados casa-cárcel, el cual debe contemplar los requisitos de creación, organización y funcionamiento;

Que la norma en cita, prevé la posibilidad que las entidades privadas puedan crear, organizar y administrar dichos establecimientos, previa aprobación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario;

Que se hace necesario determinar el régimen de las casa-cárcel del país, así como el procedimiento a través del cual el Inpec concederá la aprobación a las entidades interesadas en la creación, organización, sostenimiento y administración de las casa-cárcel,

ACUERDA:

ART. 1º—Adoptar el régimen aplicable a las casa-cárcel, el cual se regirá de conformidad con las disposiciones de que tratan los artículos siguientes del presente acuerdo.

ART. 2º—Definición. Se denominará casa-cárcel, el lugar destinado para la detención preventiva y el cumplimiento de la pena por delitos culposos cometidos en accidentes de tránsito.

En consecuencia, cuando se trate de uno de estos hechos punibles y haya lugar a la privación de la libertad según orden de autoridad judicial o administrativa, el sindicado deberá ser remitido a la casa-cárcel más próxima y sólo en caso de no existir aquélla, será recluido en un pabellón especial del establecimiento carcelario de la respectiva jurisdicción.

La reseña fotográfica y dactiloscópica, así como el registro de ingreso y egreso de que trata el artículo 56 de la Ley 65 de 1993, se efectuará y llevará a cabo en la respectiva casa-cárcel.

ART. 3º—Dirección. La casa-cárcel será creada, dirigida, administrada, sostenida y vigilada por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. No obstante lo anterior, previa aprobación del Inpec, las entidades privadas podrán crear, organizar, sostener y administrar dichos establecimientos pero su dirección y vigilancia continuará a cargo del Inpec.

El gobierno interno de la casa-cárcel estará a cargo del director de la respectiva cárcel nacional de la jurisdicción, quien será el responsable ante la dirección general del Inpec por el efectivo funcionamiento, control, vigilancia y disciplina del establecimiento y por el cumplimiento de las normas penitenciarias y carcelarias vigentes.

El director del establecimiento de reclusión al cual se anexe la casa-cárcel expedirá el reglamento interno del establecimiento que estará sujeto a las disposiciones contenidas en el Código Penitenciario y Carcelario, en el presente régimen y en el reglamento general del Inpec y deberá ser aprobado previamente por el director general del instituto.

Sin perjuicio de la dirección penitenciaria y carcelaria que ejerce el director del centro de reclusión al cual se encuentra anexa, la coordinación administrativa de la casa-cárcel corresponderá a la entidad que la creó u organizó, a través de un subdirector administrativo designado por ésta. La subdirección administrativa tendrá las funciones de compras, suministros, cocinas, aseo, mantenimiento locativo y demás servicios a los internos, según reglamento expedido por el subdirector administrativo.

En todo caso, el subdirector administrativo actuará en coordinación y bajo la supervisión del director penitenciario y carcelario del establecimiento de reclusión al cual se anexe la casa-cárcel, con sujeción a las normas penitenciarias y carcelarias vigentes.

ART. 4º—Requisitos. Las entidades que pretendan crear, organizar, sostener y administrar una casa-cárcel, deberán estar debida y legalmente constituidas y cumplir previamente con los siguientes requisitos: 1. Que su objeto social incluya como actividad principal la administración del establecimiento como casa-cárcel.

2. Que se adjunte certificado de existencia y representación legal de la cámara de comercio de la respectiva jurisdicción del domicilio de la sociedad y un balance general y estados financieros suscritos por el representante legal y certificados por contador público juramentado.

3. Que se anexe certificados de antecedentes judiciales y personales de cada uno de los miembros y/o socios de la entidad y de su representante legal, o en el caso de sociedades por acciones de los miembros de la junta directiva y de su representante legal.

4. Que se presente ante la subdirección de construcciones del Inpec, para su aprobación, planos de construcción, adecuación o remodelación del inmueble dentro del cual funcionará la casa-cárcel.

5. Que se acredite la propiedad del inmueble destinado para la casa-cárcel, con la escritura pública y el certificado de tradición y libertad correspondientes, o en su defecto, la tenencia legítima del inmueble mediante contrato de arrendamiento o posesión pacífica, en ambos casos por un período no menor de tres (3) años.

6. Que el inmueble cuente con los medios materiales mínimos que permitan el cumplimiento eficaz de sus funciones y objetivos tales como: dormitorios, celdas individuales, baños, comedor, cocina, enfermería con dotación de equipos, salas, biblioteca, taller, instalaciones deportivas y recreativas, salas de visitas para abogados, notificaciones y visitas en general y espacio común al aire libre.

7. Que el establecimiento tenga dependencias separadas para la guardia y la población de internos, así como dependencias separadas para hombres y mujeres.

8. Que se constituya una póliza que garantice el funcionamiento del establecimiento por el término de duración del acto administrativo que aprueba la creación, organización y administración de la casa-cárcel y seis (6) meses más en caso de que cese en sus funciones antes del término previsto y, en general, para el cubrimiento de los perjuicios que eventualmente puedan ocasionarse por el ejercicio de las labores de la casa-cárcel o por el cese de ellas.

ART. 5º—Trámite para la aprobación. Acreditados los requisitos establecidos en el artículo anterior, se procederá a remitir la solicitud junto con la documentación respectiva a la oficina jurídica del Inpec, quien efectuará un estudio integral de la misma.

Previo concepto de la oficina jurídica del instituto, el director general del Inpec procederá a expedir el acto administrativo en virtud del cual aprueba a la entidad interesada para crear, organizar y administrar la casa-cárcel por un período de cinco (5) años, prorrogables cuantas veces lo solicite, si se reúnen los requisitos para ello.

Cuando en la respectiva jurisdicción territorial exista casa-cárcel o que atendidas las necesidades y el volumen de la población de internos, no se justifique la creación de un nuevo establecimiento, el director general del Inpec se abstendrá de impartir la aprobación.

ART. 6º—Custodia y vigilancia. La seguridad de la casa-cárcel estará a cargo del cuerpo de custodia y vigilancia del Inpec.

ART. 7º—Personal administrativo. Para el funcionamiento de la casa-cárcel se requiere de una planta mínima de personal a cargo de la entidad encargada de la administración, integrada por:

1. Un profesional en el área de economía, administración de empresas, contaduría o carreras afines que cumpla las funciones de subdirector administrativo.

2. Un abogado titulado que preste asesoría jurídica a los internos.

3. Un trabajador social que cumpla las políticas de atención social.

4. Un médico, odontólogo y psicólogo que se encarguen de la asistencia en materia de salud.

5. El personal necesario para los servicios requeridos.

ART. 8º—Gastos de funcionamiento. Los gastos de funcionamiento y sostenimiento de la casa-cárcel, así como la cancelación de los salarios y prestaciones sociales del personal de profesionales y empleados requeridos, será responsabilidad de la entidad que cree, organice y administre el establecimiento. En consecuencia, en ningún caso existirá relación laboral entre aquéllos y el Inpec.

PAR.—El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario proveerá los medios y el personal necesarios para la custodia y el tratamiento penitenciario de los internos, asumiendo los gastos de las personas que por él sean designadas para el efecto.

ART. 9º—Servicios. Las entidades que cuenten con la respectiva aprobación del Inpec para crear, organizar, sostener y administrar una casa-cárcel, podrán ofrecer mediante cuotas de afiliación, previo concepto favorable del Inpec, la prestación de servicios adicionales, tales como médicos u odontológicos, asistencia jurídica y profesional, elementos de uso personal, alimentación especial, lavandería y otros similares.

Los servicios enunciados en el inciso anterior y que se presten al interior de la casa-cárcel podrán ser cobrados a los internos por dichas entidades, pero en ningún caso la adquisición de estos servicios se constituye en requisito indispensable para el ingreso a la casa-cárcel.

La alimentación y la asistencia médica básica serán suministradas por el Inpec, a través de la persona encargada de tal labor en la respectiva cárcel nacional y en igualdad de condiciones, de conformidad con lo señalado en el reglamento general e interno del respectivo centro carcelario.

ART. 10.—Prohibiciones. El Inpec determinará los parámetros bajo los cuales las entidades que cuenten con la respectiva aprobación para crear, organizar, sostener y administrar estos establecimientos, puedan utilizar el nombre de la casa-cárcel en los medios de comunicación y publicitarios, teniendo siempre en cuenta el principio según el cual la casa-cárcel, como lugar para la ejecución de las sentencias penales y para la detención preventiva, es un servicio público gratuito dirigido por el Estado y que está prohibida la venta de afiliaciones.

Las entidades a que hace referencia este régimen pueden, bajo los parámetros respectivos y el control del Inpec, promocionar los servicios adicionales que ofrecen.

ART. 11.—Ingreso a la casa-cárcel. Para el ingreso a estos establecimientos se debe tener en cuenta que el hecho punible sea un delito culposo en accidente de tránsito, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 65 de 1993.

Por ningún motivo y sin excepción alguna podrán exigirse requisitos adicionales a los sindicados o condenados que por mandato legal deban estar recluidos en estos establecimientos de reclusión.

ART. 12.—Revocatoria. En cualquier momento el director general del Inpec, ante la inobservancia de los requisitos mínimos de funcionamiento de la casa-cárcel, podrá revocar la aprobación inicialmente concedida.

ART. 13.—Las direcciones de las casa-cárceles expedirán dentro de los tres (3) meses siguientes al acto administrativo que les apruebe su creación, organización y administración, el correspondiente reglamento interno el cual se sujetará a las previsiones del Acuerdo 11 de 1995.

ART. 14.—El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las demás disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese, comuníquese y cúmplase.

Dado en Santafé de Bogotá, D.C., a 23 de septiembre de 1997.

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