INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 1- 6 DE 2001 

(Marzo 9)

Temas:

A. Derechos notariales en la vivienda de interés social.

B. Derogatoria de la Instrucción Administrativa 19 de 2000

A. Derechos notariales en la adquisición de vivienda de interés social

El artículo 18 del Decreto 1681 de 1996, modificado por el artículo 1º del Decreto 481 de marzo 10 de 1998 dispuso que, en materia de vivienda de interés social, se causarán derechos notariales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en la tarifa. (1)

Lo previsto en el artículo precedente es aplicable para la adquisición de la vivienda, toda vez que, en razón de lo ordenado por la Ley 546 de 1999, —cuya finalidad fue la de regular un sistema especializado para la financiación de vivienda y los costos vinculados a su negociación—, se fijaron tarifas especiales, así:

1. Para determinar los derechos notariales en la constitución de gravámenes hipotecarios (2) a la luz de la Ley 546 de 1999, deberá distinguirse entre vivienda de interés social subsidiable o no subsidiable:

a) Hipoteca en vivienda de interés social subsidiable, se liquidará con base en el 10% de la tarifa ordinaria.

b) Hipoteca en vivienda de interés social no subsidiable, se aplicará el 40% de la tarifa normal.

2. La cancelación de hipotecas constituidas en UVR(3) conforme a los parámetros establecidos en el artículo 31 Inciso 3º parte final de la Ley 546 de 2000, se liquidarán como acto sin cuantía. (2)

3. Los derechos notariales en la constitución y cancelación del patrimonio de familia son actos sin cuantía, de conformidad con lo establecido en el inciso 3º del artículo 31 de la Ley 546 de 1999. (2)

De los decretos 2158 de 1995 y 371 de 1996.

Es importante precisar que las tarifas aquí previstas no son aplicables a las escrituras públicas que se autoricen para la adquisición de vivienda de interés social en los términos establecidos por el Decreto 2158 de 1995, modificado por el Decreto 371 de 1996, el cual fija por derechos notariales una tarifa especial única de cinco mil pesos ($ 5.000), sin consideración al número de actos que contenga dicho instrumento, siempre que se cumplan las condiciones previstas en dicha normatividad, esto es, que para la identificación del inmueble se utilice el sistema de planos prediales catastrales previsto en el Decreto 2157 de 1995 y que el programa de vivienda de que se trate lo desarrolle una entidad pública.

B. Derogatoria de la Instrucción Administrativa 19 de 2000:

El artículo 134 de la Ley 388 de 1997 dispuso que el concepto de vivienda de interés social contenido en la Ley 9ª de 1989 continuaría vigente hasta tanto se expidiera el siguiente Plan Nacional de Desarrollo.

El concepto sobre lo que constituye la vivienda de interés social reglado en el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989, modificado por el artículo 3º de la Ley 2ª de 1991, fue derogado en forma expresa por el numeral 1º del artículo 138 de la Ley 388 de 1997, disposición que en su numeral 5º derogó igualmente el artículo 3º de la Ley 2ª de 1991, modificatorio del artículo 44 de la Ley 9ª de 1989.

A través de la Ley 508 de 1999, el gobierno expidió el Plan Nacional de Desarrollo el cual fue declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional a través de la Sentencia C-557 de 2000. Ante esta situación, se puso en vigencia el plan de inversiones públicas para los años 1998-2002 por medio del Decreto 955 de 2000, declarado igualmente inexequible por la misma corporación en la Sentencia C-1403 del mismo año.

Por el hecho de haber tenido vigencia el Plan Nacional de Desarrollo quedó derogado el artículo 44 de la Ley 9ª de 1989 como lo ordenó la Ley 388 de desarrollo territorial.

En consecuencia, se deroga la Instrucción Administrativa 19 de 2000 que fundamentada en e! citado artículo 44, se refirió entre otros, al cobro de derechos notariales para la vivienda de interés social.

(1) “ART. 18.—En los contratos do compraventa o hipoteca referentes a la adquisición de vivienda de interés social en los términos previstos en leyes 9ª de 1989, 2ª y 3ª de 1991 y las demás que las modifiquen, adicionen o complementen, en que intervengan personas particulares, naturales o jurídicas, se causaran derechos notariales equivalentes a la mitad de los ordinarios señalados en la tarifa, en los siguientes eventos:

a) Cuando la adquisición sea financiada en parte con el subsidio familiar de vivienda de que trata la Ley 3ª de 1991;

b) Si la autoridad municipal, ante la cual se radican los documentos para dar cumplimiento al artículo 120 de la Ley 388 de 1997, certifica que el proyecto del cual hace parte el inmueble materia de la enajenación es considerado como vivienda de interés social;

c) Si se protocoliza copia de la resolución que concede el permiso para anunciar el plan o programa de vivienda do interés social, y

d) Cuando el vendedor de la vivienda de interés social sea una entidad de derecho público

PAR.—A las copias de estas escrituras, expedidas con destino a la oficina de Registro de Instrumentos Públicos, Catastro y a la primera que se expida para el interesado, se aplicará lo dispuesto en este artículo.

(2) “ART. 31.—Derechos notariales y gastos de registro. Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios, a favor de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social no subsidiable, se liquidarán al cuarenta por ciento (40%) de la tarifa ordinaria aplicable.

Los derechos notariales y gastos de registro que se causen con ocasión de la constitución o modificación de gravámenes hipotecarios de un participante en el sistema especializado de financiación de vivienda, para garantizar un crédito de vivienda individual de interés social, que en razón de su cuantía pueda ser objeto de subsidio directo, se liquidarán al diez por ciento (10%) de la tarifa ordinaria aplicable.

Para efecto de los derechos notariales y gastos de registro, la constitución del patrimonio de familia de que trata el artículo 22, cuya inembargabilidad se entenderá levantada únicamente a favor del acreedor hipotecario que financió, su adquisición, o de quien lo suceda en sus derechos, en todos los casos se considerará como un acto sin cuantía. Igualmente la cancelación de los gravámenes será considerado un acto sin cuantía.

PAR.—Lo previsto en el presento artículo, se aplicará sin perjuicio de las normas que establezcan tarifas más favorables, respecto de actos relativos a viviendas de interés social”.

(3) “ART. 38.—Denominación de obligaciones en UVR. Dentro de los tres (3) meses siguientes a la fecha de vigencia de la presente ley, todas las obligaciones expresadas en UPAC se expresarán en UVR, según la equivalencia que determine el Gobierno Nacional. Vencido este término sin que se hayan modificado los documentos en que consten tales obligaciones, éstas se entenderán en UVR, por ministerio de la presente ley.

PAR.—Las entidades financieras quedan facultadas para redimir en forma anticipada los títulos valores denominados en UPAC. Igualmente, a elección del deudor se podrán denominar las cuentas de ahorro y demás pasivos, en UVR o en pesos.

N. del D.: La presente instrucción administrativa va dirigida a señores notarios .

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