INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 10 DE 1995 

(Abril 6)

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 34 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Como es del conocimiento de ustedes, el artículo 42 del Decreto-Ley 2811 de 1974 o Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, declaró de dominio público todos los recursos naturales renovables, por constituir patrimonio ecológico del Estado, incluido en ese concepto los parques naturales. Se trata de aquellas zonas determinadas y delimitadas por el Gobierno Nacional para proteger al máximo su preservación y manejo; y, consecuentemente, evitar abusos en el ejercicio de la propiedad privada.

Pero con antelación, fue la Ley 2ª de 1959, la que en su artículo 14 declaró de utilidad pública las zonas que se establecieran como “parques nacionales naturales” autorizando, al igual que el artículo 335 del Decreto-Ley 2811 de 1974, la expropiación de tierras o mejoras de propiedad privada que se ubicaran en ellas. Ello denota una característica propia, como la resaltada, de la legislación sobre preservación y manejo de los recursos naturales renovables y la protección del medio ambiente, además de la inherente a la de interés social.

Es la propia Constitución Política la que determina que el interés privado debe ceder al interés público o social, cuando resulten en conflicto los derechos de los particulares con la necesidad reconocida en una ley expedida por motivo de utilidad pública o interés social; y le asigna a la propiedad privada una función ecológica como inherente de la social, además de tornarlos en inalienables, imprescriptibles e inembargables, entre otros, a los bienes de uso público y los parques naturales.

Estos criterios, en consonancia con los establecidos por los artículos 1521 y siguientes, y 1740 y siguientes del Código Civil, relacionados con el objeto o causa ilícitos, generadores de nulidad absoluta que vicia aquellos negocios que afectan los intereses del orden público, llevan a este despacho a recordarles la prohibición para autorizar y registrar escrituras públicas relacionadas con estos bienes, que no se allanen a las exigencias que sobre la materia impone la legislación vigente.

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 34 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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