INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 10 DE 2003 

(Abril 10)

Asunto: Cobro de IVA en tarifas de conciliación.

Acerca de si los centros de conciliación deben cobrar y recaudar el IVA, me permito comunicarles lo siguiente:

La ley estatutaria de la administración de justicia en su artículo 1º define a la administración de justicia como “(...) la parte de la función pública que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos, obligaciones, garantías y libertades consagradas en ellas, con el fin de realizar la convivencia social y lograr mantener la concordancia nacional”.

El Ministerio del Interior y de Justicia manifiesta que al ejercer las funciones los conciliadores administran justicia, lo que implica el desarrollo de una función pública, exenta del cobro del IVA, en el entendido de ser una obligación legal.

N. del D.: La presente instrucción administrativa va dirigida a los notarios.

NOTA: Envío extracto concepto 03760 de 17-05-2002 del Ministerio de Justicia y del Derecho.

Cobro de IVA en tarifas de conciliación.

EXTRACTOS: “En nuestro país la administración de justicia venía siendo aplicada directamente por el Estado a través de los funcionarios jurisdiccionales. Posteriormente se facultó a los particulares para participar de la función pública de administración de justicia en la condición árbitros o conciliadores. Para el caso de los últimos se previó que su actuación se haga a través de centros de conciliación y se contempló la posibilidad de cobrar una tarifa por la prestación del servicio de conciliación, dentro de un marco fijado por el Gobierno Nacional.

Pues bien, en desarrollo del artículo 8º de la ley estatutaria de administración de justicia, la ley determinó que el Gobierno Nacional fijaría el marco dentro del cual se fijará las tarifas por la prestación del servicio de conciliación. Este marco tarifario está definido actualmente en el Decreto 024 de 2002, en el cual no se exige el cobro del impuesto de IVA, sino que se determina, el valor de gastos de administración para reconocer en algo la labor que realiza un centro para lograr el desarrollo de las conciliaciones, y el valor que se debe reconocer al particular que colabora con la administración de justicia como conciliador.

La Corte Constitucional reafirma lo dicho en los siguientes términos (Sent. C-037/96):

Uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado social de derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella, se protegen y se hacen efectivos los derechos las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo. Para el logro de esos cometidos, no sobra aclararlo, resulta indispensable la colaboración y la confianza de los particulares en sus instituciones y, por lo mismo, la demostración de parte de éstas de que pueden estar a la altura de su grave compromiso con la sociedad. Así, en lo que atañe a la administración de justicia, cada vez se reclama con mayor ahínco una justicia seria, eficiente y eficaz en la que el juez abandone su papel estático, como simple observador y mediador dentro del tráfico jurídico, y se convierta en un partícipe más de las relaciones diarias de forma tal que sus fallos no sólo sean debidamente sustentados desde una perspectiva jurídica, sino que, además respondan a un conocimiento real de las situaciones que le corresponden resolver.

Las consideraciones precedentes implican, en últimas, una tarea que requiere, como consecuencia de haber sido nuestro país consagrado en la Carta Política como, un Estado social de derecho, un mayor dinamismo judicial, pues sin lugar a dudas es el juez el primer llamado a hacer valer el imperio de la Constitución y de la ley en beneficio de quienes, con razones justificadas, reclaman, su protección. Así, entonces, la justicia ha pasado de ser un servicio público más, a convertirse en una verdadera función pública, como bien la define el artículo 228 del Estatuto Fundamental. Significa lo anterior que tanto en cabeza de los más altos tribunales como en la de cada uno de los juzgados de la República, en todas las instancias, radica una responsabilidad similar, cual es la de hacer realidad los propósitos que inspiran la Constitución en materia de justicia, y que se resumen en que el Estado debe asegurar su pronta y cumplida administración a todos los asociados; en otras palabras, que ésta no sea simple letra muerta sino una realidad viviente para todos. (Negrilla ajena al texto original).

Por otra parte, el artículo 13 de la ley estatutaria de administración de justicia determina que la función jurisdiccional, de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política, es ejercida por “(...) 3. Los particulares actuando como conciliadores o árbitros habilitados por las partes, en asuntos susceptibles de transacción, de conformidad con los procedimientos señalados en la ley. (...)” (negrillas ajenas al texto original).

De acuerdo con el pronunciamiento de la Corte Constitucional, en Sentencia C-037 de 1996:

Esta disposición se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 116 superior respecto de las otras autoridades y personas habilitadas por la Carta Política para administrar justicia. En ese orden de ideas, la referencia que se hace a las autoridades administrativas y al Congreso de la República respeta los lineamientos previstos en el citado precepto y, para el caso del órgano legislativo, se fundamenta igualmente en los artículos 174 y 178-3 del Estatuto Superior. Sin embargo, y a pesar de los problemas de redacción que presenta la norma que se revisa, debe señalarse que el término “de las acusaciones” —formuladas por el órgano legislativo— resulta exequible siempre y cuando se entienda que hace referencia únicamente a los delitos en que pudiesen incurrir los funcionarios con fuero constitucional.

En cuanto al ejercicio de la administración de justicia por los particulares, cabe señalar que el referido artículo 116 constitucional prevé la posibilidad de encargarlos para cumplir esa labor en la condición de conciliadores o la de árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, tal como lo dispone el artículo bajo revisión. Resta agregar que en estas situaciones, los particulares, en aquellos casos no previstos por el legislador, pueden fijar sus propias reglas para el ejercicio de su labor de impartir justicia, siempre y cuando se ajusten a los parámetros establecidos en la Constitución y en la ley (negrillas ajenas al texto original).

Por su parte, la Ley 640 de 2001 establece que la conciliación extrajudicial en derecho se exigirá como requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción ordinaria en los asuntos que la misma ley determina. En esta medida, toda vez que la legislación prevé que a través de la conciliación se está accediendo a la administración de justicia, no es viable establecer un tributo como el IVA por el ejercicio de una obligación establecida por la misma ley.

(Concepto número 03760 de 17 mayo 2002 - Ministerio de Justicia y del Derecho. Dirección de Centros de Conciliación, arbitraje y amigable composición).

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