INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 10 DE 2005 

(Junio 29)

Asunto: Derechos humanos, mejoras en territorios colectivos, protección ambiental, siembras y desplazamientos de población en Jiguamiandó y Curvaradó, departamento del Chocó.

Acudo a usted para comunicarle que el señor defensor del pueblo me ha pedido que les reitere la instrucción referida a la imposibilidad de inscribir en las oficinas de registro de instrumentos públicos contratos de compraventa de tierras, o de mejoras, ubicadas en territorios colectivos o en resguardos indígenas. Estos bienes son inembargables, imprescriptibles e inalienables.

Así lo prescribe el canon 63 de la Constitución Política que a la letra dice: Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son inalienables, imprescriptibles e inembargables.

El señor defensor del pueblo ha previsto este tema así:

“Apremiar a la Superintendencia de Notariado y Registro a que instruya a las oficinas de instrumentos públicos para que se abstengan de registrar compraventa de tierras o de mejoras, ubicadas en territorios colectivos o en resguardos indígenas, dado que mismos son inembargables, imprescriptibles, e inalienables, de conformidad con el artículo 63 de la Carta Fundamental, el artículo 15 de la Ley 70 de 1993 y el Decreto 2164 de 1995 reglamentario de la Ley 160 de 1994” (art. 15 de la Res. Def. 39/2005).

Para ampliar este campo de previsiones quiero también recomendarle a los señores notarios la rigurosa aplicación de los siguientes artículos del estatuto del notariado:

“ART. 6º—Corresponde al notario la redacción de los instrumentos en que se consignen las declaraciones emitidas ante él, sin perjuicio de que los interesados las presenten redactadas por ellos o sus asesores. En todo caso, el notario velará por la legalidad de tales declaraciones y pondrá de presente las irregularidades que advierta, sin negar la autorización del instrumento en caso de insistencia de los interesados, salvo lo prevenido para la nulidad absoluta, dejando siempre en él constancia de lo ocurrido”.

“ART. 17—El notario revisará las declaraciones que le presenten las partes, redactadas por ellas o a su nombre, para establecer si se acomodan a la finalidad de los comparecientes, a las normas legales, a la clara expresión idiomática; en consecuencia, podrá sugerir las correcciones que juzgue necesarias.”

En cumplimiento y desarrollo de estas delicadas competencias el notario debe explicar a los otorgantes la disposición de que trata el artículo 1741 del Código Civil que dice:

“La nulidad producida por un objeto o causa ilícita, y la nulidad producida por la omisión de algún requisito o formalidad que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos en consideración a la naturaleza de ellos, y no a la calidad o estado de las personas que los ejecutan o acuerdan, son nulidades absolutas.

Hay así mismo nulidad absoluta en los actos y contratos de personas absolutamente incapaces. (...)” (Los resaltados son míos).

Y ponerla en armonía con los artículos 1519 y 1521, ibídem, que prescriben:

“ART. 1519.—Hay un objeto ilícito en todo lo que contraviene al derecho público de la nación. Así, la promesa de someterse en la República a una jurisdicción no reconocida por las leyes de ella, es nula por el vicio del objeto”.

“ART. 1521.—Hay un objeto ilícito en la enajenación:

1. De las cosas que no están en el comercio.

(...)”.

Antes de terminar me permito reproducirle algunas reflexiones importantes efectuadas en la providencia del Defensor del Pueblo, así:

“La siembra de palma africana en grandes extensiones, que desde el año 2000 se viene adelantando, ha generado conflictos relacionados con los territorios colectivos y la identidad cultural y étnica, daño al medio ambiente y desplazamiento forzado por la violencia.

No puede afirmarse que la siembra de palma en sí sea mala, por el contrario representa una opción para el desarrollo económico en regiones que presentan condiciones de suelo y de clima apropiado para tales fines; siempre y cuando respeten los derechos de las comunidades, se establezcan dentro de la frontera agrícola y cumplan con el plan de manejo ambiental.

Los problemas se derivan del conflicto de intereses que existen alrededor de este cultivo. De un lado están los empresarios de la palma, quienes a través de grandes empresas promueven un negocio con buenas perspectivas económicas, lo que determina que su objetivo se dirija principalmente hacia la expansión de los cultivos y aumento de la producción.

Y de otro, las comunidades afro colombianas ubicadas en territorios colectivos, que se han vista constituye una irregularidad, se han visto forzados a desplazarse, con todo lo que implica para ellos desde el punto de vista no solo cultural y de arraigo a su tierra, sino social y económico.

En este análisis, hay que tener en cuenta también a los campesinos colonos, algunos de estos con predios legalmente titulados por el Incora, y otros con los que los derechos que otorga la posesión de buena fe por más de 30 años, quienes fueron desplazados de sus tierras por causa de la confrontación armada que desde 1997 acongoja al Chocó.

Finalmente, y con la misma trascendencia, se encuentra la desprotección de los recursos naturales y del medio ambiente y el desconocimiento de la normatividad ambiental que ocasionan por la deforestación, la alteración de los cuerpos hídricos, las obras de infraestructura y la afectación a la biodiversidad.

Se identifican entonces cuatro tipos de problemas principales:

1. En relación con los territorios:

• Defectos de titulación.

• Compraventa de mejoras en territorios colectivos.

2. La afectación a su identidad étnica y cultural.

3. Los impactos al medio ambiente y al equilibrio ecológico según la óptica del desarrollo sostenible.

4. El desplazamiento forzado de población y desarraigo de sus territorios.

De la situación descrita a lo largo de la resolución es fácil concluir que en el problema de tierras están involucrados diferentes componentes.

Se compran y se venden mejoras en territorios colectivos que son, inembargables, imprescriptibles e inajenables según la Constitución y la ley. Es necesario que el Incoder aclare los defectos de titulación en el departamento del Chocó.

La normatividad ambiental no se respeta. No se han divulgado ni puesto en vigor un plan de manejo ambiental. Los cultivos de palma aceitera deben beneficiar a la población antes que perjudicarla y desalojarla; su expansión debe evitar la destrucción de otros cultivos y que se derriben viviendas, se supriman caminos y vías de comunicación. No se debe olvidar que en materia ambiental debe primar el principio de precaución, por lo cual las determinaciones deben abordarse con gran celeridad.

Es pertinente resaltar que la problemática objeto de esta investigación se sucede en territorios donde, a la luz de los instrumentos internacionales y de la Constitución Política, existen unos consejos comunitarios y cabildos indígenas, autoridades especiales que no han sido tenidas en cuenta. De igual manera, se sucede afección al tejido social, de la identidad e integridad étnica y cultural y de la relación de estas con los territorios.

De toda esta situación de confrontación armada y de cultivo de palma en territorios colectivos, es la población que se ha visto obligada a desplazarse, la principal víctima. Por lo anterior, toda acción que se adelante debe hacerse priorizando la realización de los derechos de estas comunidades”.

Le ruego aplique su empeño al cumplimiento del aspecto que le solicito y que usted sabe tiene una especial importancia en las políticas sociales del Gobierno Nacional y en la construcción de soluciones económicas seguras y eficientes.

Con sentimientos de consideración,

N. del D.: La presente instrucción administrativa va dirigida a los registradores de instrumentos públicos y notarios.

___________________________________