INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 11 DE 1995 

(Abril 6)

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 44 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

Con fundamento en las funciones de orientación que el Decreto 2158 de 1992 le adscribe a la Superintendencia de Notariado y Registro para el desarrollo de sus objetivos, me corresponde recordarles la prohibición constitucional para quienes cumplen funciones públicas, de establecer y exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho reglamentado de manera general.

El fomento de las soluciones de vivienda de interés social tiene finalidades de protección de las clases menos favorecidas; y es por ello que para facilitar el saneamiento de la titulación de este tipo de vivienda, la ley de reforma urbana dispuso eximir de ciertos requisitos los actos de otorgamiento, autorización y registro realizados a través de escritura pública, relacionados con compraventas o hipotecas vinculadas con esa política, entre ellos, los de licencia de construcción o urbanización del inmueble, el reglamento de propiedad horizontal y el permiso de legalización de inmuebles (L. 3ª/91, art. 36).

El único requisito exigible en relación con la adquisición del inmueble es la escritura de propiedad, que en virtud del carácter solemne del contrato de venta de bienes raíces, es formalidad sine qua non para su existencia jurídica; en esta materia, la ley no reconoce contratos imperfectos por el hecho de no haberse otorgado escritura pública. Y entonces, no es permitido imponer, en sustitución ni adicionalmente, prueba alguna sobre el particular.

(Nota: Derogada por la Instrucción Administrativa 44 de 2001 de la Superintendencia de Notariado y Registro).

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