INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 12 DE 2003 

(Abril 25)

Asunto: Facultad de corrección de errores en inscripciones efectuadas sobre los folios de matrícula inmobiliaria.

A continuación transcribo algunos apartes de la sentencia proferida por el honorable Consejo de Estado el 31 de enero de 2003. La ponencia fue de la doctora Olga Inés Navarrete Forero. Mediante ella se abre un interesante horizonte para la facultad del Registrador de Instrumentos Públicos de corregir errores en que se haya incurrido al efectuar un asiento registral.

Su sentido es que en tratándose de actos de registro no les es aplicable el criterio según el cual los mismos sólo pueden ser revocados con el consentimiento expreso y escrito del titular.

Esa Sección, (Primera), ha venido señalando que existe un procedimiento especial contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970.

No se le escapa a usted la importancia de tal decisión para estructurar la naturaleza del acto registral y su autonomía.

Extractos

“Sea del caso aclarar que si bien esta corporación ha sostenido que el procedimiento de registro está regulado por el Decreto-Ley 1250 de 1970, razón por la cual no le es aplicable la primera parte del Código Contencioso Administrativo, salvo en lo no previsto en tal ley y que resulte compatible con los respectivos asuntos, también lo es que los actos administrativos de registro constituyen verdaderos actos administrativos en la medida en que contienen una manifestación de la voluntad de la administración que produce efectos jurídicos...

En efecto, en anteriores oportunidades esta Sección ha manifestado que como quiera que el Decreto 1250 de 1970 contiene sus propias reglas en materia de corrección o cancelación del registro o inscripción de un título, acto o documento, diferentes de las que gobiernan el procedimiento administrativo general de la revocación directa, esta última no es aplicable para los actos de registro y por lo tanto no se requiere del consentimiento expreso y escrito del titular, como sí lo exige el artículo 73 del Código Contencioso Administrativo, para la revocatoria de los actos de carácter particular y concreto.

Antes de entrar a decidir el recurso, es necesario hacer un recuento sucinto de los hechos:

El folio ... se abrió con fundamento en el turno 53546 de 1973... De los hechos narrados se desprende que el folio no reflejaba antes de la expedición de los actos acusados la verdadera historia jurídica del predio, ya que en él aparecían la descripción, cabida y linderos de un predio diferente.

En consecuencia, la administración inició la respectiva actuación con el fin de que el folio exhibiera el estado jurídico del predio...

Con base en el anterior material probatorio y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 del Decreto-Ley 1250 de 1970, según el cual la administración procederá a reconstruir el folio, la oficina de registro de Bogotá, zona sur,... mediante los actos jurídicos acusados llevó a cabo la reconstrucción del mismo, para lo cual tuvo que excluir algunas anotaciones y adecuar otras, sin que pueda entenderse en el caso sub judice que dichas exclusiones constituyen una cancelación como lo pretende hacer ver la demandante, pues lo cierto es que al no haber sido nunca registrada la escritura 5802, como tampoco el antecedente citado en dicha escritura... mal puede hablarse de la cancelación de un registro inexistente...

En consecuencia, si bien esta corporación ha sostenido en diversas providencias que la prueba de la cancelación del respectivo título o acto, o la orden judicial en tal sentido... en tratándose en el asunto examinado de la inexistencia del registro de la escritura 5802..., fuerza concluir que la exclusión de la anotación 01 del folio ... no puede equipararse en el presente caso a una cancelación, pues no es posible cancelar lo que no existe...

De otra parte, como lo afirma el recurrente, es cierto que antes de la iniciación de la actuación administrativa, en los folios de matrícula de que dan cuenta los actos administrativos acusados, no aparecía limitación alguna sobre la propiedad, pero también lo es que, precisamente dado que tales folios no reflejaban el real estado jurídico del bien, como lo exige el artículo 82 del Decreto 1250 de 1970, la administración procedió a reconstruir el folio matriz, perteneciente en realidad al predio San Jorge ... tal y como se evidencia en la Resolución 1265 de 1999.

Además no puede perderse de vista que el Registrador de Instrumentos Públicos tiene como función la guarda de la fe pública, razón por la cual detectada la inexistencia del registro de la escritura 5802, procedió a adoptar las decisiones acusadas...

Ahora bien, el artículo 44 del Decreto-Ley 1250 de 1970 prescribe que “por regla general ningún título o instrumento sujeto a registro o inscripción surtirá efectos respecto a terceros, sino desde la fecha de aquél”, razón por la cual al no haberse nunca inscrito la escritura 5802 de 1960, en la oficina de registro de instrumentos públicos no le quedaba alternativa distinta a la de colocar en la sexta columna de los folios de matrícula derivados del supuesto registro de la escritura 5802 la anotación “Falsa tradición, transferencia de derecho incompleto o sin antecedente propio. Artículo 7º numeral 6º Decreto 1250 de 1970”...

También considera la recurrente que se ha debido tener en cuenta lo sostenido en las sentencias de esta Sección de 20 de junio de 1997 y 20 de octubre de 1998, frente a lo cual cabe reiterar, como ya se dijo, que en el presente caso no se puede asimilar a una cancelación la exclusión de la anotación 01 del folio de matrícula..., pues nunca fue registrada la escritura... relativa a la compraventa...

En cuanto a la sentencia de la Sala Plena proferida el 1º de septiembre de 1998, en la cual se dejó dicho que los actos administrativos de registro sólo pueden ser revocados con el consentimiento expreso y escrito del titular, a menos que se trate de la revocatoria del silencio administrativo positivo, o que sea manifiestamente opuesto a la Constitución Política y a la ley, o no esté conforme con el interés público o social o atente contra él, o cause un agravio injustificado a una persona, o, que sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales, basta señalar que esta Sección, en tratándose de actos de registro, ha sostenido reiteradamente que dicha norma no les es aplicable, ya que existe un procedimiento especial contenido en el Decreto-Ley 1250 de 1970...

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera... FALLA: Confírmase la sentencia de 31 de enero de 2003, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera Subsección B”.

Conclusiones

Conocida la anterior interpretación y su expresión reiterada por el honorable Consejo de Estado, es útil y conveniente darle aplicación.

Una consecuencia práctica de la jurisprudencia aquí transcrita es la modificación parcial de la Instrucción Administrativa 01-50 y la ampliación de la número 02-17. A pesar de mantenerse la figura de la demanda de los propios actos (acción de lesividad), como otro mecanismo al que puede acudir la administración, no excluye la facultad de corrección del registrador sin acudir a la autorización expresa y escrita del titular, en materia de correcciones o cancelación de inscripciones.

Vigencia

Esta instrucción rige a partir de la fecha de su expedición.

Se publicará en el Diario Oficial, en la página Web de la entidad y se enviará copia de la misma a los registradores de instrumentos públicos.

N. del D.: Esta instrucción administrativa va dirigida a los registradores de instrumentos públicos.

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