INSTRUCCIÓN ADMINISTRATIVA 13 DE 2003 

(Mayo 23)

Asunto: Cesión de bienes fiscales.

El Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por medio de la Dirección Seccional del Sistema Habitacional, ha planteado que algunos registradores de instrumentes públicos devuelven, sin registrar, las resoluciones de cesión de un bien fiscal. Estas providencias son expedidas por diferentes organismos en desarrollo de planes de titulación del Gobierno Nacional. Se trata de bienes fiscales, propiedad de entidades públicas nacionales que han sido ocupados ilegalmente. De acuerdo con la Ley 9ª de 1989, artículo 58, dichos bienes se destinan a vivienda de interés social.

La razón esgrimida por los señores registradores de instrumentos públicos para negar la inscripción de las mencionadas resoluciones se expresa en la falta de “constitución de patrimonio de familia”.

La función registral es reglada y se ejerce dentro del marco de las leyes. Mediante su ejercicio aplica el control de legalidad de los actos que se someten a su inscripción. Este no comporta que se adopten decisiones sobre aspectos no regulados en el ámbito de su competencia. Así, que se lesiona la prestación del servicio público registral y va en detrimento de los sectores menos favorecidos de la población, protegidos por este programa del Gobierno Nacional.

Del análisis de las normas reguladoras del programa de titulación Ley 9ª de 1989, Ley 3ª de 1991, Ley 388 de 1997, Decreto 540 de 1998, entre otros, se evidencia que el espíritu que animó al legislador en esta materia no ha sido otro que el de priorizar el saneamiento de la propiedad de los predios a que se ha hecho alusión. De ellos el beneficiario tiene la propiedad sobre la mejora existente, al haberla construido a sus expensas.

A la luz de lo ordenado por el artículo 38 de la Ley 3ª de 1991, el cual remite al artículo 95 de la Ley 388 de 1997, las providencias por medio de las cuales se transfiere a título de cesión los bienes fiscales, tendrán las mismas limitaciones establecidas para las viviendas adquiridas o mejoradas con el subsidio familiar de vivienda. Entre las limitaciones no puede incluirse la constitución de patrimonio de familia, toda vez que, como es bien sabido, por el acto administrativo de cesión no se está adquiriendo ni mejorando la vivienda, simplemente se está definiendo la titularidad respecto del lote de propiedad de la entidad cedente.

Si de proteger el derecho de dominio del bien y del patrimonio del núcleo familiar se trata, el Decreto 540 establece la obligatoriedad de afectarlo a vivienda familiar, sin dejar de lado la condición resolutoria y la expresa prohibición de enajenarlo antes de cinco (5) años, contados a partir de la expedición del acto administrativo que dispone la transferencia del predio.

En este orden de ideas, la revolución sin registrar de los actos administrativos de cesión de bienes fiscales, argumentándose la falta de constitución de patrimonio de familia, sobre los mismos, no se ajusta a derecho. Observará usted que al mismo no puede comparecer el cesionario dando su asentimiento, exigencia para el otorgamiento de escritura pública, y en la cual concurran voluntades. Debe tener en cuenta que la providencia administrativa constituye una manifestación de voluntad unilateral de la administración (titular del derecho de dominio) de transferir el bien de que se trate.

N. del D.: La presente instrucción administrativa va dirigida a los registradores de instrumentos públicos.

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